El 8 de diciembre fueron detenidos y luego desaparecidos cuatro menores afrodescendientes en Guayaquil, el más pequeño de solo 11 años, que habían salido de sus casas a jugar al fútbol. En el video que circula en redes, se puede ver cómo al menos 10 militares los suben a una camioneta y los maltratan. Quince días después aparecen los cuerpos calcinados cerca de un cuartel militar.
La justicia declaró la desaparición forzada de los chicos y responsabilizó al Estado ecuatoriano. No hay ninguna prueba de que hayan cometido delitos, en contra de lo que dijeron las autoridades. Las Fuerzas Armadas se contradicen. Primero dijeron que fueron puestos en libertad en perfectas condiciones. Luego pusieron bajo custodia a 16 uniformados investigados por la Fiscalía, responsables de los hechos.
Desde las alturas se desató una campaña en contra de los niños: «El 24 de diciembre, en redes sociales y en grupos de WhatsApp, cientos de cuentas, creadas recientemente y presumiblemente falsas, iniciaron una campaña de desprestigio en contra de los menores asegurando que su desaparición era necesaria y que estaban vinculados a grupos criminales» («Infobae», 24/12/2024). El Gobierno y las instituciones estatales intentaron ocultar los hechos.
El 31 de diciembre, la Fiscalía General de Ecuador confirmó que los cuatro cadáveres encontrados corresponden al grupo de niños reportados como desaparecidos el día 8. Una ola de indignación sacudió al país. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador aseguró que este caso se «inscribe en una práctica de abuso de autoridad y de fuerza, discriminación, estigmatización y perfilamiento racial» por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
La sociedad ecuatoriana va descubriendo que se trata de una guerra contra las y los de abajo, consecuencia del racismo estructural y de la creciente militarización del país, un proceso tan reciente como intenso. En Ecuador rige el estado de excepción de forma casi ininterrumpida desde enero, como parte de la supuesta guerra contra el crimen organizado, argumento del presidente Daniel Noboa, pero en realidad se trata de contener a los sectores populares.
El colectivo feminista y anticarcelario Mujeres de Frente, que trabaja en cárceles, sostiene que Ecuador se convirtió en «un Estado paramilitar» cuyo epicentro se encuentra en las prisiones. «Desde 2015 el Estado a través de la Policía, con el apoyo de grandes empresarios y la Embajada de los Estados Unidos, armó a los presos y los fue «organizando» en grupos del crimen para facilitar el modo de acumulación por despojo al servicio de los poderes de arriba».
Lo que debemos responder es por qué un país como Ecuador, hasta hace un lustro uno de los más tranquilos y estables del continente, inició esa deriva hacia la militarización y la caída de las instituciones democráticas. Encuentro dos razones de peso: una geopolítica y otra de ámbito doméstico, ambas interrelacionadas.
Ecuador es una pieza importante en la geopolítica regional. Este es el primer punto, decisivo, para comprender las razones por las cuales Estados Unidos, el Pentágono y el Comando Sur, estrechan lazos con el Gobierno de Noboa. Un gobierno rechazado por la población, que no es capaz de regirse por la legalidad y la legitimidad de sus acciones.
Este gobierno dispuso la entrega de las islas Galápagos para que Estados Unidos estableciera una base militar permanente, dando facilidades para la operación de la flota y la fuerza aérea del Comando Sur. Es la ubicación geográfica ideal para responder la creciente presencia de China, que semanas atrás inauguró el puerto de Chancay, en el norte del Perú, que aspira a convertirse en un eslabón clave del comercio entre Asia y América del Sur.
La segunda cuestión se relaciona con la reacción de las elites ecuatorianas ante el levantamiento indígena y popular de 2019. Esa acción colectiva de los pueblos indígenas y sectores populares se saldó con una victoria política ante el Gobierno de Quito, un triunfo ante la opinión pública y también la derrota de las fuerzas policiales que debieron retroceder ante los pueblos organizados.
Durante los trece días que duró el levantamiento, consiguieron detener a más de 200 policías, que quedaron bajo custodia indígena y popular hasta que se negoció su libertad con organismos internacionales de derechos humanos. Es evidente que ninguna clase dominante puede aceptar esa situación sin reaccionar violentamente, como luego hicieron las elites al crear un «Estado paramilitar» de la mano del narcotráfico.
Aquí se cruzan ambos procesos: la militarización interna y el alineamiento exterior con el Pentágono. A la Casa Blanca le interesa un gobierno sumiso en Sudamérica, mientas a las clases dominantes del Ecuador les interesa contar con la tutela de un aliado capaz de apoyar el militarismo interno y que a la vez sea neutral ante la flagrante violación de los derechos humanos.
Por último, la nueva realidad de militarización del país, supone un desafío tremendo para las fuerzas sociales populares, sobre todo para el movimiento indígena. Desde su aparición pública en la década de 1980, la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) siempre se desenvolvió en democracia, sus derechos a organizarse y manifestarse siempre fueron respetados, aunque en ocasiones fue duramente reprimida. La decena de levantamientos indígenas desde 1990 se saldaron con triunfos o fracasos, pero habitualmente fue reconocida por el Estado como interlocutor legítimo.
Ahora deberá actuar en nuevas condiciones, bajo el militarismo y la presión de la sociedad por seguridad y orden. Los gobiernos no van a permitir nuevos levantamientos, como aquellos que en el pasado modificaron la relación de fuerzas en el país. Los movimientos de abajo no serán ilegalizados sino estrechamente controlados, sus dirigentes vigilados y chantajeados para que colaboren con el sistema. Deberán reinventarse para poder enfrentar los nuevos desafíos.
Fuente: https://www.naiz.eus/es/iritzia/articulos/la-deriva-autoritaria-en-ecuador