Chile celebra sus 200 años como república independiente, como uno de los países con menor porcentaje de pobreza de América Latina, pero uno de los más desiguales. Hace tiempo que el modelo chileno, cuyas bases neoliberales fueron impuestas por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), «muestra esta dualidad entre crecimiento económico y desigualdad», dijo a […]
Chile celebra sus 200 años como república independiente, como uno de los países con menor porcentaje de pobreza de América Latina, pero uno de los más desiguales.
Hace tiempo que el modelo chileno, cuyas bases neoliberales fueron impuestas por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), «muestra esta dualidad entre crecimiento económico y desigualdad», dijo a IPS el economista de la privada Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Raúl González Meyer.
Este sábado 18 se conmemoran los 200 años de que en Chile se formó la primera Junta Nacional de Gobierno, que marcó el comienzo del proceso de independencia de España, culminado ocho años después. Los festejos oficiales se concentran entre este viernes y el domingo.
Entre 1990 y 2006, la pobreza pasó de sumar a 40 por ciento de la población a solo 13,7 por ciento. En 2009, repuntó levemente hasta 15,1 por ciento, debido principalmente a la crisis económica mundial. Entre 1990 y marzo de este año, Chile fue gobernado por la centroizquierdista Concertación por la Democracia.
Pero la distribución de ingresos no tuvo la misma mejora. Según el Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de este año, América Latina concentra 10 de los 15 países más desiguales del mundo.
El más inequitativo de la región es Bolivia, seguido de Haití, Brasil, Ecuador y Chile, en un quinto puesto compartido con Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá y Paraguay.
La gubernamental Encuesta de Caracterización Socioeconómica 2009 (Casen) establece que en este país de 17 millones de habitantes, el 10 por ciento de los hogares chilenos más pobres genera 1,5 por ciento del ingreso total del país, mientras que el 10 por ciento más rico aporta 39,2 por ciento.
Aunque las transferencias del Estado, fruto de las políticas sociales implementadas en los últimos 20 años, mejoran un tanto los resultados si se miden los ingresos por cada integrante del hogar, la situación sigue siendo inaceptable para un país que aspira a ser desarrollado antes de 2020, reconocen expertos y autoridades.
Para el sociólogo y politólogo del Centro de Investigación en Estructura Social de la estatal Universidad de Chile, Alberto Mayol, la distribución del ingreso es sólo una de las manifestaciones de la inequidad en el país. También preocupa la que se da en la educación, en la salud, a nivel cultural, territorial, étnico y de género, entre otros.
El aún insuficiente sistema de protección social hace que las familias que logran salir de la pobreza puedan recaer fácilmente en ella si, por ejemplo, el jefe o jefa del hogar queda desempleado o un familiar sufre una enfermedad catastrófica, que genera un gasto muy alto.
González identifica problemas como el «regresivo sistema tributario», basado en el impuesto al consumo y que no corrige la concentración de la riqueza, y la estructura productiva, «que genera demasiados empleos de mala calidad, porque está basado en la exportación de recursos naturales y en un sector de servicios de bajo valor».
La educación no ha sido el factor de movilidad social esperado, debido a las diferencias de calidad que presentan los establecimientos públicos, los particulares subvencionados por el Estado y los enteramente privados, que consiguen los mejores resultados académicos.
«Las políticas de focalización (en los más pobres, implementadas por la Concertación) lo que hacen es dividir a la población en dos o tres partes y ser sumamente ineficientes en el largo plazo», dijo a IPS Mayol, para quien la igualdad parte de una «oferta universal» gratuita y de calidad de bienes y servicios de parte del Estado.
Según este experto, en el país se ha configurado «una cultura asociada a la focalización, que hace que incluso gente de izquierda plantee que sería muy grave darle dinero a los ricos».
Mayol explicó que desde esa errada perspectiva, » no hay que tener, por ejemplo, universidades gratuitas, lo cual es absurdo, puesto que las universidades públicas son por definición gratuitas».
«Eso es lo primero que hay que entender en una sociedad que pretende igualdad», dijo.
Un reciente estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que agrupa a las economías más industrializadas del mundo y a la que Chile ingresó este año, indica que las familias en Chile aportan de su bolsillo 83,9 por ciento del costo de la educación superior de sus hijos. El resto corre por cuenta del Estado.
Este porcentaje es el más alto de los 36 países analizados. En Finlandia, las familias invierten apenas 4,5 por ciento en el mismo ítem.
Para Mayol, uno de los problemas más preocupantes observados actualmente es el proceso cultural de «encastización», es decir, «la conversión de las capas altas en una casta, que no debe ser ‘contaminada’ por las clases bajas», lo que se manifiesta en «la creación de barrios, guetos, separados unos de otros».
González, doctor en Ciencias Sociales, coincide. «Una sociedad con la fractura que tiene hoy la chilena en términos de desigualdad es una sociedad que está condenada a seguir gastando más dinero en policías, en alarmas, en condominios cerrados, atrapada por el miedo y la no ocupación de las plazas públicas», dijo.
La despolitización de los ciudadanos, según Mayol, y la poca influencia y capacidad de negociación de los sectores de menores ingresos con respecto al empresariado, según González, legitimarían la situación y frenarían cambios estructurales.
Esto retroalimenta un individualismo que emerge de los estudios de su institución, explica Mayol, y que ha hecho entrar a la gente en la dinámica de «no sé si todos van a estar mejor, pero yo sí». «Eso es despolitización, desprendimiento del colectivo», además de promover la inacción para modificar la realidad, planteó.
Para romper esa inercia, llamó a «quitarle poder a las elites» y entregárselo a organizaciones sociales.
Justamente a esa dimensión apunta la campaña «Ciudadanía Bicentenario: para crear más democracia», lanzada el día 9 por la Asociación Chilena de Organismos no Gubernamentales (Acción). Su objetivo es divulgar las conquistas colectivas del siglo XX, a través de distintos medios.
«La desigualdad tiene múltiples caras, pero, y en esto coincidimos con la OIT (Organización Internacional del Trabajo), arranca desde el trabajo», dijo a IPS el presidente de Acción, Martín Pascual.
«Cuando uno compara los niveles salariales del país, cómo se remunera el capital y el trabajo, y ve las luchas diarias por mantener condiciones dignas de empleo y no ser vulnerados en nuestros derechos, uno se da cuenta de cuánto falta», sintetizó.
Para Mayol, «como en Chile ‘no hay política’, el malestar social no tiene formas de canalización», salvo la propia somatización de los ciudadanos, por ejemplo, en enfermedades mentales.
A su juicio, «los procedimientos de analgesia que tiene el sistema», como el endeudamiento, evitarán que estallen conflictos.
Pero esta tesis es relativizada por González, quien define a Chile como «implosivo», es decir, que acumula internamente la rabia. Esto hace difícil prever el futuro de los múltiples conflictos fragmentados vigentes hoy en día, concluyó.