El caso Contador y la Operación Galgo han desatado vientos de Fronda moralista. Las autoridades se han apresurado a recordar su política de tolerancia cero; los atletas no involucrados, a pedir que se persiga a los «tramposos», y fiscales y jueces andan a la búsqueda de quienes pudieran haber incurrido en el tipo previsto en […]
El caso Contador y la Operación Galgo han desatado vientos de Fronda moralista. Las autoridades se han apresurado a recordar su política de tolerancia cero; los atletas no involucrados, a pedir que se persiga a los «tramposos», y fiscales y jueces andan a la búsqueda de quienes pudieran haber incurrido en el tipo previsto en el Código Penal (artículo 361 bis) desde el año 2006: la facilitación del dopaje. Pocos, muy pocos, se han aventurado a preguntarse si realmente todo lo que hoy pasa por ser dopaje proscrito merece una reprobación ética y jurídica tan rotunda e incondicional. Nosotros pensamos que no, que en realidad cabría admitir condicionalmente algunas formas de dopaje. Y trataremos de explicar por qué.
Dejaremos a un lado ahora los múltiples problemas que rodean al propio concepto de dopaje. Las regulaciones que se aplican internacionalmente en el ámbito deportivo, como por ejemplo el Código de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), son a menudo autorreferenciales, imprecisas y controvertidas cuando se trata de definir las prácticas y sustancias dopantes. Por ejemplo, se extiende la noción de dopaje más allá de la ingesta de fármacos estimulantes o anabolizantes tradicionalmente asociados al dopaje, abarcando incluso hechos como la falta de comunicación del paradero del atleta a la hora de someterlo a un test a lo largo de un periodo de 18 meses, o ciertos «procedimientos», como las autotransfusiones; y hasta cuenta como dopaje el mero hallazgo de todas aquellas sustancias que pueden servir para enmascarar la presencia de sustancias prohibidas, o que delatan el empleo de una práctica prohibida (restos del plástico de las bolsas usadas en las autotransfusiones, por ejemplo). Todo ello, además, independientemente de si el deportista se ha administrado o ingerido la sustancia de manera voluntaria o no, o de si fueron, por ejemplo, engañados o inducidos por su entrenador. Y las listas de sustancias y procedimientos dopantes no dejan de parecernos un tanto arbitrarias: ¿por qué, de acuerdo con la lista del Consejo Superior de Deportes de 2009, el alcohol se considera una sustancia dopante en la competición de kárate, pero no en cambio en la de yudo?
Pero vayamos al fondo del asunto, y examinemos las dos razones normalmente aducidas a favor de la prohibición del dopaje. La primera es la protección de la salud de los deportistas. Es evidente que el abuso de algunas de las sustancias prohibidas conlleva riesgos graves para la salud de cualquier persona, sea o no deportista, y admitimos de entrada que las leyes deberían protegernos de dichos riesgos y daños cuando no deseamos asumirlos voluntariamente. Aunque debemos añadir que no todas las sustancias prohibidas ni métodos como la autotransfusión son igualmente nocivas para la salud, y menos aún si se emplean ocasionalmente. Y es igualmente evidente que el aficionado desea ver espectáculo, es decir, seres humanos haciendo lo que los simples mortales solo podemos imaginar, y que este objetivo solo se logra mediante un entrenamiento, un esfuerzo y un sacrificio físico y mental, que es, de por sí, tan poco compatible con la buena salud como pueda serlo el dopaje. ¿Qué es peor para la salud, las infernales series que se infligía Émil Zatopek en los bosques de Ostrava aguantando la respiración, o el cigarrillo de marihuana que se fumó Ross Rebagliati, campeón olímpico de snowboard en los Juegos Olímpicos de Nagano? ¿No asumen también riesgos los pilotos de fórmula 1? Seamos honestos: la excelencia deportiva de los atletas no depende únicamente de sus dotes naturales, sino de cómo cada uno administra y saca partido a lo que tiene y hace frente a sus carencias (¿juega Messi dopado por haber tomado una hormona del crecimiento?). Lo importante es que la estrategia que cada uno siga, la que cada atleta se imponga, haya sido asumida informada y autónomamente. Esto deja fuera especialmente a los menores, incapaces de prestar un consentimiento genuino que no solo no deberían poder doparse para competir, sino que en nuestra opinión no deberían competir a nivel profesional en absoluto.
La otra razón habitual para prohibir el dopaje invoca el «juego limpio», que la competición se realice en condiciones de «igualdad», sin «ventajismos» ni «trampas». Pero este argumento tampoco es tan sólido como se cree. Para empezar, no salta a la vista qué cosas pueden ser consideradas trampas y cuáles no. El dopaje, entendido como el uso de sustancias para incrementar o mejorar el rendimiento en una actividad humana, no es, por supuesto, una novedad en la historia, ni se ciñe al ámbito deportivo. El uso de betabloqueantes está extendido entre quienes tienen que lograr una máxima concentración y templar sus nervios, sea para tocar el piano en un concierto, impartir una conferencia o simplemente superar un examen. Entre artistas y literatos es secular el uso de alcohol, opiáceos y otras sustancias que supuestamente mejoran la improvisación o creatividad. ¿Han hecho «trampas» aquellos doctorandos que defendieron su tesis previa ingesta de benzodiacepinas, o los abogados del Estado que, al preparar oposiciones, echaron mano de anfetaminas y tranquilizantes?
Volvamos ahora al deporte. En el maratón de los Juegos Olímpicos de Atenas (2004), cuando Vanderlei de Lima aventajaba en medio minuto al segundo corredor, fue bloqueado por un espectador, sin que sus perseguidores, que aprovecharon el hecho para superarle, se inmutaran. ¿Deberían haber ralentizado su ritmo? Es más, toda idea de fair play queda comprometida o al menos debe ser complementada desde el momento en que admitimos que los deportistas nunca llegan al centro del campo, a los tacos o al poyete en condiciones reales de igualdad. Si así fuera, no asistiríamos a la competición entre seres humanos, siempre desiguales, sino entre máquinas perfectamente idénticas. Y las desigualdades de inicio que les separan no son nunca únicamente las derivadas de sus diferentes aptitudes o talentos naturales, algo que, por cierto, los atletas han recibido por azar natural y no por merecimiento, sino que están en función de un variado conjunto de factores socioeconómicos y culturales.
La actual guerra sin cuartel contra el dopaje es la manifestación de una visión «naturalista» del espíritu del deporte que no es la única posible, ni tampoco la más plausible. Lejos de socavar el deber de fair play, el dopaje puede ser una manera de ensalzar nuestra capacidad de superación mediante la razón y el juicio (como han mostrado prestigiosos académicos como J. Savulescu, B. Foddy y M. Clayton). Ello no quiere decir que deban permitirse «atajos», y que, en aras a esa dimensión «creativa» que reivindicamos para el deporte de competición, el Tour de Francia se pueda disputar con bicicletas eléctricas, ni que la carrera de 100 metros no deba medir lo mismo para todos.
En lo que se refiere al dopaje, el espíritu deportivo se vulnera cuando las prácticas y sustancias provistas y administradas por médicos competentes que tienen como misión principal salvaguardar el bienestar del deportista solo son alcanzables por los más aventajados socioeconómicamente, aunque no sean los mejores atléticamente. El espíritu del deporte se desvirtúa no cuando los deportistas recurren a la hormona del crecimiento, la EPO, la autotransfusión o al indetectable dopaje genético, sino cuando solo unos pocos pueden acceder a ellas. Y eso es lo que hoy ocurre si atendemos a otros factores como el llamado «entorno» del deportista (los masajistas, fisioterapeutas, psicólogos, médicos) tan desigualmente configurado en las competiciones internacionales. Pero ¿de qué fair play estamos hablando en deportes que exigen equipamientos e instalaciones que atletas de determinados países no pueden ni soñar?
Una institución deportiva como el COI, que dice promover la equidad y la igualdad de los atletas a nivel global, mejor haría en dedicar más esfuerzos en pos de la universalización de esos factores, antes que proseguir en esa lucha sin cuartel contra el dopaje que, nos tememos, está condenada al fracaso, además de que conculca libertades básicas de los deportistas.
* Por Pablo de Lora, profesor de derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. José Luis Martí es profesor de derecho de la Universidad Pompeu Fabra es profesor de economía de la Universidad de Barcelona (EL PAÍS, 28/01/11)
Fuente: http://www.almendron.com/tribuna/33192/la-etica-del-dopaje/