En el intrincado escenario geopolítico global, pocos casos son tan ilustrativos de la dualidad y la hipocresía del sistema occidental como la injerencia estadounidense en Venezuela. La narrativa oficial del imperio yanqui proclama una preocupación por la democracia y los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, una observación detallada revela que detrás de este discurso mal intencionado se esconden intereses más pragmáticos y materiales, centrados en los vastos recursos energéticos.
La firmeza soberana de la Revolución Bolivariana, liderada por el presidente Nicolás Maduro, reelegido legítimamente el 28 de julio de 2024, ha impedido la apropiación de estos recursos, motivando una campaña terrorista apoyada por la derecha fascista venezolana y sus aliados extranjeros.
Contexto Histórico
Para entender esta situación, es necesario explorar el contexto histórico y político que ha moldeado las relaciones entre Estados Unidos y la República Bolivariana de Venezuela. Desde la elección del comandante Hugo Chávez en 1998 y la continuidad de su legado por el presidente Nicolás Maduro, la Revolución Bolivariana ha adoptado una política de independencia energética y una redistribución significativa de la riqueza petrolera hacia programas sociales. Esta orientación fue un desafío a los intereses de las corporaciones multinacionales y del gobierno estadounidense, acostumbrados a un acceso casi irrestricto a los recursos naturales de América Latina y particularmente de Venezuela. La Revolución Bolivariana no solo implica un cambio en la administración de los recursos naturales, sino una reestructuración profunda de la economía y la sociedad venezolana. La nacionalización de la industria petrolera y la implementación de políticas sociales transformadoras fueron vistas como una amenaza directa a los intereses económicos y estratégicos de Estados Unidos en la región.
El petróleo: el elemento central
El petróleo es el elemento central en esta ecuación. Con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, Venezuela se encuentra en una posición estratégica única. Este recurso no solo proporciona una fuente vital de ingresos para el país, sino que también lo convierte en un objetivo codiciado por el imperio yanqui. La política exterior estadounidense, con su larga historia de intervenciones en países ricos en recursos naturales, ha sido consistentemente dirigida a asegurar el control sobre estas riquezas.
El interés de Estados Unidos en los recursos naturales de otros países ha sido un factor determinante en la formulación de su política exterior. La búsqueda de control sobre el petróleo ha motivado una serie de intervenciones militares y políticas a lo largo de las décadas, reflejando una estrategia clara de asegurar el acceso a recursos estratégicos vitales para su economía y seguridad nacional. Irak, Libia y Siria son ejemplos recientes de cómo el imperio yanqui ha utilizado la retórica de la democracia para justificar intervenciones militares y asegurar el control de recursos estratégicos.
Narrativa de la democracia como elemento de ataque
En el caso de Venezuela, la narrativa de la defensa de la democracia ha sido utilizada como una herramienta de ataque para deslegitimar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. A pesar de su reelección legítima, los medios occidentales y los gobiernos aliados han promovido una imagen de dictadura y represión con un discurso diseñado para crear un clima de inestabilidad que socave el apoyo popular al gobierno bolivariano.
La narrativa de la defensa de la democracia ha sido una herramienta poderosa en las manos de las potencias occidentales, especialmente Estados Unidos. Esta narrativa se presenta como una preocupación por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Sin embargo, en la práctica, esta narrativa ha sido instrumentalizada para justificar intervenciones y desestabilizaciones en países cuyos gobiernos no se alinean con los intereses hegemónicos del imperio.
La narrativa de la democracia también se despliega en el ámbito de la información y la propaganda. Las redes sociales, las plataformas digitales y los canales de noticias internacionales se utilizan para difundir mensajes que buscan crear una percepción negativa del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esta guerra de información es parte integral de la estrategia de desestabilización, diseñada para influir tanto en la opinión pública interna como en la internacional. Los informes sesgados, las noticias falsas y las campañas de desinformación son herramientas utilizadas para amplificar la narrativa de la crisis y la represión.
Sanciones económicas como estrategias de desestabilización
Las sanciones económicas impuestas a Venezuela han sido justificadas bajo el pretexto de promover la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, estas sanciones han tenido un impacto devastador en la economía venezolana. Para tener una idea de la magnitud hoy Venezuela sufre 936 sanciones económicas, el daño patrimonial ocasionado por estas sanciones llega a 642,000 mil millones de dólares.
Sin embargo, la narrativa de la democracia se utiliza para justificar estas medidas presentándolas como necesarias para presionar al gobierno de la revolución Bolivariana y obligar a realizar cambios democráticos, entiéndase debilitar y forzar un cambio de gobierno para abrir el camino a la influencia extranjera en los asuntos internos de Venezuela.
Es crucial entender que estas acciones no solo buscan desestabilizar políticamente a Venezuela, sino también forzar un cambio de gobierno mediante golpe de Estado que permita a Estados Unidos y sus aliados acceder a los recursos energéticos del país. La campaña terrorista promovida por la derecha fascista, apoyada por Washington, es una extensión de esta estrategia. Bajo la fachada de la lucha por la libertad y la democracia, estas fuerzas buscan crear un caos interno que justifique mas sanciones económicas. Este patrón no es nuevo; ha sido utilizado repetidamente en diferentes contextos a lo largo de la historia de la revolución bolivariana.
La batalla por la soberanía y la autodeterminación
La Revolución Bolivariana de Venezuela ha mantenido una política de soberanía energética, asegurando que los beneficios del petróleo se destinen principalmente al pueblo venezolano y no a las grandes corporaciones extranjeras. Esta postura desafiante es precisamente lo que ha provocado la hostilidad de Washington y ha motivado la intensificación de la campaña de desestabilización.
Para comprender plenamente la hipocresía del discurso estadounidense sobre la democracia en Venezuela, es útil considerar el doble estándar aplicado en otras partes del mundo. Estados Unidos ha apoyado y continúa apoyando a regímenes autocráticos en regiones donde sus intereses estratégicos están asegurados. Arabia Saudita, por ejemplo, es un aliado clave a pesar de su notorio historial de violaciones de derechos humanos y falta de procesos democráticos. Este doble estándar pone en evidencia que el verdadero interés de Washington no radica en la promoción de la democracia, sino en el aseguramiento de sus propios intereses geopolíticos y económicos.
Guerra hibrida
La campaña de la derecha fascista en Venezuela, caracterizada por actos de violencia y terrorismo, no es una lucha por la libertad, sino una táctica de guerra híbrida destinada a desestabilizar al gobierno y abrir camino a la intervención extranjera. Esta campaña se beneficia del apoyo logístico, financiero y mediático de actores externos que buscan un cambio de gobierno favorable a sus intereses. La resistencia de la Revolución Bolivariana, sin embargo, ha demostrado una capacidad heroica para resistir estos embates, manteniendo la estabilidad interna y el control de los recursos estratégicos del país.
Es fundamental que la comunidad internacional reconozca esta realidad y no se deje llevar por la narrativa simplista de la lucha por la democracia. La verdadera batalla en Venezuela es una lucha por la soberanía, la autodeterminación y el control de los recursos naturales. El pueblo venezolano, a través de la Revolución Bolivariana, ha elegido un camino de independencia y justicia social que desafía directamente los intereses hegemónicos del imperio yanqui.
Reelección legitima
La reelección del presidente Nicolás Maduro el 28 de julio de 2024 es una afirmación de la voluntad del pueblo venezolano de continuar con este proyecto de soberanía y justicia social. A pesar de las dificultades económicas y las presiones externas, la Revolución Bolivariana ha logrado mantener una base de apoyo significativa. Este compromiso con la justicia social y la redistribución de la riqueza es lo que realmente molesta a los intereses extranjeros que buscan explotar los recursos del país para su propio beneficio.
En conclusión, el discurso de la defensa de la democracia en Venezuela por arte de la derecha fascista es una cortina de humo que oculta los verdaderos intereses del imperio yanqui. La preocupación por los derechos humanos y la democracia es meramente instrumental, utilizada para justificar el plan que tienen como objetivo final el control de los vastos recursos energéticos del país.
La comunidad internacional debe apoyar la soberanía venezolana, reconociendo la verdadera naturaleza de la lucha en curso. No se trata de una batalla por la democracia, sino de una resistencia contra la explotación y el control extranjero de los recursos naturales. La historia ha demostrado que la intervención extranjera bajo el pretexto de la democracia nunca ha conducido a resultados positivos para los pueblos involucrados. En el caso de Venezuela, es crucial que se respete la voluntad del pueblo y se apoye su derecho a decidir su propio destino, libre de interferencias externas y manipulaciones. La Revolución Bolivariana representa no solo una lucha por la justicia social en Venezuela, sino también un ejemplo de resistencia contra la hegemonía imperialista en el siglo XXI.
El autor es Profesor Titular UNAN Managua, Cientista Social y Extensionista
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