«Estamos hartos de que nos expriman y nos centrifuguen», dice un cartelón levantado en alto. Parece un pájaro volando sobre un mar agitado. Abajo, en la calle, en la Plaza de la Nation, los estudiantes gritaban: «Villepin (primer ministro francés) te metés el CPE ahí donde sabés». La tercera movilización de la semana contra el […]
«Estamos hartos de que nos expriman y nos centrifuguen», dice un cartelón levantado en alto. Parece un pájaro volando sobre un mar agitado. Abajo, en la calle, en la Plaza de la Nation, los estudiantes gritaban: «Villepin (primer ministro francés) te metés el CPE ahí donde sabés». La tercera movilización de la semana contra el contrato de trabajo para los jóvenes de menos de 26 años en condiciones desventajosas para la juventud desplazó en 160 ciudades francesas a una multitud polifónica: 550.000 personas según la policía, un millón y medio según la CGT. Trabajadores, estudiantes, amas de casa, niños, adolescentes, sindicalistas, líderes políticos, profesores, jubilados, desempleados y hasta abuelos, el pueblo francés se unió ayer a las protestas estudiantiles para forzar al gobierno a retirar el CPE. La demostración de fuerza popular no sólo se extendió a las grandes ciudades del país como París -350.000 personas-, Marsella, Burdeos o Toulouse, sino que también ganó las localidades pequeñas.
Jean Pierre, un jubilado de la enseñanza superior, decía: «Veo con tristeza cómo los sucesivos gobiernos van cerrando los caminos de la juventud mientras destruyen la sociedad que hemos levantado después de las negras horas de la Segunda Guerra Mundial». Muchos estudiantes y bachilleres se habían pintado la cara con la inscripción «no al CPE». Algunos padres, que habían acompañado a sus hijos, decían: «Estamos dispuestos a ir aún más lejos para impedir que nuestros hijos sean los esclavos de mañana». La manifestación parisina de ayer fue una suerte de polifonía social donde hasta podían verse empleados de 50 años que venían a testimoniar y a protestar contra las condiciones de trabajo en que evolucionan los jóvenes. Joelle, una mujer de 52 años empleada en una compañía de seguros, decía «yo los veo sufrir cada día, con salarios de miseria y, sobre todo, esas horrendas y prolongadas pasantías con que las empresas explotan a los jóvenes durante meses y meses. El CPE, si se aplica, no haría más que institucionalizar la precariedad de la juventud». Una muchacha joven estudiante en una escuela de comercio comentaba: «Es indigno pensar que un gobierno haya podido inventar un contrato en el cual el empleador puede desprenderse del personal sin justificar la medida ni pagar indemnizaciones. Nos tratan como si fuéramos perros». El tono de las protestas y los argumentos de los manifestantes eran tan masivos como claros: no a un sistema que discrimina a los ciudadanos, no a la precariedad como horizonte, no a que sólo un segmento de la sociedad asuma el tributo de las reformas, no a que el gobierno instaure un dispositivo en el cual los empleados representan un gasto y las máquinas para producir una inversión.
Conscientes del impacto de la movilización, las organizaciones sindicales y estudiantiles interpelaron al gobierno y al presidente para que, de aquí al lunes, retire el CPE de la circulación. Bruno Julliard, presidente de la UNEF (Unión Nacional de Estudiantes de Francia), decía: «O el gobierno retira el CPE hoy mismo o se verá obligado a hacerlo la próxima semana, porque no pensamos bajar los brazos. La única condición para que haya una negociación es que desaparezca el CPE». La CGT y la CFDT mantienen el mismo discurso. Sin embargo, el Ejecutivo mantiene su postura: diálogo abierto pero con el CPE en la mesa de negociaciones.
El jefe del Ejecutivo ha pagado el precio del largo conflicto derivado del CPE. Solo frente a la juventud, con apenas un apoyo cosmético de su mayoría, Villepin perdió decenas de puntos en los sondeos de opinión. El último revela que un 61 por ciento de las personas está descontento con el primer ministro. La situación política es por demás paradójica. Villepin lanzó el contrato sin el apoyo de su mayoría y sin siquiera respetar la sacrosanta y ejemplar costumbre francesa de entablar un diálogo con los actores sociales. Fue su proyecto personal y nadie salió a defenderlo realmente. El organismo que agrupa a la patronal francesa, el Medef, no se pronunció y tampoco hubo una campaña a favor de las pymes, que son las principales destinatarias del contrato. A su vez, la oposición socialista se limitó a militar contra el CPE, pero sin hacer ni la más pálida contrapropuesta. El secretario general de la CGT, Bernard Thibault, amenazó ya con convocar a «una huelga general» si el gobierno no cambia su posición. En un plazo de tres meses, el gobierno se enfrentó a dos categorías sociales: las clases populares y discriminadas se levantaron en octubre pasado, cuando estalló la revuelta de los suburbios, y ahora son las clases medias las que interpelan al gobierno. François Dubet, especialista de la juventud y del mundo del trabajo, dijo al diario Le Monde que «el movimiento anti CPE es la réplica de las clases medias a lo ocurrido en los suburbios. El movimiento es la expresión de una generación que tiene el sentimiento -justificado- de que la sociedad los acepta como consumidores y estudiantes pero que no sabe ofrecerles un porvenir».