La coyuntura critica que fue abierta por la revuelta popular y ciudadana en octubre de 2019 puso en el centro de la discusión política e histórica la continuidad del régimen capitalista neoliberal en Chile. Si bien, desde marzo de 2020 la revuelta se encuentra en puntos suspensivos dada las inclemencias de la pandemia de Covid-19 […]
La coyuntura critica que fue abierta por la revuelta popular y ciudadana en octubre de 2019 puso en el centro de la discusión política e histórica la continuidad del régimen capitalista neoliberal en Chile. Si bien, desde marzo de 2020 la revuelta se encuentra en puntos suspensivos dada las inclemencias de la pandemia de Covid-19 la crisis de la dominación capitalista no se ha detenido ha continuado por otras vías. Y, producto de las múltiples necesidades socioeconómicas que afectan a las ciudadanías, estás han presionado para que el Estado autorice el retiro del 10% de los fondos previsionales que aproximadamente 6 millones de chilenos y chilenas tienen depositados en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Dada la aprobación inicial en el parlamento las alarmas se encendieron y los representantes del capital han manifestado su temor ante lo que consideran un flagrante ataque a las bases institucionales del régimen económico, político y constitucional que rige hace 47 años al país. El desplegado aparecido en El Mercurio el lunes 13 de julio retrotrae la historia hacia 50 años atrás cuando el avance político de las fuerzas populares inició la expropiación de la base material del poder de las clases propietarias nacionales e internacionales, para que los principales medios de producción (bienes comunes) en manos del capital privado pasaran hacer parte de toda la comunidad nacional. En aquella oportunidad los gremios patronales reaccionaron de igual forma que hoy. Lo dramático es que ellos propiciaron un violento golpe de estado que destruyeron la democracia y ocuparon militarmente el país e impulsaron un genocidio popular. Para defender la propiedad privada de los medios de producción han violado sistemáticamente los derechos humanos, especialmente, el derecho a la vida.
Como demostré en mi libro La Frontera de la Democracia: el derecho de propiedad en Chile 1925-1973, el principal conflicto social, políticos y económico que se desarrolló en Chile desde 1967 hasta 1973, está directamente ligado a la democratización del derecho de propiedad privada que busca transformarlo en derecho a la propiedad de todas y todos. Actualmente ese conflicto vuelve a estar presente en la sociedad chilena.
Leer aquí el texto: https://www.elclarin.cl/2020/07/15/la-frontera-de-la-democracia-el-derecho-de-propiedad-privada-en-chile-1967-1973/