También han sido detenidas otras ocho personas dentro de la operación ‘Saga’
La Guardia Civil ha detenido al presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Teddy Bautista , y a ocho personas más en el marco de la ‘Operación Saga’, según informan fuentes de las fuerzas de seguridad. El cuerpo investiga una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos societarios y apropiación indebida . Además, la sede de la entidad está siendo registrada, por orden del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruiz, desde primera hora de la mañana.
Además de a Bautista, entre los detenidos figuran el director financiero de la entidad, Ricardo Azcoaga, y el director general de la filial digital sDae (Sociedad Digital de Autores y Editores), José Neri.
Según informa la Guardia Civil, en la operación intervienen 50 agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), así como personal de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado, ascritos a la Fiscalía Especial Anticorrupción. En total, se han registrado las sedes de varias empresas y domicilios particulares , así como el Palacio de Longoria, sede de la entidad.
La investigación se inició en 2008 y desde entonces se ha recopilado información acerca de la creación de una estructura societaria en torno a la SGAE , «que se habría estado lucrando de una beneficiosa relación económica con las entidades del denominado grupo SGAE. En la operación también están «incursas» entidades dependientes de la SGAE, así como algunos de sus componentes del cuadro directivo.
El juez Pablo Ruz intenta determinar si personas vinculadas al grupo SGAE pudieron crear una trama societaria para, ayudándose de su posición en la entidad, desviar parte de los fondos en beneficio propio. Los delitos que se investigan son delitos societarios y contra el patrimonio . Ruz ha ordenado el bloqueo de las cuentas que le ha solicitado la Guardia Civil.
«El Gobierno acata y respeta»
A esta operación se ha referido el vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha afirmado que el Ejecutivo «respeta» y «acata» la actuación de la Fiscalía.
«No puedo decir mucho más» , se ha limitado a expresar Rubalcaba. «Como toda operación de esta naturaleza, el Gobierno respeta, acata y cumple naturalmente a través de la Guardia Civil, que en este momento está a las órdenes del juez», ha añadido.
Rubalcaba también ha negado que el Ejecutivo se esté planteando derogar el canon digital tras esta operación.
Entramado de empresas
El escrito del Ministerio Público, que fue presentado hace unas semanas ante el Decanato de la Audiencia Nacional, responde a unas diligencias previas abiertas por este departamento a raíz de una denuncia que presentaron en noviembre de 2007 la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE) a raíz de una información de Público ese mismo año. Por esa información, la SGAE se querelló contra este diario acusando a Público de mantener «una campaña» en su contra.
Varias asociaciones denunciaron a la SGAE ante la Fiscalía
La denuncia se basaba en la aparición en varios medios de comunicación de varias «supuestas ilicitudes cometidas en la gestión económica de los recursos de la SGAE» .
Los internautas denunciaban que los directivos de la entidad habían formado una trama societaria de empresas filiales en torno a la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE) en las que las cantidades recaudadas en concepto de gestión de derechos de autor se invertían en actividades lucrativas para las mismas.
Según estas asociaciones, la entidad denunciada incumplía, de esta forma, «el mandato legal que le exige que el reparto de los derechos recaudados se efectúe equitativamente entre los titulares de las obras o producciones utilizadas, pues supuestamente se estaría destinando dicha recaudación a mantener empresas privadas , que lo son de sus socios y que además envuelven un ánimo de lucro prohibido expresamente por ley».
A su juicio, estas actividades podrían ser constitutivas de los delitos de apropiación indebida, estafa y fraude de subvenciones que serían achacables a los responsables de las empresas que habrían llevado a cabo la «malversación» de sus recursos económicos y, de forma subsidiaria, al Ministerio de Cultura, como «principal fiscalizador de este tipo de asociaciones».
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