No es la primera vez que los recortes estatales afectan a dependencias encargadas de cuestiones ambientales. En 2020 el presupuesto del ministerio del Ambiente se redujo en alrededor de 2 millones y el de la Secretaría del Agua, a la mitad.
La inestabilidad y la crisis financiera causada por el covid-19 llegó a los parques nacionales del Ecuador. El 20 de junio de 2020, la Asociación de Guardaparques del Ecuador (AGE) envió una carta al Ministro encargado del Ambiente y Agua, Paulo Arturo Proaño, pidiéndole que se reintegre a 193 guardaparques, especialistas y jefes de área cesados el día anterior. Los trabajadores del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) son esenciales para la conservación de los ecosistemas terrestres, marinos y costeros más biodiversos del país. Sin ellos parques nacionales y reservas marinas —incluyendo a sitios emblemáticos como el parque nacional Yasuní o la reserva marina de Galápagos— se quedarían sin cuidadores especializados.
El Ecuador tiene 59 áreas protegidas que constituyen el 20 % de su territorio. Los guardaparques deben, los 365 días del año, conservar la diversidad biológica de estos lugares y además brindar alternativas para el desarrollo sustentable de sus recursos naturales. Sin ellos no se puede garantizar el derecho constitucional a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ni los recursos naturales y biodiversos del país. “Esto no es una lucha de derecho laboral,” dice Augusto Granda, presidente de la AGE, “sino una lucha por el derecho que tiene la naturaleza”.
El Parque Nacional Galápagos, establecido en 1959, fue el primer parque nacional en Ecuador. Fotografía de Rhett A. Butler
Durante la pandemia han continuado su trabajo normalmente. Han recibido insumos de bioseguridad —mascarillas y gel antiséptico— para hacerlo. Esto es importante pues siguen en constante contacto con las comunidades. Algunos, incluso, se han involucrado en tareas adicionales a sus funciones y “han ayudado a repartir kits de alimentos a poblaciones vulnerables en las provincias de Napo, Carchi, Chimborazo y Guayas”, dice Granda.
La terminación de los contratos de los guardaparques se hizo mediante un memorando del Ministerio del Ambiente y Agua (MAAE) del 19 de junio. La razón para cesarlos es que su nombramiento provisional caducó. En Ecuador, un nombramiento provisional es una forma de contratación pública. No tiene límite de duración y el puesto está disponible hasta que alguien más gane un concurso de méritos y oposición para ocuparlo o hasta que el Ministerio de Finanzas elimine el puesto. Sin embargo, no se ha convocado a los guardaparques a ningún concurso de méritos. Esa es la razón por la cual denuncian su separación.
La letra fina
Tres días después de que la Asociación de Guardaparques del Ecuador (AGE) enviara su carta pidiendo el reintegro de los funcionarios, el ministro encargado del Ambiente y Agua, Paulo Arturo Proaño, respondió. En su cuenta de Twitter dijo que la desvinculación de los funcionarios era una “noticia falsa”. Proaño aseguró que “jamás dejaría a las áreas protegidas del país sin sus guardianes.” Ese mismo día, el ministro se reunió con un grupo de la AGE y según Augusto Granda, prometió no desvincular a ninguno de los guardaparques.
En una Carta de Respuesta que recibieron los guardaparques el 23 de junio, no se habla de desvinculaciones definitivas. Sin embargo, sí se establece un cambio de modalidad de trabajo: de nombramiento provisional a contrato ocasional.
Este cambio tiene una letra fina. Luis Suárez, Director Ejecutivo de la organización Conservación Internacional en Ecuador, dice que el nuevo tipo de contrato es inestable. “La carrera de guardaparques demanda precisamente estabilidad”, dice. La Ley Orgánica de Servicio Público ecuatoriana dice que estos contratos, por su propia naturaleza jurídica, no generan estabilidad. Quienes son contratados bajo esta modalidad— a diferencia de quienes tienen nombramiento— no tienen derecho a indemnizaciones por despidos ni incentivos para jubilación.
Además, el Plan de Optimización de la Función Ejecutiva —ordenado por el presidente Lenín Moreno en agosto de 2019 para disminuir el 10% de la plantilla del personal de las empresas públicas— limita la duración de estos contratos a un año. Cuando el plazo vence, quedan automáticamente desvinculados.
La carta —que fue emitida por la Coordinadora Financiera del Ministerio del Ambiente y Agua— también dice que los guardaparques pasarán a un proceso de evaluación de talento humano cuya fecha límite es el 30 de junio de 2020. Si en ese proceso se determina que sus puestos no son necesarios, las partidas no serán aprobadas por el Ministerio de Relaciones Laborales y el Ministerio de Finanzas. En otras palabras, esos puestos dejarían de existir.
Tarcisio Granizo, exministro de Ambiente, cree que el cambio de modalidad laboral es un engaño. “Les están dando una falsa expectativa a los guardaparques para que no crean que los van a despedir definitivamente aunque en un futuro, por la naturaleza de los contratos ocasionales, eso es lo que va a pasar”, dice Granizo. El exministro cree que ni siquiera el nombramiento provisional que tenían antes era suficiente, porque se necesitan más guardaparques con seguridad laboral. Ahora la situación será peor pues, según dice, la nueva forma de contratación es absurda y perjudicial no solo para los guardaparques sino para las áreas protegidas del Ecuador.
Doble gasto
No generar nuevos nombramientos podría ser el objetivo de la medida. La abogada experta en derecho administrativo, Gabriela Obando, cree que lo más probable es que todos los años se contraten guardaparques nuevos porque de alguna forma eso significaría un ahorro para el Estado. Sin embargo, a largo plazo, sostiene Obando, “no habría ningún ahorro, sino un doble gasto porque se tendría que capacitar a guardaparques nuevos cada año”. Esto, además de no ser conveniente en términos financieros, también es un retroceso en materia de conservación ambiental.
Luis Suárez de Conservación Internacional asegura estar muy preocupado por lo que están viviendo los guardaparques. Dice que “sin guardaparques, no hay conservación, y sin conservación no hay desarrollo”. Además, cree que se tiene que dejar de ver el cuidado de las áreas protegidas como un gasto y empezar a verlo como una inversión.
El Parque Nacional Yasuní fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1989. Fotografía de Jeremy Hance y Tiffany Roufs
Esta no es la primera vez que los recortes estatales afectan a las dependencias encargadas de cuestiones ambientales en Ecuador. El 4 de marzo de 2020, el presidente Moreno fusionó el Ministerio del Ambiente (MAE) con la Secretaría del Agua (Senagua) y la decisión generó polémica porque podría significar la reducción de los recursos destinados para el medioambiente.
En 2019, el presupuesto del MAE fue de más de 24 millones de dólares, mientras que el presupuesto de la Senagua fue de un poco más de 19 millones. Sin embargo, en 2020 el presupuesto del Ministerio se redujo en alrededor de 2 millones y el de la Secretaría del Agua, a la mitad. Ahora, el nuevo Ministerio de Ambiente y Agua deberá manejar una mayor cantidad de proyectos, por lo que se pondría en riesgo la conservación y protección del ambiente en el país.
Consultado sobre la situación de los guardaparques, el MAAE respondió con un comunicado oficial enviado el 23 de junio vía Whatsapp. En él, el ministro encargado Paulo Arturo Proaño reitera su posición de que “en ningún momento se ha desvinculado al personal técnico que genera valor agregado, de tal manera que mantiene su continuidad”. El documento repite lo dicho por Proaño en sus redes sociales: “las áreas protegidas son el corazón del patrimonio natural del país” y que “el Ministerio del Ambiente y Agua jamás las dejaría sin sus guardianes”. Sin embargo, la inestabilidad contractual y los procesos de evaluación podrían, en apenas un año, hacer que eso sea exactamente lo que pase.