La internet en Venezuela no es suficientemente «libre», según voceros del norte

El Web Index (http://thewebindex.org/) es un informe publicado periódicamente por la World Wide Web Foundation, una organización sin fines de lucro que se propone «establecer una Web abierta como un bien público global y un derecho básico, garantizando que cualquier persona pueda acceder y utilizarla libremente» (http://www.webfoundation.org/about/). La misma es dirigida y representada por Tim Berners-Lee, considerado como el inventor de la World Wide Web, y caracterizado como una persona preocupada por «asegurar una Web accesible y abierta, significativa para todos, donde las personas puedan compartir conocimientos, acceder a servicios, dirigir actividades comerciales, participar en el gobierno y comunicarse en formas creativas» (http://www.webfoundation.org/about/sir-tim-berners-lee/).

Con estas credenciales, nos ocupamos de consultar la última edición del Web Index (http://thewebindex.org/2012/10/2012-Web-Index-Key-Findings.pdf), a sabiendas de que, a pesar de que existen – como en cualquier parte del mundo – ciertas deficiencias estructurales, en nuestro país se han hecho esfuerzos gigantescos para mejorar el acceso del pueblo venezolano a internet. Sin embargo, al leer el informe nos encontramos con lo siguiente:

«Como Tailandia, la clasificación global de Venezuela para cada componente ha disminuido desde 2007, a excepción del Contenido de Web, donde el país disfrutó de una mejora modesta de un lugar. El área que ha visto la disminución más significativa es el Impacto Político. Una explicación probable se deriva del control de Hugo Chavez del gobierno y el límite sobre las libertades de prensa» (p. 31).

Obviamente, al observar en un documento de la Fundación World Wide Web una posición tan definida sobre la situación política del país, nos vimos en la obligación de indagar un poco más sobre la manera en que se formula el Web Index. Como nos explica el documento, el mismo se compone de tres sub-índices: (a) Comunicaciones e Instituciones, (b) Contenido y Uso de la Web, (c) Impacto político, económico y social. Lógicamente, dichos sub-índices se encuentran relacionados entre sí, de manera que, por ejemplo, unas políticas que favorecen la inversión en infraestructura digital tendrá consecuencias positivas para la generación de contenidos y, por lo tanto, mayor impacto social. Esto es claro, independientemente de que la interpretación sobre la importancia de las políticas públicas difiera al comparar distintas realidades nacionales.

Entonces consultamos cuál es el origen de la información que se toma para elaborar el índice. De acuerdo con el documento, se trata de data primaria y secundaria. La data primaria se levanta a través de cuestionarios y la data secundaria a través de organizaciones que se dedican a generar información relevante para el informe. La data secundaria es generalmente información que no se encuentra en el ámbito de acción de los realizadores del informe pero que se considera importante para la formulación del índice. Todavía intrigados por conocer la causa de que se señalara directamente al Presidente Chávez como responsable del pobre resultado de Venezuela en el índice, nos dirigimos a ver la lista de los contribuyentes (http://thewebindex.org/data/all/sources/), donde se encuentra el siguiente listado:

Ethnologue http://www.ethnologue.com/show_country.asp

Freedom House http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world-aggregate-and-subcategory-scores

International Energy Agency http://www.iea.org/weo/electricity.asp

Reporters without Borders http://en.rsf.org/press-freedom-index-2010,1034.html
UN/ITU http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/world/world.html y http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/education.htm

Wikimedia Foundation-Wikipedia http://stats.wikimedia.org/EN/TablesArticlesTotal.htm
The CIA factbook https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

The World Bank http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.SECR.P6

The World Economic Forum (WEF) http://www.weforum.org/reports

A primera vista, tenemos que algunas de las fuentes proporcionan información general sobre aspectos como lengua, cultura y población de un país (Ethnologue, Wikimedia, Naciones Unidas e incluso CIA factbook). Además, se encuentra en la lista una agencia de energía pro-estadounidense (la cual ha tenido en ocasiones un papel importante en la reducción de los precios del petróleo y en los ataques a la OPEP). Fuera de esas fuentes, nos llamó la atención la presencia del Banco Mundial (World Bank) y del Foro Económico Mundial (World Economic Forum), institutos que fomentan la implementación de una economía de mercado con una agenda neoliberal (algunos recordarán el testimonio de Joseph Stiglitz en El malestar de la globalización). Es de notar que dichas organizaciones – o sus antecesores – nacieron para contrarrestar la influencia de la Unión Soviética en el mundo, pero que una vez terminada la Guerra Fría se han dedicado a promover el neoliberalismo económico desde una posición favorable a los países del centro capitalista. Ahí dimos con los autores de los bajos índices económicos de Venezuela: nuestra economía no es suficientemente «liberal» para los estándares del BM y del FEM.

Sería ingenuo pensar que dicha valoración no tiene además implicaciones políticas, pero era necesario dar con los autores de las críticas sobre la situación de la prensa y de las instituciones en nuestro país. Recordemos que un sub-índice del Web Index es «Comunicaciones e Instituciones». Por lo tanto, debíamos buscar ahí para conocer en qué se basan para «atestiguar» los efectos negativos del gobierno de Chávez sobre la democracia y la prensa. Ahí dimos con Reporteros sin Fronteras (Reporters without Borders) y Freedom House.

Reporteros sin Fronteras (RSF) se define a sí misma como una organización que «trabaja diariamente por la libertad de prensa» (http://es.rsf.org/presentacion-24-09-2002,03855.html). Sin embargo, según Wikipedia: «RSF ha sido acusada de estar asociada con sectores del exilio cubano de Miami y de dirigir una campaña contra Cuba y contra Venezuela, con un objetivo más político que de defensa de las libertades. La imparcialidad de RSF ha sido puesta en entredicho por algunos sectores ideológicos de izquierda y por varias organizaciones de periodistas tanto profesionales como sindicales de diferentes países» (http://es.wikipedia.org/wiki/Reporteros_Sin_Fronteras).

Una mirada rápida a la página de RSF sobre Venezuela (http://es.rsf.org/venezuela.html) mostrará que, de las cinco noticias publicadas en el 2012, dos se refieren a las multas y sanciones impuestas al canal privado Globovisión. También hay un pronunciamiento público – realizado antes de las elecciones presidenciales – en el cual mostraban «preocupación» por la polarización del clima electoral y la supuesta utilización de los medios públicos con fines proselitistas (http://es.rsf.org/venezuela-intervencion-de-reporteros-sin-18-09-2012,43404.html).

Por otra parte, Freedom House (FH) es otra organización para-estatal, radicada en Washington, que se presenta como promotora de los derechos políticos y que, en sus palabras, «actúa como un catalizador de la libertad con una combinación de análisis, propugnación y acción» (http://www.freedomhouse.org/about-us). En Wikipedia vemos que «desde siempre ha existido la sospecha de que actúa como brazo propagandístico del gobierno estadounidense y sus sectores más conservadores, debido a que alrededor de un 80% de sus fondos provienen de la USAID y NED («National Endowment for Democracy»)» (http://es.wikipedia.org/wiki/Freedom_House). Ya es bien sabido que éstas últimas participan en el financiamiento de agrupaciones que, bajo la cubierta de fundaciones, se ocupan de generar presión social en contra de los gobiernos que contradigan las políticas de EEUU (suficiente documentación sobre este tema se encuentra en El Código Chávez de Eva Golinger).

Al explorar la página de FH sobre Venezuela (http://www.freedomhouse.org/country/venezuela) nos enteramos de que nuestro país es «parcialmente libre», que la internet es así mismo «parcialmente libre» y que la prensa «no es libre». En la misma página nos informan que para FH el «retraso indefinido de la investidura de Chávez es inconstitucional» (http://www.freedomhouse.org/article/retraso-indefinido-de-la-investidura-de-ch%C3%A1vez-es-inconstitucional), a pesar de la decisión del máximo órgano judicial venezolano y de que incluso la OEA se pronunció a favor de la misma (http://www.vtv.gob.ve/articulos/2013/01/11/oea-respeta-la-decision-tomada-por-los-poderes-en-venezuela-3199.html).

El hecho de que una organización como la World Wide Web tome como referencia a esta clase de agrupaciones para obtener información sobre nuestro país da mucho qué pensar. Ahora entendemos el contexto según el cual la «falta de libertad» de la prensa y de las instituciones políticas en Venezuela es un problema para el acceso a la red, y por qué eso «influye» negativamente en la evaluación del desempeño de nuestro país en cuanto a la masificación del acceso y uso de internet. Lamentablemente, las organizaciones que proporcionan esa información tienen un historial de ataques contra Venezuela y su gobierno. Para entender por qué, habría que explicar cómo este tipo de instituciones se sirven del liberalismo jurídico como cubierta para favorecer los intereses de grupos políticos y económicos que se encuentran en posición contraria a nuestros intereses nacionales. Así, una política nacional y popular, como la que conduce el Gobierno venezolano, tiene que enfrentarse necesariamente a las directrices de la política exterior de otros países, la cual funciona como herramienta de los intereses grupales que dominan en los mismos.

Por otra parte, es lamentable que este tipo de informaciones sean tomadas sin crítica alguna por «especialistas» nacionales y de otros países, cuando la intención es generar una imagen negativa del Gobierno venezolano con el propósito de restarle apoyos y justificar posibles agresiones – e injerencias – en la política nacional. Aún hoy podemos constatar que no pocos «intelectuales» extranjeros juzgan la situación política venezolana según la información que obtienen de las cadenas privadas de comunicación e incluso de las elites desplazadas. Para ellos que, en cuanto que «especialistas», se sienten llamados a definir y controlar los procesos sociales, el milagro venezolano no es otra cosa que una «anomalía» en el curso de la democratización tutelada de los países latinoamericanos. No se atreven a pensar que en Venezuela se está desplegando desde hace varios años una de las experiencias más genuinas de democracia directa y protagónica que ha podido presenciar la historia reciente, y que supera incluso a lo que pueden llegar a soñar los «intelectuales» del norte, con sus «indignados» y sus «occupy» a-la-moda.

Así mismo, esta clase de informes debería servir de advertencia para todos aquellos que, aquí y allá, consideran aún que no existe relación entre política y técnica, y que un informe público sobre la red es un informe y nada más. Internet es, ante todo, una gigantesca empresa política y comercial, que promete darle un nuevo aliento a la capacidad del capitalismo para regular las formas de generar valor mercantil. Por esa razón no cabe pensar que la red (infraestructura, contenidos, dinámicas sociales vinculadas a ella) escapa al interés de los grupos de poder. Ya en los años 70, el teórico-ideólogo Brzezinski decía que EEUU estaba llamado a ejercer su influencia cultural a través de los medios masivos, y afirmaba que, en la sociedad tecnotrónica, «la tendencia parece orientarse hacia la aglutinación del apoyo individual de millones de ciudadanos desorganizados, que caen fácilmente bajo la influencia de personalidades carismáticas y atractivas, personalidades que explotan eficazmente las últimas técnicas de comunicación para manejar las emociones y controlar la razón» (Paidós, 1979, p. 38). Internet, fundada en el modelo de economía de consumo, tiene la capacidad de facilitar el flujo de información de múltiples maneras, pero no necesariamente rompe con el patrón de productor-consumidor (aunque lo diversifica). Además, puede servir de vehículo para ejercer control subjetivo de las masas, a partir de la segregación de intereses y la imposición de figuras de adhesión (personalidades, marcas, tendencias). Por estas razones, entre otras, internet es un medio eficaz de comunicación, lo que es necesario observar es cuáles son los fines de dicha comunicación y, por lo tanto, también cuál es el propósito de mostrar esa imagen sobre nuestro país.

Obviamente, no se trata de evadir una discusión seria sobre la situación del acceso a la red en Venezuela. Sin embargo, ese asunto no es preocupación de las organizaciones que «contribuyen» con esta clase de información y que no se proponen otra cosa que crear corrientes de opinión adversas. Precisamente, uno de los intereses fundamentales del Gobierno venezolano es convertir a internet en una herramienta para la participación y la creación de conocimientos pertinentes para la construcción de una sociedad con independencia cultural. Tan pronto como en el 2000 en Venezuela se pronunció un decreto sobre «Acceso y el uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político de la República Bolivariana de Venezuela» (http://www.cnti.gob.ve/images/stories/documentos_pdf/decreto825.pdf). En el 2010, la Fundación INFOCENTRO recibió un premio de la UNESCO, por «llevar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a niños y adultos de toda Venezuela» (http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/single-view/news/infocentros_trabajando_por_la_inclusion_tecnologica/). Ciertamente, este es otro modo de fomentar la tecnología, que seguro resulta difícil de asimilar por organizaciones como el Banco Mundial y Freedom House, más preocupados por estimar la magnitud del flujo de capitales y por impulsar la libertad de mercado. Pero está sucediendo.

La Fundación World Wide Web debería revisar con mayor atención el perfil político y ético de las organizaciones que moldean su estado de opinión sobre el acceso a internet en el mundo. De esa manera evitarían reproducir en sus informes el parecer de agrupaciones que no son otra cosa que agentes al servicio de la política exterior de países que, desde hace décadas, actúan en contra del derecho a la libre determinación de los Pueblos de América Latina.

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