El próximo 1 de abril, a las diez de la mañana, tal como se dispone en el Real Decreto 33/2008, de 14 de enero, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones, se va a proceder a la constitución formal de las cámaras legislativas resultantes de las elecciones […]
El próximo 1 de abril, a las diez de la mañana, tal como se dispone en el Real Decreto 33/2008, de 14 de enero, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones, se va a proceder a la constitución formal de las cámaras legislativas resultantes de las elecciones generales celebradas el pasado 9 de marzo. Será el inicio jurídico-constitucional de la IX Legislatura de nuestro actual período democrático.
Como es bien conocido, ganó el PSOE las elecciones (169 escaños en el Congreso), con 15 diputados de diferencia respecto al PP (154), y casi un millón de votos más. La otra fuerza de ámbito nacional, IU (2 diputados) ha sufrido un descalabro electoral histórico, similar al sufrido por el PCE en 1982 y con un descenso respecto a 2004 de 321.000 votos, habiéndose quedado sin grupo parlamentario. Por otro lado, los nacionalismos moderados de centro derecha (CiU con 10 y PNV con 6) se mantienen prácticamente estables y se convierten en decisivos. Y todo ello con una importante participación electoral (75,32%). Estas serían las variables electorales más significativas de la jornada electoral del 9 de marzo.
El derecho al voto que ejercimos el 9 de marzo con normalidad tiene en nuestro país una difícil historia. Fue en 1890 cuando se pasó en España del sufragio censitario (tan sólo votaban el 5% de la población y en función de la posición socioeconómica) al sufragio universal masculino, bajo uno de los gobiernos presidido por Sagasta. Y hubo que esperar a la II República para conseguir el derecho al voto de la mujer (a instancia de la abogada y diputada Clara Campoamor), y por tanto el sufragio universal. Fue en las elecciones generales de 1933 cuando se estrenó en nuestro país el derecho pleno al voto de todo español mayor de edad.
No obstante ese logro histórico, interrumpido durante casi 40 años de dictadura, una de las carencias actuales de nuestro sistema democrático es su modelo de representación electoral. El clásico principio del Estado democrático «un hombre, un voto», teorizado por Montesquieu, no se cumple rigurosamente en nuestro Estado. Con la aprobación de la Constitución de 1978 y el posterior desarrollo legislativo de sus normas y directrices en materia electoral, se produce una situación de injusticia importante en términos del valor real del voto en función del territorio en que se vota y en función de la fuerza política a la que votas.
La más grave desproporción e injusticia electoral se produce según la fuerza política a la que votes. Los ciudadanos españoles que han votado durante la democracia al PCE (los que más lucharon por la vuelta de la democracia) o a IU, han sido gravemente discriminados por este sistema. Sus escaños han sido los que más votos ha costado obtenerlos. Así, en las recientes elecciones del 9 de marzo, IU obtuvo 963.040 votos y 2 escaños (481.520 votos cada diputado). En cambio, CiU con 774.317 votos obtuvo 10 diputados (77.431 votos cada escaño). Y el PNV, con la tercera parte de los votos de IU, en cambio obtuvo el triple de escaños.
Esta situación ha provocado en el pasado que tanto los gobiernos del PP como los del PSOE hayan dependido de fuerzas políticas nacionalistas. Y en la nueva legislatura que se abrirá el 1 de abril, tanto CiU con 10 escaños como el PNV con 6 diputados se convierten en decisivos para la gobernabilidad de España. Todas estas fuerzas nacionalistas están en su derecho de determinar acciones de gobierno, pero sin duda lo harán desde la perspectiva de un territorio concreto y no de la globalidad del conjunto de España.
Es más que evidente la injusticia del actual sistema electoral. La soberanía nacional es única y única debería ser la circunscripción electoral, al menos en lo relativo al Congreso de los Diputados, en el que desde mi punto de vista debería hacerse la distribución a través de un reparto proporcional puro de los 350 diputados en función de los votos obtenidos. Pero para esto sería precisa una reforma constitucional de fondo que los dos partidos mayoritarios de ámbito nacional deberían acordar.
El período político 2008-2012 debiera ser el momento histórico de nuestra joven democracia en el que realmente el voto de un ciudadano sea igual al de otro ciudadano, con independencia del territorio en el que ejerza su derecho al sufragio activo, y con independencia de la opción política a la que decida votar. Es uno de los retos que tienen las Cámaras Legislativas de la novena legislatura que se inicia. Y los dos partidos mayoritarios tienen en este central asunto democrático una especial responsabilidad.
Y también será un reto muy importante que nuestros nuevos diputados y senadores expliquen con qué instrumentos de información y participación van actuar respecto a los ciudadanos de sus circunscripciones electorales, para mantener un contacto permanente durante la legislatura. Ya no vale que se olviden hasta el 2012. Esta forma de democracia puramente formal y meramente representativa está más que caduca. Es necesario que propicien nuevos medios de interacción con el ciudadano-elector, que además les permitirá recoger permanentemente ideas o propuestas que podrán materializar en propuestas para su presentación en el Congreso y el Senado.
Esta nueva exigencia de profundización democrática es ineludible. Después de casi 30 años de una Constitución que consagra un Estado Social y Democrático, nuestros recién elegidos representantes tienen la obligación de una mayor intensidad democrática en su actuación como legisladores en el sentido indicado de mayor conexión con la sociedad a la que van a representar. Este planteamiento posibilitará a los ciudadanos una mayor riqueza democrática, y un mayor control sobre su actuación. Y en todo caso, contribuirá a la maduración de nuestro actual sistema de valores democráticos
*Ángel B. Gómez Puerto es abogado y está Doctorado en Derecho Público por el Área de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba.