Hace algunos días el portal de noticias Interferencia publicó la información de que Tatiana Klima, jefa de prensa del presidente electo Gabriel Boric, asesoró comunicacionalmente al controvertido proyecto Dominga. Interferencia también informa que se desempeñó como encargada de comunicaciones de Dinámica Plataforma, consultora privada abocada al diseño e implementación de estrategias “que reorienten el vínculo” entre empresas extractivistas como Anglo American (Los Bronces Integrado), Andes Iron (Dominga) y Newmont/Teck Resources (Nueva Unión), y las comunidades que resisten estos proyectos.
Más allá del debate de si “construir argumentos comunicacionales” para Dominga (mega proyecto minero controlado por la familia de Carlos Délano, artífice de la Penta política), podría generar o no conflictos de interés en la más alta esfera del “gobierno ecológico” entrante, lo publicado constituye una campanada de alerta sobre algo mucho más preocupante y grave.
En efecto, a lo largo de la última década, el Consejo Minero, las empresas extractivistas y las consultoras que les prestan sus servicios, como Dinámica Plataforma, han venido fraguando nuevos dispositivos de poder que permiten a estas empresas desplegar estrategias altamente sofisticadas para asegurar sus proyectos en nuevos territorios.
“Relacionamiento temprano”, “diálogos territoriales”, “crear valor compartido” y “acuerdos voluntarios de pre-inversión” son algunos de los envoltorios que revisten estos nuevos dispositivos. Con apoyo de consultoras como Tironi Asociados o Dinámica Plataforma, y la conformación de alianzas público-privadas como Valor Minero, las empresas extractivistas han ido montando un innovador entramado para comprar las voluntades y manipular las conciencias. Pasando por encima de disposiciones legales nacionales e internacionales que fijan en el Estado la garantía de derechos y su ejercicio por parte de la ciudadanía. Pues a pesar de las graves deficiencias de que adolece la participación ciudadana en la evaluación ambiental, ha permitido que las comunidades expresen su parecer, logrando modificaciones a la formulación original e incluso paralizar proyectos cuando los impactos son mayores o irreversibles. También la movilización social y la presentación de recursos judiciales han obtenido emblemáticas victorias: Patagonia Sin Represas en Hydroaysén, las comunidades del Valle del Huasco contra Barrick y, más recientemente, comunidades indígenas paralizaron dos apuradas concesiones de litio impulsadas por Piñera.
Este ejercicio de derechos, el uso de la participación ciudadana y la defensa territorial movilizada para interpelar los proyectos extractivos, , es lo que las empresas, sus consultoras, y no pocos destacados políticos e intelectuales de la ex-Concertación, pretenden eliminar con estos mecanismos de “diálogo” y “convenios” no normados entre empresas y parte de la comunidad antes de la evaluación ambiental.
En tiempos de múltiples crisis, como el cambio climático y una prolongada crisis hídrica, que enmarcan el trabajo de la Convención Constitucional, es imprescindible que esta resguarde los derechos de las comunidades y que se elaboren por parte del nuevo gobierno políticas de largo plazo que coloquen el interés público mayoritario, la protección de los bienes comunes,la revitalización y no el mayor agotamiento de los ecosistemas que sostienen la vida.
Por eso es altamente preocupante que el quehacer preponderante de la jefa de prensa que asesora al presidente electo, hasta hace poco haya estado al servicio de estos dispositivos. Diseñados bajo el supuesto argumento de “ordenar las relaciones entre las empresas, las comunidades y el Estado”, estos son utilizados para diluir la oposición y resistencia a proyectos que extienden las fronteras del extractivismo hacia el valle central del pais.
Por ello necesitamos prestar atención a las modalidades post-estallido con las cuales los grandes conglomerados económicos pretenden ejercer influencia sobre la ciudadanía y las autoridades elegidas por mandato popular. Pues la puerta giratoria que operó durante los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría, parece seguir operando perfectamente y bien engrasada. Recordemos que en 2013, en el segundo gobierno de Bachelet, la ciudadanía se impactaba con la noticia de que ministerios claves serían ocupados por ex-empleados del Grupo Luksic, como Alberto Arenas (Hacienda), Nicolás Eyzaguirre (Educación), Aurora Williams (Minería) y Máximo Pacheco (Energía). En tanto que la campaña electoral fue coordinada por otro estrecho colaborador de Luksic, el ex-ministro concertacionista, René Cortázar.
Y es que hasta ahora en todos los gobiernos la mentada puerta giratoria batió reiteradamente en varias direcciones: primero desde las ONGs y centros de pensamiento, al gobierno; luego desde el gobierno a los directorios de grandes empresas transnacionales; para tras un tiempo en el sector privado, nuevamente volver a cargos ministeriales.
Con el dicho “No son treinta pesos, sino treinta años”, la sabiduría popular estableció que buena parte de la clase política progresista y sus cuadros dirigentes, no solo habían sido cómplices pasivos, sino también arquitectos de la institucionalización y legitimación del sistema neoliberal de dominación en Chile. ¿Cómo asegurar entonces que las promesas transformadoras, esta vez en boca de cuadros políticos que encarna un necesario cambio generacional, no sean desbaratadas por los viejos mecanismos de captura del Estado?
También debemos comenzar a investigar con mayor ahínco y sobre todo exigir mecanismos mucho más efectivos de monitoreo y de transparencia, que permitan conocer el contenido y alcance de los contratos firmados entre empresas extractivistas y este tipo de consultoras privadas.. Pues más allá de sus tareas de lobby y asesoría en comunicación estratégica, estas consultoras se involucran activamente en la manipulación del tejido social existente, ofreciendo ayuda para enfrentar “el desafío de integrarse a las realidades inter-subjetivas de los territorios, es decir, el conjunto de experiencias, imaginarios y expectativas que definen a una comunidad”, como dice Dinámica Plataforma.
En un ensayo publicado en la Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe a fines de 2019, revisé los orígenes y alcances de estas nuevas estrategias. Señalé que estos repertorios representan una naciente forma de hacer política que sustituye el rol del Estado, reconfigura las formas de gobernanza, y promulga un nuevo tipo de “política de orfebrería” que opera sobre lo local, lo afectivo, lo identitario, lo patrimonial, la conformación de subjetividades y la memoria de los territorios, todo ello con la finalidad de subordinarlos al servicio del capital transnacional.
Estos dispositivos buscan a su vez transferir las tareas de planificación territorial, de construcción de legitimidad y de cohesión social que corresponde al Estado, a manos de las grandes transnacionales.
En el valle de Choapa, por ejemplo, el dispositivo de “Somos Choapa”, co-creado por Tironi Asociados y ejecutivos de Minera Los Pelambres, ha permitido que Antofagasta Minerals del Grupo Luksic, asuma la planificación centralizada de una cartera de inversiones que abarca las comunas de Canela, Illapel, Los Vilos, y Salamanca. Todo ello, mientras esta misma empresa deja sin agua a importantes sectores de la población, se niega a implementar resoluciones de poderes del Estado, y aprueba una expansión de US$ 1,300 millones que le permitirá aumentar en 60,000 toneladas su producción anual de cobre.
En el Valle del Huasco encontramos otro ejemplo de la forma engañosa en que operan estos dispositivos. Contratada por Nueva Unión, un joint-venture entre Newmont y Teck Resources, que con una inversión estimada de US$ 7,200 millones constituye el nuevo proyecto de extracción de cobre, oro y molibdeno más grande de América Latina, Dinámica Plataforma y sus profesionales iniciaron un proceso de “relacionamiento temprano” cuyo propósito era asegurar la obtención en forma acelerada de la Resolución de Certificación Ambiental (RCA). Dada la fuerte resistencia a empresas como Barrick y Agro-Super, y la lucha contra termoeléctricas y otras plantas altamente contaminantes, que han convertido al puerto de Huasco en zona de sacrificio, Nueva Unión y Dinámica Plataforma pusieron en marcha una novedosa estrategia para ganar mentes y corazones de la población. Para ello, enfundaron discursivamente al proyecto Nueva Unión con el ropaje de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, elaborando una Hoja de Ruta para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Huasco que ubicaba a la empresa al centro de este artificioso plan territorial. Lo anterior basado en entrevistas a solo 100 personas en una provincia con casi 75,000 habitantes y con importante presencia de comunidades de pueblos ancestrales. Permitiendo que este proyecto aún inexistente en el territorio, más allá de la etapa de sondajes (activamente resistido por las comunidades), sea incluso presentado a nivel internacional por entidades como Espacio Público y el Banco Interamericano de Desarrollo, como ejemplo de las “mejores prácticas” en América Latina en cuanto al relacionamiento entre empresas y comunidades.
Si queremos transitar hacia un nuevo modelo de desarrollo todavía por construir, no debemos naturalizar que la producción de conocimiento, la cultura, el patrimonio y la memoria territorial queden subordinadas a los requerimientos de un puñado de empresas capitalistas-rentistas que dominan nuestra economía. Una cosa es la decisión individual de profesionales universitarios que, atraídos por altos sueldos, opten por vender sus habilidades a grandes empresas mineras transnacionales o las consultoras que las secundan. Otra muy diferente es que planes de desarrollo y políticas públicas que conforman la visión presente y futura de país, potencien conglomerados económicos y actividades que lejos de aportar con beneficios efectivos a los territorios en los que se asientan, destruyen sus riquezas naturales y su tejido social bajo engañosos discursos de desarrollo y bienestar.
Por eso no debiera sorprendernos que profesionales como la jefa de prensa de Boric, haya contribuido al desarrollo de estos dispositivos mediante los cuales empresas extractivistas colonizan nuestros territorios. Además estas estrategias de dominación, que tienen más de una década de existencia y siguen expandiéndose, han quebrado la ya frágil cohesión social producto de los conflictos que estos proyectos engendran en los territorios en que se asientan.
Si deseamos evitar que los anhelos transformadores de las luchas ciudadanas y populares, nuevamente se vean frustrados por poderes operando tras bambalinas, debemos exigir mayor control y transparencia sobre las actividades de las empresas extractivistas y sus consultoras. Una tarea a la que ya están abocadas diversas organizaciones sociales y ciudadanas, y que hoy debiera ser también asumida por el nuevo gobierno y la Convención Constitucional para garantizar la construcción de las bases democráticas y de resguardo ambiental que el país necesita.
Hoy más que nunca necesitamos construir horizontes de deseo, imaginarios de dignidad y modelos de desarrollo no colonizados por el extractivismo y sus estrategias de manipulación diseñadas por consultoras a su servicio. Para construir hoy el futuro que deseamos, más que lo que su jefa de prensa pueda musitarle en el oído, Gabriel Boric debe escuchar la exigencia de comunidades que hoy resisten la expansión minera hacia el Valle Central, como por ejemplo claman las y los vecinos y el propio alcalde de la capital patrimonial de Aconcagua, exigiendo un “¡Putaendo sin Mineras!”.
*Economista, Profesor Titular de la Universidad de California Santa Cruz; Coordinador del Grupo de Investigación Extractivismo y Sociedad. Su último libro es The Left Hand of Capital: Neoliberalism and the Left in Chile (SUNY Press, 2021).
1/ Pagina web Dinámica Plataforma, https://dinamicaplataforma.com/servicios/
2/ Fernando I. Leiva, «Economic elites and new strategies for extractivism in Chile,» ERLACS, Diciembre 2019. https://www.erlacs.org/articles/abstract/10.32992/erlacs.10511/