Si bien es cierto en una buena parte de la sociedad chilena existe pesimismo con respecto al papel que han venido jugando los Tribunales de Justicia en este periodo post dictadura, en todo lo relativo a la violación sistemática de los derechos humanos en Chile bajo el régimen cívico militar, encabezado por Augusto Pinochet durante […]
Si bien es cierto en una buena parte de la sociedad chilena existe pesimismo con respecto al papel que han venido jugando los Tribunales de Justicia en este periodo post dictadura, en todo lo relativo a la violación sistemática de los derechos humanos en Chile bajo el régimen cívico militar, encabezado por Augusto Pinochet durante 17 años (1973-1990), no es menos cierto, que este último tiempo se han abierto una serie de causas en los tribunales, que están contribuyendo enormemente a esclarecer la verdad y recuperar la memoria histórica.
Además se puede observar que la justicia esta trabajando en este proceso que significa tratar precisamente de eso, hacer justicia, a pesar de todas las presiones que reciben de determinados sectores políticos del gobierno de la Concertación, en especial de la Democracia Cristiana, de la subcultura militar que aún sigue arrimada a la Doctrina de la Seguridad Nacional y de la derecha pinochetista encabezada por la UDI y Renovación Nacional, presiones que tienen por objeto, relegar al olvido los crímenes cometidos por la dictadura y dar vuelta definitivamente la página de la violación de los derechos humanos acaecidos bajo el régimen militar.
Pareciera que el alma y el espíritu de los que fueron asesinados y hechos desaparecer por los aparatos represivos de la dictadura, clamaran de los más profundo de su ser, el derecho a la justicia, pues todo se paga en esta vida y no en otra, según el decir popular.
Y decimos esto, porque el juez Cornelio Villarroel decidió acoger la petición del Partido Comunista de Chile, para que se investigue la operación conocida como «retiro de televisores» y que involucra directamente al ex dictador Pinochet en la exhumación de cuerpos de detenidos desaparecidos en la localidad de Mulchén entre 1978 y 1979. La investigación judicial es la primera dirigida contra Augusto Pinochet por este delito que está dirigido no sólo a la exhumación ilegal, sino que también a la asociación ilícita y el encubrimiento, de acuerdo a lo expresado por el abogado Hugo Gutiérrez a los medios de prensa.
Pero en materia de justicia eso no es todo, puesto que el Segundo Juzgado de la ciudad de Linares, ha ordenado el arresto de Nelson Mery, ex director de la policía civil, en relación a una querella en su contra por violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y torturas presentadas por ex presos políticos. La orden de detención fue presentada por el ministro de fuero Víctor Stenger, e incluye además a cuatro ex militares. La acción judicial fue realizada por 106 miembros de la Agrupación de Presos Políticos de Linares.
Nelson Mery al ser careado con los ex presos políticos, éste negó ante el juez el haber participado en actos de tortura. Mery después del golpe militar de 1973, fue destinado a trabajar en la unidad de Inteligencia del regimiento de Linares. El ex director de investigaciones participó en innumerables detenciones en la zona y también en la ciudad capital.
Ahora al ex dictador Pinochet, las acusaciones judiciales le llueven sobre mojado, van una tras otra, puesto que el abogado Nelson Caucoto ligado a los casos de las violaciones a los derechos humanos, ha solicitado al juez Juan Carlos Urrutia que el ex dictador chileno preste declaraciones por el alevoso crimen del cantautor chileno Víctor Jara, lo que fue aceptado por el funcionario judicial.
De allí que Pinochet deberá declarar por oficio en el proceso que sigue la justicia por el asesinato del artista popular, que fuera detenido el 12 de septiembre de 1973 en la Universidad Técnica del Estado, y fuera encontrado acribillado a balas el 15 de septiembre del mismo mes después de haber estado detenido en el Estadio Chile (hoy Víctor Jara). El cantautor y director de teatro fue encontrado cerca de un cementerio del sector sur de la capital chilena, junto a los cuerpos de otros cinco prisioneros asesinados.
Además de Pinochet deberán prestar declaraciones otros ex generales del Ejército como Herman Brady, Sergio Arellano Stark y Ernesto Baeza por la responsabilidad que puedan tener en los crímenes. De acuerdo a las declaraciones emitidas por el abogado Caucoto, éste expresaba que «es increíble que después de 31 años de ocurridos los hechos, aún no se conozca el nombre del oficial que estaba al mando del Estadio Chile».
«Se trata de un dato absolutamente vital para conocer la identidad de los autores de las torturas y los asesinatos cometidos en el Estadio Chile. Por esa razón, y dado que al parecer a todos se le olvidó quién era el encargado, no queda otra alternativa que consultar personalmente a Pinochet sobre el nombre del que mandaba ese centro de reclusión, ya que si él no lo sabe, entonces quién es el responsable?» , afirmó el abogado.
Pero las informaciones judiciales no sólo están ligadas al ámbito de lo chileno, pues la Corte Suprema de la Argentina declaró «imprescriptible» el asesinato en un atentado del general chileno Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, cometidos en Buenos Aires en 1974, lo que significa que el ex agente de los aparatos represivos de la dictadura de Pinochet Enrique Arancibia Clavel, le ha sido confirmada su condena a cadena perpetua, por el asesinato de Prats y Cuthbert.
Carlos Prats entregó la jefatura del Ejército chileno a Augusto Pinochet días antes que éste se sumara al golpe de Estado, en 1973, murió junto a su esposa al estallar una bomba colocada en el automóvil en el que viajaba el matrimonio.
Ahora todo parece indicar que la justicia chilena, después de años de haber contribuido a la impunidad, de haber hecho tabla rasa ante la violación de los derechos humanos y en donde muchos de sus funcionarios estuvieron al servicio de la dictadura, y toda clase de injusticias cometidas bajo el régimen militar, hoy tienen intenciones de enmendar las responsabilidades que les competen en lo que respecta a establecer la verdad y dictar justicia. Aún nos queda la esperanza de muchos, de los familiares de las víctimas y de las organizaciones y abogados de derechos humanos, porque los criminales paguen por sus fechorías…la justicia tarda…pero… por el momento procesa e investiga, pero también esperamos condenas, para que definitivamente en Chile reine el imperio de la justicia y el Estado de Derecho.