Conocido defensor de los derechos humanos, el abogado Alberto Espinoza ha tomado la defensa de los presos políticos que acaban de poner término a una prolongada huelga de hambre. Esto es lo que conversó con El Siglo. La prensa ha informado sobre aquellos presos políticos que tendrían posibilidad de ser indultados… «En este momento tenemos […]
La prensa ha informado sobre aquellos presos políticos que tendrían posibilidad de ser indultados…
«En este momento tenemos este proyecto de ley que se supone que va a salir como fue despachado en primera instancia, pero no tengo claro cuál va a ser la fisonomía que va adquirir. Uno puede esperar cualquier cosa, es muy especulativo esto de quiénes podrían acogerse, quiénes no se beneficiarían… Me resulta prematuro adelantar juicios y crear falsas expectativas porque, como muy bien dijo el senador Fernando Flores, este ofrecimiento de libertad a presos que ya han estado más de diez, doce o catorce años privados de libertad constituye un nuevo martirio para ellos».
Se discute por algunos la calificación de presos políticos…
«Desde luego, son presos políticos. El gobierno, ni la institucionalidad, están dispuestos a reconocer que existen presos políticos en Chile, eso está claro. Pero por otro lado está claro que hay un tratamiento especial, para nadie es un misterio que se formó toda una expectativa en los últimos meses en torno a este proyecto de ley, en torno a la huelga de hambre; en fin, hay un grupo de personas privadas de libertad y que no responden a los estándares de los prisioneros comunes. Hay una cárcel de alta seguridad, el tema es tratado a nivel de ministerio del Interior, es tratado también con bastante prudencia por parte de Gendarmería. Es decir, hay reacciones políticas que solamente pueden entenderse por esta calificación de presos políticos».
¿Qué opina de los argumentos respecto a homologar esto con los crímenes contra los derechos humanos?
«Es un tema que está presente. Puede ser una traba, puede ser también visto como una válvula de salida para todo el problema de las violaciones a los derechos humanos. Aquí hay un entrecruzamiento de intereses que es transversal de toda la institucionalidad. El gobierno se la jugó por la impunidad de Pinochet; apostó a eso, lo trajo de Londres antes de los proyectos de ley de los presos políticos. O sea, cuando se habla de monedas de cambio, a Pinochet se le dio la impunidad sin moneda de cambio alguna. El tema de la impunidad en este país se ha ido consolidando en forma bastante fuerte. De modo que traspasarle a los presos esta carga ética, emocional, me parece que es un abuso. Aquí la impunidad está corriendo en paralelo y con mucha anticipación al proyecto de ley. En ese sentido, creo que se está tratando de buscar de alguna forma una salida ‘a la chilena’, porque así se resuelven las cosas en este país: ecléctica, ambigua. Con un poquito para allá y un poquito para acá, esperamos que todos ganen algo y no todos pierdan todo. Es posible que se busque una salida en torno a esto que se llama homologación, y creo que muchos senadores y partidarios de la Concertación no le hacen asco a eso. Yo diría que no les despierta mayores reparos jurídicos, ni éticos, buscar un mecanismo así de solución para el tema de los violadores de los derechos humanos.
Se está tratando de mostrar que a partir de los presos políticos se va a votar la impunidad, yo creo que es al revés: a partir de la impunidad se va a aprovechar que los presos políticos puedan salir. Porque los afanes de impunidad, de dar vuelta la página, no son nuevos.
Las violaciones a los derechos humanos siempre se canalizan a través de los tribunales de justicia, como muchos otros conflictos que son de orden político. Ha habido una judicialización extrema, al punto que dicen ‘que los tribunales hagan su parte, cumplan con su papel’, y el Presidente de la República también dice ‘ellos verán si aplican la ley de amnistía o no la aplican’, pero no dice nada respecto a la ley de amnistía: son los tribunales los que tienen que pronunciarse sobre este punto. En ese sentido, no hay que descartar que de alguna forma los tribunales de justicia también puedan ir generando alguna cortina en torno a esto, cerrando filas en torno a la impunidad».
¿Cómo están ahora los presos, su ánimo después de la huelga y ante estas tratativas?
«Están en un proceso de recuperación. Yo acabo de tomar conocimiento de una resolución de la Corte de Apelaciones respecto de un recurso de amparo que interpuse en favor de Esteban Burgos, uno de los huelguistas de hambre, a raíz de una mala interpretación de Gendarmería respecto del cómputo de las penas para los efectos de postular a los beneficios carcelarios. Y también en una salida ‘a la chilena’, la Corte de Apelaciones por un lado me rechaza el recurso de amparo, pero por otro lado me dice que tengo razón en lo que estoy alegando. O sea, lo rechaza en lo formal, pero de oficio dice que Gendarmería debe computar el plazo del modo que lo estoy sosteniendo. Entonces, hay una buena noticia para Esteban Burgos, que espero que se traduzca en el beneficio de la libertad dominical en el más breve plazo. El resto de los presos está en proceso de recuperación, después de una extenuante, prolongada y dolorosa huelga de hambre, con un estado de ánimo extraordinariamente fuerte y yo creo que han salido muy fortificados desde el punto de vista anímico.
Ellos han jugado y utilizado su cuerpo para reivindicar un derecho que les fue negado cuando lo reclamaron por las vías normales. Se ha debido recurrir a este último expediente de la huelga de hambre y llevarlo a grados extremos para que finalmente la ley se votara. Porque esta ley se podría haber votado hace seis meses, un año, incluso».
¿Más o menos en cuanto tiempo más vamos a tener una claridad sobre esto?
«No me atrevo a hacer pronósticos, porque habría que tener una bola de cristal y ser mago. Los que tienen el sombrero para sacar el conejo son los senadores, ellos son expertos en hacer pases de magia para dar vuelta completamente un proyecto de ley. Este básicamente es un tema de voluntad política y de cómo se articulan las distintas fuerzas que están en juego, las reivindicaciones de uno o de otro sector, y cómo finalmente se hace un articulado que se traduzca en una ley que beneficie a los presos.
La derecha va a tener algo a cambio. No sé hasta qué punto este mismo mecanismo que se está arbitrando para los presos políticos, de fijarles una pena mínima y máxima única de 10 años, pueda ser transferido a las violaciones de los derechos humanos, porque desde luego no hablamos de impunidad al cien por ciento. El mismo Presidente de la República decía: ‘Homologuemos, pero homologuemos haciendo situaciones similares’. Entremos a comparar: diez o doce años privados de libertad en estas condiciones, con estos procesamientos. A ver cuál caso al otro lado podemos homologarlo. ¿El de Manuel Contreras, que ha estado siete años en un hospital, cinco en la casa y dos en los regimientos? Entonces, ¿de qué privación de libertad estamos hablando? ¿Es homologable esa privación de libertad? ¿Fue sometido a tortura, a juicio injusto, se le impidió el derecho a la defensa, estuvo incomunicado? Yo creo que ahí estaríamos entrando a esa área chica».