Rescatemos el momento histórico, dado que existen, entre otros aspectos, notables avances en la presencia del Estado en la vida económica y social como un elemento superador del neoliberalismo. Valorémoslo incluso por sus contradicciones, dado que los limitados avances en la redistribución de los ingresos fiscales se realizan sin cuestionar el capitalismo y por […]
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Rescatemos el momento histórico, dado que existen, entre otros aspectos, notables avances en la presencia del Estado en la vida económica y social como un elemento superador del neoliberalismo. Valorémoslo incluso por sus contradicciones, dado que los limitados avances en la redistribución de los ingresos fiscales se realizan sin cuestionar el capitalismo y por lo tanto las lógicas de acumulación existentes desde hace décadas en el país. Solo así podremos definir hacia dónde caminar para construir un futuro mejor para nuestros hijos e hijas, nietos y nietas. La actual Consulta Popular nos abre la puerta a debates importantes, como es la necesidad de una profunda transformación de la justicia, atravesados por cuestiones de poca monta, como son las prohibiciones a las corridas de toros, peleas de gallos o juegos de azar. Y por cierto esta Consulta Popular, incompleta y llena de temas innecesarios, como incluso lo ha reconocido el propio presidente Rafael Correa, deja en el archivo muchas cuestiones de fondo como podrían haber sido, entre otras, la reforma agraria y urbana, o la redistribución del agua, tal como manda la Constitución de Montecristi. Este complejo momento político habría sido impensable sin el proceso constituyente de Montecristi, hoy amenazado por el propio gobierno de Alianza País que fue uno de los motores para la aprobación de la Constitución del año 2008. Somos conscientes de la necesidad imperiosa de transformar la justicia, pero nos oponemos a que se lo haga metiéndole la mano desde el gobierno, tal como se lo ha hecho una y otra vez en ese pasado oligárquico al que todos y todas queremos superar. El presidente Correa, lamentablemente, no entiende que el cumplimiento del mandato constituyente para cambiar la justicia debe ser el camino para transformarla efectivamente, construyendo desde los cimientos su independencia interna y externa. Pisotear la Constitución en el campo de la justicia, sin siquiera haber intentado aplicar lo que manda nuestra carta magna, constituye un riesgo para la vigencia de ésta, y por ende para el proceso de transformaciones que de ella se deriva. El presidente Correa corre también un enorme riesgo si no logra resolver adecuadamente la ecuación existente entre adversarios inteligentes y aliados anti-natura. Pero mayor es el riesgo que corre el proceso de cambio por causa de los sectores conservadores afincados en el gobierno, los cuales no buscan establecer vínculos y alianzas con los movimientos populares que han permitido hacer caminar nuestra historia reciente. Es un error histórico no buscar acuerdos programáticos amplios con dichas fuerzas sociales, las cuales permitieron construir el momento presente; y sin embargo, mantener alianzas con grupos vinculados a los intereses oligárquicos, como se evidencia con la presencia de determinados ministros que alientan políticas entreguistas e incluso antipopulares. Llamamos a la reflexión sobre donde está la línea de la «barricada» en este proceso de cambio que vive nuestro país. ¿Quiénes son los enemigos de la transformación social que se pretende?, ¿Acaso no es una aberración que en un gobierno que se define como revolucionario y transformador que considere que su mayor contradictor y oponente es la izquierda social, los movimientos populares o las gentes que cuestionamos estas contradicciones? Desde nuestra perspectiva, contraria a la visión del gobierno, al otro lado de esa «barricada» no está el presidente Correa. Nuestros enemigos siguen siendo los de siempre: los grupos de poder económicos que han saqueado al país durante décadas, los dueños de los medios de producción que han y siguen explotado a nuestros pueblo con salarios de miseria, los «vendepatrias» que rinden pleitesía a los intereses extranjeros y a las familias oligárquicas que siguen pensando que son los dueños de nuestro país y obstaculizan los procesos de cambio y equidad social. Sin embargo, esta incapacidad para construir colectivamente un escenario de expectativas compartidas puede transformarse en una trampa insalvable para el proceso renovador de la llamada «revolución ciudadana». Y lo será aún más en la medida que se redoblan sus esfuerzos para intentar debilitar irresponsablemente a los movimientos sociales, particularmente al movimiento indígena, el que, pese a sus contradicciones y crisis interna, es la organización popular más importante del país. Por lo tanto, es errado mirar sólo los peligros y las acechanzas fuera de este proceso cuando muchas veces son mayores los riesgos y las amenazas dentro del mismo proceso de cambio, que aceleradamente pierde su brújula revolucionaria al pactar directa o indirectamente con sus enemigos históricos, los cuales tienen intereses contrapuestos. En lugar de preocuparse exclusivamente por quienes critican desde afuera, en un proceso que se caracteriza por ser cada vez más excluyente, el presidente Correa debería tener conciencia de los peligros que conlleva su autoritarismo e intolerancia, sobre todo el desatado últimamente en contra de varios comunicadores sociales. Entendámoslo, está en juego la construcción democrática de una sociedad que debe ser democrática. Si eso no lo aceptamos en la práctica y el camino no es democrático, el resultado, la sociedad que buscamos, no será democrática. Entonces se habrá fracasado. Aquí no hay espacio para el uniforme del autoritarismo o la sotana del dogmatismo. Autoritarismo y dogmatismo tienen que ser desterrados de los procesos de transformación social que están en marcha. Fuimos claros al respecto en el Plan de Gobierno 2007-2011 del Movimiento País (página siete), en el año 2006, cuando soñábamos en «Un país en donde la profesión de periodista no sea de las más arriesgadas por las diversas formas de intolerancia desplegadas desde las instancias de poder político o económico. Un país en donde el respeto a la opinión de los contrarios, a la disidencia y a la crítica esté garantizada; en ese país los privilegiados de hoy, muchos de los cuales son los causantes de la tragedia nacional, tendrán incluso el derecho a la memoria nostálgica para recordar su pasado de privilegios sin fin, el cual nunca más podrá repetirse.» Cualquier restricción a la crítica, en suma, es el fin del debate público, es el fin de la participación, de la democracia, y en definitiva, es el fin de la revolución misma. Por lo tanto no existe justificativo para quedarse callados o aceptar lo que venga por miedo o por esperar una recompensa. Es nuestra obligación criticar cuando el gobierno atropella el mandato popular establecido en la Constitución de Montecristi, aprobada por el propio pueblo, y también cuando da marcha atrás en los procesos de cambio, cuando tolera la corrupción, cuando alienta el autoritarismo… y al hacerlo atropella la opinión de los críticos, vengan de donde vengan, poniendo en riesgo la libertad de expresión de la ciudadanía entera. En este contexto cobran renovada fuerza las palabras de la gran luchadora popular alemana Rosa Luxemburg, «La libertad sólo para los que apoyan al gobierno o sólo para los miembros de un partido, por numerosos que sean, no es libertad. La libertad siempre es libertad para los que piensan de manera diferente. De eso depende todo lo instructivo, saludable y purificante de la libertad política; su efectividad desaparece tan pronto como la libertad se convierte en privilegio».
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