A mi padre, Elliot, porque eres mi mejor ejemplo. A mi madre, Diana, porque no haz dejado de luchar un solo día aún en tiempos cuando el Gobierno se atrevió condenarte falsamente de violenta y peligrosa en sus carpetas.
El proyecto de Comunidades Especiales en Puerto Rico (en adelante OCE) tiene su raíz en otros programas de probeta que sirvieron de escamoteo en otras jurisdicciones en Latinoamérica y hoy están en desuso y completamente desacreditados. El efecto palpable y nefasto que viven nuestros hermanos puertorriqueños en Puerto de Jobos en Guayama no es coincidencia o mera providencia. Este escrito no permite, por limitación de espacio, un desvío para un análisis crítico-comparativo de estos otros programas «de corte neoliberal en materia social» en Latinoamérica que precedieron la OCE. No obstante cabe preguntarnos si los intelectuales y políticos que respaldaron la OCE desde sus inicios conocían de estos otros programas. Esto incluye especialmente a académicos, «súbditos felices del capital,» intelectuales en bancarrota (Noam Chomsky) o lobos con piel de oveja que se han lucrado a costa de la miseria de los más marginados, obteniendo jugosos contratos de asesoría, consultoría y capacitación, frecuentemente utilizando los recursos humanos y medios materiales del gobierno para producir el servicio que posteriormente le venden al pueblo a precios usureros. Por ejemplo, el proyecto PROGRESA que hoy se llama OPORTUNIDADES, fundado en México en 1997, permite establecer esta comparación. «Lo que prevalece en. . . Oportunidades, es la simulación. . . [porque] la gente pobre no ha dejado de ser pobre. . . Es un contenedor, no sirve para erradicar la pobreza, pero ayuda a que la gente no se muera de hambre.»[2] El alegado bienhechor componente de desarrollo económico, tanto en México como en Puerto Rico, viene fuertemente amarrado al objetivo neoliberal del endeudamiento individual, aun en las capas más bajas en los estratos sociales. De ahí surge el marrullero micro-crédito.
«Mientras no haya empleo ni proyectos productivos involucrados, los resultados más óptimos no pasarán de lo que indica. . . el estudio. . . Oportunidades ha ampliado las capacidades individuales y familiares de endeudamiento y, en ese sentido, ha convertido a las mujeres y sus grupos domésticos en sujetos de crédito (. . .) la ampliación y regularidad de los ingresos han incrementado el consumo de los beneficiarios a través de la redinamización de la economía de deuda.» (Pastrana). La semejanza táctica en lo programático con el programa de Comunidades Especiales en Puerto Rico no me parece sorprendente, más bien todo un plan bien orquestado en Wall Street y puesto en marcha en Puerto Rico mediante actores como el sector bancario y toda una pléyade de organizaciones «comunitarias» sin fines de lucro y otros filántropos de pacotilla. Asimismo, existe la ignominiosa política pública de «Apoyo al de aquí» (entiéndase «Aplasta al de aquí»), promulgado por el gobernador Aníbal Acevedo Vilá.
En Estados Unidos, como en Puerto Rico, la industria carcelaria genera billones en ganancias cada año pero para ello depreda al pobre. El programa de Comunidades Especiales a la par necesita del sector indigente, ignorante y más indefenso en Puerto Rico como plataforma para justificar el desfalco de mil millones de dólares y muchos otros dividendos jugosos e imprecisos ya que no necesariamente se les asigna un valor capital, aunque no por ello dejan de ser entradas. Contemplado de esta manera hiede a que la estructura de poder está escamoteando los residentes en las Comunidades Especiales.
Efectivamente, en Puerto de Jobos en Guayama apesta a la putrefacción producto de la malversación de fondos públicos, negligencia, incumplimiento e infracción de leyes. (Puse a Puerto de Jobos como ejemplo, pero el fenómeno se repite en todas las 710 Comunidades Especiales).
El proyecto en Puerto de Jobos (CAG-05-11507-990), según datos de la OCE, tenía un costo inicial en 2004 de unos $676,100. Este dinero, contrario a lo que el gobierno pretende que el pueblo conozca, no proviene de los $8 millones anuales asignados a la OCE para gastos operacionales, sino de la corporación pública del Fideicomiso Perpetuo de Comunidades Especiales (Ley Núm. 271). Sin embargo, opuesto a la operación autónoma del Fideicomiso, la OCE no lleva a subasta ningún proyecto ya que carece de autoridad en ley para ello. Justamente a la entrada de la comunidad Puerto de Jobos en Guayama el rótulo señala al Departamento de Obras Públicas y a la compañía Delta Consulting Engineers of the Caribbean, Inc[3]. como las entidades responsables de realizar las obras proyectadas.
Cuando la subasta se viabilizó en 2004 se le otorgó a la compañía Delta y esta asumió el compromiso inicial de llevar a cabo las siguientes obras de mejoras a la infraestructura y facilidades en la Comunidad Especial Puerto de Jobos: un estacionamiento, dos edificios (incluyendo una pescadería y un centro ecoturístico), un muro de contención, un paseo tablado, reparación del muelle, construcción de rampas para embarcaciones, área recreativa para niños, mejoras para el sistema de drenaje de aguas pluviales, remodelación de estructuras abandonadas, encintado y aceras en todo el barrio. Según información recopilada las compañías Gaztambide[4] y HL Ramos tendrían a su cargo la responsabilidad del diseño y la certificación de las obras, respectivamente.
La verdad puede enfermar, pero no morir del todo (Cervantes)
Motivado por una publicación el pasado 20 de septiembre en el Nuevo Día, viajé a Guayama el 28 de octubre de 2006 con el propósito de conocer y entrevistar a un grupo de pescadores, específicamente los de la Cooperativa de Servicios Múltiples Pesqueros en Bahía de Jobos. La noticia, escrita por el reportero Mario Santana Ortiz, llevaba por título, Zozobra una cooperativa pesquera, víctima de divisiones y falta de liderato entidad de autogestión en Bahía de Jobos. Es obvio que a juzgar por un título como este, cualquiera que no se detuviera a leer punto por punto la reseña se lleva la errada impresión de que el descalabro en la cooperativa se debe a los ineptos pescadores y residentes en esa comunidad. El último párrafo en la reseña establecía que «con fondos de Comunidades Especiales [se] construye [un] centro turístico y una pescadería al lado del edificio que alberga la Cooperativa. . . [pero] que la construcción está paralizada por un problema de permisos y que no es la primera vez que ocurre.»
La OCE fue el proyecto emblemático de la pasada gobernadora Sila María Calderón. Es un proyecto de mucha importancia, incluso para el Partido Popular de Acevedo Vilá, pues sirve como fuente mediática de legitimación que desestabiliza además las luchas sociales colectivas porque sirve como instrumento de disolución y apaciguamiento contra reclamos y comunidades en pie de lucha. Entre las controversias, figuran los proyectos de infraestructura y la inversión millonaria. Por ello llama tanto la atención la disimulada paralización de la obra de construcción al final de la reseña noticiosa sobre la cooperativa de pesca en Guayama. Sin embargo, esto es un viejo truco periodístico, ya sea por parte del reportero o del editor en turno, para supeditar lo sustancial de la noticia a un asunto sensacionalista e intrascendental como en este caso la alegada reyerta existente entre los mismos residentes en Puerto de Jobos. Así las cosas, el plato fuerte de la noticia fue, en esencia, la pelea chiquita de barrio.
Esto nos ayuda a entender el motivo malicioso de ese enfoque noticioso en supuestas «divisiones y falta de liderato» en Puerto de Jobos y no en la negligencia y corrupción gubernamental. Por ejemplo, la señora Gloria Mildred de Jesús, presidenta de la comunidad, hizo eco de este designio estereotipado toda vez que puntualizó que «el problema con la Cooperativa no es de falta de ayuda del gobierno. Lo que hay es un problema de actitudes.»
El hombre es un lobo para el hombre
Pero, ¿qué es exactamente el trillado proyecto de Comunidades Especiales? Y, ¿cómo está organizada su estructura de caudillaje? Veamos. El Fideicomiso Perpetuo de Comunidades Especiales «constituye un cuerpo corporativo público con personalidad jurídica independiente, sin fines de lucro, irrevocable y a perpetuidad. El Fideicomiso [está] adscrito al Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico.» (Ley Núm. 271, Art. 2). Los poderes de dicha corporación pública los ejerce la Junta de Directores, compuesta por siete (7) miembros. Entre los poderes, facultades y funciones de [la Junta de Directores]. . . se encuentran: «determinar la elegibilidad de los proponentes de proyectos a ser financiados por los fondos del Fideicomiso; y, autorizar la contabilidad y el desembolso de los fondos y otras operaciones administrativas.» Por otra parte, la Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto Rico (Ley Núm. 1 de marzo de 2001, según enmendada) creó el Consejo Asesor, «el cual está integrado por varios jefes de agencias y representantes del sector público, los cuáles deben residir en las comunidades especiales. El Consejo Asesor es el encargado de reglamentar el funcionamiento y operación de la Oficina [de Comunidades Especiales], la cual, a su vez, es la encargada de la implantación de la referida ley.» Esta ley le exige a la Oficina de Comunidades Especiales «coordinar de una forma eficaz los diferentes servicios que son indispensables para responder a las necesidades de las comunidades que se han visto marginadas del desarrollo y servicios gubernamentales que han beneficiado a otros sectores de la población.»
Paren los Montes, Nacerá un Ridículo Ratón
«Un día vino la entonces gobernadora Sila María Calderón a Bahía de Jobos, un barrio pobre en [Guayama], y anunció, con la fanfarria de triunfo que caracteriza estos eventos, que creaba una empresa de autogestión comunitaria – una cooperativa para pescadores – que produciría empleos y sería de ejemplo de los logros de su proyecto de Comunidades Especiales. Dos años después, la Cooperativa de Servicios Múltiples Pesqueros de Bahía de Jobos naufraga en el fracaso. No ha tenido un solo día de operación,» declara en su introducción a la noticia el periodista Santana Ortiz. Aquí el problema es cómo desmenuzar y entender esta información hasta llegar a las vísceras en descomposición de la mentira oficial. Esto incluye ir a la raíz de la hipocresía gubernamental que tanto parece ennoblecer a sus autores en la misma proporción que consiguen enlodar la imagen ya maltrecha de los pobres. Por ello, propongo que con esta mafia hay que ser intransigente pues ante el menor descuido, antes que cante el gallo tres veces, muy hábilmente traiciona al pueblo atribuyéndose principios de autoridad.
De Cara A La Realidad
Afortunadamente, si nos los proponemos, veremos cómo la historia oficial sobre Puerto de Jobos se desmorona gracias a su propia incoherencia descomunal. No hay que escarbar mucho en este lugar. Basta tirar el chinchorro desde la orilla, en lo llanito, para así constatar que los tentáculos de la epidemia nacional también se extienden a esta comunidad que bordea a la Bahía de Jobos, la cual pertenece desde 1981 al Sistema Nacional de Reservas de Investigación Estuarina de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés). «La Reserva de Investigación Estuarina de la Bahía de Jobos se destaca por ser el único humedal en Puerto Rico que aparte de estar influenciado por el flujo y reflujo marino, está vinculado con el agua subterránea del gran acuífero del sur.»[5] «[L]a designación federal o estatal de la reserva, la protección de los sistemas costeros de la calidad de Bahía de Jobos, requiere la protección de los terrenos circundantes los cuales deben dedicarse a usos compatibles con los valores ecológicos de los sistemas costeros,» sostiene el director del Instituto Internacional de Dasonomía Tropical del Servicio Forestal de Estados Unidos, Ariel Lugo.[6] «La zona costera es vulnerable a eventos naturales extremos y tiene un alto valor hidrológico. . . Esa área fue definida por el gobierno en 1978 y es la franja de terreno que se va desde la línea de la costa hasta un kilómetro tierra adentro.»[7] Cabe añadir que «[e]l Gobierno Federal no permite que se usen fondos federales para el desarrollo ni para misiones de rescate en las barreras costeras. De manera, que será el Gobierno estatal el que, [en casos de huracán], tenga que sufragar esos gastos.»[8]
Nos encontramos con lo paradójico. Contrario a lo estipulado por las agencias reguladoras de una reserva estuarina como Bahía de Jobos, trasciende que la mitad de los proyectos de infraestructura proyectados arbitrariamente para Puerto de Jobos – según autorizados por la Junta de Directores del Fideicomiso – se construyen actualmente dentro de la franja de terreno de la zona costera; en efecto, a escasos de pies de distancia de la playa.
En conversaciones con el Ingeniero Harold Velásquez Coss de la compañía Delta en la Urbanización El Vedado en San Juan, él indica que la primera paralización de las obras acontece en octubre de 2004, un dato que con antelación me habían advertido los mismos pescadores. Para ese entonces las excavaciones se habían realizado y fundido las zapatas de ambos edificios. Es oportuno notar que el arquitecto Jaime Torres Gaztambide, quien fue secretario de Vivienda bajo la administración de Rafael Hernández Colón (1985-88), ingenuamente cometió el error insignificante de obviar el estudio de suelo en la zona costera y los constructores encontraron sorprendentemente que el material en el subsuelo era inestable. Esto es así pues se sustituyó el estudio de suelo obligatorio por otro efectuado para un local adyacente. Posteriormente el estudio de subsuelo en el área del proyecto reflejó un conjunto de arena-arcilla susceptible a licuefacción, lo cual en caso de un movimiento telúrico expondría las estructuras a colapso. El resbaloncito de Gaztambide significó la inversión adicional no proyectada de cerca de $80,000 dólares.
De manera que el subcontratista Gabriel Fuentes JR Construction, Co. tuvo a su cargo remover las zapatas, rellenar las excavaciones e hincar un total de 16 pilotes. Por supuesto, este cambio significó que Gaztambide, quien dicho sea de paso antes se había lucrado al tener a su cargo el diseño mecánico y eléctrico de 400 unidades de celdas en la penitenciaria en Guayama para Bermúdez & Longo, tuviera que presentar un nuevo diseño de zapatas compatible con los pilotes. Además, Gaztambide ignoró que por razones de seguridad el código de edificaciones exige pilotes para toda estructura construida en zona inundable. Desconozco si dada la propia impericia de Gaztambide, hubo algún costo adicional asociado al nuevo diseño y si la factura pasó al Fideicomiso, entiéndase, al Pueblo de Puerto Rico. De lo contrario resulta interesante conocer si al incurrir en una posible conducta negligente, causar demora innecesaria y aumentar innecesariamente el costo del proyecto, Gaztambide se expuso a ser sancionado económicamente. Asombrosamente los medios noticiosos nada mencionan sobre este particular.
La falta de planificación e impericia profesional provocó que para compensar el desfase en el renglón del presupuesto asignado al proyecto, varias de las obras proyectadas para la Comunidad Especial Puerto de Jobos fueran unilateralmente borradas de la lista de proyectos por el gobierno. En realidad, DTOP, el Fideicomiso y la OCE le pasaron la factura, fruto de la incompetencia e irresponsabilidad, a los residentes pobres que supuestamente pretenden ayudar. Restando importancia a las implicaciones de seguridad y salud, los proyectos de mejoras para el sistema de drenaje de aguas pluviales y estación de bombas, el encintado y las aceras fueron extirpados sin pena ni gloria. Las rampas para embarcaciones y unas luminarias solares para sustituir el sistema convencional de alumbrado eléctrico también se esfumaron. Asimismo, DTOP requirió, posterior a la licitación y otorgamiento de una subasta atiborrada de errores, que se añadiera el aditivo «fly-ash» al hormigón para una mayor resistencia. Por supuesto que todos estos cambios innecesarios surgen de una crasa falta de planificación y redundan en aumentos extraordinarios a los costos reales del proyecto. Al preguntarle insistentemente sobre este asunto, el ingeniero Velásquez Coss afirma que sólo el gerente de la compañía, el ingeniero Francisco Vargas, está autorizado a revelar la cifra exacta al presente del costo total del proyecto, los cambios de órdenes incluidos. Vargas no estuvo presente en la reunión, pero todo parece indicar que los costos del proyecto hace tiempo que sobrepasaron los $676,100 provenientes del erario público.
El 16 de agosto de 2006 nuevamente se paralizó el proyecto, esta vez indefinidamente. En esta ocasión el citado motivo es la falta de permisos, aunque es notable que esto ocurre más de dos años después de otorgada la subasta. En relación con estos hechos, Domingo Escobar, oficial del Departamento de Recursos Naturales, se personó al proyecto con una orden para detener la construcción so pena de confiscar las maquinarias propiedad de las compañías constructoras. Según el ingeniero Velásquez Coss, los ingenieros del DTOP, desde sus oficinas regionales en Guayama, aseguraron, alrededor de hace cuatro meses, que los permisos están en proceso. Al momento de la publicación de este escrito, los permisos aún no han sido tramitados. Además, los pescadores y residentes aseguran que desde entonces no han sido consultados o advertidos sobre esta u otras controversias, tanto por personal de DTOP, Recursos Naturales, Compañía de Turismo, las compañías privadas involucradas en este proceso y significativamente, por los mismos funcionarios de la OCE responsables de coordinar la implantación del proyecto. Tampoco son consultados por los mismos representantes políticos del distrito, el representante novoprogresista Jorge L. Ramos Peña y los senadores por el distrito número IV de Guayama, el popular Cirilo Tirado y la novoprogresista Margarita Nolasco Santiago. Quiere esto decir que ni la elección o diseño de los proyectos pautados para Puerto de Jobos ni subsiguientemente el seguimiento al desarrollo de la infraestructura en construcción, han contado con la anuencia de la comunidad y el acuerdo entre las partes, violentando una vez más el cacareado principio de «autogestión y apoderamiento» que demagógicamente e inescrupulosamente la Ley Núm. 1 pretende defender. Podría decirse que la falta de oportunidad de ser oído equivale a una usurpación del derecho ciudadano y a la opresión del poder gubernamental.
Curiosamente, el legislador «Borgie» Ramos Peña, oriundo de Arroyo y servidor público por 21 años como bombero hasta ocupar el rango de Capitán, pertenece a la comisión de Recursos Naturales, Conservación y Medioambiente. Del mismo modo, el senador Cirilo Tirado pertenece a las sorprendentes comisiones de Comercio-Infraestructura-Turismo-Urbanismo y Agricultura-Recursos Naturales-Asuntos Ambientales.
Legítimamente, los pescadores y residentes en Puerto de Jobos no entienden porqué, dada la injerencia de los legisladores en comisiones tan concernidas, se concretaron exageradamente tarde en febrero y julio de 2006 las únicas vistas públicas (convocadas por Ramos Peña en calidad de presidente de la Comisión de la Región Sur), cuando ya el dinero hacía tiempo fue asignado y obligado por la Junta de Directores del Fideicomiso. Hay que añadir, que las vistas se celebraron estratégicamente durante horas laborables, resultando en otro de los acostumbrados circos vacíos que el gobierno suele organizar para luego llenarse la boca diciendo que los ciudadanos tuvieron la oportunidad de expresarse y la perdieron. En Puerto de Jobos aún esperan por los informes de esas vistas y los residentes se preguntan porqué la tercera vista pautada para agosto del 2006 nunca se realizó y no se les avisó anticipadamente de su cancelación. Por lo demás las dos vistas celebradas se circunscribieron a ciertos problemas en la cooperativa, excluyendo otros asuntos medulares como los relativos a proyectos de mejoras de la infraestructura. Fiel a la costumbre del desinterés institucionalizado, ninguna de estas vistas fueron presenciadas por la Coordinadora General de Comunidades Especiales o el personal de la división de infraestructura en su Oficina, a pesar que el propósito de la OCE es «coordinar de una forma eficaz los diferentes servicios que son indispensable para responder a las necesidades de las comunidades.» (Ley Núm. 1 de 1 de marzo de 2001, según enmendada).
Pero esta desidia y apatía son la orden del día, y a este tenor todo parece indicar que en el gobierno, incluyendo la OCE, rige la directriz extraoficial que, como el papel todo lo aguanta, nada debe ponerse por escrito y mucho menos informar puntualmente a la ciudadanía con el objeto de mantenernos dando palos a ciegas. La OCE nunca ha atendido los reclamos de información de los residentes, ni les ha informado sobre los asuntos importantes en el desarrollo o la suspensión del proyecto. A estos efectos el señor Arturo Lugo Medina, actual presidente de la Cooperativa de Servicios Múltiples Pesqueros, se expresó en carta dirigida al representante Jorge Ramos el pasado 2 de junio:
«Muchos han sido los escritos que se han presentado tanto a la Oficina de Comunidades Especiales, a los [Senadores] y Representantes de nuestro distrito, así como al Alcalde y otras instituciones. En realidad no sé dónde han ido a parar las contestaciones y/o ayudas porque nada se nos informa.»
Para muestra un botón. Julia Torres Hernández nunca ha contestado la carta remitida a ella el 18 de enero de 2006 por Lugo Medina. Por otra parte, ninguno de los residentes entrevistados conoce de la respuesta, si alguna, de la OCE a la solicitud de estatus de las obras en Puerto de Jobos que el 13 de mayo de 2005 le hiciese la funcionaria Nilsa Y. Vázquez, Directora Regional de la Oficina Procurador del Ciudadano, a la Coordinadora General.
Quien No Quiera Pensar, Es Un Fanático; Quien No Puede Pensar, Es Un Idiota; Quien No Osa Pensar, Es Un Cobarde (BACON)
Como mencionamos, la obra pública que se construye en Puerto de Jobos está paralizada por falta de permisos. Sin embargo, siendo Bahía de Jobos una reserva estuarina federal y estatal, el agrónomo arbolista Carlos Gallardo Méndez solicitó un permiso a Recursos Naturales (el cual irónicamente fue expedido con celeridad) y certificó la poda de mangle para lograr acceso a maquinaria e hincar los pilotes en zona costanera. Tampoco se sabe si se efectuó el estudio de topografía, en el lugar donde se construyen alguna de las obras. Curiosamente, en el Plan de Manejo de Manglares, creado por el DRNA en 1989, se identifican «las actividades incompatibles con los manglares tales como dragados, rellenos, construcción de diques y descargas de afluentes»[9]. . . pero excluye la deforestación. Es obvio que tal incongruencia sólo sirve en función del grave detrimento ambiental que sufre nuestro archipiélago. Al mismo tiempo, levanta sospechas la validez que se le pueda asignar a las certificaciones que allí ha efectuado la firma de inspectores HL Ramos. Contrario a la prohibición jurídica del padrinazgo político y el discrimen que esto significa, es difícil no suponer que las relaciones político partidista no influyeron en la contratación del arquitecto Gaztambide y HL Ramos. En el caso de la última, sus dueños son una de las familias aristocráticas en Barranquitas y su actual presidente, el ingeniero Héctor Luís Ramos, fue candidato a alcalde por el PPD en ese municipio.
En la conclusión de mi conversación con el ingeniero Velásquez Coss, pregunté cuál es la norma de una compañía como Delta a la hora de cerciorarse de que todos los permisos estén presentes antes de iniciar cualquier obra de construcción. Según Velásquez Coss, los proyectos de Comunidades Especiales están exentos de permisos e inclusive afirma que DTOP tiene una «cláusula» que exime de esta documentación y que el asunto de permisos compete únicamente al gobierno, no a las empresas privadas.
Esto contrasta enormemente con todo un cuerpo de leyes que regulan el medio ambiente. «Las costas están reguladas por todo un cuerpo jurídico que empieza con [la National Environmental Protection Agency] NEPA, le sigue el Coastal Zone Management Act (CZMA), Clean Water Act (CWA), Clean Air Act (CAA), Oil Pollution Prevention (OPP), la Ley de Puertos y Bahías de 1889 y culmina con la Ley para la Protección de la Vida Silvestre. . . Los instrumentos de gestión ambiental que se establecen bajo [NEPA] son la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). La administración de NEPA le corresponde a la Agencia Federal de Protección Ambiental. El Congreso estableció la Ley Federal de CZMA. . . para asistir a los Estados en el desarrollo de sus Programas de Zona Costanera en la protección de sus recursos naturales tales como humedales, valles aluviales, estuarios, playas, dunas, corales y arrecifes, entre otros. Las actividades que requieren permiso federal o una licencia son. . . las actividades que afectan la escorrentía, la planificación, construcción, modificación de estructuras en la franja litoral, la adquisición y utilización de recursos de aguas costeras y el rellenamiento y dragado que afecte las aguas costeras. . . Las zonas de humedales y pantanos costeros están reguladas por la Ley de Puertos y Bahías. . . y por la Ley de Agua Limpia (CWA), así como los reglamentos promulgados por el Cuerpo de Ingenieros (CE) y la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA). . . Las agencias federales requieren permiso para la construcción de estructuras, excavaciones, rellenados y otras actividades que afecten las aguas navegables.»[10]
Todos Ven Lo Que Tú Aparentas; Pocos Advierten Lo Que Eres (Maquiavelo)
Admirablemente, en la Comunidad Especial de Puerto de Jobos en Guayama abunda la esperanza. Sin embargo, seis años después de fundado el proyecto emblemático del Partido Popular Democrático – el Fideicomiso Perpetuo de Comunidades Especiales – la gente pobre no ha dejado de ser pobre. La recién encuesta mundial por la empresa Gallup coloca a Puerto Rico en la posición 81 de 101 países más corruptos del mundo. ¿Cómo concuerda este resultado con la percepción hoy día de los residentes y pescadores en Puerto de Jobos sobre la corrupción gubernamental? No sé, pero «[p]obres de aquellos que confían demasiado, siempre serán víctimas de los aprovechados.» (Rafael Cancel Miranda).
Entretanto, Acevedo Vilá y su departamento de Doctrina de Operaciones Psicológicas asumen que el pueblo puertorriqueño no ha llegado aun a tal grado de sofisticación necesaria en cuanto a la manipulación mediática y de propaganda. La emisión de bonos de más de $525 millones solicitada por el gobernador incluía una partida de interés para el barrio Jobos, en Guayama: el techado de la cancha de la escuela pública José Muñoz. A la luz del despilfarro de los fondos del Fideicomiso, esta partida misteriosamente no tuvo mayor prominencia en los medios. Debieron escrutarla y a la vez explicar a los residentes en Puerto de Jobos porqué secretamente se construye allí al presente una asombrosa carretera, alegada e insalubremente asfaltada con cenizas de la planta de carbón en Guayama, mientras una prominente estrella del golf se las pasa ofreciendo a dueños de pequeñas fincas en la comunidad, grandes suma de dinero en efectivo a cambio de títulos. Lamentablemente sabemos que en ciertos ambientes la voluntad con integridad, necesaria para ofrecer explicaciones sensatas, escasea o simplemente no existe.
En cambio, mientras escasea la voluntad entre los cobardes, abunda la esperanza, el coraje y el orgullo de raza entre los residentes de Puerto de Jobos, especialmente cuando florece la amenaza. Allí nadie se pavonea, la humildad es ley. Pese a ello, las obras discriminatoriamente canceladas y las edificaciones a medio terminar son un recordatorio perenne, para residentes y pescadores, del naufragio no de sus propias aspiraciones, sino más bien de las hipócritas quimeras gubernamentales que distintos actores – incluyendo la izquierda posibilista – se atrevieron irresponsablemente anunciar al país. Todos, incluyendo a Sila María Calderón, banqueros, mafiosos de la construcción y los «intelectuales que cambiaron de chaqueta sin perder el aura de izquierdismo. . . [y] eligieron disparar desde la trinchera del enemigo,»[11] expresaron que las obras allí producirían empleos y serían de ejemplo de los logros de Comunidades Especiales. Por muy progresistas que pretendan ser, son unos farsantes colaboracionistas. El tiempo se encargará de juzgarlos. ¡Las palabras que no cuadran con los hechos carecen de importancia! (Ernesto «Che» Guevara). ¡Viva Puerto Rico Libre!
—————————————————————–
[1] Georges Simmel, sociólogo alemán, 1905 [citado por Fracois Houtart en El sentido de la lucha contra la pobreza para el neoliberalismo]
[2] Daniela Pastrana, El programa Oportunidades fracasa, Mucho dinero, pobres resultados (5 de junio de 2005).
[3] Delta fue fundada en 1998. Su número de incorporación en el Depto. de Estado corresponde al 101293.
[4] En 1986 Jaime Torres Gaztambide estuvo involucrado en un caso de discrimen político en el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico ante el juez Laffitte en el que la parte demandante salió airosa.
[5] José Javier Pérez, A expandir una reserva natural presión, El Nuevo Día (25/2/04).
[6] José Fernández Colón, Peligra la designación de reserva para Bahía Jobos, Agencia EFE (31/8/2003).
[7] Mapas obsoletos guían a las agencias, Prensa Asociada (3/octubre/2006).
[8] Maricelis Rivera Santos, Construcción costera a ciegas, El Vocero (4/octubre/2006).
[9] Dr. José Seguinot Barbosa, Gestión Ambiental y Protección de Áreas Naturales Costeras y Marinas en los Estados Unidos de Norteamérica y Puerto Rico, Revista Jurídica de LexJuris, Vol. 1, Primavera 2000, Núm 1.
[10] Ibid.
[11] Manuel Talens y Santiago Alba Rico, El escritor que malgastó la gracia de la palabra, Rebelión (9 de enero de 2007).
Elliot Monteverde Torres