Se confirmó este martes en Chile que 13 militares retirados, procesados por violaciones a los derechos humanos y otros delitos, y un ex represor con condena firme figuran en las planillas de trabajadores del ejército. Paralelamente se informó del procesamiento de 120 ex agentes de la dictadura en tres casos emblemáticos. «Consideramos que cada persona […]
Se confirmó este martes en Chile que 13 militares retirados, procesados por violaciones a los derechos humanos y otros delitos, y un ex represor con condena firme figuran en las planillas de trabajadores del ejército. Paralelamente se informó del procesamiento de 120 ex agentes de la dictadura en tres casos emblemáticos.
«Consideramos que cada persona tiene el derecho de ser considerado inocente hasta que se pruebe su culpabilidad», pero en este caso es necesario investigar en qué circunstancias salieron del ejército los militares recontratados a honorarios, dijo a IPS Virginie Houdmont, de la organización no gubernamental Amnistía Internacional.
La bomba la lanzó el domingo el estatal diario La Nación. En un reportaje titulado «La DINA a honorarios», reveló que ex agentes de los organismos represivos de la dictadura del hoy fallecido general Augusto Pinochet que se extendió de 1973 a 1990 aparecían contratados a honorarios por el ejército para desempeñarse en cargos administrativos.
La Nación revisó las planillas de trabajadores disponibles en la página web de la institución castrense, en cumplimiento de la ley de acceso a la información pública que rige desde el 20 de abril.
Se trata de los coroneles retirados Hugo Acevedo Godoy, Guido Díaz Paci, Sergio Castillo González y Sergio Cea, así como Alfredo Iturriaga Neumann y Pablo Rodríguez Márquez. Algunos están procesados por la justicia y otros han sido denunciados por sus víctimas en diversas instancias.
Rodríguez Márquez, por ejemplo, está procesado por el juez Alejandro Madrid como autor de los delitos de secuestro, asociación ilícita criminal y obstrucción a la justicia en el caso del secuestro y asesinato a comienzos de la década del 90 en Uruguay del ex químico y agente de la dictadura Eugenio Berríos.
Estos militares retirados, que integraron las agencias represivas Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y su sucesora la Central Nacional de Inteligencia (CNI), reciben mensualmente entre 400.000 (723 dólares) y 1.200.000 pesos (2.170 dólares) por su labor.
La noticia se conoció justo cuando el país conmemoraba el Día Nacional del Detenido Desaparecido, generando el rechazo inmediato de las organizaciones de familiares de las víctimas de la dictadura.
Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, calificó de «vergüenza nacional y una afrenta al pueblo chileno» el hecho de que el ejército esté financiando con fondos «de todos los chilenos» a ex agentes que cometieron crímenes durante la dictadura.
La primera reacción del gobierno fue señalar que se trataba de militares procesados, pero no condenados por la justicia, a quienes debía garantizárseles la «presunción de inocencia».
«El principio de la presunción de inocencia está ganado desde la Revolución Francesa y (…) no funciona cuando me conviene o cuando no, cuando son de los míos hay presunción de inocencia, pero cuando son de los otros no», justificó el lunes el ministro de Defensa, Francisco Vidal.
Este martes, Vidal confirmó que el ejército tiene contratados, no seis, sino 13 ex agentes de la dictadura procesados por la justicia y uno más que está condenado. Seis de ellos «a contrata» y el resto «a honorarios», es decir que reciben sólo el sueldo sin gozar los beneficios sociales.
Del total de procesados, ocho lo están por delitos de lesa humanidad y los cinco restantes por otros casos, como el enriquecimiento ilícito de Pinochet y su entorno cercano.
En tanto, el coronel retirado Pedro Teyssedre, declarado culpable del secuestro del obrero Juan Llanca en 1975, fue cesado en el cargo administrativo que desempeñaba en un centro de salud del ejército la norteña ciudad de Iquique, aseguró Vidal.
«Estamos hablando de 13 personas y ya se verá, con toda la información, la decisión que tome el gobierno sobre ellos», declaró Vidal, quien también pidió informes a Carabineros (policía militarizada) e Investigaciones.
Más tarde, la portavoz de gobierno, Carolina Tohá, reiteró que «se está esperando recibir la información completa de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas para tener una visión realista e informada sobre esta situación».
De todas maneras, indicó que «en aquellos casos donde hay situaciones comprometedoras, donde hay antecedentes contundentes (de violaciones a los derechos humanos), el gobierno piensa que es mejor que las personas estén apartadas de las instituciones».
«Cómo se va a hacer esto, y en qué casos, es algo que se va a ir definiendo», puntualizó Tohá.
La contratación a honorarios de militares procesados por violaciones a los derechos humanos ya había sido noticia en 2002. En esa oportunidad, la entonces ministra de Defensa y actual mandataria, Michelle Bachelet, recomendó al ejército desvincularlos de la institución.
Los presidentes de los partidos de la centroizquierdista Concertación de Partidos por la Democracia, en el poder desde la reapertura democrática en 1990, cuestionaron las primeras declaraciones del gobierno.
«Presumir que son inocentes los de la DINA resiste todo análisis», declaró el presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona. Por su parte, el timonel del Partido Radical Socialdemócrata (PRSD), José Antonio Gómez, preguntó: «¿Acaso pueden poner las manos al fuego por estas personas?».
Diversos congresistas anunciaron que solicitarán la conformación de una comisión investigadora sobre este tema.
En otra noticia relacionada, el ministro Víctor Montiglio procesó y ordenó el arresto este martes de 120 ex agentes de la DINA como autores del delito de secuestro calificado en tres casos emblemáticos de derechos humanos, considerado el procesamiento contra ex represores más numeroso de la historia.
Se trata de la Operación Colombo, un montaje informativo que hizo aparecer a 119 detenidos desaparecidos como muertos en purgas internas en Argentina y Brasil, el Caso Calle Conferencia, donde se exterminó a la dirección clandestina del Partido Comunista en 1976, y el Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del cono sur de América Latina en la década del 70 y 80.
Según trascendió en diversos medios, más de la mitad de los procesados serían «nuevos», es decir, ex agentes que nunca antes habían sido encausados ni detenidos.