Las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios a la Ley de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Información dan mayoría parlamentaria para declarar el acceso a Internet por banda ancha como servicio universal y se manifiestan en contra de que las autoridades administrativas puedan cerrar páginas web sin orden judicial, como puede verse […]
Las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios a la Ley de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Información dan mayoría parlamentaria para declarar el acceso a Internet por banda ancha como servicio universal y se manifiestan en contra de que las autoridades administrativas puedan cerrar páginas web sin orden judicial, como puede verse en la tabla resumen.
El pasado 7 de setiembre finalizó el plazo de enmiendas dado por la Mesa del Congreso a los grupos parlamentarios que a excepción de PSOE y Ciu han optado por enmendar la proposición de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información aprobada por el Consejo de Ministros a Propuesta del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en lo referente a no permitir la violación del derecho a la libre expresión, prensa y opinión garantizando la intervención del poder judicial en el secuestro de publicaciones y servicios de la Sociedad de la Información. Sin duda porque constituyen derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Española que, con la redacción propuesta por el Ministerio, no quedaban garantizados ni salvaguardados.
Además ningún grupo parlamentario ha hecho suya las enmiendas, relativas a las pretensiones liberticidas que la SGAE y otras entidades de gestión habían auspiciado con la inclusión de un nuevo articulado – el denominado artículo 17 bis-, rechazado anteriormente por el Consejo de Estado, el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, CATSI y la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones.
Por otra parte, los grupos parlamentarios de IU-ICV, CHA, Grupo Mixto, CiU, PNV y PP han propuesto otras enmiendas en coincidencia con las tesis defendidas por las organizaciones sociales y profesionales, como es la de considerar el acceso a Internet por banda ancha. Además, esa mayoría podría estar de acuerdo en que el Estado transfiera el conocimiento y la tecnología de titularidad pública a toda la sociedad y por último apuestan porque los proveedores no puedan realizar injerencias en el tráfico de Internet, (la denominada Net Neutrality).
Precisamente en unos momentos en que se suceden de forma confusa e interesada diversidad de informaciones, sobre un supuesto acuerdo entre los Ministerios de Cultura e Industria, hecho a medida de las sociedades de gestión de los derechos de autor , y a espaldas de los consumidores jurídicos y físicos de los soportes digitales susceptibles de ser gravados, para imponer un canon digital, arbitrario, indiscriminado e injusto. Las organizaciones abajo firmantes valoramos muy positivamente que una mayoría parlamentaría haya recogido, en esta ocasión, buena parte de las propuestas de enmiendas presentadas a organizaciones sociales en pro de la salvaguarda de los derechos fundamentales y en beneficio del interés general.
No deja de ser paradójico cuando todo hace preveer que el parlamento aprobará medidas para que todos podamos acceder al conocimiento sin trabas, dado que la aritmética parlamentaria lo permite aunque el PSOE se opusiera, el gobierno está acordando el canon que los ciudadanos van a tener que pagar a entidades privadas como las gestoras de derechos de propiedad intelectual por usar ese servicio universal y ejercer el derecho de acceso a la cultura que la Constitución Española consagra.
Parece razonable que, si es necesaria tal compensación, sea el Estado quien recaude, gestione y reparta dicho canon en vez de una organización privada de carácter gremial, puesto que nos afecta a todos los ciudadanos por ser un derecho fundamental.
En la España constitucional no pueden existir impuestos privados, derechos de pernada o patentes de corso. El estímulo de la innovación y la competitividad no pueden estar amenazadas por prebendas concedidas a organizaciones heredadas del antiguo régimen, con una dudosa reputación y con sospechosas prácticas antidemocráticas.