«Mal haríamos en permitir una explotación minera que va a destruir el capital natural que sirve para atraer a tantos turistas, comprometemos el hecho de que nuestra administración municipal va a trabajar junto a ustedes para proteger siempre ese riquísimo patrimonio de flora, fauna, de ríos y bosques con los que cuenta esta parroquia». […]
«Mal haríamos en permitir una explotación minera que va a destruir el capital natural que sirve para atraer a tantos turistas, comprometemos el hecho de que nuestra administración municipal va a trabajar junto a ustedes para proteger siempre ese riquísimo patrimonio de flora, fauna, de ríos y bosques con los que cuenta esta parroquia».
Alcalde Mauricio Rodas, el sábado 1 de noviembre de 2014
Ya hace algunos años, un grupo de activistas, transformados en trabajadores petroleros, colocaron una improvisada torre de perforación en la Plaza Grande de la capital. Su mensaje era inequívoco: se aprestaban a realizar tareas de exploración en busca del crudo en el subsuelo del centro histórico. Esta acción despertó la inquietud e inclusive la indignación. Más de un transeúnte protestó. ¿Cómo es posible que no se respete un lugar sagrado, un lugar en donde viven y trabajan personas?, preguntó molesto.
Ese malestar de un ciudadano quiteño refleja la angustia de muchas comunidades en nuestro país, cuya vida y su territorio se encuentra amenazados por el extractivismo. En efecto, en todo territorio «trabajan» personas y existe alguna dimensión sagrada. Simplemente, es el poder social de las poblaciones que habitan estos territorios que define si es, o no es adecuado emprender una actividad extractiva.
Los destrozos que provocó el petróleo en la Amazonía son conocidos. El juicio a la Chevron-Texaco documenta esa dura realidad. Esa situación explica la resistencia de las comunidades indígenas del sur de la Amazonía, que se oponen -con sobra de razones- a la XI Ronda Petrolera; o, el reclamo ciudadano, encabezado por el Colectivo Yasunidos, a la explotación del petróleo en los bloques 31 e ITT, en el Yasuní. Esta situación explica también porque casi nunca los gobiernos y las empresas consideran a los centros de las ciudades, las zonas de monocultivo industrial, o bien los lugares de ocio de las clases dirigentes como adecuados para actividades extractivas. Ahora la amenaza de nuevos desastres se extiende por el país con la apertura de la puerta a la megaminería. Muchas regiones del país están ya duramente afectadas por la presencia de mineras transnacionales chinas, canadienses, o chilenas: las zonas de Íntag , de las lagunas de Quimsacoha o la Cordillera del Cóndor; las cuales aparecen como tierras en donde se busca una vez más «la fortuna del país».
La megaminería llega a Quito
En el caso de la zona de Pacto, al noroeste del Distrito Metropolitano de Quito, no se trata de una amenaza tan distante. La búsqueda siempre renovada de recursos minerales en el mundo, para satisfacer la demanda de acumulación del capital, que en nuestras tierras se la presenta a través de la propaganda oficial como la herramienta para combatir la «pobreza», llegó a esta zona y sus alrededores. En la actualidad, es la ENAMI, la Empresa Minera Nacional, quién ha decidido emprender trabajos de exploración para evaluar el potencial geológico de esta zona que se encuentra en las goteras de la capital. El ministerio de Recursos Naturales No Renovables, le otorgó, en el año 2012, las dos concesiones de Urcutambo con 2.251 hectáreas e Ingapi con 2.394 hectáreas. Las tareas de exploración minera en estas dos concesiones impactarán directamente en varias comunidades de Pacto y Gualea: San José de Ingapi, Buenos Aires, Anope, El Paraíso, Pacto Loma, Sta. Teresita, Ingapi, San Francisco, La Delicia, La Unión, la Victoria y el Progreso.
Pero sus habitantes se aprestan a la resistencia. Sobre la base de sus derechos constitucionales, éstos organizan una consulta comunitaria de buena fe el próximo domingo 12 de abril. Su intención es fortalecer la democracia, así como defender formas de vida campesina y los sistemas campesinos de producción, artesanales y agrarios. Busca también proponer nuevas actividades productivas que requieren de otras riquezas de la zona, como proyectos turísticos aprovechando de su biodiversidad y de las atracciones que ofrece la naturaleza, así como la valoración de su inmenso patrimonio arqueológico. El río Chirapi, por ejemplo, precisamente de donde la ENAMI quiere sacar el agua para alimentar la actividad minera, es un sitio privilegiado de la cultura del fascinante pueblo Yumbo. La historia y los vestigios de esta cultura que pobló la zona entre 400 y 1660 D.C. se pueden apreciar en el museo de Tulipe, a tan solo 5 km de las concesiones.
Es así como en la actualidad, como muchos otros lugares del país, este idílico paisaje, un patrimonio del Distrito Metropolitano de Quito, se encuentra asediado por la megaminería.
¿Qué esperar con la megaminería en Pacto?
Desde ya, y a pesar de qué los trabajos de exploración ni siquiera han empezado de manera formal, las comunidades de la zona están enfrentando los impactos nefastos de la presencia de la ENAMI. Su accionar genera incertidumbres sobre el futuro de los habitantes y sobre todo conflictos sociales entre comunidades, a su interior, e incluso entre familiares. Las actividades de exploración que está emprendiendo la ENAMI implicarán muy probablemente -como es el caso en todo el planeta donde se hace perforaciones- contaminaciones de las aguas subterráneas y de superficie. La ENAMI contaminaría unos 778.000 litros de agua a diario durante la próxima campaña de exploración; agua tomada de los ríos Chirapi, Churupe y Chulupe.
Según la empresa, la población no tiene que preocuparse, pues «estos ríos no son aprovechados por las personas dueñas de las fincas debido a que los terrenos permanecen siempre húmedos por ser clima tropical…» 1/ . Esta afirmación es contradicha por la Secretaría del Ambiente del Distrito Metropolitano, quien afirma que la cuenca del río Chirapi provee de agua para consumo humano y usos productivos, a alrededor de 3.500 personas en las zonas de Pacto y Gualea.
Como se conoce internacionalmente, los impactos sociales, ambientales y psicológicos que trae la megaminería y su siniestro mundo no se quedarán en la llamada «zona de influencia». Estos impactos se propagarán a territorios aledaños e incluso distantes de la región. La destrucción ocasionada con la exploración minera en Pacto nos da una idea previa y muy preocupante de lo que puede ser la etapa siguiente, la extracción minera. Alrededor del planeta, ya sea en países del Sur como Ecuador, ya sea en países supuestamente «ejemplares» como Canadá, todas las minas a gran escala generan los mismos desastres: agotamiento y contaminación irremediable del agua por metales pesados y drenaje ácido; deforestación; contaminación del aire y del suelo; destrucción del modo de vida de pueblos enteros, condenados a migrar o transformarse en empleados explotados; aumento marcado del costo de la vida; afectaciones marcadas a las mujeres y los niños y las niñas; militarización; expropiaciones; corrupción; delincuencia; prostitución; drogadicción y alcoholismo; inseguridad; violencia física y simbólica; asesinatos de oponentes.
Como argumento a favor de la minería, el gobierno y las empresas mineras, sea estatales y transnacionales, forman una sola voz y como siempre nos cuentan el mismo verso de la creación de empleo, el progreso, el desarrollo, la reducción de la pobreza, los mínimos impactos ambientales y sociales, etc. Tanto tiempo del mismo discurso, tantos siglos de la misma historia…
La realidad sin embargo, nunca corresponde a estos sueños construidos por una propaganda gubernamental-minera, incluso importada. Empleos precarios y peligrosos, explotación, frustraciones y depresiones, enfermedades, destrucción de ecosistemas, pérdidas irreversibles de identidad y destrucción de comunidades y familias es lo que espera todo pueblo que se deja seducir por este discurso. A nivel nacional, ¿qué esperar de un producto que el país está condenado a exportar -una vez más- en forma bruta? ¿Por qué no reconocer el mínimo aporte en términos de generación de empleo, que, por lo demás, será cubierto por especialistas y trabajadores de fuera de la zona minera? ¿Cómo no mencionar todo el costo social y ambiental que implicará la megaminería en términos de subvenciones e incentivos fiscales, de remediación ambiental, de pérdida de otras actividades productivas propias de la zona?
En Pacto, la megaminería será otra ruleta rusa
El Estudio de Impacto Ambiental presentado por la ENAMI para la fase de exploración no precisa claramente cuál es el mineral se está buscando: podría ser oro, plata, cobre e incluso molibdeno. La empresa estatal quiere continuar los trabajos de prospección efectuados por juniors canadienses en la época neoliberal. Para la ENAMI, se trata básicamente de llevar a cabo una campaña de perforación de entre 15 y 20 pozos (el Estudio de Impacto Ambiental no es preciso al respecto) con un total de 5.000 metros perforados.
Un análisis del Estudio de Impacto Ambiental muestra la verdadera cara de la minería capitalista: la de la ganancia fría. El resto es de orden cosmético. El Estudio de Impacto Ambiental en efecto carece de rigor científico de tal manera que muchos de sus resultados son simplemente incoherentes desde el punto de vista de la misma ciencia que las empresas mineras pretenden aplicar.
A modo de ejemplo, cabe señalar que los autores del Estudio de Impacto Ambiental por más ingenieros que sean, no ponen reparo en fundamentar la línea base solamente a partir de datos meteorológicos de las estaciones de Otavalo y Tabacundo. No hace falta ser experto en la materia para entender que el clima de Otavalo y Tabacundo no se puede comparar de ninguna manera con el de Pacto… También podríamos mencionar que los autores construyen la línea base hidrometeorológica con una sola visita efectuada algún día de febrero del 2013. Así se elaboran los Estudio de Impacto Ambiental en el Ecuador. Basta revisar los Estudios de Impacto Ambiental de Mirador o bien del proyecto Llurimagua en Íntag -el cual se encuentra muy cerca de Pacto, del otro lado de la cuenca del río Guayallamba-. Estos estudios muestran que la mediocridad es práctica común de los consultores contratados por las mineras.
Vemos como la ENAMI, como cualquier empresa minera transnacional, considera el tema socioambiental apenas como un trámite que ni siquiera merece la pena ser cumplido a cabalidad, según las reglas definidas por la ley y las prácticas científicas usuales. Si la mediocridad ha dominado en la elaboración de dichos estudios, ¿qué podemos esperar del manejo que haría la ENAMI de una mina a cielo abierto en un ambiente tan rico y sensible como la zona de Pacto y Gualea, y sujeto a numerosos fenómenos contingentes como lluvias muy intensas, terremotos e incluso erupciones volcánicas? En estas condiciones, la megaminería se aparenta a una mortal ruleta rusa.
Apoyemos a las comunidades opuestas a la megaminería en Pacto y Gualea
La megaminería en Pacto pondrá en riesgo el modo de vida y la organización social de la zona con la destrucción o afectación severa a los principales medios de sustento de la población, que son la agricultura, la producción y procesamiento de caña de azúcar como panela orgánica para la exportación; la caficultura; la ganadería y la agricultura familiar campesina, que garantiza la soberanía alimentaria local. Inclusive el turismo ecológico, otra fuente de gran cantidad de empleo, estaría en grave riesgo. Es decir, las comunidades de Pacto y Gualea tienen sobradas razones para defender el agua como derecho humano fundamental, fortalecer y trabajar por la soberanía alimentaria, construir su Buen Vivir y asegurar los derechos constitucionales de la Naturaleza.
Estamos debidamente advertidos de las amenazas de la megaminería. En esta ocasión no está en juego un paraíso patrimonial del Distrito Metropolitano, que es lo de fondo, sino también la palabra de su alcalde. Nosotros, ¿qué esperamos para solidarizarnos con nuestros vecinos y nuestras vecinas de Quito?
http://www.planv.com.ec/
1/ Memoria Técnica, Concesión minera Ingapi código 403008, ENAMI EP, Informe previo para la obtención de autorización del uso de agua para las labores mineras de exploración avanzada de minerales metálicos en la concesión minera Ingapi. (dentro del trámite no. 428-13, de la SENAGUA)