El ocaso de quien llegó a representar la imagen prototípica del sanguinario dictador de uniforme y lentes negros, se dio un domingo cuando ya nadie lo esperaba. Era tanta la lejanía que incluso se habló de una nueva treta del viejo militar. En muchos había una mezcla de incredulidad e indiferencia. Ya no caminaba, estaba […]
El ocaso de quien llegó a representar la imagen prototípica del sanguinario dictador de uniforme y lentes negros, se dio un domingo cuando ya nadie lo esperaba. Era tanta la lejanía que incluso se habló de una nueva treta del viejo militar. En muchos había una mezcla de incredulidad e indiferencia.
Ya no caminaba, estaba enfermo y hablaba con dificultad. Incluso uno de los últimos jóvenes que lo visitó el día de su cumpleaños declaró a la prensa que «el general era un abuelito que ya no se daba cuenta de lo que pasaba su alrededor». Todo lejos de la imagen del estratega que dibujó durante muchos años la derecha.
Pero el dictador no solo estaba cayéndose a pedazos en lo personal. Por otro lado, su imagen política también estaba en estado terminal. La necesidad de la derecha de acercarse electoralmente a los sectores de clase media implicó poner a Pinochet fuera de su círculo. A demás, la detención en Londres y las cuentas millonarias descubiertas por todas partes del mundo, sirvieron para generar una crisis de legitimidad del dictador, como nunca se había dado en los últimos años.
Muchos, incluso en la derecha mas dura, encabezada por el ex candidato presidencial Lavin, expresaron públicamente su lejanía y hasta desacuerdo con los errores del régimen militar
Mas allá de que algunos traten de hacer aparecer la figura del Pinochet un actor gravitante en la dinámica política chilena, para poder hablar ahora de «una nueva etapa que se cierra y otra que se abre», la verdad es que eso no es cierto.
Luego de que el año 2000, el dictador volviera de Londres, rescatado de las garras de la justicia europea por la Concertación de partidos, a cambio de su libertad, abandonó su cargo de senador vitalicio y se alejó definitivamente de la arena política
De hecho, los funerales de Pinochet marcan ciertos quiebres que ya hace largo rato se venian preparando.
Lo primero, y más impactante, es el desconocimiento de la calidad de presidente de Pinochet. Resulta totalmente inconsistente ver como los personeros de gobierno, encabezados por el Ministro del Interior, Belisario Velasco, hablan del «dictador Pinochet» y no del ex presidente, cuando es la propia Concertación la que ha mantenido en los libros escolares de historia, hasta el día de hoy, esa mentira.
Nunca nadie dentro de la Concertación si quiera se atrevió a cuestionar esta situación. Es mas, Pinochet accede a su cargo de senador vitalicio el año 1998 debido a su carácter, constitucionalmente reconocido, de ex presidente. Aunque nunca nadie haya votado por él.
Lo segundo, es que su propio circulo familiar decide abandonar al general a su suerte. Asustados con la posibilidad de verse involucrados con algunos de los oscuros negocios financieros que se encuentran bajo la lupa en distintos tribunales en el extranjero, sus mas fervientes familiares han bajado el tono. Al interior de la familia Pinochet existe la no muy secreta esperanza de que el gobierno le ponga paños frios a los procesos y a la búsqueda de las cuentas secretas del general, lo que los podrían relacionar, directamente, con los millones de dólares perdidos.
Otra muestra de este alejamiento con la figura de Pinochet es que en los funerales del dictador, la familia no tuvo problemas en recibir las condolencias del gobierno a través de la Ministra de Defensa, Vivian Blanlot. Esto pese a la negativa de este para enterrar al criminal con honores de jefes de estado.
Incluso, de manera poco creíble la familia demostró preocupación por el discurso del único nieto militar del general, Pinochet III, quien vociferó frente al ataúd de su abuelo que este fue «un hombre que derrotó en plena guerra fría al modelo marxista, que pretendía imponer su modelo totalitario no mediante el voto, sino más bien derechamente por el medio armado».
Y el tercer elemento que marca este cambio es la clara voluntad del ejercito de alejarse del general. Según un protocolo acordado con el mismisimo Pinochet el año 1998, cuando este se retiró del ejercito, una vez que llegara la hora de su muerte sus restos debían ser enterrado en la Escuela Militar. Al lado de Bernardo O’Higgins, libertador de la Patria. Quedaría así sellada una relación eterna entre Pinochet y su ejercito.
Sin embargo, pasados pocos años de eso las cosas resultaron bastante diferentes. No existiendo voluntad para ir mas allá de una ceremonia formal, el ejercito y la familia optaron por incinerar al dictador en la oscuridad de la noche, y lejos de cualquier tumulto. Sin siquiera contar con la presencia de familiares.
Y del mausoleo en donde reposarían sus restos por la eternidad, ni hablar. En un jarro pusieron sus cenizas y se lo entregaron a su viuda en su casa.
¿Por qué no se juzgó a Pinochet en Chile?
Pinochet ya no era lo que fue. Eso está claro. Pero si su peso político era tan escaso, como explicarse entonces que la Concertación, en sus dos últimos gobiernos socialistas, no haya sido capaz de enjuiciar al criminal.
Hoy, el gobierno reconoce que los tribunales no fueron capaces de actuar. Incluso algunos personeros, oportunistamente, dicen que les faltó tiempo. Que solo bastaban algunos meses mas para que salieran los fallos que lo castigarían, aunque solo fuera de forma simbólica, ante la historia.
Con la muerte del dictador quedó claramente establecido de que la concertación no fue capaz de honrar sus compromisos frente a la comunidad internacional, cuando esta detuvo, y luego facilitó la liberación de Pinochet desde Londres, a cambio de que lo juzgaran tribunales chilenos. Todo un compromiso asumido en la época por el ex presidente Lagos y por el entonces canciller Miguel Insulza, actual presidente de la Organización de Estados Americanos, OEA.
Por ello, resulta tan impactante ver como todo el aparato de gobierno de Bachelet, quien ha difundido profusamente en el extranjero su figura de victima de la dictadura militar, ofrece un espectáculo lamentable intentando reapropriarse de la figura del viejo dictador para contrastar esa imagen con la actual, supuestamente exitosa, democracia.
Todos los voceros de gobierno y los políticos de la concertación, se pelean recuperar la bandera de los derechos humanos. Sobretodo, cuando se trata de salir opinando frente a las cámaras de televisión de los corresponsales extranjeros que vinieron al país a presenciar el entierro.
Pero ninguno de ellos tiene argumentos de peso que entregar cuando se les pregunta por qué Pinochet no fue condenado ante tribunales chilenos.
Y es que las explicaciones hay que buscarlas mucho más profundamente. En el ADN de la Concertación de partidos políticos, que lleva ya 16 años en el poder.
La impunidad en la que muere Pinochet no se basa en la simpatía que la clase política le tuviese al general. Tampoco en que esta misma clase política le tuviera miedo a la sobre reacción del ejercito o no pudiera intervenir en el abierto compromiso de los tribunales con la derecha militarista. Esas excusas, a partir del año 2000, ya no tienen mucho peso.
Lo cierto, y que se hace cada vez más evidente, es que la Concertación se ha transformado en un conglomerado en el que su elite política acepta que la dictadura militar fue necesaria para contener a las fuerzas populares que amenazaban con romper el sistema de partidos políticos en los años 70′.
La historia de la Concertación muestra a muchos personajes, incluido al ex presidente Patricio Aylwin, que reconocen que hicieron llamados públicos el 11 de septiembre de 1973, para que el ejército actuara «reestableciendo el orden». En él se grafica una franja mayoritaria de la clase política chilena que, con el pasar del tiempo, reconoce, mas en privado que en público, que solo con la existencia de un amplio aparato represivo operando desde el Estado era posible desmantelar el viejo estado asistencialista de Allende, neutralizar al pueblo organizado y lograr la instalación plena del actual modelo neoliberal.
Si bien algunos al interior de la Concertación se declararon críticos de estas posiciones antes de 1990, hoy casi la totalidad la clase política chilena reconoce que la mano dura es la única forma de mantener un modelo neoliberal ordenado y produciendo.
No se puede olvidar que el propio ex presidente socialista Ricardo Lagos, borrando de un plumazo su pasado de luchador por la democracia, fue el primero en legitimar públicamente al gobierno de Carmona, instalado brevemente en el poder a través de un golpe de estado que buscaba sacar a Chavez de Venezuela en el 2002.
Impunidad para el dictador y castigo para los movimientos sociales
En lo local, basta fijar la mirada en algunos aspectos que últimamente grafican con toda claridad el fenómeno del resurgimiento de una conducción con parámetros abiertamente conservadores la bajo las faldas de las mismísima Presidenta Bachelet.
Lejos de la imagen de un gobierno comprometido con los derechos humanos que se busca vender por estos días a la prensa extranjera, podemos visualizar que las luchas sociales en Chile son cada vez mas duramente castigadas.
En el caso de la pasada movilización de los secundarios se registraron una serie de detenciones arbitrarias. Incluso, como una forma de actuar preventivamente, se expulsó a más de 100 secundarios de sus respectivos colegios. Impidiéndoles terminar el año académico o matricularse en otro establecimiento.
En el marco de las recientes movilizaciones de los Deudores Habitacionales, se han dado una serie de amenazas de muerte a dirigentes, con amedrentamientos y persecuciones que buscan que los pobladores abandonen su huelga de hambre y sus movilizaciones por temor a las represalias. Todas estas acciones realizadas por organismos de seguridad del propio Estado.
Por su parte, también los sindicatos de contratistas y subcontratistas sufren los embates de la represión. Con una larga lista de dirigentes citados a tribunales, algunos de ellos recibiendo penas de extrañamiento, que les implican la posibilidad de ingresar a ciertas ciudades por ser considerados agitadores peligrosos. Además, las llamadas «listas negras» circulan entre las distintas empresas con el mas absoluto silencio cómplice de los aparatos legales del gobierno.
Y por ultimo, el movimiento mapuche tiene ya mas de un centenar procesados en tribunales. Sectores en lucha como los de Ercilla han sido prácticamente ocupados por las fuerzas policiales, registrándose solo en Temucuicui ya mas 9 allanamientos que dejan saldos de varios heridos a bala. Eso, además de la existencia de los presos políticos que llevan ya varios años esperando un juicio justo.
Lo anterior no constituye más que un botón de muestra de la actual situación de las luchas sociales en Chile.
Cada vez se ve con mayor claridad como el Estado chileno no duda en aplicar la fuerza para reestablecer el orden. Utilizando, aunque sea con profundidades históricas distintas, el mismo artilugio discursivo que legitimó la acción del golpe de estado encabezado por Pinochet: la necesidad de mantener el orden.
Actualmente, el problema del gobierno es como controlar ,y sino reprimir, a los movimientos sociales. Cabe la enorme duda entonces, de si en definitiva la impunidad con la que Pinochet se va a la tumba no es mas que una puerta abierta que se deja el propio sistema de partidos políticos, reconociendo, por lo mismo, que sus carencias podrían implicar, en caso de ser desbordado, el volver «legitimo» que el ejercito actúe como garante de la inmodificable estructura de un estado capitalista y profundamente injusto.
Con la muerte del dictador no se cierra entonces ningún ciclo. Es más, con el dictador muerto impune permanece al alcance de la mano la posibilidad de recurrir, en caso de ser necesario, a una solución que dio, para los poderosos, muy buenos resultados.