Asfixiada desde hace más de seis décadas por el estado de sitio económico impuesto por Estados Unidos, Cuba se enfrenta a graves dificultades que repercuten en el bienestar de la población.
El 17 de marzo de 2024, en Santiago, decenas de personas expresaron pacíficamente su descontento frente a las dificultades materiales a las que se enfrentan a diario. La agencia de noticias estadounidense The Associated Press, generalmente bien informada, evocó la presencia de “pequeños grupos de protestatarios”. Fueron recibidos por la secretaria del Partido Comunista de la ciudad para exponer sus quejas. Las autoridades gubernamentales subrayaron que las manifestaciones se desarrollaron en un marco “respetuoso”.[1]
Cuba sufre una grave crisis económica que afecta al bienestar de la población. Los cortes de electricidad, debidos a la falta de suministro de petróleo, son habituales y a veces pueden duran hasta 8 horas. La escasez afecta también el sector alimentario haciendo cada vez más difícil para los hogares cubanos encontrar productos de primera necesidad. Por primera vez en su historia, Cuba ha pedido ayuda al Programa Alimentario Mundial de las Naciones Unidas para hacer frente a la situación.[2]
Estados Unidos, mediante su embajada en La Habana, no tardó en responder destacando “la falta de alimentos y electricidad” en la isla. “Instamos al Gobierno a que respete los derechos humanos de los manifestantes y atienda las necesidades legitimas del pueblo cubano”.[3] La Habana denunció inmediatamente la injerencia y la hipocresía de Washington, convocando al encargado de negocios, Benjamin Ziff, al Ministerio de Relaciones Exteriores.[4]
De hecho, los Estados Unidos son los principales responsables de la situación económica de la isla. Desde 1960, Washington ha impuesto sanciones que afectan todos los sectores de la sociedad, en particular a los grupos más vulnerables como los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y los enfermos.[5] Después del desmoronamiento de la URSS en 1991, lejos de normalizar las relaciones con Cuba, la Administración de Bush sénior reforzó el estado de sitio al aprobar la ley Torricelli en 1992, ilegal por su alcance extraterritorial. Su sucesor, el demócrata Bill Clinton, hizo lo proprio con la ley Helms-Burton de 1996, que viola principios elementales del Derecho Internacional Público por su carácter retroactivo. George W. Bush reforzó estas medidas coercitivas con la adopción de nuevas sanciones en 2004 y 2006.[6]
Durante el segundo mandato de Barack Obama se observó una tregua al producirse el proceso histórico de acercamiento entre ambos países, iniciado oficialmente en diciembre de 2014. Washington adoptó medidas constructivas, pero no se levantaron las sanciones. De hecho, cabe destacar que la Administración de Obama fue la que impuso las multas más severas a las empresas y bancos internacionales que tenían vínculos con Cuba.[7]
En 2017, la llegada al poder de Donald Trump puso fin a este acercamiento. Washington volvió a la política de la confrontación e impuso 243 nuevas sanciones en cuatro años, más de una sanción por semana, dirigidas a sectores vitales de la economía cubana, como la exportación de servicios médicos, el turismo y las remesas. Entre ésas, 50 se impusieron en plena pandemia de Covid-19, privando a la isla de equipos vitales como los respiradores y afectando gravemente al sistema sanitario.[8]
La elección de Joe Biden en 2020 no ha supuesto ningún cambio significativo para Cuba. Ha mantenido la mayoría de las medidas adoptadas por su predecesor. Las cifras son reveladoras del impacto de las sanciones económicas sobre los derechos humanos de los cubanos. Mas del 80% de la población nació bajo las sanciones. Estas sanciones cuestan a la economía cubana una media 15 millones de dólares al día.[9] En noviembre de 2023, por 31 año consecutivo, 187 países, incluidos los mas firmes aliados de los Estados Unidos, pidieron “el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero” de Washington contra Cuba.[10] Anacrónico, cruel e ilegal, es el principal obstáculo al desarrollo del país y es responsable de los actuales sufrimientos de la población de la isla.
Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos por la Universidad de la Sorbona, Salim Lamrani es profesor de Historia de América Latina en la Universidad de La Reunión y está especializado en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Su último libro se titula Au nom de Cuba: https://www.editions-harmattan.fr/livre-au_nom_de_cuba_regard_sur_carlos_manuel_de_cespedes_jose_marti_salim_lamrani-9782140294099-77782.html
Notas:
[1] Andrea Rodriguez, «Cubans in Eastern City of Santiago Protest Blackouts and Food Shortages”, The Associated Press, 19 de marzo de 2024.
[2] Vanessa Bushschulter, «Cuba Asks UN for Help as Food Shortages Worsen», BBC, 29 de febrero de 2024.
[3]Embajada de los Estados Unidos en Cuba, «sans titre», X, 18 de marzo de 2024. https://twitter.com/USEmbCuba/status/1769531443477168372 (sitio consultado el 22 de marzo de 2024).
[4] Dave Sherwood, «Cuba Summons Top US Diplomat, Accuses US of Stoking Protests”, Reuters, 18 de marzo de 2024.
[5] Salim Lamrani, État de siège: les sanctions économiques des États-Unis contre Cuba, Paris, Éditions Estrella, 2011.
[6]Ibid.
[7] Salim Lamrani, «Mettre un terme aux sanctions contre la population cubaine», L’Humanité, 3 de julio de 2021.
[8] Salim Lamrani, «Cuba/Trump. Retour à la politique de la confrontation», L’Humanité, 27 de enero de 2020.
[9] Salim Lamrani, «Condamnation mondiale des sanctions économiques contre Cuba pour la 30ème année consécutive», Témoignages, 10 de noviembre de 2022.
[10]Nations unies, «Assemblée générale: 187 États Membres demandent la levée du blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba par les États-Unis», 2 de noviembre de 2023. https://press.un.org/fr/2023/ag12554.doc.htm (sitio consultado el 23 de marzo de 2024).
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