La violencia volvió a apoderarse de las cárceles de Ecuador con dos masacres en apenas tres días con un saldo de 29 presos asesinados y 59 heridos, que se suman a las sucesivas matanzas desde inicios de 2020 que dejaron más de 450 muertos, ante la ausencia del Estado.
Las últimas matanzas se produjeron apenas un par de días después de la visita de una misión de expertos de Naciones Unidas, que comprobó que la crisis carcelaria se debe a la desidia oficial y al autogobierno gestado en el interior de los establecimientos de detención.
Las organizaciones criminales, que tienen conexiones con carteles mexicanos, se disputan a sangre y fuego el dominio del negocio y las cárceles son epicentro de esa lucha, ante la ineptitud y desidia del gobierno.
Desde las cárceles, bandas criminales -Los Chone Killers, Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones, entre otras- manejan el creciente tráfico de drogas en Ecuador, país ubicado entre los mayores productores mundiales de cocaína, Colombia y Perú. Ecuador incautó 210 toneladas de droga en 2021, cuando la tasa de homicidios casi se duplicó al cerrar con 14 asesinatos por cada 100 mil personas.
El laberinto carcelario es catalogado de genocidio, ya que el gobierno del banquero neoliberal Guillermo Lasso no pudo frenar hasta ahora las matanzas ni tampoco el ingreso de armas, municiones y explosivos a las cárceles, pese a que de acuerdo a la normativa internacional un Estado está obligado a brindar seguridad y evitar este tipo de hechos.
Para el director del Centro Andino de Estudios Estratégicos (CENAE), Mario Ramos. el «dejar hacer, dejar pasar» del gobierno de Lasso es a veces una «estrategia deliberada para mantener alarmada y atemorizada a la sociedad y tener vía más expedita para cuestiones como la privatización del patrimonio público de los ecuatorianos».
«El Estado entra a los centros de privación de libertad horas después de las masacres, contempla cómo se incineran los cuerpos y encima usa la fuerza contra las familias», advirtió Vivian Idrovo Mora, coordinadora de la Alianza de Organizaciones para los Derechos Humanos en Ecuador.
«El gobierno ecuatoriano tiene una pasividad que raya en la intención. Nos preguntamos si está realmente interesado en garantizar los derechos de las personas privadas de libertad o si con sus omisiones lo que busca efectivamente es que las matanzas ocurran», añadió.
El presidente Guillermo Lasso designó esta semana a Guillermo Rodríguez como nuevo director del servicio nacional de prisiones, en medio de una crisis penitenciaria que no parece tener salida en el corto plazo.
En la cárcel de Latacunga, en el centro de Ecuador, la violencia -que dejó un saldo de 16 presos asesinados-se originó por el asesinato del narcogtraficante Leandro Norero. El ministro del Interior, Juan Zapata, advirtió que esa muerte podría desencadenar nuevos enfrentamientos entre los detenidos, pero no hizo nada para evitarlo.
Un enfrentamiento interno en la Penitenciaría del Litoral, la más grande y poblada del país, dejó 13 pesos muertos y el decomiso de un fusil de asalto, tres pistolas, 45 sables caseros y otras 23 armas blancas como cuchillos de gran tamaño.
Masacre tras masacre
Solo en una masacre murieron 122 presos en Guayas 1 en septiembre de 2021, una de las más atroces ocurridas en América latina. La de setiembre de 2021 fue la tercera y mayor masacre carcelaria en la historia de Ecuador y la quinta más grave en América Latina, con 118 personas fallecidas, 86 heridas, de ellas seis de gravedad y 80 leves como resultado de los disturbios ocurridos en la Penitenciaría del Litoral.
El impacto de las bandas criminales es tan grande que quien fuera director del sistema penitenciario del país hasta setiembre de 2021, Fausto Cobo, reconoce que son “una amenaza con un poder igual o superior al del Estado”. Hace un año Lasso señaló que la matanza entre presos se relaciona con las peleas por el control que mantiene el crimen organizado en el país dentro y fuera de las prisiones.
“Es lamentable que se pretenda convertir a las cárceles en un territorio en disputa del poder por parte de bandas delincuenciales”, sostuvo, tras echar la culpa a los gobiernos anteriores. Las cárceles de Ecuador tienen capacidad para 30.000 internos, pero hay más de 40.000, una buena parte de ellos, sin sentencia en firme.
La primera matanza de 2021 tuvo lugar el 23 de febrero, cuando enfrentamientos simultáneos en varias cárceles dejaron un saldo de 79 víctimas fatales. La segunda matanza ocurrió el 21 de julio, cuando se reportaron amotinamientos en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi y en Guayas N° 1, donde murieron 27 personas privadas de libertad.
La organización Alianza contra las Prisiones desmintió entonces la versión gubernamental que atribuyó estas masacres a una supuesta guerra entre bandas rivales. Afirmó que «Desde la primera masacre en las cárceles, en febrero de 2021, el gobierno han alimentado continuamente una narrativa de ‘guerra de bandas’ que retrata a las prisiones como si estuvieran llenas de monstruos no humanos».
Un comité de pacificación creado por el gobierno señaló en abril que las cárceles ecuatorianas «se consideran bodegas de seres humanos y centros de tortura». Para Ramos, la situación en las cárceles y otras que se están produciendo en paralelo en Ecuador se explican por la aplicación del programa neoliberal del gobierno de Lasso, que es a su juicio la continuidad del gobierno de Lenín Moreno.
«No se trata de ineptitud ni nada parecido. Simplemente al gobierno no le interesa resolver o atender las demandas ciudadanas», sostuvo el dirigente del CENAE. «Ahora en su lógica demagógica se habla de dar libre portabilidad de armas a los ciudadanos, es decir, algo parecido a lo que sucede en los Estados Unidos donde vemos que no ha servido para enfrentar la violencia e inseguridad, más bien todo lo contrario», señaló.
Para la organización Alianza contra las Prisiones, el efecto sobrecogedor de la narrativa de las bandas “es que vuelve invisible a la mayoría de la población carcelaria: mujeres pobres, personas que han cometido delitos de superviviencia, personas encausadas por microtráfico, personas cumpliendo prisión preventiva, personas que han cumplido su condena y no han sido puestas en libertad”.
Esto ha dado pie a que incluso parte de la ciudadanía deshumanice a las personas encarceladas, las etiquete de viles y ajenas, como si no fueran parte de la comunidad, como si la responsabilidad por la violencia social fuera meramente individual.
“La narrativa estatal nos está llevando a alimentar el odio en la ciudadanía, a desentendernos de las desigualdades sociales, e incluso a justificar y desear la eliminación violenta de vidas humanas que, en la práctica, podrían ser de cualquiera de nosotros, o de una persona querida», concluye la Alianza.
Silvia Arana, analista de medios alternativos, resaltó que “una vez más el Estado ecuatoriano no asume la responsabilidad por la violencia ejercida contra personas privadas de libertad que estaban bajo su control. Más allá del papel que hayan tenido o no las bandas delictivas, esta nueva matanza al igual que las anteriores, ocurrió bajo responsabilidad del Servicio Penitenciario de Ecuador”.
Si el sistema penitenciario como dicen las autoridades no es responsable, si las «guerras entre bandas» han superado a los carceleros, ¿cómo pueden garantizar que no habrá otra matanza y otra y otra?, se pregunta.
Arana recuerda que el artículo 12 del Código Penal ecuatoriano establece que las personas privadas de libertad tienen el derecho a la integridad personal, es decir, el derecho inalienable a la vida. Si el Estado ecuatoriano es incapaz de garantizar ese derecho básico, ¿cuál sería la solución? ¿Dejar a los presos en libertad?
* Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)