Si comparamos el debate presidencial de Anatel, televisado el 29 y 30 de octubre pasado, con cualquiera de los debates de anteriores elecciones presidenciales, veremos que hay importantes diferencias. No solo por el número de postulantes a la Presidencia de la República, sino por el importante segmento de ellos capaces de colocar nuevos discursos en […]
Si comparamos el debate presidencial de Anatel, televisado el 29 y 30 de octubre pasado, con cualquiera de los debates de anteriores elecciones presidenciales, veremos que hay importantes diferencias. No solo por el número de postulantes a la Presidencia de la República, sino por el importante segmento de ellos capaces de colocar nuevos discursos en la agenda pública. Casi la mitad de los candidatos llevaron a los hogares de los electores las verdaderas preocupaciones de los chilenos, aquellas que no solo se ventilan cada semana en protestas y movilizaciones por todo el país, sino que también conforman el núcleo más denso de los sondeos de opinión.
Durante esa misma semana la encuesta CEP, que puso a Michelle Bachelet en la Presidencia en la primera vuelta y a Evelyn Matthei le auguró que encarnaría uno de los fracasos electorales más grandes de la derecha, reflejó cuáles son las soluciones que la población estima debieran aplicarse para resolver actuales tensiones canalizadas por las principales demandas ciudadanas. El sondeo confirmó lo que otras encuestas ya afirmaban, como que el 74 por ciento de la población apoya la educación universitaria gratuita, o que el 83 por ciento está a favor de la nacionalización del cobre. Con menos énfasis, un 63 por ciento está a favor de la despenalización del aborto, un 45 por ciento abraza la idea de una Asamblea Constituyente y un 40 por ciento la legalización de la marihuana.
Los resultados de ésta, como de anteriores encuestas, no son nuevos ni sorprenden. Sí que esos temas y preocupaciones estén ahora, como nunca antes en las dos últimas décadas, en el primer lugar del debate político. Si en las anteriores elecciones observábamos a los candidatos competir por el número de nuevos policías en la calle o la cantidad de nuevos puestos de trabajo, hoy vemos que la discusión ha ingresado a cuestionar las mismas bases de la institucionalidad. El enfrentamiento político no está ni en los matices ni en las modificaciones del actual modelo político-económico sino en su completa transformación. De todo el espectro, Evelyn Matthei, que no remonta en las encuestas, ha sido la única que ha salido en una abierta defensa del modelo. De algún modo esta actitud estaría reflejada en el escaso 14 por ciento de apoyo que le entregó el sondeo de la encuesta CEP.
Podemos decir que cuatro de los nueve candidatos están, en mayor o menos grado, por la desinstalación de gran parte de lo que han sido entendidas como las bases del modelo de crecimiento económico chileno, el que es la piedra angular del engorde empresarial y financiero, proceso que en su otra cara esconde un país bien descrito por la candidata Roxana Miranda. El modelo de libre mercado, que ha llevado al país a conseguir el mayor PIB per cápita latinoamericano, esconde tras este llamativo guarismo una abrumadora desigualdad, expresada en una falsa calidad de vida apuntalada por endeudamiento masivo. Bajo este PIB, que está absolutamente concentrado en un escaso porcentaje de la población, existe precariedad laboral y limitación del ejercicio de derechos básicos, desde el acceso a una salud y educación gratuita y de calidad como a derechos de organización sindical y a la capacidad de elegir a legítimos representantes al Parlamento entre otras variadas restricciones. La generación y apropiación de la riqueza nacional por un puñado de familias tiene como causa todas esas limitaciones y distorsiones, las que conforman nuestra actual institucionalidad.
A estas constataciones, sobre las que se levantan las banderas de lucha de la mayoría de las candidaturas, hay que sumarle otra. El seguro triunfo de Michelle Bachelet en estas elecciones presidenciales, representará un regreso a los gobiernos que administraron el modelo neoliberal por veinte años. Una realidad que pese a satisfacer a sus electores y a la coalición de la Nueva Mayoría debiera llevar, en un análisis de mediano plazo, a considerar otras variables a las electorales. El triunfo de la ex presidenta se manifestará en un contexto político y social muy diferente al de las dos últimas décadas.
Este nuevo escenario social, expresado en constantes protestas por las consecuencias del modelo de mercado, ha sido recogido en el nuevo discurso de Bachelet, el que está organizado en un programa de gobierno que se abre con tres reformas de fondo: la reforma educacional, reforma tributaria y nueva Constitución. Pese a considerar cambios mayores y parte de las demandas ciudadanas, ninguno de ellos busca, como sí otras candidaturas, una desinstalación del modelo.
LOS TRES EJES DE BACHELET
La reforma educacional, que está presentada como la primera y mayor modificación, se abre con la gratuidad universal, que implicaría, dice el folleto, «pasar de la educación como un bien que es posible transar en el mercado a un sistema educacional coordinado que ofrece a las niñas, niños y jóvenes de Chile un derecho social». Esta afirmación está complementada con la consigna recogida de las demandas estudiantiles de fin al lucro, porque dice el programa, «en Chile la educación ha estado dominada por la lógica de cuasi-mercado, cuyo motor es la competencia por alumnos». Sin embargo, aclara que «poner fin al lucro no implica terminar con el sector particular subvencionado. El Estado seguirá respetando la existencia de un sistema mixto», en tanto agrega que «no se podrá lucrar con recursos públicos, por lo que dirigiremos el financiamiento público exclusivamente a instituciones educacionales que sean sin fines de lucro».
En cuanto a la educación superior, el programa afirma que el gobierno de Bachelet «avanzará gradualmente en la gratuidad universal y efectiva de la educación superior, en un proceso que tomará seis años. Durante el próximo periodo de gobierno, accederán a la gratuidad al menos los y las estudiantes pertenecientes al 70 por ciento más vulnerable de la población, abarcando extensamente a la clase media».
El otro eje programático es la reforma tributaria «para financiar, con ingresos permanentes, los gastos de la reforma educacional que emprenderemos, otras políticas del ámbito de la protección social y el actual déficit estructural en las cuentas fiscales». La meta de recaudación del conjunto de las medidas de la reforma tributaria será de tres por ciento del PIB, que en cifras absolutas y considerando el PIB de 2012, llegaría a unos ocho mil millones de dólares anuales. Para conseguir esos recursos financieros, elevarán, «en forma gradual», la tasa del impuesto a las empresas de 20 al 25 por ciento, en un plazo de cuatro años. «Los dueños de las empresas deberán tributar por la totalidad de las utilidades de sus empresas y no sólo sobre las utilidades que retiran, como es ahora. Esta medida será implementada a partir del cuarto año de la reforma. De esta forma se termina con el actual mecanismo del Fondo de Utilidades Tributables (FUT)».
La tercera gran propuesta es el cambio a la Constitución, la que debiera basarse, dice el texto, «en los valores de la dignidad de la persona, como la libertad, la igualdad y la solidaridad, estableciendo en plenitud un sistema democrático que reconozca el pluralismo propio de las sociedades democráticas modernas y, con ello, la autonomía moral de las personas y su libre desarrollo de la personalidad». De forma más concreta y menos retórica dice que «el catálogo de derechos que debe reconocer la nueva Constitución Política deberá sustentarse básicamente en el desarrollo de las normas y principios consagrados en las declaraciones y convenciones de derechos humanos establecidos en el ámbito internacional».
DESCREDITO Y DESCONFIANZA
Sólo con estas tres propuestas habría una respuesta, por lo menos parcial pero real, a las demandas levantadas durante los últimos años por los estudiantes y otros colectivos, en tanto una nueva Constitución abriría la puerta hacia otros cambios relevantes. Sin embargo, el eventual problema que puede levantarse a partir de marzo de 2014 no tiene relación con el programa, sino con las posibilidades de su implementación. Durante las dos décadas en que gobernó la Concertación gran parte de sus propuestas se realizaron en connivencia con los intereses del empresariado, y en consenso con la entonces oposición parlamentaria de derecha. Pensar que las cosas serán esta vez diferentes, se enfrenta con una realidad en la propia estructura del conglomerado que gobernará, que no ha sido modificada.
Existen fundadas dudas respecto a la viabilidad de estas reformas. De partida, el empate parlamentario al que fuerza el sistema binominal, gran argumento levantado durante dos décadas por los gobiernos de la Concertación para justificar el mantenimiento del statu quo neoliberal. Pero se trata de un argumento que el tiempo demostró que era falaz. El sociólogo Felipe Portales en una serie de artículos titulados La Concertación debe explicaciones , que se puede hallar en elclarin.cl , relata con detalles al menos dos periodos en los cuales la Concertación sí tuvo los quórum parlamentarios para hacer cambios relevantes. «Tuvieron el quórum parlamentario suficiente, no solo para modificar sustancialmente la ley de universidades y la ley antiterrorista, ¡sino todas las instituciones económicas, sociales y culturales impuestas por la dictadura, con las solas excepciones del sistema escolar y de concesiones mineras!».
Bajo la observación histórica y con la luz de la interpretación de muchos analistas, la Concertación se sintió muy cómoda administrando el legado institucional de Pinochet, que cogestionó con el empresariado y la derecha. Hay tantos antecedentes que sostienen esta afirmación que solo basta mencionar en el terreno económico las privatizaciones de aguas y puertos durante el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, las concesiones múltiples entregada por Ricardo Lagos a grandes corporaciones, las termoeléctricas y la Ley General de Educación (LEGE) aprobadas por Michelle Bachelet. El modelo neoliberal, y esto es ya un registro público compartido por gran parte de la población, fue profundizado y extendido por estos gobiernos.
PODERES FACTICOS EN EL CORAZON DE LA NUEVA MAYORIA
¿Es posible pensar que hoy la Nueva Mayoría dé un giro y desarme lo que construyó hace no tantos años, como es el caso de, por ejemplo, la LEGE? ¿Qué sucedería si llegara a conseguir doblajes electorales que le permitan, a partir de 2014, tener una mayoría parlamentaria para empujar los cambios que propone? La respuesta, lamentablemente, tampoco es favorable. El sistema binominal ha permitido que muchos parlamentarios lleven décadas, lo que les ha permitido crear vínculos propios y oscuros con las grandes corporaciones y los poderes fácticos. En no pocas votaciones clave, los parlamentarios han corrido con colores propios, como ha sido el caso, solo durante este año, de las leyes de pesca y de medicamentos. El rechazo en el Senado a la Ley Emilia, hace poco más de un mes por la senadora Soledad Alvear, también puede agregarse a esta infamia.
A esta enjundia le sumamos otro ingrediente no menor: los grupos económicos financistas de campañas, con los cuales la Concertación tiene fuertes vínculos. Como correas transmisoras entre la política y el poder económico podemos mencionar, por ejemplo, a los hombres de Luksic más visibles, como René Cortázar y Nicolás Eyzaguirre, o lobbistas como Eugenio Tironi y Enrique Correa, o empresarios como Oscar Guillermo Garretón y Daniel Fernández. Pero la lista es mucho más larga. Las declaraciones del presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio tras las reuniones con Bachelet, en cuanto a lo que le gusta y no le gusta del programa, nos da una idea de cómo se acomodará la carga en el camino. Alzas de impuestos, fin al lucro, fin a las termoeléctricas, nueva Constitución… El empresariado y los poderes fácticos, junto a sus infiltrados en la Nueva Mayoría, pondrán en marcha una maquinaria que les ha funcionado por más de dos décadas.
Hace poco más de una semana el ex ministro y ex candidato presidencial Jorge Arrate escribió una columna adelantando los resultados electorales, en los cuales la Nueva Mayoría, ahora junto al PC y ex dirigentes estudiantiles, podría tener un espacio parlamentario más holgado al que se sumaría la fuerza de los movimientos sociales en la calle. Ante ello, Arrate dice que el «nuevo gobierno podría tener una favorable oportunidad. Pero no hay razones para aseverar que sabrá asumirla. Una percepción puramente racional, basada en el actual estado de la política y de los partidos, indicaría más bien lo contrario. Resta la expectativa no fundada -una esperanza deseosa, casi una ilusión- que gobierno y partidos asuman un legítimo entendimiento con los movimientos sociales y la ciudadanía organizada, a fin de acumular una fuerza de tal magnitud que abra el camino a transformaciones profundas».
Sin embargo hay algunas ventanas que es necesario considerar. Aun cuando en estas elecciones la Izquierda nuevamente se exhibió fragmentada, ha habido ciertas coincidencias armonizadoras, como el llamado a una Asamblea Constituyente y un rechazo unitario al modelo neoliberal. Este discurso, junto al aprendizaje organizacional de los movimientos sociales durante estos años, debieran generar presiones para que esas demandas, ya asumidas por lo menos en la palabra por el probable nuevo gobierno, se canalice en realizaciones. Este es un camino realista.
Publicado en «Punto Final», edición Nº 793, 8 de noviembre, 2013