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Las condiciones del plan de austeridad fiscal y de la fascistización en Chile

Fuentes: Rebelión

«(La burguesía) En lo sucesivo, está condenada a mantener formas dictatoriales de gobierno y a imposibilitar la instauración de un régimen democrático que permita la libre competencia para retener o alcanzar el poder político…» Joan Garcés, uno de los principales asesores de Salvador Allende en la UP       «…el gobierno alemán, incluida su […]

«(La burguesía) En lo sucesivo, está condenada a mantener formas dictatoriales de gobierno y a imposibilitar la instauración de un régimen democrático que permita la libre competencia para retener o alcanzar el poder político…»

Joan Garcés, uno de los principales asesores de Salvador Allende en la UP

 

 

 

«…el gobierno alemán, incluida su ala socialdemócrata, ha dilapidado en una noche todo el capital político que una mejor Alemania había acumulado en medio siglo. Y con «mejor» quiero decir una Alemania caracterizada por una mayor sensibilidad política…»

 

Jürgen Habermas, luego de la restructuración de la deuda griega

 

 

 

Primero.

El presente texto es complementario a un par de artículos que lo preceden ( http://www.rebelion.org/noticia.php?id=201094&titular=apuntes-de-la-crisis-en-chile- , http://www.rebelion.org/noticia.php?id=198683 ).

 

Segundo.

La crisis multidimensional del capitalismo está asociada, entre otras variables, al desenvolvimiento del imperialismo financiero y especulativo; a la tendencia a la baja de la tasa de ganancia del capital cada vez más concentrado y monopólico; a sus combates interimperialistas e intercapitalistas; a la deuda impagable; al incremento de la represión, del asesinato, de la vigilancia y del encarcelamiento precautorio o por sospecha; al saqueo de la biodiversidad; al derretimiento de los cascos polares; a la deslocalización de sus inversiones hacia paraísos fiscales y paraísos de trabajo barato y materias primas a precio de feria; a la naturalización social de la ausencia de libertad y de igualdad; a la promoción del racismo como ideología necesaria para justificar la súper explotación del trabajo humano; a la pérdida y vaciamiento de sentido de personas y comunidades; a la ampliación desesperada tanto del fetichismo del capital financiero en cualquiera de sus formas, como de las mercancías y servicios de obsolescencia programada que gatillan deuda automática y alienación. A la estandarización planetaria de la banalidad y del consumo propalado por la estrategia de la saturación por los medios de comunicación de masas; al ocaso de las democracias burguesas-liberales, de los Estados de Bienestar, de los «pactos sociales» y de los modos de la socialdemocracia y el progresismo; a la inexistencia todavía de un proyecto revolucionario y popular que ofrezca unidad política y horizonte de sentido a los pueblos, condición sin la cual resulta imposible dar combate eficiente política, épica, ética y estéticamente, modificar el sentido común impuesto por los pocos que mandan y pasar a la ofensiva. Y toda lucha defensiva, en términos estratégicos, no puede superar las condiciones impuestas por la ofensiva de la dictadura del capital.

La numeración anterior funciona como totalidad dinámica y se funda sobre la fuerza y los intereses de la clase social minoritaria que oprime a la mayoría humana. Asimismo, como históricamente ocurre, la industria armamentista produce las doctrinas y tecnologías de punta para matar, avasallar y construir, distraer (Internet), controlar y organizar contradictoriamente el sistema-mundo capitalista.

Nunca antes estuvo más claro que no existe una diferencia o siquiera una contradicción relevante entre los Estados capitalistas y el movimiento real del capital, entre Estado y mercado, entre el Estado capitalista y el gran capital privado. Esto quiere decir, por ejemplo, que sólo en el momento del análisis existe la deuda pública y la deuda privada.

El imperialismo financiero se expande mundialmente, pero tiene sus puestos de mando en el imperialismo norteamericano, el alemán, el francés, el chino, el inglés, el japonés. Los imperialismos se revelan y distinguen por la condición de sobrevida de los dominados/as y su hegemonía bursátil.

El cuerpo mancillado de una mujer empobrecida, africana, asiática, originaria, latinoamericana, del sur de Europa, de los costados miserables de EE.UU., de las maquilas chinas e hindúes, de los pueblos de Palestina, el Sahara Occidental, Kurdistán, etc., son la representación intolerable y clara de la ocupación corporal del crimen imperialista y colonial, de la cuchillada repetida asestada por el patriarca.

La naturaleza también es una mujer violada una y otra vez. Los pobres de la Tierra somos una mujer violada por la razón desarrollista de la ganancia infinita e imposible. Grecia es una mujer violada. África, Medio Oriente, América Latina, Indochina y etcétera, son mujeres despedazadas. Los niños/as, los jóvenes, el pueblo trabajador, los migrantes, los bosques degollados, el agua sacrificada al extractivismo, la biósfera rota, son una mujer descuartizada en la plaza pública del mundo.

 

Tercero.

En plena trayectoria del capitalismo especulativo mundializado, existen Estados capitalistas centrales y sociedades periféricas. O imperialismos que se sirven de sus Estados y de las economías dependientes cuyos Estados permanecen subordinados al imperialismo que les tocó por maldición.

La dependencia de Chile es básicamente bipolar y desigual: primero Estados Unidos y luego China. Para el caso, no importa gran cosa que, de ambas dependencias, una parezca más política que comercial y la otra más comercial que política. Los grandes capitales entre Estados Unidos y China (integración conflictiva) mantienen flujos financieros, comerciales y productivos intervinculados, como si fueran parientes que se enseñan los dientes atómicos por la mañana y comparten la habitación por la noche. No duermen tranquilos. Pero hoy por hoy, nadie duerme tranquilo.

 

Cuarto.

Bachelet, como el conjunto del sistema político dominante, necesita que la corrupción en vitrina sea subsumida rápidamente por la peste del olvido entre la gente. Lamentablemente para el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y tal como lo indicó el secretario ejecutivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría, respecto de la corrupción política, los chilenos tienen «un umbral de tolerancia bastante bajo».

Sin embargo, la presidenta chilena requiere «un segundo tiempo» ordenado, donde las encuestas aprueben su administración, al menos por un 30%. Ese es el trabajo que le encomendó el Pentágono: colaborar con la gobernabilidad para beneficio del gran capital y que el chorreo, que ya no existe salvo en la forma de un endeudamiento cada vez más acotado, cubra de algún modo las demandas sociales más visibles, como la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, la seguridad social, el ambientalismo, la resistencia mapuche. Que cubra de algún modo dichas demandas del movimiento popular descoyuntado significa intentar apagar un incendio amazónico con un extintor doméstico.

Pues bien, la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), institucionalidad que representa los intereses del capital transnacional y combinado en Chile, comporta una de las direcciones sustantivas para entender el comportamiento del Ejecutivo y del Legislativo. La CPC no se trata de una organización realmente distinta que el Estado y que el propio gobierno de turno. El Estado de Chile es de contenido burgués y capitalista. Por eso festeja al ministro de Hacienda Rodrigo Valdés y al del Interior, Jorge Burgos. Porque son sujetos que calzan geométricamente con sus intereses. Entonces la CPC pone las condiciones al Ejecutivo, incluso cuando se trata de su propio Ejecutivo. Para ello cuenta con los plenos poderes de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y las policías, y la cúpula ultra conservadora de la Iglesia Católica chilena. El país, como parte de un sistema integral de dominación, condensa la totalidad opresora del globo a escala local. Bajo similar gramática, la lucha de clases se expresa en todas las instituciones que soportan y reproducen la arquitectura capitalista. Que la lucha de clases se exprese en todas las instituciones sistémicas no quiere decir que de ellas mismas saldrán las pistas de una sociedad superadora del capitalismo. ¿Cómo podrían resolverse conflictivamente los intereses antagónicos entre opresores y oprimidos a favor de la mayoría humana al interior más poderoso de los eslabones del capitalismo? Concentrar las fuerzas sociales (que aún se mantienen en una situación de resistencia) dentro de las instituciones capitalistas es como creer que los pilares del capital contienen una cláusula secreta de auto-desintegración. Al respecto, sólo basta evocar la tragedia del 11 de septiembre de 1973, y detenerse en un texto del principal asesor de Salvador Allende, el español Joan Garcés, escrito en 1976: «(La burguesía) En lo sucesivo, está condenada a mantener formas dictatoriales de gobierno y a imposibilitar la instauración de un régimen democrático que permita la libre competencia para retener o alcanzar el poder político…».

Lo demás es puro posibilismo político; mistificación de una democracia burguesa que ni siquiera existe en la presente fase del capitalismo y menos aún en los países periféricos como Chile; la subestimación de la conducta y de los aprendizajes acumulados por el propio capital; la franca capitulación y renuncia a la creación de fuerzas y del proyecto político para que los todos/as sean el poder repartido y socializado mañana.

 

Quinto.

Ahora mismo, el Estado capitalista y dependiente chileno, en un solo momento con las fracciones dominantes del gran capital, «socializan» las formas de la llamada «seguridad ciudadana». La fascistización de la sociedad chilena y especialmente direccionada hacia sus sectores medios y medio empobrecidos, pareciera no bastar con el poderío de las FFAA y las policías y su despliegue para prevenir eventuales estallidos sociales. Un régimen cuartelario como el de Chile, para asegurar la maximización de la renta capitalista, necesita que la propia sociedad civil se autovigile con el argumento muy bien publicitado por los medios masivos de comunicación y los relatos por arriba, de «protegerse de la delincuencia». El terror y el miedo devenido de «la percepción» construida mediáticamente, ha facultado al gobierno y a los municipios para la implementación y «democratización» de múltiples dispositivos de seguridad que antes sólo empleaban los bancos y el retailer.

Si durante la Unidad Popular, las Juntas de Abastecimiento Popular (JAP) y de distribución directa para hacer frente al mercado negro y al acaparamiento de mercancías como parte de la política imperialista para acelerar la caída de Salvador Allende; y en el ciclo de protestas contra la tiranía en los 80′ del siglo XX se autogestionaron modos de organización popular, como el «Comprando Juntos», para sortear colectivamente y desde abajo el hambre; hoy la colaboración mutua se intenta desplazar exclusivamente al campo de la seguridad. Leal reflejo del propio desplazamiento presupuestario del Estado desde sus reparticiones destacadas a los derechos sociales hacia el campo de la seguridad interior en los ámbitos del fortalecimiento de las policías, la justicia, el subsidio y privatización carcelaria, Defensa, Interior, etc. El objetivo subyacente no es un misterio: el mandato es que el orden debe homologar la delincuencia con la insubordinación y desobediencia civil. La delincuencia, fenómeno propio de las relaciones sociales capitalistas, tiene necesariamente que igualarse al castigo contra la acción política organizada que enfrenta al capital. En consecuencia, la fascistización de la sociedad chilena, o el proyecto de éxito relativo de la ultraderecha sintetizado en la «UDI popular» ( https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Dem%C3%B3crata_Independiente ), es apalancado por el gobierno de la Nueva Mayoría, con la correlativa creación de demanda para el negocio de la seguridad y los guardias privados, donde sus dueños y miembros son normalmente uniformados en retiro.

El gasto fiscal en Defensa (FFAA), como en la seguridad interior del Estado, contienen el mismo sentido. Como Chile es plataforma financiera y comercial para un segmento de América Latina, el fin es proteger las inversiones del capital en los países vecinos hacia afuera, y a la vecindad barrial hacia adentro. De ahí, por ejemplo, el fetiche del mall como espacio privilegiado del intercambio y consumo real o virtual de los bienes y servicios.

 

Sexto.

En la actualidad, la población de Chile sufre un ajuste estructural antipopular. O como se nombra ahora, «plan de austeridad fiscal». Si ya las reformas comprometidas por la campaña de la Nueva Mayoría no tocaban ninguna cuerda significativa del vanguardismo capitalista chileno, hoy Bachelet y su gabinete han señalado una y otra vez, que las reformas (descafeinadas por minuto) simplemente no se realizarán. No habrá educación gratuita ni de excelencia, no habrá modificaciones a favor del trabajo, no habrá proceso constituyente, no habrá impuestos relevantes para el empresariado. Los ahorros fiscales (calculados en alrededor de USD50 mil millones y colocados en el sistema financiero mundial) sólo se emplearán como reserva estratégica para el gran capital.

Está en curso y se intensificará la agenda y el programa de la comandancia en jefe del capital. Y como es tradición mundial y nacional, el ajuste estructural cae sobre el pueblo trabajador y la sociedad en su conjunto. La crisis de los amos se realiza en la socialización de sus efectos entre los esclavos.

El derrumbe de los precios de las materias primas y commodities, superiores garantías para la inversión, trabajo más precario todavía, aumento de la cesantía (va en 6.6% según las cuestionadas mediciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), y se incrementará de acuerdo a la propia entidad), del empleo-basura y de la flexibilidad laboral; detener la inflación que se acerca a un 4% anual, el impacto que tendrá en las exportaciones la depreciación de la moneda chilena con la inminente alza de las tasas de interés del Banco Central norteamericano (FED), etc., son parte, tanto de la realidad, como del relato en ejecución de los mandarines.

Sobre la cesantía, el retailer, uno de los sectores más dinámicos de la economía, ha arrojado a la calle a alrededor de 7 mil asalariados/as en un año, según la Asociación de Trabajadores del Comercio. Cifras mayores anota la minería grande, mediana y pequeña, el extractivismo en general, la metal-mecánica y la siderúrgica locales. El aumento del trabajo a cuenta propia se expresa mediante la amplificación de la venta de cualquier cosa en la vía pública y las ferias populares. Los servicios financieros, telefónicos y el subcontratismo encogen tanto sus planillas laborales, como los sueldos, mientras la polifuncionalidad y el pago a través de boletas de honorarios hacen nata.

La mayoría de los hogares ha comenzado a dejar de endeudarse con los bancos comerciales (0.2 puntos porcentuales el trimestre abril-junio respecto del trimestre anterior). La gente privilegia la compra de bienes de primera necesidad que de artículos suntuarios. Los que antes podían salir a comer fuera de casa, ahora empiezan a hacerlo dentro. La comida chatarra y los fideos con salsa amplían su consumo. Y en el centro de Santiago, no hay bote de basura que no sea meticulosamente registrado por los que no tienen nada.

El poder le llama desaceleración económica a la baja de todos los índices de mejoramiento macroeconómico. De todos modos, cuando se suceden ciclos donde ascienden esos índices, ello sólo redunda en un mayor endeudamiento de los trabajadores/as.

El plan de austeridad fiscal para el pueblo griego tuvo su origen en la deuda creada por Alemania y Francia. El Estado chileno cancela religiosamente la deuda externa. Las formas que adopta el plan de austeridad en Chile tienen que ver con el empobrecimiento sistemático de los derechos sociales, las inequidades en todos los campos, la no ejecución siquiera de las reformas-bonsái prometidas por la administración Bachelet; la reestructuración presupuestaria y el encarecimiento del costo de la vida.

En la madrugada del pasado 24 de julio, uno de los obreros de la Confederación de Trabajadores del Cobre (subcontratismo del sector), Nelson Quichillao López, en medio de la huelga que llevan adelante, fue asesinado a balazos por las Fuerzas Especiales de Carabineros.

También la represión criminal del Estado se hace parte de las formas que adquiere el plan de austeridad fiscal en Chile.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.