En el modelo político establecido por el capitalismo, que vino a sustituir al absolutismo, las constituciones pasaron a ser el documento jurídico que ponía límites al poder personalista de la antigua minoría dominante.
Sirvieron para dignificar a los individuos comunes y permitieron que se hablara de Estado de Derecho. En síntesis, facilitaron que el poder político, exponente formal del poder económico ante las masas, se sometiera a control racional y las gentes ganaran en presencia política. De manera que se reconociera a las personas como ciudadanos, asistidos de derechos y obligaciones, y dejaran de ser consideradas como súbditos del gobernante.
Tal declaración de intenciones, formalmente suscrita al más alto nivel normativo, venía funcionando en virtud de la llamada separación de poderes o, al menos, de las dos funciones fundamentales teóricamente independientes que marcan la marcha del Estado. No obstante, ya se veía que la parafernalia constitucional en torno a los derechos individuales, de un lado, era un listado de concesiones intelectuales iluminadas por la Ilustración y, de otro, que su vigencia quedaba a disposición de la minoría dominante. Los llamados ciudadanos eran en realidad masas dirigidas por la elite, dispuesta a guardar las distancias, blindada por la autoridad que le otorgaba la democracia representativa, y la masa, es decir, la estadística de los ciudadanos de nombre, seguían siendo masas incapaces de conquistar sus derechos. La distancia se mantenía blindando a la minoría dirigente en sus actuaciones incluso en ocasiones especiales, legalizando su voluntad personal en situaciones de excepción, alarma y sitio, convirtiendo en tales supuestos todo aquello de los derechos y libertades en papel mojado.
No obstante, la apariencia se iba manteniendo, aprovechando situaciones de normalidad social, pero cuando emergía la excepcionalidad a los ejercientes del poder se les veía el plumero. Hoy, ante un suceso que está poniendo a prueba el carácter tolerante de las personas civilizadas, todo eso de los derechos y libertades palidece y las constituciones en sentido puro se tambalean, porque está resultando que el poder político, lejos de ser asunto de la ciudadanía en virtud de la democracia representativa, es materia exclusiva de la minoría dominante. Por otra parte, no hay llamadas a la responsabilidad funcional ni mucho menos se ponen límites a la ineptitud que están demostrando las elites políticas, económicas y científicas, simplemente se limitan a descargar la culpabilidad del actual estado de desastre en la temeridad de la ciudadanía. Lo único claro es la voluntad de la elite política, asesorada por las otras dos, de reafirmar su papel como conductora de la manada y dejar constancia de la vigencia del elitismo, que luce en todo su esplendor. Realmente la emancipación de las masas ha avanzado poca cosa, a pesar de su creciente influencia en ese mercado hábilmente controlado por las empresas, su papel político es ocasional e irrelevante, porque el negocio político se cuece a sus espaldas.
Las constituciones son desbastadas progresivamente por el propio poder en defensa de sus particulares intereses de clase y de partido. De esta manera, los derechos y libertades de la ciudadanía se encojen. Sin el menor pudor, la dignidad de las personas, el libre desarrollo de la personalidad y los derechos inviolables, tan sonados, así como como la libertad de movimientos, la seguridad, el respeto al recinto domiciliario, la libre elección de residencia, el derecho a opinar abiertamente, la intimidad o la salud, solo por citar algunos, se obvian en lo posible, en virtud de la autoridad que otorga al que manda el estado de pandemia. Aunque hay que dejar claro que si ahora la disculpa para mandar sin limitaciones, o haciendo uso de una legalidad de conveniencia, es el problema sanitario, pudiera servir a los mismos fines cualquier otro que diera la misma oportunidad para mandar e imponerse sobre el gobernar.
Parece como si no se quisiera entender que, a pesar de las justificaciones para salir del paso, cuando los mandatos constitucionales se tergiversan acudiendo a artilugios pseudo-jurídicos, de inmediato se pierde la confianza en el Derecho, el sistema hace agua y el proyecto aperturista fracasa. Las gentes empiezan a percibir que todo ese mundo de derechos otorgados a las masas, en realidad solo sirven para reforzar el poder de la minoría política dominante y del entramado económico, porque cuando se trata de hacerlo realidad se sitúa por detrás de los intereses dominantes. Objetivamente considerada la situación actual, ya no sirven los argumentos de excepcionalidad, que se prolongan en el tiempo sin alcanzar soluciones efectivas, tal y como la realidad viene demostrando. Tampoco es válido tratar de silenciar otras visiones e incluso ocultar el sentido común, en base a establecer la sumisión general a la autoridad de la minoría políticamente dominante. Y mucho menos que el imperio mediático oficial alardee de estar en posesión de la verdad, porque está deslegitimado al ponerse al servicio de intereses particulares, pocas veces al del interés público y, si lo hace, este ultimo es víctima de la manipulación de los primeros.
El problema de que se tambaleen las constituciones, porque se ignoran derechos individuales reconocidos, es que la ciudadanía despierte del letargo y compruebe que la doctrina oficial servida por el entramado mediático, el mundo virtual de las imágenes y la sociedad del espectáculo están dirigidos por el capitalismo para garantizar la fidelidad al mercado. Se acentuará cuando se descubra que eso de los derechos y libertades están reservados para ser dirigidos por la elite dominante, que son de puro papel y que la situación solo ha cambiado aparentemente. Pero, sobre todo, si el imperio de la ley, en el que se habla de igualdad, pasa a ser un producto que se confecciona e interpreta conforme a los intereses de quien gobierna y que la clase política, a la que se ató corto en virtud del Estado de Derecho, lo construye a la medida de sus intereses, contando con la tolerancia del capitalismo. Lo último es que se ponga sobre el tapete que las masas, llamadas ciudadanos, para seguir el juego político progresista, son en realidad siervos de la minoría dominante y peones del mercado.