Presidentes latinoamericanos toman medidas a favor del acceso de la población a medicamentos esenciales para la vida mientras funcionarios de propiedad industrial no acompañan las políticas emanadas del poder ejecutivo y se alinean con organismos internacionales de propiedad intelectual a favor de laboratorios y gobiernos extranjeros.
Los anuncios y decisiones adoptadas en las últimas semanas por varios presidentes latinoamericanos están siendo desconocidos, boicoteados o aceptados con reparos por algunos responsables de organismos de propiedad industrial de la región. Los mandatarios de Argentina y Ecuador han realizado declaraciones y tomado medidas en el sentido de favorecer el acceso de medicamentos esenciales a la población, aunque los directores de las oficinas de propiedad industrial no han tomado debida cuenta de las instrucciones políticas del Poder Ejecutivo en estos países. «>«La salud es un tema prioritario, no se puede justificar que más personas fallezcan por la falta de recursos económicos para la adquisición de medicinas. Primero el derecho humano antes que el bolsillo de las transnacionales, que todo lo privatizan», dijo el presidente Rafael Correa.
Correa ha reconocido que está decisión puede traer enemistad con las industria farmacéutica transnacional, pero «aquí estamos para cambiar el país y no para congraciarnos con todo el mundo», fueron las palabras del primer mandatario.
Ana Patricia Vintimilla, directora jurídica del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), afirmó a través de una entrevista vía correo electrónico, que la licencia obligatoria se contempla en el acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio y que los países miembros de dicha organización «la pueden adoptar de manera soberana».
«Aspiramos que en ciertos casos el fármaco tenga una reducción de precio del 50% del valor actual. Con ello, la red pública de hospitales podría con la misma cantidad de dinero que invierte en la actualidad, cubrir a un mayor número de personas con medicamentos», dijo la funcionaria.
Sin embargo, el nuevo titular de este organismo Andrés Ycaza Mantilla, ha relativizado el impacto de las medidas instruidas por el mandatario ecuatoriano al anunciar que las patentes no caducan y solo se aplica la medida a solo 200 patentes. Al mismo tiempo que la decisión presidencial era anunciada, varias ONGs denunciaron recientemente en Suiza la falta de colaboración de Ycaza, en la Asamblea general de OMPI, en sostener posturas favorables al acceso de medicamentos y de mantener una relación muy cercana con funcionarios del organismo mundial de patentes.
Por su parte, Cristina Fernández solicitó durante la última Cumbre del MERCOSUR en Asunción del Paraguay, que en el marco de la lucha contra la «gripe A/H1N1», se levante o suspenda el derecho de patentes para la vacuna contra la enfermedad.[1]
El ministro de salud argentino, Juan Manzur, fue el encargado de solicitar la suspensión temporal de la vigencia de las patentes para así permitir que, además de las industrias farmacéuticas que las posean, se amplíe a otros productores la posibilidad de fabricar vacunas contra la Infuenza A (H1N1) para así poder dar respuesta a la importante demanda de ese producto a nivel global. Esta suspensión no pudo llevarse a la práctica.
Pero no es la primera declaración pública de la presidenta Cristina Fernández, ya en 2008 la presidenta argentina había afirmado en una reunión de prensa: … «Y yo siempre digo y lo decía el otro día en la cena de las Fuerzas Armadas que siempre declaran patrimonio de la humanidad los recursos naturales, nunca declaran patrimonio de la humanidad, por ejemplo, las patentes medicinales, que también son tan importantes como el agua y otras cosas. En definitiva, creo que tiene que haber una acción conjunta de todos los países de América del Sur y sobre eso estamos charlando los distintos mandatarios y mandatarias de la región«.
A pesar de estas declaraciones, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial argentino no hizo declaraciones al respecto, demostrando no estar a la altura de las circunstancias que la emergencia requiere.
En Argentina, el principal lobista en propiedad intelectual fue el Embajador de Estados Unidos (hoy con funciones en Afganistán), Earl Anthony Wayne, quien en una disertación organizada por la Cámara de Comercio USA (AmCham) y como muestra del control que poseía sobre algunos funcionarios del gobierno expresó: «Quiero elogiar a los funcionarios públicos argentinos trabajando para la Aduana y el INPI – sus líderes, la Dra. Tirabassi en la Aduana, y el Contador Aramburu en el INPI, están con nosotros el día de hoy – quienes se han comprometido a confirmar los derechos de propiedad intelectual en la Argentina«, afirmó .[2]
El embajador en Buenos Aires visitó por primera vez la oficina de patentes y marcas argentina en el marco de un concurso organizado por empresas extranjeras (laboratorios, tecnológicas, alimentos, entretenimientos, automóviles) siendo recibido con beneplácito por las autoridades de esa institución.[3]
La propiedad intelectual es a la vista de numerosos especialistas internacionales, universidades, ONGs relacionadas con la salud y organizaciones sociales de Latinoamérica y el mundo, un obstáculo para las decisiones que los presidentes desean implementar en materia de universalizar el acceso a medicamentos esenciales como las vacunas para el A/H1N1 o anti HIV/SIDA. La estrategia de impedir la implementación de políticas favorables a la salud de la población en los países del SUR, está dirigida desde los países centrales e implementada por organismos internacionales en materia de propiedad industrial (patentes y marcas) y transferencia de tecnologías.
Como parte de una política de saboteo de las decisiones presidenciales en varios países latinoamericanos, dirigentes y representantes de 17 oficinas de países latinoamericanos en el área de propiedad industrial, se habían reunido durante marzo de este año en Río de Janeiro en un encuentro realizado por el INPI de Brasil, en conjunto con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Oficina Europea de Patentes, la Secretaría General Iberoamericana (SIGEB) y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).
Estas instituciones son las encargadas de impulsar la integración de las oficinas de propiedad industrial aglutinando funcionarios aliados con las políticas de laboratorios extranjeros, y que inexplicablemente son «dejadas pasar» por los mismos gobiernos que impulsan luego instrucciones, encontrándose con situaciones oposicionistas «de hecho», motorizadas por sus propios subalternos encargados de la aplicación de las leyes de patentes.
Así, la reunión de Río fue preparatoria del encuentro para la XIX reunión Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se realizará en noviembre, en Estoril, Portugal. El tema de este encuentro será «Innovación y Conocimiento». Las oficinas de propiedad industrial presentes son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Peru y Uruguay.
En estas reuniones se ponen las bases de tratados o acuerdos internacionales en materia de propiedad industrial con serias implicancias para la salud o el comercio y flagrantemente contrarias a las decisiones emanadas de los presidentes, que se encuentran luego atrapados en las redes de los organismos internacionales.
Otro encuentro de las principales oficinas de patentes y marcas se llevó a cabo en Suiza, el 18 de septiembre pasado, durante un simposio destinado a las administraciones de patentes, contando con la presencia de organismos regionales y nacionales de propiedad industrial e intelectual.Allí se trataron temas importantes para las principales potencias mundiales referentes a la explotación común de los informes de búsqueda y examen, y un proyecto de América Latina, para intercambiar datos sobre la búsqueda y el examen de patentes y marcas en el que participarán nueve países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Suriname y Uruguay), en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo.
Estas acciones son parte de la estrategia de incorporar a los países de Latinoamérica al proyecto de la «Patente Mundial» impulsada por Estados Unidos, Europa y Japón. Previamente estos países tratan de incorporar al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) a aquellos países que aún no han adherido como Argentina, Uruguay o Bolivia. El PCT es la estructura jurídico-administrativa sobre la que se construye la mundialización total de la privatización del conocimiento conocido como propiedad intelectual y uno de los tratados que impiden el desarrollo de las industrias farmacéuticas nacionales y uno de los tratados que impiden el desarrollo de las industrias farmacéuticas nacionales.
(*)Rectificación de Andrés Ycaza
En un artículo escrito por Carlos J Ron, titulado «Por influencia de organismos internacionales y laboratorios extranjeros Las instrucciones presidenciales sobre patentes farmacéuticas son boicoteadas por dentro de los gobiernos», publicado en la pagina web Rebelion, hacen constar mi nombre como que he relativizado el impacto de las medidas instruidas por el mandatario ecuatoriano al anunciar que las patentes no caducan y solo se aplica la medida a solo 200 patentes, Refiriendose a la Decísión del Gobierno de emitir Liciencias Obligatorias sobre los farmacos.
Cabe indicar que mi postura actual como la de toda mi vida profesiónal ha sido en pro al Desarrollo, y de Utilizar a la propiedad Intelectual para lograr estos fines; jamás, y muy por el contrario he favorecido a las posturas de empresas transnacionales de establecer estandares Adpics plus dentro de las normativas nacionales, muy por el contrario, he batallado durante los TLC que el Ecuador ha tratado de firmar, a fin de que estos Estandares Adpic plus no sean incluidos en los tratados, lo cual ha dado resultados.
Es por este motivo, que escribo esta carta para indicar que la información que se encuentra en este editorial se encuentra infundamentada, y se basa en información que los medios de comunicación de nuestro país ha difundido con el hecho de la emisión del Decreto Ejecutivo 118.
cabe indicar que la semana pasada ya hemos emitido la primera licencia obligatoria para el tratamiento del VIH, la Liciencia Obligatoria fue emitida para la fabricación del Ritonavir. Con esta liciencia el MSP realizó un subasta inversa en la que participó el laboratorio licenciante, y el MSP realizó un descuento de USD$150.000,00 en la adjudicaicón del medicamento antiretroviral genérico.
Actualmente estamos trabajando otra Liciencia Obligatoria.
En caso de neceistar contactarse conmigo estoy dispuesto a atenderlos en cualquier momento.
Saludos
Andrés Ycaza
Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.