La experta en justicia penal habla sobre las leyes de “mano dura” aplicadas a niños y adolescentes. Y responde a preguntas acuciantes tales como qué medidas concretas debería tomar un Estado cuando se ven, por ejemplo, imágenes de niños de 8 y 10 años portando armas, y otras de niños jugando a ser sicarios en barrios muy empobrecidos, sobre todo en las zonas más conflictivas de Ecuador.
Mary Beloff es parte del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, para el periodo 2023-2027, y es experta internacional en justicia penal juvenil. Durante su visita a Ecuador, nos dio una entrevista, para hablar sobre la justicia penal aplicada a niños y adolescentes.
En este contexto de tanta inseguridad y violencia en el que vivimos circulan videos y fotografías de niños sicarios. Hace poco, se difundió una imagen de un niño disparando en una calle. Esto conmueve mucho a la gente y tiende a producir este efecto de proponer la famosa “mano dura”. ¿Esta podría ser una solución efectiva aumentar las penas para menores de edad?
La respuesta es categóricamente no, y te voy a decir por qué, con una aclaración previa. Los adolescentes en este país, desde los 12 años, son imputables desde el punto de vista penal. Tienen una imputabilidad propia de la edad que tienen.
Es decir, no se los trata como a adultos.
Exactamente.
Pero eso no significa que sean inimputables, sólo que responden en un sistema diferente. Primera aclaración porque a veces me da la impresión de que esto puede ser confuso.
Ahora, ¿por qué te dije que categóricamente no? Porque lo que sucede ahora en Ecuador ha pasado y pasa en otros países de la región Y, sistemáticamente, frente a esta situación que es trágica, la respuesta, en vez de apuntar a las verdaderas causas, es más bien tipo placebo.
El famoso populismo penal.
Ahora se lo llama así, ponle el nombre que le quieras poner pero lo único que logró fue aumentar el número de niños involucrados en el crimen organizado, generar carreras criminales, posdoctorados en violencia de la más extrema.
Hay países donde aumentó el número de adolescentes con delitos graves a partir de las leyes de mano dura. Esto está comprobado.
¿Por qué pasa eso? ¿Cuál es la explicación?
La explicación es que cuando vos aumentas las penas y reduces la edad, lo que haces es tratar a los chicos como adultos. Lo cual, además de ser completamente injusto y contra el derecho internacional, hace que los chicos, desde chiquitos, aprendan de los más grandes, ya “expertos en crimen”, las habilidades delictivas.
El hacinamiento carcelario, la violencia propia de estas dinámicas es como una fábrica de delincuencia juvenil. Entonces hay países, no voy a ser nombres por razones de obvia discreción, en donde salía, por ejemplo, una ley que se le ponía el nombre de ley de mano dura.
Esto generaba mayor saturación y mayor violencia, entonces se sacaba otra ley llamada ley de súper mano dura. Pero mientras más mano dura ponían, más violencia se generaba, entonces a mí me parece que no es inteligente para nuestra sociedad seguir insistiendo con fórmulas que no resuelven los problemas.
Desde el punto de vista de la política de seguridad, de la política criminal, el resultado que se obtiene es exactamente el contrario. Se aumenta exponencialmente la violencia.
¿Y con sistemas de rehabilitación social tan débiles, que realmente no son de rehabilitación, se agudiza este problema?
Ciento por ciento. Es que para comenzar, para que un sistema de Reintegración Social funcione, se parte de la base de que los chicos son diferentes a los adultos, que los chicos sí pueden reintegrarse socialmente —esto está comprobado— porque están creciendo, y lo que los llevó al delito fue una circunstancia trágica.
El Estado se entera de la privación de un chico recién cuando comete el delito. Entonces esa tragedia que es el delito del joven —que, además, muchas veces tiene por víctimas a chicos, pero a eso no le ponemos tanta atención— tiene que ser abordado por una institucionalidad específica con una mirada específica que sí funciona.
Si vos querés tener una política penal especial para adolescentes que parta de la prevención y la reintegración social hay que poner mucho énfasis en lo específico, y esto no es lo que sucede lamentablemente en muchos países.
¿Cómo se pueden explicar los contextos de los que surgen los niños que son cooptados por el crimen organizado? ¿Cómo se puede ir al fondo del problema para entender por qué surgen, como nacen y qué responsabilidad tiene el Estado para que esto ocurra?
El problema es que el crimen organizado ingresa a los territorios donde el Estado se retira. No es la pobreza, en absoluto, la que explica que sucedan estas cosas. Es una cuestión multifactorial, pero lo explica, en parte, el abandono por completo del Estado de sus responsabilidades respecto de quienes son más vulnerables, no solo por ser menores de edad sino porque no tienen familias o tienen familias muy problemáticas, involucradas en delitos, porque no van a la escuela, porque no tienen espacios de esparcimiento deportivos, por ejemplo, para canalizar la violencia a través de deportes.
Decíme, si todos los chicos de este país o de cualquiera de nuestros países tuviera estas dobles jornadas escolares y con una buena mirada desde la escuela en este sentido, ¿cuánto tiempo le quedaría a un chico para eso [ser parte de una organización delictiva]?
Entonces, a mí lo que me da esperanza, como le comentaba una colega tuya, es que esto es fácil de resolver. Solo hay que tomar la decisión, pero a veces da la impresión de que, en nuestros países, los discursos vienen a suplir la falta de decisión
Sobre este abandono del Estado, hace poco un comandante de Policía de Esmeraldas, una de las zonas más conflictivas de Ecuador, decía que no hay canchas deportivas, no hay escuelas adecuadas —o si las hay, están amenazados también por el crimen organizado. Hay un abandono total, ¿eso no evidencia que son justamente los más pobres, los que no pueden pagar un club para que los niños hagan deportes o actividades en las tardes, los más vulnerables y entonces la pobreza sí se convierte en un factor de vulnerabilidad para que estos niños puedan ser captados por el crimen?
La pobreza es un factor de vulnerabilidad. No hay una relación directa entre pobreza y delito porque por los índices de pobreza y desigualdad en América Latina deberíamos tener una una cantidad de delitos descomunal. Entonces lo que quiero decir es que claro que la pobreza es un factor pero no es es un factor dirimente.
Ahí es donde el Estado tiene que intervenir, donde ve que en un contexto de privación de cuestiones básicas, se puede generar el caldo de cultivo para que un chico o una chica, sobre todo ya en edad de adolescente, cuando quieren tener ciertos gastos, ciertas cosas propias, entonces ahí tiene que estar la mirada del Estado, no esperar a que cometa el delito, para ir y responderle con cárcel.
¿Hay un argumento que plantea que si los adolescentes pueden votar a los 16 años y pueden tomar decisiones sobre su vida sexual y reproductiva, como lo garantiza el marco legal, por qué entonces no pueden hacerse responsables de sus actos, cuando involucran crímenes? Sobre todo cuando hay violencia y muerte de por medio, que afectan a otras familias.
Tienes mucha razón.
Esto es un tema jurídico que me llevaría mucho tiempo explicar, pero que no resolvió lo que a mí me gusta llamar protecciones cruzadas.
El Estado tiene relación con todas las personas pero, en particular, con los chicos. Tiene obligaciones positivas de cuidado, de garantizar derechos y, después, en relación con el delito, como con los adultos, [tiene la obligación de] abstenerse de hacer cosas que puedan perjudicar a la persona.
Es razonable la perplejidad de la sociedad cuando dice lo que tú me acabas de plantear ahora. El punto es que en este país y en toda América Latina, una persona menor de edad sí responde por los delitos que comete, la ley sí responsabiliza a los menores.
En la vida de una persona que tiene 15 años, que sea sentenciado a 8 años —que es el máximo que podría corresponder para un delito de homicidio—, significa que tiene una sentencia equivalente a la mitad de su vida.
En el en el adulto, ahora no tengo presente el máximo para el tope de prisión pero si son 35, fíjense que a lo mejor una persona de 30 años, una sentencia de 35 a todo el mundo le va a aparecer justo. Sin embargo, en la vida de esa persona ese tiempo no tiene el impacto que tiene en la vida de un chico.
No sé si se entiende el argumento. Entonces, me parece que ahí hay algo de que no logramos comunicar bien y esto también es responsabilidad, no solo de la prensa, sino de la Judicatura, el Ministerio Público tiene que poder construir esto y plantear que no haya impunidad.
La responsabilidad e imputabilidad, de acuerdo a la edad que tiene el adolescente, es lo que hace una sociedad justa, con pensamiento humanista, básico de cualquier religión. Se va a considerar justo y además es lo que manda el derecho internacional.
El problema de fondo es construir una política de seguridad democrática y robusta y esa se construye con la garantía de los derechos fundamentales de todos, especialmente de los más vulnerables, porque es lo correcto, pero además por razones político criminales.
Hay también violencia en los Centros de Adolescentes Infractores. Hace poco hubo un asesinato de un adolescente en uno de estos espacios. ¿Cómo se puede entender esta violencia al interior de los centros, a edades tan tempranas y que se expresa de forma tan cruda?
El ejemplo que me acabas de dar es exactamente el que se tiene que utilizar para argumentar que estas propuestas de endurecimiento legislativo, no van a resolver los problemas de inseguridad.
Las dinámicas al interior de los centros de privación de libertad de estas instituciones requieren un disciplinamiento que lamentablemente no hay, sobre todo si los centros están sobrepoblados, o cuando se exige a los más chiquitos, ritos de pasaje para demostrar la “valía” o la “bravura” para poder sobrevivir en un contexto tan tremendo.
Entonces, justamente cuanto más jóvenes y sobre todo por delitos no tan graves, cuando son ingresados en este tipo de instituciones, con certeza esa joven o ese joven va a salir de esa institución convertido en un experto criminal en delitos atroces. Esto está comprobado en todo el mundo.
Son adolescentes que necesitan canalizar su energía vital, desarrollarse y que no lo pueden hacer sin buenos programas de reintegración. Además, a veces que hay malas decisiones de otro orden como por ejemplo, si no recuerdo mal, sucedió el año pasado aquí que por los delitos que cometían los jóvenes en centros de menores, pero ya teniendo la mayoría de edad, se lo transfería por un tiempito a otro centro de mayores, lo cual iba a arruinar cualquier prospectiva de rehabilitación y después se devolvía al centro de menores.
Entonces también hay decisiones formales, legales de un entendimiento de la ley en mi opinión parcial que contribuye a aumentar la violencia y la gravedad de esta situación.
Y qué medidas concretas debería tomar un Estado cuando se ven, por ejemplo, imágenes de niños de 8 y 10 años portando armas, y otras de niños jugando a ser sicarios en barrios muy empobrecidos, sobre todo en las zonas más conflictivas del país. ¿qué debería hacer ahí? Estos niños ya viven muy cerca de un contexto propicio para que puedan ser captados y terminen cometiendo delitos contra la vida. ¿Qué podría hacer el Estado cuando tiene estas alertas?
A mí me parece que esas alertas son la herramienta que el Estado tiene para actuar ya.
Actuar ya significa que el acceso a armas en niños tiene que estar absoluta, total y completamente prohibido e híper regulado. También aquí sí, la “mano dura” para quien provea un niño de un arma.
Me comentaban ayer de niños que plantean, en las escuelas, que su vocación en la vida —como si fuera una vocación— es ser criminal.
¿Cómo la escuela aborda eso? ¿Sólo contándolo a la prensa, grabando al niño, subiendo en una red social? ¿Qué hicieron los servicios educativos en estos casos?
Esas son las alertas tempranas sobre las cuales el Estado tiene que urgentemente intervenir para evitar la consolidación de una “carrera criminal”. Ahí está el llamado de atención, entonces ¿por qué el Estado espera para que, efectivamente, se cometa el delito? Si tiene recursos, expertos.
No son tantos los casos todavía [de adolescentes vinculados a crímenes violentos]. Sí es una preocupación que tengo en toda América Latina. Centroamérica se complejizó justamente por eso, porque no se intervino a tiempo. Pero Sudamérica está viendo estos casos que estadísticamente no son tantos. Entonces sí estamos a tiempo.
Esto es lo que querría comunicar con más claridad, desde el punto de vista de la política criminal y de la seguridad en general, estamos a tiempo de abordar las infracciones graves de los más jóvenes con inteligencia, con eficacia y con justicia.
Ahora, si se sigue recurriendo a soluciones que está comprobado que fallaron en todos nuestros países, después que nadie se sorprenda de que la cosa no anduvo bien.
Las escuelas juegan un rol importante pero estas escuelas ya están siendo también chantajeadas. Las organizaciones narco delictivas les piden vacunas a cambio de no atacarlas. También hay ciertas escuelas en las que ya hay presencia permanente de captadores de menores para sus organizaciones criminales.Es decir, las escuelas se convierten en un foco de peligro sin que haya una respuesta del Estado para que sean lugares seguros. ¿Concretamente, qué debe hacer el Estado si es que el personal de las escuelas está en abandono y muchos incluso terminan pagando las vacunas porque el Estado no les garantiza ni siquiera la seguridad para operar?
Bueno, creo que en tu pregunta está la solución.
Si un Estado se toma en serio la seguridad, lo primero que tiene que hacer es fortalecer su sistema educativo, para fortalecerlo en serio. Fortalecerlo en serio con recursos, con apoyo, con infraestructura. Decir que se toma en serio la seguridad no haciendo nada con las escuelas, no va a resolver ningún problema.
La base de la prevención es el apoyo a la familia y políticas educativas. Si eso no se trabaja desde el día uno, olvídate, nada va a funcionar.
¿Que implica en este caso fortalecer el sistema educativo?
Primero, yo no conozco cómo es exactamente en este país, pero implica que los maestros, profesores, directores tengan condiciones laborales acordes a la responsabilidad que tienen.
En general, ¿cómo se debe fortalecer un sistema educativo dentro de una política de prevención? Ahora que tuvimos elecciones seccionales, muchos candidatos proponían más policías afuera de las escuelas para que los niños no sean captados por las organizaciones. Incluso, si eso pasara, no hay suficientes policías.
La escuela tiene que ser un lugar en el que estudiantes y maestros se sientan bien. Los chicos tienen que querer ir a la escuela y eso requiere que los profesores estén bien, bien pagados, bien capacitados y entusiasmen a sus alumnos para que ellos puedan pensar planes de vida geniales, eso que ven en las redes sociales, eso que los estimula.
La escuela tiene que ser el lugar, sobre todo en chicos que tienen situaciones familiares muy complicadas incluso involucradas en el delito, donde ellos ven que tienen otra posibilidad. Debe tener condiciones adecuadas de infraestructura, condiciones para practicar deporte, no son sólo maestros que enseñan la matemática o la geografía o la historia. Mucho apoyo para que los chicos, sobre todo los que están en mayor situación de vulnerabilidad, sientan que el lugar en donde van a poder tener la oportunidad es la escuela.
Si eso ocurre, ningún integrante de una banda va a ser exitoso.
Para mí el fortalecimiento del ámbito comunitario y escolar es clave. Y, por supuesto, si hay amenazas tiene que intervenir la seguridad pública, pero claro, eso es básico. Pero no se va a resolver solo llenando de policía a la escuela, imagínense, ¿cuál es el contexto educativo que se va a dar llenando de policías una escuela?
O sea, como pasa en los Estados Unidos con la gran tragedia del acceso de armas, la solución que se les ocurre es entrenar a los maestros y llenar de controles de armas. Pero es una cosa absurda, o sea eso no resuelve ningún problema. Lo que hay que hacer es impedir que los niños puedan acceder a armas. Esto es lo mismo, en otro contexto.
Sí, yo creo que la la clave de una buena política de prevención es el fortalecimiento escolar y familiar
¿Cómo se puede construir la prevención en zonas de frontera? Allí también hay mucho abandono del Estado. No es algo reciente, pero sí se ha agudizado en los últimos años. Por nuestra frontera con Colombia, por ejemplo, se conoce que estos niños son prácticamente secuestrados y llevados a formar parte de organizaciones criminales o irregulares.
Lo primero que yo diría es que no se puede definir toda la política de seguridad o la política penal de adolescentes por un hecho muy específico, que es el hecho de los conflictos y de inseguridad que se generan en relación con la población migrante en contexto fronterizo.
Ese es un problema súper específico que requiere un abordaje súper específico. Entonces primero distinguir y evitar el efecto contagio.
Segundo, este es un problema que me excede, en términos de experticia. Pero los fenómenos de desplazamientos urbanos como consecuencia de conflictos armados en particular, es un fenómeno que tiene una una singularidad y una gravedad tremenda que no ha sido abordada hasta la fecha de una manera satisfactoria y que, en la medida en que los países de la región no tomen decisiones de otro orden, es muy poco lo que se puede hacer más que paliar con políticas, con recursos de apoyo a las familias y con recursos para las fuerzas de seguridad
Por supuesto hay que tomar todas las medidas dentro del respeto absoluto de los derechos humanos de las personas involucradas, pero sí me parece que la política de excepción no puede inspirar la política general. Esto es lo que me parece clave.
Ecuador no ha sido un país acostumbrado a ver estas imágenes relacionadas a la violencia ejercida por niños y adolescentes. Esto es algo nuevo para el país. ¿Hay salida? Porque la primera respuesta parece ser que no hay. Es decir, los niños y adolescentes van a ser captados, no hay dinero que le haga peso al dinero del crimen organizado. Hay algunas consideraciones que pueden hacer pensar que no hay una salida. ¿La hay?
La pregunta sobre si se puede vivir mejor es casi como una pregunta existencial, ¿no?
Y a mí me da la impresión de que parte de la sensación de desasosiego que vive nuestra sociedad se relaciona también con la sobrecarga de imagen del espanto y del horror, y con la falta de comunicación de las historias que sí le hacen pensar a la gente que hay una chance.
Ahí yo me corro un poquito a mis responsabilidades como jurista y académica para conversar con ustedes los expertos de la comunicación. El tema del cambio tecnológico y de las redes sociales ha sido tremendo, sobre todo por el acceso a los chicos que también los ha empoderado un montón.
Entonces a mí me parece que no nos hemos dado una conversación sobre qué es lo que comunicamos, ¿no? No porque no tengamos que comunicar lo que sucede porque este es el presupuesto del trabajo del periodista. Claro que hay que comunicarlo, pero el foco, la insistencia solo en la noticia del horror, solo en la noticia del espanto también genera un efecto de profecía autocumplida, porque el niño que no tiene chance dice “bueno, vamos por ahí”.
Recuerdo, hace muchos años, en Centroamérica donde empezaron a darse estas problemáticas de jóvenes muy chicos involucrados en hechos muy graves, que aparecían en las tapas de los diarios con nombres, no sé, “El matador” o nombres así, y después tuve oportunidad de visitar los centros y hablar con los jóvenes, son niños.
Tengo amigas juezas, que son mujeres con muchos años de experiencia, mucho carácter, que eran solo ellas las que podían entrar a los centros, no la Policía, pero porque ellas eran madres para los chicos.
Entonces es impresionante, como ellos nos contaban: ‘doctora, lic, no licenciada, lic’, decían, “¿vio que salimos?”. Y nos mostraban orgullosos las portadas. Entonces, por supuesto que cada medio tiene que tener la libertad para comunicar lo que quiera.
Que además se escapa también de los medios. Con las redes sociales y la viralización, un medio puede no difundir. Por ejemplo, en GK no difundimos imágenes de ese tipo, pero eso no evita que sean vistas porque están en todas las redes sociales.
Obvio, tal cual. Pero bueno, me da la impresión que fue muy abrupta la llegada de todo esto. De pronto se transformó la forma en que nos comunicamos, pero no reflexionamos sobre la tecnología y su impacto.
Bueno, también cambiando un poquito el ángulo, hay una saturación de imagen de niñas en particular presentadas desde muy chiquitas, muy sexualizadas, hasta en la publicidad de empresas muy conocidas.
En un país que visité veía en carteles, algunas imágenes, y me preguntaba ‘¿pero esta marca está presentando así a las niñas chiquititas?’. Entonces digo, también hay una responsabilidad del mundo empresarial, del mundo de la comunicación sobre qué diálogo quiere generar en las sociedades.
¿Pero sí hay salida a esto?
Absolutamente.
No solo hay salidas sino que sabemos cómo se hace. Es mucho más económico que utilizar las respuestas que se plantean de meter más personas en cárceles, y está comprobado que funciona. Además, la estadística de este país es una estadística que presenta números que todavía se pueden manejar.
¿Cuál es la respuesta urgente entonces para esa salida?
La definición de una política integral de respuesta al delito de los adolescentes, que incluya un diálogo con el organismo de protección que está descentralizado.
Tomarse el tema de la seguridad en serio. Cuando uno se toma el tema de la seguridad en serio no se queda solo con endurecer leyes. Tiene que ir al núcleo del problema, y como vimos en este caso con adolescentes, focalizar en la escuela, focalizar en el fortalecimiento familiar, en las comunidades. Es el camino que está comprobado que funciona.
Fuente: https://gk.city/2023/03/07/entrevista-mary-beloff-leyes-mano-dura-adolescentes/