Las mpymes y su circunstancia en Cuba

Hasta hace poco, cuando no estaban aprobadas la micro, pequeñas y medianas empresas (mpymes), podían existir cooperativas no agropecuarias, que en la realidad no lo eran porque el entramado legal lo impedía.

Ante la imposibilidad de acometer un emprendimiento privado, algunos empresarios arriesgados y muy decididos pudieron verse en la necesidad de crear lo permitido (la cooperativa), haciendo pasar a los trabajadores asalariados como cooperativistas y codueños del negocio.

¿Quién no habrá conocido o escuchado de “cooperativistas” ficticios, asalariados en la práctica, a los que los dueños les pedían no presentarse un día determinado al trabajo, por tener ese día alguna visita de las autoridades? ¿O que firmaran ciertos documentos como si fuesen codueños del negocio, que al momento les eran retirados de sus manos?

Por suerte, al crearse las mpymes ya no hay necesidad de acudir a estas prácticas, criticables en sus formas, pero forzadas por las circunstancias y por las falencias de nuestras leyes. Y se menciona lo de “criticable en sus formas” no solo por tratarse en algunos casos de algo ilegal, no  reconocido en las normas, sino también por el hecho de enraizarse la práctica del engaño, las trampas, el vicio del ocultamiento, cultura empresarial que resulta muy negativa en cualquier sociedad.

Ahora ya se tienen las mpymes. ¿Significa ello que de forma automática algunos eliminarán estas prácticas con poca o ninguna ética? Esta pregunta surge con las informaciones, recientemente publicadas, de que el emblemático Estadio Latinoamericano de béisbol pasará a ser administrado por una mpymes.

No se cuestiona el hecho de que el llamado Coloso del Cerro sea o no administrado por una mpymes, como tampoco hay que cuestionarse las palabras del Comisionado Nacional de ese deporte, de que el objetivo de esa medida es que instalaciones de ese tipo tengan autonomía financiera y sean autosostenibles.

Más bien, las preguntas a hacer son: ¿Bajo qué parámetros, o cómo se escogió a la mpymes que se encargará de esta administración? ¿Se hizo pública la intención de pasar el estadio a esta nueva forma de administración, de manera que se pudiera escoger al mejor, entre varios pretendientes? ¿Qué compromisos u obligaciones adquirió la mpymes para obtener la administración de un bien público?

No se pone en dudas la seriedad de la mpymes escogida, ni se asevera que en este caso se haya hecho un mal trabajo de selección, ni se cuestiona que el acuerdo logrado en este caso puede ser beneficioso para el Estadio Latinoamericano, como tampoco se desea convertir en material de estudio el acuerdo alcanzado con la empresa, que puede ser muy seria.

Sirva este caso como pie forzado para plantearnos cuáles debieran ser las formas correctas en el tratamiento de cualquier tipo de activo perteneciente al Estado o a la sociedad en su conjunto.

La imprescindible transparencia

Está muy bien la creación de mpymes, desde cero, para realizar nuevos trabajos, o crear nuevos valores, con o sin competencia con las empresas estatales existentes del mismo ramo.

Pero cuando una mpymes, un trabajador por cuenta propia (TCP) u otra forma de gestión no estatal (FGNE) asume los activos de una entidad estatal –bajo arrendamiento, administración, adquiriéndolos o cualquier otra forma–, deben existir normas claras para estos acuerdos.

Se trata de que no solo la sociedad salga beneficiada económicamente, sino también que exista transparencia y se descarte algún tipo de favoritismos o cualquiera de los males que trae consigo esa decisión.

No se trata solo de determinar cuál es el nivel de aprobación de determinado acuerdo. Es también anticipadamente dar a conocer al público lo que se pretende ceder, para que se pueda recibir la mayor cantidad de propuestas y en una licitación poder escoger la mejor opción. No importa si la magnífica idea de negocio se le ocurrió a alguien de una determinada mpymes.

Se debe estipular muy bien los compromisos que asume la contraparte del Estado. Y muchas otras cuestiones que en una licitación pública estarían muy identificadas, donde la sana competencia entre la mayor cantidad posible de ofertantes puede dar como resultado los mayores ingresos para la sociedad y la mejor calidad en el servicio.

El público debe enterarse con suficiente antelación de lo que se pretende hacer con el bien del Estado, y por variados medios de difusión; entre otras cosas para ver si puede participar con alguna propuesta de inversión, o simplemente porque los bienes del Estado pertenecen a la sociedad cubana.

Información pública y veraz

No es recomendable conocer por la prensa después de consumado el hecho, porque la primera pregunta que puede surgir es por qué solo una limitada cantidad de personas se enteraron de que se pretendía colocar un bien del Estado bajo otras formas de gestión.

Experiencias hay en el mundo, cuando ocurren las Ofertas Públicas de Venta de acciones, o cuando el Estado subasta licencias, por ejemplo, del espectro 5G de telefonía móvil.

Ahora no se trataría de complejizar el asunto, es decir, tirar el sofá por la ventana, de lo que se trata es de advertir que es necesario trasparentar las decisiones y se conozcan los términos en que se arriendan locales.

Hay interrogantes de como fue el proceso de asignación de espacios en el corredor turístico habanero de 1ra y 70, Miramar, ¿Cómo fue ese proceso para que se permitiera a cuentapropistas instalar cafeterías y restaurantes en la primera línea de costa? ¿O cómo fue la selección para arrendar locales pertenecientes al Estado a emprendedores autónomos interesados en establecer cafeterías, restaurantes u otros negocios?

No se descarta que en todos los casos se haya hecho una buena selección, pero no se puede decir tampoco que hubo una previa y amplia información al público.

En estos momentos estos aspectos pueden ser más importantes aún. No solo porque están cambiando las normas y permitiéndose nuevas formas de gestión, o porque el Estado pueda haber decidido que es hora de mejorar la eficiencia de algunos establecimientos existentes, como cafeterías y restaurantes en céntricas avenidas, o instalaciones deportivas en desuso.

Hablemos de finanzas

La situación de las finanzas del estado cubano, a la luz del ordenamiento monetario, puede significar una agonía para la red de establecimientos estatales y encaminar sus traspasos hacia formas de gestión no estatal. Además habría que preguntarse y cuestionarse por qué el Estado debe administrar gastronomía y otros servicios a la población.

Vale recordar que como informó Marino Murillo en octubre pasado, poco antes de dejar su cargo de jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, la empresa Provincial de Comercio de la Habana tenía 572 millones de pesos (casi 23 millones de dólares a la tasa oficial) en pérdidas y faltantes, y en la Provincial de Gastronomía esas pérdidas y faltantes llegaban a 839 millones de pesos, unos 33.5 millones de dólares. Algo similar sucede a lo largo de todo el país, desde hace muchos años, con este tipo de empresas.

Un nuevo empresario no estatal que administra una cafetería o un restaurante, sabe que gran parte de sus materias primas debe importarlas o adquirir en divisas extranjeras como el dólar estadounidense, el euro o la libra esterlina, entre otras aceptadas en las tiendas en moneda libremente convertible (MLC), abiertas en todo el país para recaudar ingresos.

Sus clientes, sin embargo, no le pagan en MLC, sino en CUP (peso, moneda nacional) y para mantener el ciclo de aprovisionamientos y posterior venta, necesita acudir al mercado informal para adquirir esas necesarias MLC.

No importa que el tipo de cambio oficial esté a 24 CUP por un dólar. Para su ficha de costo, el cuentapropista se guiará por el tipo de cambio del mercado informal y sus precios de venta tendrán en cuenta el tipo de cambio de ese mercado informal.

Pero la cafetería o el restaurante estatal no pueden acudir al mercado no oficial para adquirir MLC, comprar las materias primas en tiendas en MLC y elaborar sus productos. Pudiera parecer que ese establecimiento tiene una ventaja económica, porque los productos importados que reciba le costarán a 24 CUP por 1 USD y podrá vender su mercancía elaborada a mejor precio que el cuentapropista o un pequeño o mediano empresario.

Parece, pero no

No obstante, no es así. En primer lugar, porque todo eso que pueda adquirir a 24 CUP, el establecimiento estatal se verá tentado a vendérselo a cuentapropistas y otros, sin esforzarse en la elaboración y venta de sus propios productos, habida cuenta del diferencial que pueda obtener, por la simple diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio no oficial. Sin mucho esfuerzo, lo que siempre es caldo de cultivo de la corrupción y el desvío de recursos.

En segundo lugar, porque para que una empresa mayorista, o una importadora estatal, pueda adquirir productos importados y venderlos en CUP a una red de cafeterías o restaurantes estatales, necesitará tener capacidad de liquidez externa (CL) para esas importaciones, es decir, disponer del monto en divisas que se le asigna para hacerle frente a cualquiera de sus erogaciones con el exterior, independientemente de que en su estado de cuenta pueda tener mayor cantidad de divisas.

Son tantas las necesidades de CL de las importadoras, que hay que establecer prioridades y los productos que posteriormente se venderán en CUP pueden quedar últimos en la lista de espera.

Por ejemplo, ¿utilizará el Ministerio de Turismo su capacidad de liquidez externa para importar y posteriormente vender productos en CUP en la red de establecimientos estatales de Palmares, como Ditú, Dimar, Dichin y otros, cuando tiene tantas necesidades para importar productos para la red hotelera?

¿Utilizará el CIMEX (grupo empresarial de capital estatal cubano) los CL asignados para importar mercancías para su red de cafeterías y restaurantes, donde no habrá recuperación de MLC, teniendo la presión de la sociedad de aumentar las ventas en sus tiendas en CUP, también sin recuperación de moneda divisa?

Traspaso a formas de gestión no estatal

Ya hoy los establecimientos de Palmares, como Ditú y otros, están totalmente desabastecidos y lo prudente sería que pasaran a las formas de gestión no estatal.

¿Cómo se aprobarán y harán esos traspasos de la propiedad estatal, bajo una u otra figura legal? Cuando existía el denostado CUC (antiguo peso convertible), todos esos establecimientos podían comercializar sus productos en esa moneda, el Estado podía gestionarlos con más facilidad y mantenerlos bajo su tutela.

Muchos economistas clamaban por la desaparición de la dualidad monetaria, pero consideraban que la eliminación de la dualidad cambiaria debía hacerse con cautela, no 1 a 25, sino a una intermedia que podría haber sido de 1 a 15. Es decir, la eliminación del CUC era sencilla de realizar; no así el cese de la dualidad cambiaria.

Al eliminarse la dualidad cambiaria, existiendo un solo tipo de cambio, como en muchas otras partes del mundo, también deberían existir otras condiciones para que la economía funcionase como en otras latitudes: libre compra y venta de divisas (o al menos sin tantas prohibiciones o restricciones) y manejo adecuado del tipo de cambio, para que el precio de la moneda nacional no quedase tan desvirtuado y alejado de la realidad económica de cada momento.

Sin embargo, esto último siempre ha sido más difícil de realizar, por la caída de las exportaciones, la situación de la balanza de pagos, la deuda externa, la imposibilidad de acceder a créditos de organismos internacionales debido al bloqueo estadounidense y otras realidades objetivas.

Como también por los controles centralizados de la economía, la falta de experiencia en el manejo de un tipo de cambio no fijo y el interés de intentar no someter a soluciones traumáticas, derivadas de la interacción de las fuerzas del mercado.

Posibles alternativas

Cabe preguntarse, ¿qué otras vías se pudieran seguir para que ahora esos establecimientos estatales funcionaran normalmente, sin cederlos necesariamente a las FGNE, según sigue pretendiendo el gobierno cubano, aunque una parte de la población no estuviese de acuerdo en que siga el control estatal de esas entidades? Algunas opciones podrían ser:

• Venta del producto final en MLC, mediante el uso de tarjetas bancarias, por una parte importante de los establecimientos de la empresa estatal. Utilizar una porción de las ganancias en MLC, para cubrir las compras en divisas de los productos a elaborarse y venderse por la otra parte de los establecimientos, que comercializarán los productos en CUP. Algo así como las empresas mixtas que venden sus productos a CIMEX/TRD (Tiendas de Recuperación de Divisas) con sistemas de cobros diferenciados en dependencia de si el producto irá a una tienda en MLC o a una tienda en CUP. O las propias tiendas de CIMEX/TRD, que tienen que utilizar sus MLC para cubrir tanto lo que venderán en MLC, como lo que venderán en CUP.

Por cierto, si los establecimientos privados también pudiesen comercializar sus productos en MLC, a través de tarjetas bancarias, es de suponer que estas FGNE no acudirían al mercado informal para adquirir MLC, lo que pudiera bajar la presión de la demanda de divisa y, por ende, el tipo de cambio del mercado informal. Al no existir ventas de MLC por canales oficiales, seguiría existiendo presión sobre el tipo de cambio, de aquellos necesitados de divisas para viajar al exterior, de los que tuviesen negocios sin TPV/POS (Terminal Punto de Venta, también denominado POS -del inglés point of sale-) para cobrar por tarjetas y de quienes deseasen atesorar. Pero una parte importante de la demanda de MLC quedaría resuelta no por la vía del canje no oficial de monedas…

• Venta en CUP, pero a precios conformados como si en la ficha de costos los productos importados tuviesen un costo superior, calculado no al tipo de cambio oficial de 24:1. Algo así como hacía la cadena de tiendas de comercio interior, cuando existía el CUC, que tenía un costo del producto al tipo de cambio USD/CUP 1:1, pero vendía los productos en CUP solo un poco más barato que los precios en CIMEX/TRD, si se tomase en consideración el tipo de cambio de CADECA (Casas estatales de cambio) de aquel entonces, de USD/CUP 24:1.

Igualmente, aquí pudieran tomar como referencia no el tipo de cambio más elevado del mercado no oficial, sino uno algo más bajo, para ser más competitivos que las FGNE.

Esto permitiría aumentar la ganancia en CUP de la empresa, para cubrir con mayor holgura todos sus costos y gastos en moneda nacional, estimulando el uso de parte de sus CL para la adquisición de productos dirigidos a esta línea de negocio. O sea, se lograría que esta línea de negocio en CUP no quedase como la última de la fila para la asignación de los CL de la empresa, aunque –como aspecto negativo– quedaría por ver cómo quedarían los otros destinos para los cuales la empresa también tiene que destinar los mismos CL con que cuenta en cada momento.

Ejemplos

Algo así debe estar sucediendo actualmente en los hoteles de La Habana y otras ciudades, que no funcionan bajo el régimen de Todo Incluido. Esos hoteles tienen cafeterías y restaurantes que venden sus productos, a la carta, en moneda nacional, donde el costo en CUP de los productos importados está calculado al tipo de cambio CUP/USD 24:1.

Sin embargo, los precios finales de los alimentos allí comercializados son muy parecidos a los de los establecimientos privados, cuyo costo de los productos están referenciados al valor del USD en el mercado informal. Por un lado, para hacer eso, la cadena hotelera debe destinar CL para productos cuyas ventas no recuperarán CL.

Pero, por otro lado, esa cadena hotelera también tiene gastos en moneda nacional, y comercializando productos en CUP con un alto rendimiento contable, probablemente le permita no tener que vender MLC al tipo de cambio oficial de 24 pesos por 1 USD. Claro, el sector de turismo –al igual que potencialmente otros sectores exportadores– puede permitirse eso, al tener ingresos de CL por otras vías, realizando como un trasvase interno de CL.

Todo esto demuestra que no se han eliminado las complejidades para calcular los costos y ganancias de los sujetos de la economía, aspecto crucial que se argumentaba que quedaría resuelto con el Ordenamiento Monetario. Aunque en formas diferentes, existen muchas distorsiones similares a las existentes cuando circulaba el CUC.

Con la agravante de que antes el tipo de cambio de CADECA era controlado por el Estado, mientras que el actual tipo de cambio no oficial no está controlado por las autoridades del país. Y con la otra agravante de que mientras más crezca la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el del mercado informal, se acrecentarán los problemas de la economía.

Entre lo óptimo y lo peor

Siento ya escuchar el reproche de otros colegas, incluso de economistas, de por qué defender a ultranza la doble circulación monetaria, cuando la economía mundial no funciona de esta manera. Y es cierto que lo óptimo es tener una sola moneda en el país.

Lo que intento argumentar es que resulta peor tener una sola moneda, cuando el tipo de cambio oficial de esa única moneda no refleja las realidades del mercado y cuando los actores económicos no tienen la posibilidad de canjear flujos de una moneda a otras, en ambas direcciones y sin muchas y elevadísimas trabas.

Y no es algo que se podía descubrir después de enero de 2021, al comenzar el llamado Ordenamiento Monetario, donde la población dice que lo sucedido es un “Desordenamiento”.

Ya se veía venir de antes, cuando en todos estos años no se pudo eliminar el sistema de asignación de liquidez externa a las empresas, a través del CL, el cual quedó establecido cuando la crisis financiera del 2008-2009.

O cuando el sistema bancario comenzó a ver que casi nadie canjeaba sus MLC en CADECA y en bancos, por CUC o por CUP, viéndose en la necesidad de suspender las ventas de MLC a la población.

Se puede defender que deba haber una sola moneda en el país, como en cualquier país. ¿Pero existiendo a su vez lo que en pocos países existe, de suspensión de la venta de MLC a la población y asignación a las empresas mediante un sistema engorroso y complicado de los llamados CL? Son realidades que existían antes del Ordenamiento Monetario y que aún persisten.

Experiencias diferentes

No se puede olvidar que a principios de los años 90 del siglo pasado, la extinta URSS y Vietnam establecieron una especie de subastas de divisas, donde los exportadores de productos y servicios podían vender las divisas que les quedaban, en el libre mercado, después de haber vendido a sus bancos centrales un porciento obligatorio de las exportaciones, al tipo de cambio oficial del momento (por supuesto, tipo de cambio oficial más bajo que el tipo de cambio a obtener en las subastas).

Esto permitía a los bancos centrales ir teniendo un precio de referencia del mercado, conociendo la demanda de divisas de importadores no satisfechos con las asignaciones centrales de divisas, ir moviendo el tipo de cambio oficial y dar algún tipo de respuesta a las necesidades de divisas del mercado.

En Cuba se halló otra vía, inusual pero muy original: la circulación de diferentes monedas y en diferentes mercados, desde 1993 hasta 2020, con sus problemas y ventajas.

Por decreto se pudo eliminar la variante existente hasta 2020, pero la realidad económica fuerza a seguir teniendo doble circulación monetaria, reflejada en la economía en CUP y la otra en USD, aunque esta última funcione solo mediante transferencias y tarjetas bancarias; o –para las empresas– mediante pagos en CUP con movimientos en paralelo de saldos de liquidez externa. Cuentas de CL que están fuera del balance de las empresas, son cuentas de orden, o de control, pero que en la realidad funcionan como cuentas reales. Mecanismo engorroso como el que más y que solo sirve para poder decir que ahora funciona una sola moneda, el CUP, cuando en la realidad no es tan así. Porque una cosa es un CUP sin respaldo de CL y otra bien distinta es un CUP con respaldo de CL.

O se tiene una sola moneda, con el intercambio libre (o no tan restringido) de la moneda nacional a las extranjeras, y viceversa, o se tiene una dualidad monetaria y cambiaria como la que se tenía hasta 2020. Una tercera variante es pretender una cosa y en la realidad tener otra bien distinta, que difícilmente funcione de manera eficiente. (2021)

Omar Everleny Pérez Villanueva, economista e investigador cubano

Fuente: https://www.ipscuba.net/economia/las-mpymes-y-su-circunstancia-en-cuba/