Con las consignas «necesitamos un código laboral moderno» y la implementación de la «flexiseguridad», el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil plantea resolver el problema del empleo. No obstante, el verdadero objetivo es flexibilizar a la clase trabajadora y dar seguridad sobre las altas ganancias que el empresario va a obtener, por lo […]
Con las consignas «necesitamos un código laboral moderno» y la implementación de la «flexiseguridad», el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil plantea resolver el problema del empleo. No obstante, el verdadero objetivo es flexibilizar a la clase trabajadora y dar seguridad sobre las altas ganancias que el empresario va a obtener, por lo que la rama de Comercio tiene un bajo nivel de empleo adecuado.
Como indicó Juan Paz y Miño respecto a la relación de las élites empresariales y el gobierno del presidente Moreno: «solo falta la reforma laboral». Esto responde a las acciones que tradicionalmente han realizado las élites económicas en Ecuador: i) pugnar por la disminución del tamaño del Estado; ii) impedir a toda costa el pago de impuestos, sobre todo progresivos y; iii) no permitir avances en temas laborales que beneficien a los trabajadores. Con la ley de fomento productivo o ley trole 3 y la «optimización» o reducción -acompañada de privatización- del Estado alcanzaron dos de las acciones mencionadas. Sin embargo, no es suficiente. Ahora direccionan sus esfuerzos hacia la formulación de un nuevo código laboral.
En un primer momento resalta el tratamiento del código laboral como antiguo. Si bien es necesario realizar una modificación del código, esta debe ser pro-trabajadores y no pro-empresarios. En ese sentido, es importante resaltar el contexto histórico en que surge dicho código laboral. Después de la revolución Juliana (1925-1931) que implementó los cimientos de la intervención/regulación de la economía por el Estado, una reforma fiscal progresiva y el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, en 1938 se institucionalizaron a partir del Código de Trabajo. El mismo fue resistido por las élites empresariales y actualmente buscan su eliminación para dar lugar a relaciones que soslayen las conquistas alcanzadas en dicha legislación.
La forma en que las cámaras empresariales están realizando lobby, en articulación con los medios de comunicación, es argumentar que la solución al problema del empleo en el país es flexibilizar las relaciones laborales a través de «nuevos contratos: por hora y plazo fijo». En este punto es pertinente señalar que no existe evidencia empírica de que la desregularización genere más empleo o lo mejore, como ocurrió con la flexibilización del salario en el neoliberalismo. Al contrario, políticas de aumento constante del salario mínimo generó mejoras en el nivel de empleo, así como de su calidad.
Por otro lado, también se indicó que en países como Suiza, Noruega y Dinamarca funcionan dichos mecanismos de contratación. No obstante, en estos países existe una cobertura amplia de servicios sociales, resultado de sus políticas fiscales progresivas. En efecto, las tasas promedio de impuesto sobre la renta al salario promedio en 2017 son del 16.9%, 27.6% y 36.1% respectivamente, según información de la OCDE. Es decir, son recaudaciones que permiten sostener un sistema público, contrario a lo que ocurre en Ecuador y en América Latina, respecto a baja carga tributaria que tienen los deciles más altos de ingresos -por ejemplo en México y Chile las tasas promedio de impuesto sobre la renta al salario promedio son del 7% y 11.2% respectivamente-. De esa manera, formas de contrato no tan propicias se contrarrestan con un adecuado sistema social. Eso no ocurriría en Ecuador considerando que bajo distintos mecanismos -la remisión tributaria, la fuga de capitales (eliminación del ISD) y el fomento que la ley trole 3 realiza al uso de paraísos fiscales- bloquean la posibilidad de que el Estado tenga ingresos para realizar gasto social. Por lo tanto, la implementación de esta forma de contratos plantea un serio problema para los ingresos de las familias trabajadoras del país.
Finalmente, resalta la apología que se realiza del sector importador en tanto generador de empleo adecuado. No obstante, al revisar la evidencia empírica se observa que la rama de actividad «Comercio» se encuentra entre las cinco ramas con menor estructura de empleo adecuado. Del total de empleados en esta rama de actividad, tan solo el 38% tiene este tipo de empleo. De igual manera, se observa que las otras ramas de actividad con menor empleo adecuado son: agricultura (15%), actividades de servicios (28%), actividades de alojamiento y comida (33%) y servicio doméstico (37%). Es importante recordar que en las ramas en las que ya se implementó la flexibilidad de contratos se encuentran entre estas ramas y, probablemente, que se encuentren en este ranking es efecto de dicha forma de contratación.
Estos elementos permiten observar que las posiciones que tiene la Cámara de Comercio de Guayaquil no son nuevas y replican, bajo determinadas condiciones históricas y contingentes, las posiciones de las élites económicas empresariales en el país. Dicho proceso se refiere a la búsqueda de construir un código laboral que se ajuste a las necesidades de mantener o aumentar sus tasas de ganancias, mientras que los ingresos de los trabajadores pierden cada vez más su capacidad adquisitiva.