Legalizar la corrupción

Nadie o muy pocos se asombran ante las publicaciones estadounidenses que informan de las millonarias cifras que las grandes empresas destinan a «aceitar» los engranajes del Congreso de los EE.UU. sea cual sea el partido político dominante, demócrata o republicano.

La diferencia entre nuestra subdesarrollada corrupción y la de ellos reside en que allí el «lobbysmo«, es decir, la intervención de las grandes redes corporativas a favor de sus respectivos intereses actúan desembozadamente a la luz de las leyes que aprueban y protegen su actuación. Este sistema de presiones no solo actúa en el ámbito político, sino que también lo hace en los medios, en la ciencia, en las universidades. Y en todo espacio público o privado del que pueda extraer beneficios económicos.

En estos días la prensa empresaria se ha mostrado escandalizada por las revelaciones de Wikileaks acerca de denuncias de la embajada estadounidense sobre la corrupción nacional que «confirman las fundadas sospechas de una rampante corrupción en el gobierno de los Kirchner y, a su vez, una enorme debilidad del sistema judicial para investigar los casos en los que se presume que están envueltos funcionarios de primera línea». (La Nación, 10/02/11)

No es menor el ejemplo de los EE.UU. de lo que es la verdadera corrupción. Uno de sus conocidos periodistas Matt Taibbi, de la revista Rolling Stones, la define así: «se trata de la toma de posesión gradual del gobierno por parte de una pequeña clase de iniciados conectados, quienes utilizaron el dinero para controlar las elecciones, comprar influencia y debilitar sistemáticamente las regulaciones financieras». Algo que el economista Simon Johnson, ex funcionario del FMI confirma diciendo «la industria de las finanzas ha capturado con eficacia nuestro gobierno» Es decir que un «lobby» es un equipo especializado en presión política financiado por las multinacionales que se dedica a influir en las decisiones gubernamentales.

Esta práctica del «lobbying» extendida y aceptada en gran parte del mundo en los EE.UU. se considera esencial para el buen funcionamiento del gobierno y está específicamente protegida por la First Amendment to the U.S. Constitution ya que según sus fundamentos sirve para crear foros que «facilitan la resolución de conflictos desde diferentes puntos de vista». De este modo los «lobbystas«, agrega, proveen de información, análisis y opiniones a los gobernantes y más especialmente a los congresistas con el objeto de que puedan tomar sus decisiones en el marco de un equilibrado balance (¡!) entre los intereses de los diferentes grupos. Tales son los principios que fundamentan la legalización del «lobbying»

Estos procedimientos nada tienen en común, desde luego, con el ejercicio de la democracia puesto que contrariamente a lo que se constituye en derecho a opinar que confiere el voto ciudadano el nivel de influencia de un lobbista no dependerá de un voto sino de los recursos -tiempo y dinero- que aquel pueda destinar a lograr sus objetivos.

No son pocos los ciudadanos estadounidenses que reconocen el cinismo que encierra esta metodología, y son conscientes de que en estos tiempos solo los lobbistas tienen acceso a los ámbitos del poder. Una conocida anécdota exhibe con claridad la atmósfera en la que y cómo funcionan las influencias en esas esferas: Samuel Ward fue un conocido lobbysta del siglo XIX, es decir, muy anterior a la sanción de la Lobbyst Act pero algo así como un precursor del lobbismo actual, cuya excesiva influencia sobre los legisladores de su época despertó las sospechas del gobierno. Decidido éste a investigarlo, cuando se le preguntó acerca de los suntuosos banquetes que organizaba para los políticos, el autodenominado Rey del Lobby contestó: «En las buenas comidas la gente no habla de negocios, pero da, tal vez, a los caballeros la posibilidad de hablar civilizadamente sobre temas civilizados»

A raíz del aparente desorden en que se desarrollaba este tráfico de influencias el Congreso de los EE.UU. decidió en 1995 sancionar la actual Lobbying Disclousure Act que permite a toda clase de asociaciones civiles, incluso gobiernos y partidos políticos extranjeros, tener representantes en el Congreso, sin que el Gobierno ejerza actualmente ningún efectivo control sobre ellos. Es tal su influjo que ya ha sido considerado el cuarto poder invisible y el manejo y pago de secretas influencias y privilegios no solo se centra en los congresistas sino que abarca jueces federales, ejecutivos destacados, policías y militares… de modo que en todos los niveles existen personeros dispuestos a obstaculizar, enmendar, impulsar o aprobar los proyectos legislativos y las normas de las agencias reguladoras.

Pero ya no se trata de «lobbistas» aislados, sino de verdaderas empresas con esa específica función que como en tantos otros órdenes venden sus servicios al mejor postor y entre otros a los considerados más importantes: el lobby judío, el del complejo militar industrial, el de las empresas farmacéuticas (que el año pasado destinó a esta tarea 107 millones de euros) las petroleras, los sindicatos y, aunque suene extraño, también los ecologistas.

Según algunas informaciones periodísticas, con ocasión del proyecto del Plan de Salud impulsado por Obama, las farmacéuticas contrataron a unos 3.000 representantes, de los cuales más de un tercio eran antiguos funcionarios federales, para defender y promocionar sus intereses frente al Senado, el Departamento de Salud y Servicios Sociales y otros organismos oficiales. Se calcula que en total, en el área metropolitana de Washington, hay 30.000 compañías especializadas en influir sobre el poder político, esencialmente el Congreso. O sea, 56 lobbies para cada legislador.

Su inclusión en la estructura política estadounidense se basa en el concepto de puerta giratoria. A un lado la política; al otro el sector privado. Y el lobbista entrando y saliendo de ambos. Todo buen lobbista tiene en su nómina a uno o varios ex políticos con excelentes contactos en el Congreso y en la Casa Blanca. Y, si son de partidos diferentes mejor, por lo que el lobby es, de hecho, una jubilación dorada para todo político, cualesquiera fuera su ideología o su nacionalidad.

Y como para muestra basta un botón, valga la mención de Felipe González, ex líder socialista, ex presidente del gobierno español, actual lobbista con una importante oficina de influencias desde la que realiza gestiones al más alto nivel (una de las últimas, su encuentro con el presidente iraní, Ahmedineyad), actúa como agente del magnate mexicano de los medios Carlos Slim (considerado el más rico del mundo) y embolsa cifras millonarias gracias a su asesoramiento a políticos y empresarios, especialmente en América Latina. Un camino que todavía parecen no haber intentado nuestros jubilados políticos, tal vez porque sus currículos no alcanzan los estándares necesarios para acceder a tan lucrativa profesión.

De modo que tanto nuestros columnistas como sus colegas del norte deberían comenzar por observar la propia viga en el ojo del imperio antes que la paja en el nuestro, a menos que como no sería difícil de imaginar, estén tratando de crear el clima propicio para poder penetrar con su ya experimentado sistema de «lobbying» empresario en nuestro todavía débilmente corrupto territorio. Una esfera de negocios que aún no ha sido ni suficiente ni adecuadamente explotada.

Supongo que de ese modo dejaremos de ser un país con solo algunos episodios de corrupción para transformarnos en un aventajado émulo de nuestros hermanos del norte, ya que, aunque incipiente y dispersa, no creo sea desdeñable nuestra local experiencia. ¡Solo es cuestión de legalizar la corrupción!

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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