En diciembre de este año se cumplirán 40 años del final del régimen terrorista de Estado y la recuperación del funcionamiento institucional de la República. La dictadura genocida que había ejercido el poder durante casi ocho años lo asaltó con el objetivo de atar al país a condiciones de dependencia económica y desarticular social y políticamente a los proyectos de liberación nacional y justicia social que habían logrado un importante crecimiento en los primeros años de la década del 70.
El superministro de economía del régimen, Martínez de Hoz, desplegó una contrarrevolución económica sustentada en lo que denominó “liberación de fuerzas productivas” pero que en verdad fue un raudo proceso de desintervención estatal de la economía, instaurando el reino del mercado, cuyo eje fue la liberalización financiera. Ésta consistió en lo que los economistas Ronald McKinnon y Edward Shaw, de la Universidad estadounidense de Stanford, propiciaran como desmonte de la “represión financiera”: liberalización de tasas de interés, asignación mercantil del crédito y conexión entre el mercado financiero local con el internacional. Así se instalaría en el país el patrón de acumulación basado en la valorización financiera y se interrumpiría el de la industrialización por sustitución de importaciones, como caracterizó Eduardo Basualdo.
Excluyendo los primeros meses del gobierno de Alfonsín, las políticas económicas de los gobiernos civiles que prosiguieron a la reinstalación de la vida republicana durante sus primeros 20 años estuvieron impregnadas de lo que Basualdo caracterizó como transformismo argentino. Llevadas a cabo por partidos que en la época previa al terrorismo de Estado habían siempre pregonado programas populares y de independencia nacional, pero que en la post-dictadura mutaron para continuar aplicando los programas liberales neo de la “antirrepresión financiera”, que favorecían las lógicas de la financiarización enriqueciendo al bloque dominante del poder económico, mientras la concentración se intensificaba y la dependencia se profundizaba. El modelo de liberalización financiera de la dictadura se completó con la de los precios internos, el desmonte de la administración del comercio exterior y del mercado de cambios y la brutal caída provocada del salario real, que nunca luego iba a recuperar los niveles alcanzados en 1974. La “antirrepresión financiera” fue el dispositivo que habilitó el crecimiento exponencial del endeudamiento externo y la injerencia permanente e intensa del FMI en la vida nacional, promoviendo planes de ajuste, estabilización y “cambio estructural”, que condujeron a un profundo debilitamiento del poder de intervención del Estado y a la liquidación de su patrimonio público.
En el año 2003, con el triunfo electoral de Néstor Kirchner, se reinstala un Proyecto Nacional en el gobierno. Muchas políticas comienzan a recuperar el signo que habían perdido hacía más de un cuarto de siglo. Pero en estas épocas de tanta dependencia financiera conviene destacar:
1. El desendeudamiento con el FMI.
2. La reestructuración de la deuda externa con una sustantiva quita.
3. La intervención institucional para la recuperación de la participación de los salarios en la Renta Nacional.
4 La desconexión entre el mercado financiero local y el internacional mediante los controles de capitales y la administración cambiaria.
Muchas medidas incompletas pero un rumbo inequívoco, que iba a ser completado por Cristina Fernández desde el 2007 al 2015 con otras como:
1. La re-estatización del sistema jubilatorio.
2. El reforzamiento de los controles de cambios frente a los intentos de desestabilización financiera y el ataque a las reservas.
3. La disputa por la implementación de retenciones móviles, resistida por los factores de poder, para proteger el nivel del salario y promover el desarrollo diversificado de la economía.
4. La resistencia al poder financiero internacional, no permitiendo que su manifestación más pestilente –los fondos buitre– derribara los logros de la reestructuración financiera.
El gobierno de Rejuntados por el Cambio arrasó con este viraje hacia el Proyecto Nacional y reinstauró las cadenas de la institucionalidad de la “antirrepresión financiera”, ideada en las academias predominantes en el Norte para insertar dependientemente al Sur como periferia de la financiarización global. En algo más de dos años la Argentina estaba en un proceso de aguda profundización del endeudamiento externo y recayendo en el más grave vínculo que en su historia habría de tener con el FMI, el organismo político-financiero del coloniaje en el mundo subdesarrollado.
Foro de Economía y Trabajo
El lunes 6 de marzo en el salón de SADOP se efectuó la presentación del Foro de Economía y Trabajo ante dirigentes del consejo directivo de la CGT, de las dos CTA, de la UTEP y de dirigentes de organizaciones de pequeños y medianos empresarios. Se hizo con un documento elaborado por un conjunto de economistas titulado La deuda no puede mandar. No somos el proyecto del default. El texto subraya que el acuerdo con el Fondo es inflacionario, afirmando que “con toda seguridad las imposiciones del acuerdo con el FMI (eliminación de subsidios a servicios públicos; aceleración de la devaluación del peso; prioridad a las exportaciones, llevando a que los precios locales de alimentos aumenten al ritmo de los internacionales) junto a presiones extorsivas de “los mercados”, son factores inflacionarios centrales mientras se empuja hacia abajo el poder de compra de los salarios y las jubilaciones”. Además sostiene que el programa es regresivo socialmente y lleva a una recesión futura: “El recorte del déficit que plantea el acuerdo con el FMI se traduce en su demanda de un ajuste socialmente intolerable y propicia una dureza monetaria que afecta la continuidad del crecimiento”. Advirtiendo contundentemente que “no es casual que los asalariados perdieran un 8,7% en su participación en el PBI desde 2016 a 2021 y los empresarios ganaran en el mismo período un 6,8%. El salario privado registrado perdió, entre el primer semestre de 2016 y el segundo de 2022, el 16,9% de su poder adquisitivo, el público registrado el 22,5% y el privado no registrado el 32,5%. La tendencia al empeoramiento de las condiciones de vida de la mayor parte de la población sigue profundizándose”.
Luego de reflexiones y fundamentos sustentados en sus ocho páginas efectúa textualmente las siguientes propuestas:
– Debe imprimirse urgencia al proceso judicial relativo a la contratación de la deuda, la investigación pública de la fuga de capitales y la evasión fiscal, levantándose para ello el secreto bursátil, bancario y fiscal que protege, increíblemente, a los responsables.
– No debe demorarse un proceso de auditoría y reestructuración de la deuda pública que incluya el justificado requerimiento de quitas, la eliminación de sobrecargos (reclamo reiterado por el gobierno ante el FMI) y la nulidad por su origen y destino de endeudamientos privados endosados al sector público ocultando maniobras ilegales comerciales, cambiarias y/o impositivas.
– Debe exigirse al FMI que asuma las consecuencias derivadas hasta hoy y en perspectiva del irregular otorgamiento del préstamo al país en 2018 y establecerse una urgente revisión del acuerdo (mediante quita, eliminación de sobretasas, y cambios de condiciones) pues no es sustentable y por las consecuencias que el inevitable quebranto supondría como antecedente también para otros países periféricos.
– En sintonía con la investigación de la fuga de capitales durante el gobierno de Cambiemos, se debe reforzar la administración cambiaria sobre las divisas, con énfasis sobre las que utilizan las grandes empresas para cancelar sus deudas de capital e intereses.
– Debe impulsarse la aprobación de proyectos de ley, ya en consideración en el Congreso de la Nación, como ser: el de creación de un fondo en dólares para el pago al FMI en base al ingreso de penalizaciones por el reconocimiento por sus titulares de fondos en el exterior no declarados al fisco; el de limitar el accionar especulativo de fondos buitre tomando como base posiciones de la Argentina en foros internacionales; el que hace a la liberación del secreto fiscal, bursátil y financiero para ubicar e investigar personas y empresas sospechadas de evasión y/o lavado vinculados con la fuga de capitales.
– Vistos sus desastrosos resultados, es imprescindible encarar la modificación de la Ley de Entidades Financieras vigente desde 1977 por otra puesta al servicio del desarrollo, la protección del ahorro y su canalización en el consumo y la inversión nacionales. La Ley 21.526, rémora jurídica de la dictadura terrorista, constituye el núcleo del dispositivo legal del modelo de financiarización del país. Las entidades financieras deben tener una ley que organice su especialización. No puede existir regulación igual para las locales privadas, las extranjeras o de capital de ese origen, las cooperativas o las públicas. Tienen roles particulares y, por lo tanto, deben estar sujetas a regulaciones específicas. La rigurosidad de las exigencias no puede ser menor para las denominadas “fintech”, o para la actividad financiera con soporte en plataformas comerciales digitales, que incluso actualmente constituyen un canal de posible evasión tributaria y fuga de capitales.
– En la perspectiva de encarar una posición macroeconómica sustentable, es prioritario el sostenimiento del control de cambios y el cuidado de reservas a través de controles claros y transparentes, combatiendo la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones, priorizando el acceso a divisas para garantizar necesidades productivas y sociales que requieren, tanto en forma directa como indirecta, importaciones o pagos al exterior. Las divisas deben ser generadas genuinamente, es decir a partir de relaciones complementarias y armónicas con el mundo. Son del país y deben ser obligatoriamente ingresadas al Banco Central. Éstas son esenciales para el sostenimiento y ampliación de la actividad productiva y el empleo. Nunca, y menos aún en un período crítico, puede permitirse que las reservas del BCRA sean malversadas o dilapidadas.
– La deuda, con sus paralelas exigencias condicionales, genera metas fiscales restrictivas y regresivas que apuntan a quitarle medios y potencia al Estado Nacional, disminuyendo y desarticulando su rol esencial para impulsar un desarrollo armónico con eje en el trabajo, la producción, la justicia social, la defensa de los recursos y la soberanía nacional. Indefectiblemente, debe revertirse la prioridad recurrente a juegos financieros globalizados, cuyos desaguisados pagamos quienes no somos responsables de ellos, que limitan la vigencia de la democracia, y el despliegue indispensable de un plan de desarrollo armónico, inclusivo e integrador de nuestra Patria. El intento de aminorar las restricciones externas derivadas de la crisis de la deuda que incubó el gobierno de Cambiemos es inconducente para los intereses nacionales si no se avanza al mismo tiempo con la necesaria recomposición de los salarios y una mejor distribución del ingreso, que deberían constituir la principal prioridad política.
– Romper la esclavitud de la deuda es imprescindible y urgente para poder modificar la dependencia financiera que nos agobia y empuja a un nuevo quebranto.
Así, el documento citado precedentemente que los economistas del Foro de Economía y Trabajo presentaron el lunes 6 a dirigentes sindicales, sociales y del pequeño y mediano empresariado, plantea la insostenibilidad e insustentabilidad del acuerdo actual con el FMI, y la necesidad de su restructuración con quitas, auditorías, y modificación de condiciones. A su vez, al plantear la profundización de la administración del comercio exterior, el control de cambios y la derogación de la ley 21.526, los economistas sostienen la necesidad de salir del patrón de la valorización financiera, de la lógica de la “anti-represión» financiera, para reiniciar un Proyecto Nacional con un patrón de acumulación de carácter productivo, en el que se afirme una tendencia a una sustancial mejora de los trabajadores en su participación en el ingreso, el fortalecimiento del mercado interno y la mejora de las condiciones de vida de todo el pueblo.
La presencia del FMI con su lógica es un escollo al despliegue de una auténtica democracia plena. Porque el Fondo siempre co-gobierna. Esa es su ley. Impone condicionalidades que definen los rumbos de corto, mediano y largo plazo de la vida económica y social. Se arroga parte sustantiva de la soberanía política. No sólo impone la reducción del déficit, sino los niveles y plazos en que el país debe cumplir con esas metas. Se inmiscuye en la política monetaria e impone metas de emisión 0. Así el FMI participa de las cuestiones fiscales y monetarias. O sea que la soberanía fiscal y monetaria es intervenida por el Fondo. Sin gobierno de la moneda propia y del Presupuesto propio no existe soberanía política. En el año de la recuperación de la vida institucional sin soberanía plena, tampoco puede ignorarse que la democracia argentina no goza de plenitud. Porque la ciudadanía no define la política económica. Así, la recuperación de las instituciones y de las libertades públicas está acotada por un organismo que es el gerenciador del Imperio de las Finanzas. Peor aún, ese organismo impone medidas y políticas que conducen a la desigualdad y la pobreza. Más grave todavía, el endeudamiento que apuró el gobierno de rejuntados por el cambio con el FMI tuvo el objetivo de lograr la continuidad de un gobierno. Tenemos un acuerdo cuya raíz es la injerencia para definir elecciones. Será un año con un festejo agridulce.
El comunicado de la AEA
El agrupamiento empresario que asumió la sucesión del CEA (Consejo Empresario Argentino), cuya titularidad ejerciera previamente a su asunción como superministro de la dictadura terrorista José Alfredo Martínez de Hoz, es la AEA. Esta asociación emitió esta semana un comunicado en el que señaló textualmente:
– En particular –y en el marco de los 40 años de recuperación de la democracia– subrayamos la extraordinaria relevancia del principio constitucional de la división de poderes y de contar con una Justicia independiente.
– Es inevitable que la Argentina para desarrollarse pretenda alcanzar la normalidad en lo que se refiere a sus políticas económicas. Durante largos años hemos convivido con el flagelo de la alta inflación, con déficits permanentes en las cuentas públicas, con la ausencia de una moneda doméstica respetada, con una muy elevada y distorsionada presión tributaria sobre el sector formal, con cambios permanentes en las reglas de juego, con varios tipos de cambio, con injerencias indebidas en el ámbito propio de las empresas como son los controles de precios, o las múltiples restricciones vinculadas al comercio exterior; por solo nombrar algunas anomalías.
Resulta sugerente e inquietante que a 40 de la recuperación de la vida institucional el principal agrupamiento de los magnates económicos no señale lo más importante de una democracia: el ejercicio del poder popular. En cambio, la referencia hace centro en la “extraordinaria relevancia… de la división de poderes y de una Justicia independiente”. En rigor el concepto de democracia puesto en la división de poderes en boca de AEA resuena más en el eco de limitar el poder democrático que en su ejercicio. Sobre todo cuando se lo junta con la mención a contar con una Justicia independiente, cuando el país vive la ofensiva de una parte del Poder Judicial por apoderarse de funciones que le son propias a los otros dos poderes. Más grave aún, cuando lo hace en una República que sufre la rémora monárquica de un Poder Judicial meritocrático, cuyos miembros no son elegidos por la ciudadanía, ni tienen mandatos con vencimientos, y siendo esa meritocracia atravesada por conductas de cuerpo, por la que los vínculos familiares forman parte del mérito.
Por otro lado, el comunicado habla de anomalías en las políticas económicas. La crítica a la inflación, de la que como formadores de precios son los principales responsables, parece ser una prédica para profundizar ajustes que sentencien una redistribución regresiva del ingreso. La preocupación por los altos déficits públicos unido a la insólita queja por una excesiva presión tributaria –una probada falsedad– es una presión para reducir el gasto público, lo que sería un ingrediente adicional para incrementar la pobreza y debilitar la potencia del Estado.
Esa embestida contra el Estado y su participación en la economía se refuerza en reclamo de un “ámbito propio de las empresas”, impugnando los controles de precios. O sea que la economía, los precios, la distribución del ingreso, el manejo del comercio exterior son cuestiones sustraídas, enajenadas de la voluntad popular. Ahí la democracia no debe llegar para ser democracia, de acuerdo al criterio de los magnates.
Para los economistas del Foro de Economía y Trabajo, el proyecto nacional, popular y democrático requiere de una Intervención decidida del Estado en la economía, para los plutócratas del poder económico la democracia gobierna hasta la “puerta del mercado”, y la última y decisiva instancia del poder político reside en el Poder Judicial, de miembros vitalicios y selección sin voto popular.
A 40 años de haber puesto fin al terrorismo de Estado, la expansión de derechos requiere la remoción de poderes, ideologías y culturas oligárquicas, para avanzar hacia la independencia económica, la soberanía política y la justicia social.
En su clase magistral en la Universidad Nacional de Río Negro, la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner también abonó la idea de que el acuerdo con el FMI es inflacionario y debe ser revisado. Mostró la inviabilidad de la curva de pagos futura prevista en el acuerdo. Además, sostuvo la necesidad de mejorar los salarios reales, y que un gobierno de signo peronista requería que el empleo crezca junto con el salario y el empleo de calidad. También dijo que la peor tragedia que enfrentaba la Argentina era el endeudamiento contraído con el FMI y que era necesario cambiar sus condiciones. Además se refirió a la economía bimonetaria, adjudicando su surgimiento a la interrupción del patrón de acumulación de industrialización por sustitución de importaciones, reemplazándolo por otro de capitalismo financiero. Refutó las teorías que adjudican la inflación a la suba de los costos salariales y al déficit fiscal. Reivindicó una economía con moneda propia, siendo un elemento fundamental la construcción de una cuenta corriente del balance de pagos superavitaria y sólida, para la consecución de la cual se pronunció por una consistente administración del comercio exterior, destacando que en el futuro era indispensable contar con las divisas para dar un salto en encarar la investigación e innovación tecnológica. Por otra parte, caracterizó a los proyectos de dolarización como de venta de espejitos de colores y advirtió sobre las consecuencias sobre la Nación y, especialmente, en las clases medias de un curso en esa dirección. Sostuvo que el déficit fiscal era puesto como causante de los graves problemas argentinos siendo que la evasión fiscal y la fuga de activos al exterior no eran materia de tratamiento por parte de los sectores del poder, cuando constituían los graves problemas de la realidad. Se volvió a referir a la distribución del crecimiento, sosteniendo que como ella había llamado la atención en el pasado, hoy sus resultados se lo quedan “cuatro vivos” La sustancia de su pensamiento y programa económico quedó explicitada en su exposición.
Fuente: https://www.elcohetealaluna.com/liberacion-o-dependencia-2/