En su última cuenta pública al Congreso Nacional el 21 de mayo pasado, el Presidente Ricardo Lagos hizo un recuento de su gestión desde que asumiera sus funciones como primer mandatario hasta la fecha. En su mensaje Lagos destacó los avances que a su juicio el gobierno que preside ha logrado en materia político institucional, […]
En su última cuenta pública al Congreso Nacional el 21 de mayo pasado, el Presidente Ricardo Lagos hizo un recuento de su gestión desde que asumiera sus funciones como primer mandatario hasta la fecha. En su mensaje Lagos destacó los avances que a su juicio el gobierno que preside ha logrado en materia político institucional, económica, social y también en el plano cultural.
Escapa al interés de este artículo hacer un análisis general del mensaje presidencial. Ello, además de ambicioso, resultaría inútil, ya que la mayoría de los ciudadanos del país tienen un juicio formado de la actual gestión presidencial. Sin embargo, hay temáticas que son abordadas en él, que, por distintas razones -históricas y culturales, entre otras-, son en general desconocidas para la mayoría de los chilenos. Es el caso de la temática de los pueblos indígenas y de la diversidad cultural a la cual Lagos hace una breve alusión en su mensaje.
En efecto, el Presidente, al referirse al tema cultural afirma de manera enfática que Chile, además de ser una sociedad más democrática, es hoy «más pluralista, más diversa, más tolerante». Luego afirma, de manera igualmente tajante, que «hoy tenemos una nueva relación con nuestros pueblos originarios», dando cuenta de la entrega durante su mandato de 150 mil becas indígenas y del traspaso en el mismo período de 260 mil hectáreas de tierra al patrimonio indígena.
Agrega que «como sociedad tenemos una mirada más madura, más amplia y los temas medioambientales y el respeto a nuestras etnias originarias son temas sustancialmente fundamentales que estamos aprendiendo a abordar colectivamente». Concluye sosteniendo sobre esta materia que en Chile hay una forma «más moderna, más amplia, más plural» y que somos «una sociedad culturalmente más rica».
Paradojalmente, una semana después del mensaje presidencial, Amnistía Internacional identificaba en su Informe sobre derechos humanos 2005 las «violaciones de derechos humanos que afectaron particularmente a la comunidad mapuche» como uno de los problemas que en esta materia existe en el país. Lamentablemente, no se trata de una opinión aislada como el Presidente Lagos bien sabe.
La preocupación por las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas en Chile ha sido manifestada no solo por los propios pueblos indígenas y sus organizaciones representativas, sino por, entre otros, el Relator de la ONU para los Derechos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, en el informe de su misión a Chile el 2003, así como más recientemente por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también de la ONU, en su informe sobre el cumplimiento del Pacto relativo a estos derechos el 2004.
Dicha preocupación -a la que se suma la de Human Rights Watch y la Federación Internacional de Derechos Humanos -, no solo ha dicho relación con el hecho que nuestro país no cuenta con un marco jurídico que reconozca a los pueblos indígenas y a sus derechos colectivos, como el derecho a una cultura diversa a la que el Presidente Lagos hace referencia en su mensaje, sino además, a la violación sistematica de derechos básicos como el derecho a la vida, a la integridad física, y al debido proceso, hoy seriamente erosionados para muchas personas indígenas que habitan en comunidades que se han organizado para reclamar su derecho a la tierra y a los recursos naturales que hoy se encuentran en poder de terceros.
Se trata de una realidad que el Presidente Lagos conoce bien. De hecho fue él quien el 2001, frente a las críticas que los pueblos indígenas hicieran a su contradictoria política pública en la materia (por un lado encaminada a la ampliación de tierra y al fortalecimiento del desarrollo indígena y, por otro, orientadas a expandir la economía global hacia sus comunidades, a través de proyectos de inversión mineros, forestales y pesqueros, entre otros, sin un adecuado proceso de consulta y sin hacerlas participes de sus beneficios), creó la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, mandatándola para revisar el pasado de las relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado y proponer las bases de una nueva relación más respetuosa entre ambos.
Llama la atención que en su último mensaje el Presidente Lagos no haya hecho referencia a los conflictos que su gobierno ha tenido con los pueblos indígenas. Llama aún más la atención que no haya hecho mención alguna a la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, la que constituyó el esfuerzo más serio realizado durante su mandato para abordar, desde una mirada intercultural, los problemas que han obstaculizado la construcción de una sociedad tolerante y respetuosa de la diversidad étnica y cultural del país.
Ello solo puede encontrar explicación en un hecho que posiblemente los lectores desconozcan: que el Presidente Lagos tuvo serias dificultades para asumir las propuestas políticas, jurídicas y económicas formuladas en el informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, las que apuntaban a la introducción de reformas profundas para hacer realidad la tolerancia, la diversidad cultural y los derechos de los pueblos indígenas en el país.
Un ejemplo corrobora lo anteriormente afirmado: mientras la Comisión propuso, entre otras medidas; una reforma constitucional que declarase la existencia de los pueblos indígenas como descendientes de las sociedades pre-coloniales que se desarrollaron en el territorio actual del Estado, donde se estableciera el deber del Estado de garantizar la preservación de la diversidad étnico cultural de la nación y se reconociera un conjunto de derechos colectivos de carácter político, territorial y cultural en favor de los pueblos indígenas, el Ejecutivo propuso recientemente al Parlamento, con la oposición de las organizaciones aymara, mapuche y rapa nui, entre otras, una iniciativa que se limitaba a reemplazar el inciso final del artículo 1° de la Constitución de 1980, agregando que: «la ley garantizará el derecho a conservar, desarrollar y fortalecer la identidad, idiomas, instituciones y tradiciones espirituales, sociales y culturales de los pueblos indígenas que habitan el territorio nacional». Afortunadamente la reforma presentada por el ejecutivo fue rechazada por el Congreso días antes del 21 de mayo. Pues lejos de ayudar a la introducción de los cambios a los que aspiran los pueblos indígenas, esta reforma habría venido a congelar la discusión jurídico-política sobre la relación entre pueblos indígenas y Estado en Chile por una o dos décadas más, sin realizar un aporte significativo en favor de los derechos de estos pueblos.
Con este mensaje el Presidente Lagos se despide de la temática indígena poniéndola en el sitial que siempre tuvo bajo su mandato, esto es, como una temática de baja prioridad, siempre subordinada a los esfuerzos de su gobierno por la inserción del país -y consecuentemente de los territorios indígenas y de quienes habitan en ellos- en la economía global, sin mayor consideración por la voluntad y aspiraciones de sus comunidades.
Esperamos que quien suceda al Presidente Lagos en La Moneda, cualquiera sea su color político, tenga una mayor capacidad para comprender que la tolerancia y la diversidad cultural no se construyen a través de la imposición al otro -en este caso a los pueblos indígenas- de opciones que les son ajenas, por bien intencionadas que estas sean. Por el contrario, estas solo pueden ser alcanzadas a través de un diálogo respetuoso entre los distintos pueblos y culturas que convivimos en este territorio.
* José Aylwin es abogado. Director Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.