Propongo un texto para alumbrar frente a tanta oscuridad
“No nos hacemos sabios por el recuerdo de nuestro pasado, sino por la responsabilidad de nuestro futuro.” –George Bernard Shaw
Los racionamientos despiertan una entendible y por lo demás justificada indignación en la sociedad. Pero, a la vez, permiten que aflore con fuerza el cinismo y la sinvergüencería, aupados por la gran prensa comercial. Así, vemos cómo algunos personajes despotrican en contra de un supuesto monopolio del Estado, se rasgan sus vestiduras porque no se permitiría la inversión privada en el sector eléctrico e inclusive, sin empacho alguno, arremeten en contra de la Constitución de Montecristi.
LA CRÓNICA DE UN ESTIAJE ANUNCIADO
Empecemos por reconocer que las consecuencias de los actuales racionamientos de electricidad bien pudieron ser evitadas o al menos ser menos brutales. El Centro Nacional del Control de la Energía – CENACE, muchos meses antes del inicio de los cortes de luz del año pasado, en enero del 2023, ya anticipó que ese problema se avizoraba. Incluso demostró la existencia del elevado déficit energético. Y no solo eso, se propuso desde las entidades estatales varias soluciones, que no fueron asumidas por el gobierno del presidente Guillermo Lasso, las que tampoco motivaron la atención del actual régimen.
El problema derivado de los estiajes es porque no hay agua, según el simplón discurso oficial. Pero entendamos que no falta agua por un simple fenómeno natural. Esta situación tiene varias explicaciones. Estamos frente a un fenómeno recurrente agravado más y más por el calentamiento global, que provoca cambios en los regímenes de lluvias, que incluso hace desaparecer la masa de hielo en los Andes. Esto se exacerba, casa adentro, por la destrucción de los páramos, que son verdaderas fuentes de almacenamiento de agua; así como por la destrucción de las selvas amazónicas, lo que provoca una disminución del caudal de los “ríos voladores”, léase las nubes que vienen desde esa región.
Esta compleja situación también se explica por la desigual distribución de las plantas hidroeléctricas entre la vertiente del Pacífico y la vertiente del Amazonas, que concentra la mayor cantidad de obras de generación de hidroelectricidad.
Por otro lado, incide la carencia de combustibles para las plantas térmicas, así como su falta de mantenimiento, algo que se debe al irresponsable manejo de las autoridades de los ministerios de Energía y de Finanzas; no es una cuestión de limitación de recursos financieros, pues estos existen si hay un adecuado manejo fiscal que establezca con claridad las prioridades.
DEL ABANDONO DEL PARQUE TERMOELÉCTRICO A LA IMPROVISACIÓN MANIFIESTA
Sin negar la necesidad de ampliar lo más posible la generación hídrica de electricidad, es preciso entender que es necesario un parque termoeléctrico capaz de asumir los momentos más complejos de los estiajes, inclusive la demanda de horas pico de consumo de electricidad. Con el tiempo, esta relación de energías hidráulicas y térmicas podrá variar en la medida que se incorporen más plantas de energía solar, eólica y geotermia, teniendo al uso eficiente de la energía como otra fuente energética.
Por lo pronto, en lo que se refiere a las plantas de termoelectricidad instalados, una gran cantidad de esa potencia no está disponible, pues muchas plantas se encuentran en proceso de recuperación, en mantenimiento o están fuera de operación por estar obsoletas. El parque termoeléctrico de Ecuador, incluidas las centrales a gas natural y turbo vapor, tienen una capacidad de 2.858 megavatios. Pero no todo estaba operativo en el 2023. Solo estuvieron operativos 717 megavatios; es decir, apenas una cuarta parte.
Esta realidad, incluyendo los estiajes en ciernes, se advirtió en el año 2023 un indudable déficit de electricidad, que se habría cubierto con el ingreso de 500 a 500 megavatios de generación adicional por año, ante una demanda que crece aceleradamente, desde octubre pasado, en un 12 %. Entonces se destacó la necesidad de recuperar el parque termoeléctrico, al igual que la contratación de nueva generación termoeléctrica; así como de garantizar el suministro oportuno de combustibles a dichas plantas
No se hizo caso a esas advertencias, menos aún al plan emergente propuesto. La conclusión es evidente, el manejo irresponsable del gobierno del presidente Lasso -hostil en la práctica del sector público- es el primer causante de esta dura situación de racionamientos.
Actuando con precaución y de forma anticipada bien se pudo evitar los racionamientos de electricidad que, sin duda alguna, generan costos mucho más elevados que el monto de las inversiones que habrían sido necesarias para tener a punto el parque termoeléctrico. Igualmente, si se habría actuado de forma responsable bien se pudo asegurar el suministro oportuno y en condiciones adecuadas de electricidad de Colombia e incluso del Perú.
El gobierno de Daniel Noboa, caracterizado por una supina improvisación, también es responsable de esta situación. El mismo dijo conocer del tema: basta recordar que, cuando se le preguntó sobre los estiajes en el último debate presidencial, él afirmó que se trataba de una cuestión de transmisión y distribución de electricidad; campo en el que en sus nueve meses de gestión no se ha hecho nada. Los apagones demuestran hasta la saciedad el grado de improvisación del régimen.
No olivemos que su gobierno anunció solemnemente que no habrán más apagones. Con el apoyo del socialcristianismo y el correismo, Noboa impulso la Ley de Competitividad Energética, a la que le bautizó solemnemente como Ley No Más Apagones. Ley con que se quiere abrir más y más la puerta a las inversiones privadas en el sector eléctrico. Ley que no nos libró de los apagones…
ALGO DE SARDINA PARA LA MEMORIA
Recordemos que Ecuador fue uno de los primeros países que tuvo electricidad en una de sus ciudades gracias a la iniciativa de sus pobladores. El 23 de abril de 1897, Loja inauguró el suministro de electricidad, siendo la tercera ciudad en América Latina, después de Lima y Buenos Aires.
En 1925, en Guayaquil se instaló una empresa eléctrica con capitales norteamericanos: EMELEC, que suministró electricidad al puerto principal, primero con apoyo municipal y luego del gobierno nacional: desde los años sesenta del siglo XX esta empresa gozó de una garantía estatal anual de utilidades mínimas del 9% sobre sus activos fijos, pagaderas en dólares; al finalizar sus actividades, esta empresa apadrinada por la Embajada de los EEUU en Ecuador, pagó sus deudas en sucres y cobró sus acreencias en dólares.
Fue una época de marcado desorden en el suministro de energía, en el que intervenían algunos gobiernos descentralizados y empresas privadas. Todo comenzó a cambiar con la constitución del Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL) en 1961, que empezó a planificar y normar el sector eléctrico. Años después, durante el primer boom petrolero, en los años setenta del siglo pasado, se logró ampliar el potencial de generación de hidroelectricidad e incluso la construcción de algunas plantas térmicas importantes, a más del sistema nacional interconectado.
Este proceso se vio trunco con la agudización de los problemas económicos derivados de la grave crisis de deuda externa a inicios de los años 80. Eso provocó una desaceleración del proceso de ampliación de la generación de electricidad en el país, al tiempo que la crisis debilitó la demanda de electricidad.
En esas condiciones, al finalizar el gobierno de Rodrigo Borja, en el año 1992, el país experimentó problemas de racionamientos de electricidad. La respuesta del gobierno saliente, a través del INECEL, fue inmediata: planificó una serie de plantas térmicas para asumir los retos del estiaje. El nuevo gobierno, a través de su presidente Sixto Durán Ballén, quien llegó a participar inclusive en una sesión del directorio del INECEL, aprobó dichos planes emergentes. Sin embargo, su vicepresidente, Alberto Dahik Garzozi -personaje mimado por los grandes medios de comunicación comerciales, que todavía pretende dar “cátedra” sobre este tema-, a través del secretario técnico Consejo Nacional de Desarrollo – CONADE, desautorizó la construcción de plantas térmicas programadas por el Estado… La (sin)razón neoliberal no aceptaba que esas obras sean asumidas por el Estado.
A partir de ese punto se inauguró una época de irracionalidades sucesivas, todas inspiradas en la tozudez de la alquimia neoliberal que niega la capacidad de gestión estatal e incluso comunitaria. De la torpe decisión de adelantar la hora para que amanezca más temprano -la conocida como la hora sixtina-, para disqué ahorrar energía, se pasó a un intento de manejo del sector eléctrico con criterios de mercado liberalizado, con el fin de atraer al capital privado. La eficiencia, decían, sólo se la encuentra en el sector privado.
Aunque aparece como una evidente torpeza, incluso se separaron las empresas de generación de las empresas de las de distribución. Las primeras tenían vedada su capitalización ampliando sus capacidades de generación, lo que hacia que sus ingresos se dirijan a un Fondo de Solidaridad para financiar obras sociales; algo que nunca sucedió. Y a las empresas de distribución, como parte de este endemoniado plan privatizador, se les impuso la venta de electricidad con una tarifa inferior a la de compra…
En este contexto, los racionamientos de electricidad se sucedieron año tras año, hasta 1996. Se recurrió a la contratación de energía en extremo cara, suministrada por una serie de barcazas, tal como sucede en la actualidad. El impacto de tanta tozudez neoliberal fue enorme. Tan es así que dichos costos superaron largamente a los derivados del conflicto bélico del Cenepa en el año 1995, que tanto afectó gravemente a la economía ecuatoriana.
Recién con el inicio del gobierno de Rafael Correa, se volvió a plantear una visión integral del manejo del sector. Los planes de una transición energética se plasmaron en la Agenda energética 2007-2011 – Hacia un sistema energético sustentable, presentada en junio del año 2007. Se recuperó el papel planificador, regulador y de gestor del Estado. Se superó el esquema perverso de descapitalizaciones programadas a las empresas eléctricas. Se empezó a abordar el robo de electricidad propiciado por grandes consumidores (que aún se mantiene), en empresas eléctricas corrompidas por la politiquería y los negociados. Se revisaron muchos contratos lesivos de suministro a nivel nacional e internacional. No se aceptó la continuidad de proyectos atentatorios al interés nacional.
Incluso se propuso la construcción de una nueva y más vigorosa infraestructura hidroeléctrica, recuperando muchos de los proyectos que estaban ya estudiados por el INECEL, que desapareció en los años neoliberales. Entonces, entre tantas otras iniciativas, se abrió una incipiente discusión sobre la conveniencia de grandes proyectos hidroeléctricos y de un suministro más descentralizado a través de pequeñas y medianas centrales para la generación de hidroelectricidad. Incluso las comunidades fueron convocadas a formar parte de este proceso.
Lamentablemente, desde junio del 2007 se descuidó la estrategia oportunamente propuesta. Correa dividió el Ministerio de Energía y Minas, lo que gravitó en una perdida de acción planificada e integrada del sector energético, al separar la cuestión eléctrica del manejo petrolero. Se descuidó la generación termoeléctrica que era requerida para enfrentar los próximos estiajes mientras no se disponga de las necesarias plantas hidroeléctricas y también para completar demanda en las horas pico.
En suma, conociendo los riesgos inminentes, teniendo definidos los planes de acción y existiendo los recursos financieros para asumir las obras previstas en junio del 2007, no se hizo casi nada para enfrentar el estiaje que se vino. Y con la llegada de nuevos racionamientos de electricidad en los años 2009-2010 se dio paso a la contratación apurada de costosos generadores térmicos.
Paulatinamente se superó la situación con la construcción de importantes obras hidroeléctricas y con algunas plantas de energía solar y eólica. Lamentablemente se debe anotar que la construcción de dichas obras no fue adecuadamente planificada, además se caracterizaron por la corrupción, sus sobreprecios e incluso fallas técnicas. Basta constatar que aún no se concluye la planta hidroeléctrica Toachi-Pilatón.
COMO EL PERRO DEL HORTELANO, NI CONSTRUYE NI DEJA CONSTRUIR
El discurso sobre la ineficiencia estructural del Estado no solo que es viejo, sino que resulta falaz.
El dogmatismo neoliberal, la improvisación en el manejo del Estado e inclusive la mala fe son responsables de lo que sucede la actualidad. Hemos tenido gobernantes que no tienen empacho alguno en afectar el manejo estatal para forzar las privatizaciones. Todo ese manejo irresponsable se refleja en la falta de mantenimiento de los equipos sobre todo termoeléctricos y en la improvisación que reina en el sector, bastaría con recordar a la primera ministra de Energía del presidente Noboa, una persona ignorante a tiempo completo en la materia, a quien se le destituyó por supuestamente haber sido parte de un complot contra su propio gobierno, luego vendría la historieta de la raposa que se comió unos cables o el árbol que cayo sobre otros…
En síntesis, hay que tener en cuenta que no es que las empresas estatales son ineficientes por definición. En muchas ocasiones, incluso a nivel ministerial, quienes las presiden son desconocedores de la materia, improvisados, o están allí para forzar su debilitamiento y así su privatización. A contrapelo de quienes hablan de un monopolio estatal, desde el gobierno de Lenín Moreno se apostó por un modelo de inversión privada para el desarrollo de centrales de generación eléctrica, pero no ha dado resultados. Hay proyectos en manos privadas que no se ejecutan: la central eólica Villonaco III y el proyecto fotovoltaico El Aromo, con 310 megavatios en total, no han comenzado su construcción; hay, también, retraso en el desarrollo de otros proyectos de 500 megavatios en energías renovables no convencionales. ¿Será que están esperando garantías estatales que les aseguren sus utilidades como sucedió con EMELEC?, cabría preguntarse.
Además, no se sostiene el argumento de que el Estado carece de recursos. Si remitimos a los llamados “convenios de liquidez”, es decir los recursos retirados a las entidades y empresas del sector público, de sus cuentas en el Banco Central, sabemos que el 30 de diciembre de 2023 el Ministerio de Economía y Finanzas, bajo dicha figura, usó dinero de las cuentas de las empresas públicas y de entidades bajo el Presupuesto General del Estado por 4.481 millones de dólares. De hecho, en el gobierno de Daniel Noboa se retiró el dinero de la CELEC y de la CENACE, en el sector eléctrico, y a Petroecuador, que provee combustible a las termoeléctricas. Esta falta de recursos es, entonces, el resultado de las restricciones provocadas por el elevado servicio de la deuda externa y también por políticas de austeridad fiscal -verdadero austericidio, inclusive en lo energético- que dificultan la oportuna inversión para enfrentar los racionamientos anticipados.
Para completar este escenario, procurando hacer algo de luz en medio de tantos apagones, valdría mencionar los subsidios que reciben algunas grandes empresas y actividades extractivas. El caso más clamoroso es el de las empresas mineras (ilegales todas, por más señas). Estas empresas mineras, que dicen traer el desarrollo al país, lo que es totalmente falso, se benefician de tarifas subsidiadas de 5 centavos por kilovatio / hora. Adicionalmente, la mina Mirador demanda electricidad en un equivalente al de 1,8 millones de habitantes del Ecuador anualmente; la mina Fruta del Norte, unos 745 mil compatriotas; en ambos casos con millonaros subsidios solo por este concepto. Además, la demanda de electricidad de explotaciones mineras como Mirador requiere una potencia similar al de la barcaza turca recientemente contratada: casi 100 megavatios; contratación, que, además, se dio de forma poco transparente.
Otro factor que pess y mucho, son las millonarias pérdidas eléctricas de alrededor de 240 millones de dólares al año, por mala gestión de las empresas distribuidoras y robos de energía eléctrica.
En este punto pesa, por cierto, la ausencia de una política energética integral.
UNA VEZ MÁS, LA INFALTABLE PREGUNTA: ¿QUÉ HACER?
Es evidente que las actuales autoridades gubernamentales saben que no pueden resolver los temas pendientes en el corto plazo, tampoco demuestran capacidad para resolver los problemas en el mediano y largo plazos. Cunde la improvisación y la sinvergüencería, mientras se aprovecha el momento para forzar las privatizaciones.
La solución no pasa simplemente por alentar la inversión privada en el sector eléctrico, como proponen los neoliberales. Tampoco basta incrementar la oferta desde el sector estatal.
El punto de partida radica en la soberanía energética, establecida en la Constitución de Montecristi, que no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectando el derecho de los ciclos vitales del agua. La energía debe ser vista como un derecho, no como una mercancía o un simple insumo. Requerimos propiciar la autosuficiencia energética, no solo de las empresas sino de las comunidades. Se precisa propender a la eficiencia en el aprovechamiento, transformación y uso de la energía, tanto como la diversificación de fuentes y tecnologías energéticas.
La cuestión no radica simplemente en una mayor eficiencia gerencial de los proyectos energéticos, ni en la utilización de tecnología de punta, lo que se requiere es impulsar procesos de cambio que transformen las estructuras de consumo y producción, es decir que incidan en la vida de la sociedad, empezando por el ámbito del transporte. No se trata, para destacar un caso, de alentar la utilización de vehículos particulares eléctricos, que provocan masivas destrucciones por su creciente demanda de minerales, sino de impulsar sistemas subsidiados de transporte público de personas -municipales, en las ciudades, por ejemplo- y de carga que utilicen fuentes energéticas realmente renovables.
En este punto emerge con fuerza la necesidad de una adecuada política de precios y subsidios de la energía, que coadyuve a la construcción de otras estructuras de producción y consumo, al rediseño de las ciudades e inclusive a nuevas lógicas de integración regional.
En suma, la viabilidad del sistema energético tiene que planificarse y darse en armonía con la Naturaleza y la sociedad, logrando un verdadero fortalecimiento legal e institucional, que no se alcanzará con simples parches jurídicos, como la Ley No Más Apagones de Noboa. Esto implica la construcción de un sistema energético que sea sustentable, democrático, económico, confiable, de calidad y socialmente equitativo, es decir que combata la “pobreza energética” enfrentando el despilfarro de la energía. Sin negar el potencial de otros sectores de la sociedad, hay que fortalecer a las empresas del sector estatal, permitiendo que funcionen como tales, incluso dotándoles de las garantías suficientes para que puedan fondearse en el exterior.
Las preguntas que debemos formularnos, en clave con una adecuada planificación, son energía para qué, energía para quién, energía controlada por quién y de qué energía estamos hablando, así cómo se obtiene esa energía, tanto como quién define todas estas preguntas. Son preguntas que esperan respuestas eminentemente políticas, más que técnicas. Esto demanda una transición fundamentada en la democracia energética, es decir la participación de comunidades de consumidores y consumidoras -especialmente comunidades y cooperativas energéticas-, emprendimientos generadores de energía, municipios y prefecturas, el gobierno central y por supuesto la integración regional. En las actuales circunstancias, con el actual gobierno estas preguntas no podrán tener las respuestas adecuadas.
Alberto Acosta: Economista ecuatoriano. Funcionario de la Corporación Petrolera Ecuatoriana – CEPE (años ochenta). Consultor internacional de temas energéticos. Ministro de Energía y Minas (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008).
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