«El inmencionable olor de la muerte ofende a la noche de septiembre». — W. H. Auden 1/9/39 Septiembre se ha convertido en el mes más cruel del Generalísimo Augusto Pinochet Ugarte. En otros tiempos septiembre pareció ser la época del triunfo personal de Pinochet -y la muerte de sus víctimas en todo el mundo. El […]
«El inmencionable olor de la muerte
ofende a la noche de septiembre».
— W. H. Auden 1/9/39
Septiembre se ha convertido en el mes más cruel del Generalísimo Augusto Pinochet Ugarte. En otros tiempos septiembre pareció ser la época del triunfo personal de Pinochet -y la muerte de sus víctimas en todo el mundo. El 11 de septiembre de 1973 (28 años antes del ataque al World Trade Center y al Pentágono), Pinochet dirigió un sangriento golpe apoyado por EEUU contra el gobierno elegido del socialista Dr. Salvador Allende, quien murió cuando las tropas de asalto atacaron su oficina.
En septiembre de 1974 Pinochet ordenó a su policía secreta que asesinara a su antiguo jefe, el General Carlos Prats, jefe del ejército de Chile bajo Salvador Allende, el cual vivía exiliado en Buenos Aires. Una bomba en el automóvil hizo volar a Prats y a su esposa hasta un sexto piso
En septiembre de 1975 Pinochet autorizó otro asesinato en el exterior. A principios de octubre un pistolero disparó a quemarropa en la cabeza a Bernardo Leighton y a su esposa mientras paseaban por una calle de Roma. Tanto el exiliado líder de la Democracia Cristiana como su esposa salvaron la vida, pero nunca se recuperaron de sus graves heridas.
Un año después Pinochet dio luz verde para que mataran a Orlando Letelier, el último Ministro de Defensa de Allende, exiliado en Washington, D.C. En septiembre de 1976 los escuadrones asesinos de Pinochet detonaron una bomba colocada bajo su auto. La explosión en la calle de las embajadas de Washington le arrancó las dos piernas a Letelier y mató también a Ronnie Moffitt, una joven norteamericana y colega de Letelier en el Instituto para Estudios de Política, donde ambos trabajaban.
Estos asesinatos tuvieron lugar como parte de la Operación Cóndor, un pacto entre varias agencias de inteligencia de Latinoamérica, con alguna participación también de los servicios norteamericanos, con el fin de perseguir y matar a disidentes latinoamericanos en otros países.
Septiembre en otro tiempo significó muerte y destrucción para los enemigos políticos de Pinochet. Sin embargo, este año septiembre significó descubrimiento. Un juez chileno ordenó a buzos que buscaran evidencia relacionada con cuerpos desaparecidos de otras víctimas de Pinochet. El 22 de septiembre, el equipo submarino encontró pedazos de rieles de ferrocarril que los asesinos bajo las órdenes de Pinochet aparentemente habían usado para hundir los cadáveres de los enemigos ideológicos del dictador.
El juez Juan Guzmán aseguró que tenía «abundante información» de cómo soldados chilenos utilizaron rieles de ferrocarril como peso adicional para garantizar que los cadáveres que lanzaban al océano no volvieran a la superficie. Guzmán acumuló pruebas acerca del destino de 1 200 personas «desaparecidas» -el eufemismo para evitar un rastro de papel de los asesinatos. Ningún registro de arresto. ¡Ningún cadáver! ¡Ningún crimen! Pero los perseguidores de Pinochet se negaron a rendirse.
Hace dos años, un sargento retirado de la Fuerza Aérea, Juan Carlos Molina, dijo a la televisión chilena que él y otros miembros de las fuerzas armadas habían atado rieles de ferrocarril a cadáveres, los habían metido en bolsas y los habían lanzado al mar desde aviones. Hace cuatro años, el comando militar chileno reconoció formalmente que había desaparecido 200 cadáveres de esa manera.
Uno de estos casos está relacionado con la desaparición de 10 líderes del Partido Comunista en 1976, entre ellos Jorge Muñoz, esposo de la actual líder del partido, Gladys Marín. Hace tres años, Guzmán también ordenó que se colocara a Pinochet bajo arresto domiciliario, pero el Tribunal Supremo de Chile declaró que el anciano déspota estaba demasiado enfermo y demencial para ser juzgado. Se supone que sufría de pérdida de memoria, diabetes y artritis. Sin embargo, lució totalmente convincente en una larga entrevista que concedió a una estación de TV de Miami y, como veremos, en el manejo de sus finanzas.
En agosto Guzmán finalmente convenció a un Tribunal de Apelaciones para que despojara a Pinochet de su inmunidad de ser juzgado, al derogar la amnistía que el ex emperador se había concedido a sí mismo antes de dejar la presidencia a la cual se había nombrado. Pinochet enfrenta 3 197 acusaciones de asesinato, el número de personas que los investigadores del gobierno chileno contaron como asesinados durante su reinado de terror de 17 años (1973-90).
En septiembre, la ley golpeó nuevamente a Pinochet en la forma de una demanda del juez español Baltasar Garzón de congelación de sus valores y acusaciones en su contra y del banco que ocultó su dinero. En julio, el Subcomité Permanente para Investigaciones del Senado de EE.UU. había publicado un informe que ensombrecía aún más los años de decadencia del general: Pinochet se había complotado con funcionarios del Banco Riggs de Washington, D.C. para ocultar hasta $8 millones de dólares en cuentas a su nombre y de su esposa. Hasta los ancianos miembros del club de admiradores de Pinochet se estremecieron cuando supieron que el hombre que había jurado que vivía con un modesto salario de general poseía $100 millones de dólares. Y Pinochet no había declarado esos ingresos al servicio chileno de impuestos sobre la renta -otro crimen más. Para agregar a la miseria de este Macbeth chileno, sus víctimas y familiares de ellas han presentado una demanda para quedarse con su dinero.
El abogado español Juan Garcés, que representa a las víctimas de Pinochet en la demanda civil y criminal, instigó los primeros procesos judiciales en 1996. Sus esfuerzos legales han abierto el camino para que proceda el juez chileno Guzmán. Gracias a sus esfuerzos, Pinochet ahora se enfrenta a un sin número de problemas legales.
En Estados Unidos el Subcomité del Senado y luego el Departamento de Justicia comenzaron a investigar sus fondos ilícitos después de que Garcés convenciera al juez español Baltasar Garzón que solicitara a las autoridades norteamericanas que congelaran los fondos de Pinochet en octubre de 1998. En julio de 2004, Garzón presentó acusaciones criminales contra el Banco Riggs de Washington, D.C. alegando que sus funcionarios ocultaron ilegalmente los valores de Pinochet después de haber recibido una orden judicial de su congelación. Si el Departamento de Justicia no procesa a Pinochet, Garzón acusará a Pinochet y al Banco Riggs por lavado de dinero y ocultar valores.
Garcés fue asesor político de Allende y escapó de la muerte por un pelo la mañana del golpe de 1973. Pero nunca dejó de buscar justicia en el caso de Pinochet. En 1996, organizó a fiscales y a abogados en España para presentar demandas criminales y civiles contra el dictador. Un juez español aceptó la jurisdicción sobre la base de que existía suficiente evidencia de que Pinochet había cometido actos terroristas, genocidio y tortura -todos crímenes contra el derecho internacional.
Cuando supo de la presencia de Pinochet en Londres en octubre de 1998, Garcés convenció al Juez Garzón, quien recientemente se había hecho cargo del caso, de que existía suficiente evidencia para solicitar a las autoridades británicas que arrestaran a Pinochet, solicitar su extradición para ser juzgado en España y que congelaran sus fondos de manera que sus víctimas pudieran recibir alguna compensación. Las autoridades británicas aceptaron. Por aquella época el viejo abusador estaba visitando a su amiguita, la ex primera ministra Margaret Thatcher, comprando en Harrods y cenando en elegantes bistros londinenses. El arresto en Londres inició la caída de Pinochet, de ex presidente que merecía tratamiento de gala a criminal acusado.
En 1999 la Cámara de los Lores aceptó las acusaciones de tortura y un juez ordenó que Pinochet fuera enviado a España para ser juzgado. Pero en enero de 2000 las autoridades británicas y chilenas cocinaron un escape médico para Pinochet y encontraron a doctores que aseguraron que estaba demasiado enfermo y demente para ser juzgado. En marzo de 2000, después de quince meses como prisionero, Pinochet llegó a Chile. Mientras bailaba una cueca al bajar del avión, abrazó a sus colegas militares que se alinearon para recibirlo. Milagrosamente recordó los nombres de todos. Parecía que el dictador había escapado del brazo de la justicia. Pero, dijo Garcés, en septiembre de 2004, la revelación acerca del Banco Riggs reabrió el caso, esta vez «acerca del dinero que el criminal obtuvo y ocultó».
Los casos de Pinochet dramatizan asuntos más allá del destino de un dictador de 88 años que declaró que las «necesidades de estado» lo obligaron a matar y torturar.
Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, presidentes de EE.UU. han ordenado el derrocamiento de gobiernos en Irán, Guatemala, Brasil y Chile -unos pocos ejemplos-, e invadido Viet Nam, Laos y Camboya -unos pocos entre muchos ejemplos- debido a «necesidades de estado» de la Guerra Fría.
Irónicamente, líderes de EEUU también introdujeron las leyes de Nuremberg de 1945-46, las cuales proscribieron la guerra agresiva. Ayudaron a redactar la Carta de la ONU, que proscribió la intervención en los asuntos de otros estados. Pero el Secretario de Estado Henry Kissinger, al justificar la decisión del Presidente Nixon de desestabilizar al gobierno de Chile, no pudo «ver por qué tenemos que cruzarnos de brazos y ver a un país hacerse comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo». Se refería al juicio de los chilenos en las urnas en 1970, cuando seleccionaron a Allende como presidente.
Kissinger dramatizó su preferencia de las necesidades de estado por sobre la ley cuando se vio frente al asesinato y torturas masivas en Chile. Dijo a su personal que «debemos comprender nuestra política -no importa de qué manera tan desagradable actúen (las fuerzas represivas de Pinochet), el gobierno es mejor para nosotros que el de Salvador Allende».
Los casos de Pinochet también se relacionan con la invasión a Irak, un crimen cometido por George W. Bush por «necesidades de estado». La interpretación subjetiva por Bush de la seguridad nacional de EEUU anula la ley. Los casos de Pinochet cuestionan el derecho de los jefes de estado a cometer actos criminales. ¡Qué jugoso tema para los electores norteamericanos! Desafortunadamente, Kerry no ha presentado claramente el caso.
El nuevo libro de Landau es El negocio de Estados Unidos: cómo los consumidores reemplazaron a los ciudadanos y de qué manera se puede invertir la tendencia. Landau dirige un programa de estudios de medios digitales en la Universidad Cal Poly Pomona y es miembro del Instituto de Estudios Políticos de Washington.