Los desafíos ambientales de Ecuador para 2021

En 2020, en medio de la pandemia por el COVID-19, las actividades de extracción de minerales y petróleo continuaron como la principal manera de generar recursos para Ecuador. El Ministerio de Ambiente se fusionó con la Secretaría del Agua y esto dejó muchas dudas sobre su funcionamiento. 

Más de 100 guardaparques fueron despedidos y el cuidado de las áreas protegidas quedó en el limbo. Además, al inicio del 2020, la Consulta Popular impulsada por el colectivo Yasunidos fue negada por segunda vez por el Consejo Nacional Electoral, la primera fue en 2014.  

El 2021 es un año electoral en Ecuador, lo que también cambiará el rumbo del país en varios sectores, incluido el ambiental. La mayoría de los candidatos presidenciales ofrecen impulsar las actividades de extracción de recursos naturales, poniendo en riesgo al medioambiente en caso que lleguen al poder porque se daría paso a más concesiones. Estos son los desafíos ambientales de Ecuador para 2021. 

El futuro de la consulta Popular para el Parque Yasuní

En octubre de 2020, la Corte Constitucional de Ecuador admitió a trámite la acción extraordinaria de protección del colectivo Yasunidos: su principal objetivo es dejar el petróleo debajo del parque nacional Yasuní. El grupo de activistas ambientales, conformado en 2013 para evitar la explotación petrolera del bloque 43 o ITT dentro del Parque Nacional Yasuní y para defender la vida de los Pueblos Indígenas en Aislamiento (PIA),  presentó este recurso luego de que el Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador (TCE) ratificara la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) donde se negaba el pedido de consulta popular. 

Ocho meses antes, en febrero de 2020, el CNE negó por segunda vez la solicitud con el argumento de que fue presentada por Julio César Trujillo, como representante de los Yasunidos, y él falleció en mayo de 2019. El Consejo consideró que no había un proponente para una consulta. Cinco años atrás, en 2014, el CNE también negó la solicitud de consulta popular porque, según el organismo, había irregularidades en las firmas entregadas para convocar a la consulta. 

Fotografía de Iván Castaneira Agencia Tegantai

Pedro Bermeo, representante de Yasunidos, dice que esperan que la acción extraordinaria de protección se resuelva a su favor. “En caso de que la Corte [Constitucional] considere que hay una vulneración de derechos, tiene que haber reparación integral y esa reparación, en gran medida, es la consulta popular”.  Bermeo asegura que ahora es más urgente convocar a la Consulta Popular para decidir el futuro del Yasuní porque “en este momento el Estado ha intensificado la extracción petrolera en el contexto del COVID -19 y los PIA podrían ser exterminados”. 

Según Bermeo, el 2021 será un año decisivo para el ambiente y considera que debe existir una política post extractiva como “la única forma de seguir coexistiendo en este planeta” y evitar la desaparición de los PIA.  En la acción extraordinaria de protección, la Corte Constitucional decidió que, como parte del debido proceso, el Tribunal Contencioso Electoral debía presentar un informe de descargo ante la Corte, es decir, las pruebas con las que sustentó su decisión. 

El líder de Yasunidos dice que el tribunal ya presentó ese informe y están esperando que los jueces convoquen a la audiencia del caso en los próximos días . El 7 de febrero de 2021 se realizarán las elecciones presidenciales y las expectativas del colectivo es que la Corte priorice el tema y pueda ser incluido en el proceso electoral ecuatoriano.

Cuidado con la operación de las hidroeléctricas

En febrero de 2020 desapareció la cascada San Rafael, de 150 metros, ubicada entre las provincias amazónicas de Sucumbíos y Napo. Las autoridades dijeron que el hecho fue un fenómeno natural pero, cuando se construyó la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair y se inauguró   en el 2016 a pocos kilómetros de la cascada, expertos temían que esa construcción redujera el caudal del río Coca y que la cascada se quedara sin agua. La desaparición de la cascada fue el inicio visible de un proceso acelerado de erosión del río que provocó, entre el  7 y 8 de abril de 2020, la rotura del Sistema de Oleoductos Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). 

Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Dirección Zonal del Ambiente y Agua de Sucumbios

Tiempo atrás, antes de que el OCP entrara en operación en 2003, expertos advirtieron que la zona era de alto riesgo, un área sísmica con frecuentes deslizamientos de tierra y propensa a erupciones del volcán Reventador.  

Lo cierto es que durante 2020 la erosión regresiva del río Coca no ha parado y, según los expertos, continuará en el 2021. Según el ecólogo Jorge Celi, PhD director del Laboratorio Nacional de Referencia del Agua y Director de la Cátedra Unesco en Manejo de Aguas Dulces Tropicales de la Universidad Regional Amazónica Ikiam, “esto pasa por hacer grandes obras en sitios inadecuados y sin calcular cuánta energía necesitamos en el país”. Celi dice que no está mal generar energía, pero se debe hacer de forma correcta y planificada. Además, le preocupa que la erosión intensa y acelerada del río Coca pueda llegar a Coca Codo Sinclair y termine afectándola. 

La Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) empresa pública encargada de las hidroeléctricas del país, en respuesta a un pedido de información de Mongabay Latam, manifestó que entre 2020, 2021 y 2022 a través de la Comisión Ejecutora Río Coca conformada para estudiar, mitigar, controlar y remediar los efectos de la erosión del río Coca, realizará una inversión de más de 124 millones de dólares para estudios y diseño, construcción de obras como diques bajo el cauce del río, compra de equipos y gastos administrativos. 

Sin embargo, lo que pueda ocurrir con Coca Codo Sinclair, dado el avance de la erosión del río Coca, no es la única preocupación que genera el sector hidroeléctrico en Ecuador. Actualmente, el proyecto San José del Tambo, en la provincia de Bolívar, también representa un riesgo ambiental que viene creciendo desde hace casi siete años. 

La historia de Hidrotambo, como también se le conoce, empezó en 2005  cuando recibió la licencia ambiental para su construcción, instalación y operación, esta hidroeléctrica tiene 8 megavatios de potencia. Entró en funcionamiento en 2014 y tan solo un año más tarde, la hidroeléctrica hizo que el curso del río Dulcepamba cambiara “y eso ocasionó un desastre”, dice Celi. 

En 2015, las obras de captación de la hidroeléctrica provocaron una inundación en la comunidad San Pablo de Amalí, en el cantón Chillanes, en la provincia de Bolívar, fallecieron tres personas y se destruyeron varias hectáreas de fincas, según uncomunicado de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh). 

La inundación no fue el único problema de este proyecto. Una investigación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) dice que a Hidrotambo le concesionaron la mayor parte del agua del río Dulcepamba que provee de agua a más de 70 comunidades cercanas. En julio de 2019, la entonces Secretaría del Agua le ordenó a la hidroeléctrica redujera el funcionamiento en las épocas secas para no afectar a las comunidades. 

Pero Eduardo Gonzales, abogado de Hidrotambo dice que la empresa presentó una reclamación administrativa de nulidad y que en septiembre de 2020, el Ministerio de Ambiente y Agua no la aceptó. Gonzales asegura que enseguida presentaron otra petición y hasta hoy está pendiente. Esto significa que la orden de la entonces Secretaría del Agua no ha entrado en vigencia, “por lo tanto, no existe incumplimiento por parte de Hidrotambo”.  Sin embargo, en octubre de 2020, la Defensoría del Pueblo visitó la zona y verificó que Hidrotambo no ha cumplido con esa disposición.  

Jorge Celi explica que son casi 3 kilómetros en los que el cauce del río está modificado e inestable. Eso sucedió, dice el experto, por un fenómeno humano, no por uno natural. Para Celi, una de las principales afectaciones de esa modificación es que se impide la migración de peces que vienen desde la Costa hacia los Andes. “Ya no pueden usar ese tramo porque está seco, no tienen esa fuente de comida que tenían antes”, destaca el ecólogo. 

Que el río Dulcepamba vuelva a su cauce natural podría tomar décadas pero es difícil que esto ocurra mientras la hidroeléctrica permanezca ahí. Para 2021, Celi cree que los responsables del proyecto deben hacer una restructuración del caudal: diseñar una estrategia de cómo debería estar el río para que no haya más impactos en las comunidades, “aunque no sé si sea económicamente factible, porque las reparaciones cuestan más que la represa”, dice.

Por otro lado, dice que el Dulcepamba no es el único río afectado porque problemas como estos siempre suceden cuando hay construcción de hidroeléctricas. Recuerda, por ejemplo, el proyecto Hidroeléctrico Piatúa, en el río del mismo nombre y que va hacia la provincia de Napo, que fue suspendido por un juez en 2019 debido a deficiencias de los estudios presentados por la empresa Genefran S.A. y por afectaciones a los modos de vida de los indígenas kichwa de Santa Clara. 

El fortalecimiento del Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador

En marzo de 2020 el Ministerio del Ambiente del Ecuador y la Secretaría de Agua se fusionaron. Este era un objetivo del gobierno desde octubre de 2018 cuando el presidente Lenín Moreno expidió un decreto que ordenaba esa fusión, pero se llevó a cabo casi dos años después. 

La fusión, según el decreto que la formalizó, fue una “optimización institucional”. Sin embargo, el Ministerio ha tenido una alta rotación de ministros. Desde que inició el gobierno de Moreno, por el Ministerio de Ambiente ha estado en cabeza de seis personas: cinco oficialmente y uno encargado. Tarsicio Granizo fue el primero y dice que el problema no es solo el cambio constante de ministro de Ambiente sino de todos los funcionarios.  “Es muy difícil reinventar el ministerio del Ambiente cada vez que se cambia un ministro, es imposible planificar en el mediano o largo plazo, es imposible dar continuidad a las iniciativas e ideas”. 

Juan Dehowitt fue el primer ministro de la entidad fusionada. Foto: Ministerio del Ambiente Ecuador.

 Granizo se refiere a los despidos de 2020. Más de 100 guardaparques fueron retirados de sus cargos en junio del año pasado debido a la crisis financiera causada por la pandemia del COVID-19 pero son esenciales para la conservación de las áreas protegidas de Ecuador. 

El Ministerio del Ambiente dijo, en junio de 2020, que los trabajadores no fueron despedidos sino que cambió el modelo de contratación: de nombramiento provisional a contrato ocasional. Es decir, a un tipo de contrato inestable en el que el trabajador no tiene derecho a indemnización por despido ni incentivos para la jubilación. Granizo asegura que si el gobierno sigue así, para el próximo año, o lo que resta del gobierno de Moreno, el Ministerio “va a quedar como un cascarón vacío, sin posibilidad de control y sin autoridad”. 

El presupuesto general del Estado para 2021 será el mismo que el del año anterior: 35 498 millones de dólares, de los cuales muy poco va al sector ambiental como lo demuestra lo que ha sucedido en los últimos dos años.  En 2019 fue de 24 millones de dólares y el de la Secretaría de Agua (Senagua) un poco más de 19 millones. Para 2020, el Ministerio tuvo una reducción de dos millones y la extinta Senagua recibió casi la mitad de su presupuesto anterior. Benito Bonilla, miembro de la fundación ecologista Pachamama dice que el buen funcionamiento del Ministerio de Ambiente y Agua depende de su presupuesto, “si no tiene recursos, no tiene capacidad operativa y en el caso del Ambiente esto se traduce en menos operativos de control en los territorios”. 

Para el 2021, Tarsicio Granizo cree que otro de los desafíos para el Ministerio de Ambiente y Agua es que el gobierno decida si de verdad lo quiere robustecer. Para él, se necesita el fortalecimiento de las autoridades ambientales de cada provincia y una política de Estado donde haya una agenda ambiental para todos los ministerios de Ecuador. 

El 24 de mayo de 2021 será una fecha clave pues se acaba el periodo presidencial de Moreno y el nuevo gobierno lo primero que tendrá que hacer, dice Granizo, es “determinar si el tema ambiental es una prioridad o solo una figura decorativa”. Por su parte, Benito Bonilla cree que al minimizar el rol del Ministerio de Ambiente, aumentarán fenómenos como la tala ilegal en la Amazonía. 

Hora de actuar para conservar el Chocó ecuatoriano 

El Chocó ecuatoriano lleva décadas recibiendo amenazas. Sus cerca de 1.17 millones de hectáreas de selva en las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Pichincha y parte de la provincia de El Oro han sido de interés para la siembra de palma, la minería legal e ilegal y, en general, para actividades que han traído consigo deforestación. Nathalia Bonilla, miembro de la fundación Acción Ecológica, dice que la tala del bosque del Chocó “afecta a los derechos de la naturaleza porque estamos destruyendo ecosistemas enteros. Si se tala, los animales no tienen esos ecosistemas para vivir. En un primer momento se desplazarán en busca de remanentes pero esto significa una gran presión y poco a poco van muriendo”. 

En octubre de 2020 el Concejo del Distrito Metropolitano de Quito, donde se encuentran 286 mil hectáreas del Chocó, aprobó con 22 votos a favor una resolución para proteger el Chocó. Con este proyecto se prohíbe de forma permanente las concesiones mineras metálicas se borran las que ya existían en el mapa minero dentro del territorio de la Reserva de Biósfera del Chocó Andino.

Según un estudio de Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP) publicado en julio de 2019, el Chocó ecuatoriano es uno de los bosques tropicales más amenazados del mundo y se ha perdido el 61% de su bosque, equivalentes a 1,8 millones de hectáreas. Jorge Brito, investigador de mamíferos y anfibios en el Instituto Nacional de Biodiversidad de Ecuador (Inabio), cree que para 2021 la situación del Chocó seguirá siendo compleja y “no solo para el 2021, sino para el 2022 y el 2023 por la fuerte presión de la frontera agrícola o porque muchas de estas zonas han sido concesionadas para la minería”. 

Los expertos aseguran que la afectación se reflejará en la contaminación del agua, la reducción de los bosques y en la pérdida de especies, “de las vidas que ni siquiera hemos logrado inventariar. Mucha de esta vida posiblemente desaparecerá con la pérdida de estos bosques”, dice Brito.  

Nathalia Bonilla comenta que “el bosque del Chocó corre un inminente peligro de deforestación para dar paso a la palma aceitera”. Según dice, esta actividad se ha hecho más intensa desde hace seis meses, cuando la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó laLey de Palma que regula las actividades económicas alrededor de la cadena de extracción, producción y comercialización de aceite de palma. Esta ley contempla ubicar sembríos dentro de zonas de protección hídrica, lo que preocupa a expertos y comunidades pues, además de la contaminación del agua, se darían fuertes procesos de deforestación y destrucción de suelos productivos. 

Bonilla es pesimista y cree que para el 2021 la situación del Chocó ecuatoriano no solo será complicada. Según menciona, el Chocó ecuatoriano es uno de los ecosistemas que se perderá en los próximos diez años. En Acción Ecológica creen que la situación es complicada porque “no hay la voluntad del Estado para protegerlo. Estamos viendo cómo se tratan de extraer todos los recursos con la intensidad más grande y dejando contaminación”. 

La reactivación económica más allá de la minería y el petróleo

El 7 de febrero de 2021 los ecuatorianos elegirán un nuevo gobierno. Los nuevos presidente y vicepresidente le podrían dar un nuevo rumbo al país en todos los sectores y el ambiental no es la excepción. Dentro de la lista de los 16 binomios presidenciales está Pedro Freile que propone fortalecer la economía del país con la explotación petrolera y se ha movido en el mundo de energía hidroeléctrica o el candidato presidencial Giovanny Andrade que es cercano al sector minero, actualmente es presidente de la Cámara Minera Ecuatoriano-Chilena y propone que impulsará la minería en su eventual gobierno. También está el exprefecto de Azuay, Yaku Pérez, dirigente indígena y activista ambiental, que se ha centrado en la defensa del agua y recientemente participó en un pedido de Consulta Popular para frenar la minería en su provincia. 

Fotografía de Amazon Frontlines

Aunque hay nuevas propuestas como la de Pérez, en el 2021 el país parece estar destinado a seguir explotando sus recursos no renovables. Ecuador tiene compromisos con China: en 2016 Petroecuador y el Banco de Desarrollo Chino (CDB) acordaron la entrega de 181 millones de barriles de petróleo de los que ya se han entregado 73 millones. La segunda entrega comenzará en octubre de 2021 e irá hasta 2024. 

El economista Andrés Albuja, miembro del Foro de Economía y Finanzas Públicas del Ecuador, dice que durante décadas el país ha dependido de recursos provenientes de la extracción de petróleo y minerales y “eso no ha traído una mejora en el desarrollo del país y eso sin hablar del punto de vista ambiental”. 

Benito Bonilla, miembro de la fundación ecologista Pachamama, dice que para el próximo año es evidente que la reactivación económica va a estar alrededor de la profundización del extractivismo porque “ha sido la manera histórica más fácil de llenar las arcas fiscales”. 

Albuja, por su parte, agrega que la extracción de recursos naturales “ha sido sinónimo de corrupción y el dinero ha ido a parar a los bolsillos de los políticos de turno”. Según dice, el próximo año, y el próximo gobierno, podría apostar a la exportación de otras materias primas como atún, banano, brócoli, banano y café y a invertir en la producción para satisfacer la demanda interna del país. 

En un pedido de información hecho por Mongabay Latam, el Ministerio de Ambiente y Agua asegura que, para 2021, impulsará bioemprendimientos como una estrategia de conservación y desarrollo. El documento dice que en octubre de 2020, el Ministerio suscribió el Pacto Nacional por la Bioeconomía Sostenible para la “transición hacia un sistema económico sostenible, socialmente inclusivo, competitivo y resiliente”. Pero el economista Albuja cree que Ecuador seguirá dependiendo de los recursos naturales no renovables. 

“Más bien hay que ver cómo salir de la dependencia que tenemos al petróleo y eso tomará al menos unos 10, 15 o 20 años, pero a corto plazo seguiremos dependiendo de ingresos petroleros”, comenta Albuja. 

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El 2021 va a ser un año muy complejo en términos ambientales, dice Benito Bonilla, porque las empresas y el Estado van a tratar de simplificar procesos legales y con eso vulnerar derechos como el de consulta previa. “Eso se contrapone con una visión de derechos humanos colectivos”, recalca. 

Fuente: https://gk.city/2021/01/18/desafios-ambientales-2021-ecuador/