Una denuncia en Argentina reflotó la polémica por los pagos que hizo Lan en 2006 y volvió a salpicar a Sebastián Piñera. La aerolínea (hoy Latam) desmintió haber pagado a funcionarios públicos trasandinos. Pero en un reciente acuerdo con autoridades de Estados Unidos admitió que sobornó a sindicalistas a través de un asesor de la […]
Una denuncia en Argentina reflotó la polémica por los pagos que hizo Lan en 2006 y volvió a salpicar a Sebastián Piñera. La aerolínea (hoy Latam) desmintió haber pagado a funcionarios públicos trasandinos. Pero en un reciente acuerdo con autoridades de Estados Unidos admitió que sobornó a sindicalistas a través de un asesor de la Secretaría de Transporte de Argentina. Expertos dicen que ese «asesor» es considerado por la ley estadounidense como un funcionario público, por lo que Latam podría tener nuevos problemas por su declaración, la que además debía contar con la venia del Departamento de Justicia.
La millonaria multa que Latam (ex Lan) aceptó cancelar a fines de julio en Estados Unidos prometía cerrar un capítulo negro que la aerolínea arrastra hace diez años, cuando realizó pagos para poder consolidar su entrada al mercado argentino que han sido cuestionados. Pero el tema estuvo lejos de cerrarse. Una denuncia en Argentina puso ahora el foco en el ex Presidente Sebastián Piñera, quien al momento de los pagos era accionista y director de Lan, y de paso reactivó la investigación que se lleva a cabo en Chile por los mismos hechos (ver recuadro).
Sebastián Piñera
Ante el revuelo público, Latam se apuró y el martes 9 de agosto emitió un comunicado en que «señala enfáticamente» que Piñera y otros directores «no tienen ninguna participación y ninguna autoridad ha hecho planteamiento alguno de esta naturaleza«. Además, asegura que tanto el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por su sigla en Inglés) como la Securities and Exchange Comission (SEC), organismo que fiscaliza el mercado de valores en ese país, «concluyeron que no hubo infracción a la normativa que prohíbe el pago de cohecho a autoridades con el objetivo de obtener una ventaja comercial. En este sentido, la compañía descarta absolutamente haber realizado algún pago a un funcionario público argentino«.
La declaración de Latam llama la atención por dos cosas. Por un lado, una de las condiciones de la salida a la que accedió el gobierno estadounidense compromete a la empresa a no emitir comunicados o declaraciones respecto a la investigación sin que el DOJ revise el contenido del texto. Esta exigencia no habría sido respetada por la aerolínea.
«La compañía está de acuerdo en que si ella o cualquiera de sus subsidiarias directas o indirectas emite un comunicado de prensa o realiza cualquier conferencia de prensa en relación a este acuerdo, la compañía deberá primero consultar con la Oficina (la Sección Fraude de la División Criminal del DOJ) para determinar (a) si el texto de la propuesta comunicado o declaración a la prensa son verdaderos y precisos respecto a los asuntos entre la Oficina y la compañía; y (b) si la Oficina tiene alguna objeción en que se dé a conocer«, dice el acuerdo suscrito por Latam en Estados Unidos.
CIPER consultó a la Gerencia de Comunicaciones Externas de Latam si el DOJ había visado la declaración y la respuesta fue que «ésta hace mención a contenidos de la declaración pública del pasado 25 de julio, que fueron autorizados por el DOJ«. Sin embargo, al comparar ambos comunicados es claro que los contenidos son diferentes y que el primero -que tuvo la venia del DOJ- es menos específico y ni siquiera menciona la palabra cohecho o niega el pago a un funcionario público (ver declaración del 25 de julio y declaración del 9 de agosto).
Por otra parte, ambas declaraciones omiten un aspecto central de la trama: aunque los cargos formulados acusan fallas de control interno y la inclusión de datos falsos en los registros contables de la empresa, Latam reconoció explícitamente en el acuerdo judicial que firmó con el DOJ haber hecho pagos a dirigentes sindicales de la compañía en Argentina, los que en ese documento fueron calificados como sobornos. Quien recibió dichos pagos como intermediario fue un asesor de la Secretaría de Transporte argentina. Dicho asesor actualmente está con arresto domiciliario por haber sido testaferro del entonces secretario de Transporte para recibir coimas de una empresa española.
El director ejecutivo del Rock Center for Corporate Governance de la Universidad de Stanford, Evan Epstein, explica que el acuerdo entre Latam y el DOJ se dio en el marco de Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por su sigla en Inglés) de Estados Unidos, que sanciona la corrupción y el soborno a funcionarios públicos en otros países. El experto considera que si la declaración pública de Latam no contó con el visto bueno del DOJ se trataría de una acción «poco prudente» y podría estar incumpliendo el acuerdo con el organismo.
Es difícil prever si esa falta de prudencia tendrá consecuencias, pero no es descartable que el DOJ no apruebe los términos y exija, por ejemplo, que Latam emita un nuevo comunicado rectificando el anterior.
Dicho acuerdo con el DOJ evitó a Latam ir a juicio en Estados Unidos. A cambio aceptó pagar US$12,75 millones de multa penal. Además, negoció con la SEC pagarle el equivalente a los US$6,74 millones que obtuvo gracias a su cuestionada actuación en Argentina, más US$2,7 millones en intereses. Un total de US$ 22,2 millones.
HISTORIA DEL MILLONARIO PAGO
Lan llegó a acuerdos tanto con el Departamento de Justicia como con la SEC. El primero tuvo un marco judicial, bajo la jurisdicción del Distrito del Sur de Florida. Ahí se ratificó el llamado «Deferred prosecution agreement«, en que el DOJ presentó los cargos pero postergó por tres años la acusación. Las partes firmaron un acuerdo en que la empresa reconoce los hechos que se le imputan, paga una multa y se compromete a desarrollar un plan para mejorar sus prácticas internas. Si se respetan los términos del acuerdo, los cargos serán levantados después de tres años.
El primer adjunto del documento judicial es la llamada «Declaración de hechos» (Statement of facts), en que se detallan todos los datos relevantes para el DOJ. Al firmar, la empresa admite que el contenido de la declaración es verdadero y correcto, e incluso acepta que aún cuando la autoridad decidiera seguir con la acusación judicial, Lan no va a contradecir los hechos contenidos en la declaración (ver documento).
Manuel Vázquez (Fuente: infobae.com)
El documento no identifica a las personas mencionadas en la acusación y sólo describe sus funciones. Se sabe, por la investigación judicial que hubo en Argentina, que quien representó a la empresa en las negociaciones para hacer los pagos irregulares fue Ernesto Ramírez, ex ejecutivo de Lan Cargo y ex vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Lan, quien hoy es gerente en una filial de la aerolínea en Estados Unidos llamada Connecta Corporation.
Su contraparte sólo es identificada como «consultor» en el documento, pero se trata del español Manuel Vazquez, quien es descrito como «asesor de la Secretaría de Transporte de Argentina durante el periodo relevante. Fue designado en ese puesto en virtud de una resolución no publicada«. El acuerdo al que en paralelo llegó Lan con la SEC entrega otro dato relevante sobre el consultor: fue contratado el 31 de diciembre de 2005 como un asesor «ad-honorem» del gabinete y renunció el 2 de julio de 2009 (ver documento). En ese mismo periodo Ricardo Jaime dirigía la Secretaría de Transportes, dependiente del Ministerio de Planificación, que encabezaba Julio de Vido.
Todos estos datos contenidos en la «Declaración de hechos», aunque no mencionan nombres, le bastaron a Evan Epstein para calificar al consultor que recibió el dinero como «funcionario público extranjero argentino». Así lo hizo en una columna que escribió sobre este tema y que publicó el pasado 1 de agosto el Centro de Gobierno Corporativo de la Pontifica Universidad Católica (vea esa columna). Según explica Epstein, la aplicación de la ley FCPA implica que haya un funcionario público extranjero involucrado, pues es una ley que busca combatir el cohecho de empresas estadounidenses o con vínculos con Estados Unidos (las acciones de Lan se transaba en la bolsa de Nueva York) en otros países.
De hecho, en el comunicado que difundió el lunes 25 de julio la propia DOJ calificó al receptor de los pagos hechos por Lan como un «asesor de la Secretaría de Transportes» (ver comunicado).
En opinión de un penalista local que ha estudiado la ley FCPA, Vazquez puede ser considerado funcionario público porque según muchas legislaciones «lo que determina el carácter público es la función y no es relevante si se trata de una función que se ejerce de planta, contrata, honorario o incluso si se desempeña ad honorem».
La «Declaración de hechos» del DOJ describe el aterrizaje de Lan en Argentina a mediados de la década pasada y especifica que entre 2004 y 2005 mantuvo discusiones con funcionarios de la Secretaría de Transporte para poder ingresar a ese mercado. Finalmente, fue autorizada a comprar la aerolínea local Aero 2000 y el gobierno cambió las normas internas para que Lan pudiera ser el accionista controlador a pesar de ser inversionista extranjero. Las autoridades le permitieron operar nuevas rutas y cobrar precios más altos por sus pasajes. A cambio, Lan debía contratar personal de otras dos aerolíneas que ya no operaban: Lafsa y Southern Winds.
Los problemas con los nuevos empleados se fueron agudizando en torno a sus contratos colectivos, que establecían que sólo realizarían una función muy específica. Los sindicatos amenazaban con exigir la aplicación de esta regla, lo que encarecería los costos laborales de la aerolínea.
Para terminar con las demandas sindicales, Lan pagó a un tercero -el asesor gubernamental y «consultor» Manuel Vazquez- más de US$ 1 millón. El documento del DOJ, que Lan acepta como verdadero, califica el acto como soborno: «En septiembre y octubre de 2006, Lan negoció y ejecutó un acuerdo de consultoría ficticio por US$ 1,15 millón para canalizar sobornos a dirigentes sindicales. Como resultado de estos pagos corruptos, los sindicatos de Lan accedieron a no aplicar la regla de función única por un determinado número de años y aceptaron incrementos de salarios substancialmente menores que los que habían demandado«.
Para esconder el pago, Vazquez redactó un acuerdo de consultoría falso, según el cual debía hacer un estudio sobre rutas aéreas y un análisis legal para la empresa, los que nunca se realizaron. Un párrafo clave del documento del DOJ, cuya veracidad es ratificada por Lan, da cuenta de que un alto funcionario gubernamental argentino estuvo al tanto de la negociación del acuerdo: «El 2 de octubre de 2006, el consultor envió por email al ejecutivo de Lan Cargo el borrador del acuerdo, copiando a un funcionario de alto nivel de la Secretaría de Transporte. Entre otras responsabilidades, el alto funcionario estuvo involucrado en las negociaciones de Lan con sus sindicatos».
En ese borrador no figura Vazquez, sino su empresa Controles y Auditorías Especiales de Argentina S.A. (CAESA), la misma que había utilizado para recibir coimas para el secretario de Transporte, Ricardo Jaime (ver el borrador del contrato de consultoría publicado en 2011 por The Clinic).
El texto del DOJ especifica que un ejecutivo de Lan Cargo (Ramírez) llegó al acuerdo con el falso consultor y éste fue aprobado por un ejecutivo de Lan «a pesar de que ambos sabían que la descripción en el acuerdo de los servicios que la compañía del consultor proveería era falsa. Ambos entendían que el verdadero propósito del borrador del acuerdo era usar al consultor para interceder en nombre de Lan ante los dirigentes de los sindicatos argentinos. El ejecutivo de Lan Cargo sabía y pretendía que el consultor usara parte del dinero que recibió, según el borrador del acuerdo, para sobornar a los dirigentes sindicales para que aceptaran términos más favorables para Lan. El ejecutivo de Lan también sabía que el consultor podría entregar parte del dinero a los dirigentes sindicales«.
Ignacio Cueto
Según la SEC, fue el CEO de Lan, Ignacio Cueto, quien aceptó el trato y no habría informado a otros ejecutivos de la compañía de que los servicios eran ficticios. En febrero pasado, Cueto se convirtió en el primer chileno en ser sancionado bajo la ley FCPA, tras llegar a un acuerdo con la SEC que incluyó el pago de una multa por US$75 mil por estos mismos hechos (ver documento).
De acuerdo a los documentos del DOJ y la SEC, el pago de los US$1,15 millón se realizó entre octubre de 2006 y enero de 2007. Lan realizó las transferencias a través de una cuenta en el Citibank de Atlantic Inversion Investments LLC (AAI), una de sus subsidiarias, que está registrada en el Estado de Delaware (considerado un paraíso fiscal por el nivel de secretismo con que opera y donde hay más sociedades registradas que habitantes). El dinero se recibió en una cuenta del banco Wachovia en Roanoke, Estado de Virginia, a nombre del «consultor» Vazquez y su esposa. En noviembre de 2006, AAI transfirió otros US$58 mil a una sociedad propiedad de la esposa y el hijo de Vazquez, y que está domiciliada en Costa Rica.
La investigación de las autoridades estadounidenses no sigue la ruta del dinero tras la transferencia a Vazquez, por lo que no se sabe cuánto se pagó a los dirigentes sindicales ni si otras personas recibieron parte del millonario monto desembolsado por Lan.
En Argentina las sospechas apuntan a que el ex secretario de Transporte de la era Kirchner, Ricardo Jaime, pudo haber recibido parte del dinero pagado por Lan. Esa tesis fue sugerida en el libro «El ReKaudador… Ricardo Jaime la cara de la corrupción en la era kirchnerista», del periodista argentino Omar Lavieri. En septiembre de 2011 The Clinic publicó un extracto del libro, texto que reveló las coimas del ex secretario de Transporte que llevaron a Jaime a la cárcel.
Sobre los pagos de Lan a Vazquez, el libro de Lavieri revela que las transferencias se realizaron días después de que la aerolínea recibiera su autorización definitiva por parte del gobierno argentino, en septiembre de 2006. Además, se detallan las numerosas audiencias de Ricardo Jaime con ejecutivos de Lan, entre ellas una de julio de 2006, del secretario de Transporte con Ernesto Ramírez, Sebastián Piñera e Ignacio Cueto.
LOS PRONTUARIOS DEL «CONSULTOR» DE LAN Y SU JEFE
En mayo de 2003, el entonces presidente de Argentina, Néstor Kirchner, nombró a Ricardo Jaime como Secretario de Transporte de la Nación, cargo que mantuvo hasta julio de 2009. Su asesor de estrecha confianza durante esos años fue Manuel Vázquez, abogado español y reconocido lobbista. Ambos fueron protagonistas de un bullado caso de corrupción con maquinaria ferroviaria.
De acuerdo a un reportaje publicado por La Nación de Argentina, el proceso tiene su origen en febrero de 2005, cuando el gobierno trasandino firmó un Acuerdo de Cooperación en Materia Ferroviaria con España y Portugal. Gracias a este trato, desde 2005 hasta 2010, alrededor de 600 vagones y locomotoras fueron importados a Argentina, dice el diario, citando un informe de la Auditoría General de la Nación de ese país. La maquinaria estaba en pésimas condiciones y hoy, en su gran mayoría, se encuentra apilada en depósitos ferroviarios como chatarra. El pago del gobierno argentino por estas compras, según el fallo judicial divulgado por La Nación, superó los 100 millones de euros.
Ricardo Jaime
Además del deplorable estado de los trenes, explica el artículo, dichas compras escondieron millonarios pagos por «comisiones» a la empresa Controles y Auditorías Especiales (CAESA), manejada por el asesor Manuel Vázquez. Se trata de la misma empresa que recibió los pagos de LAN y que hoy está bajo la lupa de la justicia a ambos lados de la cordillera.
Estos y otros hechos ocurridos durante la administración de Jaime han motivado la apertura de numerosas causas contra él y contra Vázquez por enriquecimiento ilícito, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias, estafa, entre otros delitos. La fiscalía argentina sostiene que el patrimonio del ex secretario kirchnerista al dejar su cargo incluía un yate, un jet privado, más de 15 vehículos y varias propiedades en Argentina y Brasil, según informó La Nación.
En abril de este año, en la causa por el fraude ferroviario, la justicia ordenó la prisión preventiva para ambos por «peligro de fuga». Jaime se entregó voluntariamente y Vázquez fue apresado por Gendarmería mientras se escondía en un clóset de su casa, según La Nación.
A fines de 2015, Jaime había sido condenado a seis años de prisión por su responsabilidad administrativa en la «Tragedia de Once», el accidente ferroviario que cobró la vida de 51 personas en febrero de 2012. Unos meses antes ya había recibido otra condena a un año y medio de cárcel por haber cobrado coimas a las empresas ferroviarias que debía controlar y en 2014 fue sentenciado por intentar robar evidencia durante un allanamiento en su casa.
Según Infobae, Ricardo Jaime se transformó en el primer funcionario kirchnerista preso por delitos de corrupción y será el primero en declarar como imputado ante un fiscal extranjero, cuando el persecutor chileno Andrés Montes viaje a Argentina para interrogarlo. Actualmente, Jaime se mantiene en prisión preventiva en el penal de Ezeiza y Manuel Vázquez cumple arresto domiciliario total.
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El dolor de cabeza de Piñera
Luego de que el 25 de julio se diera a conocer el acuerdo de Latam en Estados Unidos, una extraña nueva arista del caso se abrió en Argentina. La venezolana Gledys Stailer Cadenas Vega interpuso el 5 de agosto una denuncia contra Julio de Vido, Ricardo Jaime y Manuel Vazquez, en la que incluyó a Sebastián Piñera e Ignacio Cueto. Según informó T13.cl, la mujer había demandado en 2013 a la aerolínea «debido a que le habrían cobrado en reiteradas oportunidades un mismo pasaje y le habrían perdido su equipaje». Ahora acusa que Piñera «habría sido quien autorizó el pago de coimas a Ricardo Jaime y a su socio Manuel Vázquez».
El ex Presidente debió salir a desmentir públicamente la acusación, la que tildó de «irresponsable» o «malintencionada». Si bien Piñera era accionista y director de Lan cuando ocurrieron los pagos a Vazquez, no es mencionado ni en los documentos del DOJ ni de la SEC, que sólo responsabilizó a Ignacio Cueto por los hechos.
Pese a que no se conocen las motivaciones de la venezolana ni los antecedentes que maneja, su denuncia tuvo efecto inmediato. En Argentina, la acusación es investigada por el fiscal Ramiro González, y en Chile se reactivó nuevamente la indagatoria del fiscal Andrés Montes, quien viajará a Buenos Aires a interrogar a Ricardo Jaime y Manuel Vazquez.
La investigación chilena se inició en 2010, luego de una denuncia del entonces diputado Jorge Burgos por los hechos que hacían noticia en Argentina. La causa cayó en manos del fiscal José Morales, quien incluso fue a Buenos Aires a hacer diligencias. Sin embargo, luego archivó el caso por estimar que estaba fuera de jurisdicción.
En 2014 la causa se reabrió en Chile luego de que un informe de la OCDE cuestionara que en «el caso aerolínea» no se haya entrevistado a testigos ni se haya hecho un esfuerzo por indagar si la orden de pagar los US$1,15 millón a Vazquez se dio desde nuestro país. No se supo de avances hasta ahora, cuando se anunció que el fiscal Montes interrogaría a Vazquez y Jaime, detenidos en Argentina.