En el mundo también ocurren buenas noticias, aunque no lo parezca. España ha aprobado el uso de estándares abiertos en las administraciones públicas, de manera que siempre que haya una opción libre, se optará por ella. Algunos ciudadanos tenían problemas para acceder a ciertos sitios de la administración, como la página de Hacienda para […]
En el mundo también ocurren buenas noticias, aunque no lo parezca. España ha aprobado el uso de estándares abiertos en las administraciones públicas, de manera que siempre que haya una opción libre, se optará por ella.
Algunos ciudadanos tenían problemas para acceder a ciertos sitios de la administración, como la página de Hacienda para hacer la declaración, o la página del Defensor del pueblo. En ambas nos veíamos obligados a utilizar Internet Explorer para poder acceder, lo que era una clara discriminación hacia el grupo de ciudadanos que no usaba el sistema operativo de Microsoft.
Todo ello se ha realizado bajo unos principios de interoperabilidad. Bajo los cuales, el estado tenía el deber de ser neutral en su comunicación con los ciudadanos, sin incitar al consumo de ningún producto o marca determinada. El uso de formatos no libres implicaba el uso de ciertos programas concretos de empresas concretas. Así pues, formatos como .doc (Word), .xls (Excel), .ppt (Power Point), e incluso el .mp3, serán desterrados de la vida pública.
Para realizar el cambio se realizó un estudio de viabilidad, para comprobar que todos los formatos tenían su alternativa libre. Esto se comprobó en más de un 90% de los casos, con lo que los formatos privativos se mantendrán sólo en cosas muy técnicas. No obstante, con el tiempo desaparecerán.
El Boletín oficial del estado dice:
Artículo 11, punto 1A: Los documentos y servicios de administración electrónica que los órganos o Entidades de Derecho Público emisores pongan a disposición de los ciudadanos o de otras Administraciones públicas se encontrarán, como mínimo, disponibles mediante estándares abiertos.
Artículo 11, punto 5. En cualquier caso los ciudadanos podrán elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con las Administraciones públicas, o dirigirse a las mismas, siempre y cuando utilicen estándares abiertos o, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.
Esto es una noticia fabulosa. Democratiza el uso de la red, dando las mismas oportunidades de usabilidad a un usuario de GNU/Linux por ejemplo, que a uno de Windows.
Quizá donde más note la gente el cambio es en los archivos ofimáticos. Si aún eres de los que usa un Office pirata (o pagado, que casi es peor), te recomendamos descargar OpenOffice.org, que cumple al 100% con los estándares libres del estado. Ya no es una cuestión de libertad (que también), sino de compatibilidad.
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