La aerolínea irlandesa de bajo costo promociona la ciudad saharaui de Dajla ocupada por Marruecos como destino turístico.
Ryanair, la aerolínea irlandesa de bajo costo que tiene pendiente en España una sanción de 107 millones de € por prácticas consideradas contrarias a los derechos de los pasajeros, promociona la ciudad saharaui de Dajla ocupada por Marruecos como destino turístico, sin hacer referencia al estatuto internacional del territorio.
La Coordinadora de Defensores Saharauis de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental (CODESA) ha denunciado la campaña publicitaria de Ryanair difundida a través de la plataforma Instagram en la que promociona Dajla como destino turístico, “ignorando de manera explícita su estatuto jurídico como parte del Sáhara Occidental”, un territorio no autónomo pendiente de descolonización según Naciones Unidas, abandonado por España a finales de 1975 sin proceder a su descolonización.
La sección de CODESA en Dajla, la antigua Villa Cisneros española, considera que esta promoción comercial y turística “contribuye a consolidar el hecho consumado impuesto por la potencia ocupante marroquí y a normalizar su presencia y control sobre el territorio”, vulnerando los derechos inalienables del pueblo saharaui, en particular su derecho a la libre determinación y a la independencia.
En un comunicado, CODESA recuerda que, en virtud del Derecho Internacional, el Sáhara Occidental posee un estatuto jurídico separado y distinto del de los territorios sometidos a la soberanía de cualquier otro Estado, al ser un territorio no autónomo.
Señala que así lo han confirmado las resoluciones de las Naciones Unidas y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “que han consagrado el principio de no reconocimiento de soberanía alguna de la potencia ocupante marroquí sobre el territorio y han reafirmado la necesidad de respetar los derechos del pueblo saharaui y su estatuto jurídico”.
CODESA rechaza la transformación de Dajla por las fuerzas de ocupación, sus riquezas y recursos naturales, así como sus potencialidades turísticas y culturales, “en instrumentos de promoción comercial y de blanqueamiento de la realidad de la ocupación”, mientras la población civil saharaui en los territorios ocupados “continúa siendo objeto de violaciones sistemáticas de sus derechos fundamentales, incluidos el derecho a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la defensa de los Derechos Humanos”.
La ONG saharaui exige a Ryanair que retire la campaña publicitaria relativa a Dajla y se abstenga de cualquier promoción turística o comercial que pueda contribuir a consolidar o legitimar la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. Pide que se respete el estatuto jurídico de la excolonia española invadida por Marrueos y que no se realice cualquier actividad comercial o turística que contribuya a consolidar el hecho consumado o que vulnere el derecho del pueblo saharaui a la libre determinación, así como explotar los recursos del territorio ni sus potencialidades naturales y turísticas en actividades comerciales sin tener en cuenta los derechos del pueblo saharaui y sus legítimos intereses.
CODESA insiste en el respeto al estatuto jurídico del espacio aéreo del Sáhara Occidental y en que no se realice cualquier actividad aérea o comercial en el territorio sin tener en cuenta las normas del Derecho Internacional y los derechos del pueblo saharaui.
El Ministerio Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, impuso a Ryanair en noviembre 2024, entre otras aerolíneas, una sanción de 107 millones de € por prácticas consideradas contrarias a los derechos de los pasajeros, como el cobro por el equipaje de mano.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) suspendió cautelarmente la sanción e impuso avales bancarios. La compañía aérea, que recurrió la multa hasta en tres ocasiones ante los tribunales, calificó al ministro Pablo Bustinduy de “payaso” y “comunista”, El consejero delegado de Ryanair, Michael O’Leary, llegó a decir que el ministro que “es un idiota”, y que “cuanto antes lo echen del cargo, mejor”. El titular de Consumo se mostró “convencido” de que el Gobierno impondría la normativa española, asegurando que los derechos de los pasajeros se respetarían y se haría cumplir la ley.