Inmigrantes peruanos pidieron al gobierno que amplíe en tres meses el plazo para regularizar su situación legal en nuestro país porque unas diez mil personas no alcanzaron a presentar sus solicitudes. Raúl Paiba, del «comité de refugiados», denunció la indefensión en que quedaron unos 1.500 ciudadanos peruanos a quienes se les negó su solicitud. «El […]
Inmigrantes peruanos pidieron al gobierno que amplíe en tres meses el plazo para regularizar su situación legal en nuestro país porque unas diez mil personas no alcanzaron a presentar sus solicitudes. Raúl Paiba, del «comité de refugiados», denunció la indefensión en que quedaron unos 1.500 ciudadanos peruanos a quienes se les negó su solicitud. «El Estado chileno ha comenzado a perseguir a los irregulares. Ya los tiene ubicados y arriesgan expulsión», declaró el dirigente de los peruanos en Chile. Hasta ahora la mayoría de los peruanos a quienes se les rechazó la solicitud presentaron una petición de reconsideración, pero «muchos no pudieron hacerlo porque no tenían dinero o no supieron». «Si el gobierno entiende que éste es un problema social que ya se está viviendo, creo que va a dar la prórroga», afirmó Paiba. El dirigente criticó el programa de regularización migratorio impulsado por el gobierno calificándolo de «clandestino, porque no ha sido visibilizado en la sociedad civil». Según éste, en el proceso hubo trabas burocráticas, discriminación entre personas, falta de respeto a la facultad de los inmigrantes para impugnar las resoluciones administrativas y conocer los fundamentos de las mismas a fin de evitar arbitrariedades. «Además no se incorporó la experiencia y práctica de otros países como acreditar con cualquier documento que produzca fe y no sólo con pasaportes y cédula porque muchos peruanos no tienen pasaportes y ése trámite dura dos meses y cuesta más de 35 dólares», afirmó. Paiba también cuestionó el plazo de 45 días en que las autoridades dan la respuesta de aceptación o rechazo de las solicitudes y la ausencia de un canal directo para presentar en forma expedita los casos. Además lamentó que algunas solicitudes fueran rechazadas por supuestos antecedentes penales y recordó que «en los tiempos de Fujimori se arrestaba a la gente en las fábricas que eran ocupadas para que no fueran privatizadas». «A esa gente se les abrió proceso sin que supieran y ahora se enteran cuando piden amnistía para regularizar su permanencia en Chile», explicó. El proceso de regularización de los ilegales fue impulsado por el gobierno y tuvo lugar entre el 5 de noviembre del 2007 y el 5 de febrero del 2008. En ese período se presentaron 50.000 solicitudes y más del 80 por ciento correspondieron a inmigrantes peruanos. Un total de 35.000 fueron resueltas positivamente.