Con el eslógan «Ahora la ley actúa», que no deja en buen lugar a los encargados de su aplicación hasta «ahora», ilustrado con una tenebrosa imagen de una persona delante de una pantalla, suponemos que de un ordenador, se nos informa de lo siguiente: «La difusión de contenidos ilegales en internet es un delito castigado […]
Con el eslógan «Ahora la ley actúa», que no deja en buen lugar a los encargados de su aplicación hasta «ahora», ilustrado con una tenebrosa imagen de una persona delante de una pantalla, suponemos que de un ordenador, se nos informa de lo siguiente: «La difusión de contenidos ilegales en internet es un delito castigado incluso con la cárcel», a semejanza de las informaciones que suelen aparecer en las obras cinematográficas.
El peso de la ley, que ahora actúa, según nos informan los Ministerios de Cultura y de Justicia, puede caer sobre cualquier buscador que posibilite el acceso a contenidos ajenos o sobre cualquier persona que tenga una página web con enlaces a contenidos ajenos, contenidos que alguien, de forma anónima, puede denunciar en un teléfono que no requiere identificación alguna y que está siendo patrocinado con fondos públicos desde la Administración.
Los tiempos de las denuncias anónimas, de un nuevo gulag o de una nueva dictadura del miedo, patrocinados esta vez desde los Ministerios de Justicia y Cultura, parece que quiere comenzar y nada mejor que iniciarlo criminalizando a una red mundial como es Internet asociándola descaradamente con el delito y la cárcel, formando un totum revolutum.
No importa que alguien no sepa si un contenido es ilícito penal o civilmente, si es necesario o no que exista una resolución judicial que así lo declare previamente; lo importante, el mensaje que se quiere difundir con el dinero de todos los ciudadanos es la estigmatización de Internet asociándolo de forma inapelable al delito y a la cárcel, dos de las principales causas de exclusión social, y curiosamente con el sello -y el dinero- de dos ministerios tan significativos como son Justicia y Cultura.
La Asociación de Internautas espera que el Ministerio de Sanidad y Consumo, algún día no muy lejano, lance una campaña de reforma legislativa que criminalice las prácticas contrarias a los derechos de los consumidores y usuarios sometidos al imperio del dictado de las operadoras, proveedores, prestadores de servicios, etcétera. Y que, asimismo, el Ministerio de Industria, tal vez algún día, publique alguna resolución relevante de aplicación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico, aunque sea una simple sanción por práctica de correo publicitario no solicitado (spam).
Aunque, bien pensado, tampoco vería con malos ojos que el Gobierno en pleno lanzara una campaña de criminalización de pueblos, carreteras, vehículos, ciudades, bares, discotecas, restaurantes, cafeterías, institutos, colegios, administraciones, etcétera, por ser escenarios de delitos castigados incluso con la cárcel.
Asociación de Internautas
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