Organizaciones sociales alertaron en una rueda de prensa virtual sobre los impactos de los Tratados de Libre Comercio en Ecuador
Aseguran que el mal llamado “libre comercio” es un impulso a la libre corrupción y al libre despojo, y una amenaza que destruye iniciativas de producción, intercambio y consumo ecológicamente responsable, equitativo, solidario, cooperador y comunitario que los pueblos siguen defendiendo en resistencia frente a las acciones genocidas propias de un sistema económico que se adapta incluso a estos momentos de crisis y pandemia para seguir aumentando ganancias a costa de explotar a los más pobres y a la madre naturaleza que está exhausta. Así inició la contextualización de esta alerta, Nidia Arrobo de la Fundación Pueblo Indio del Ecuador. Garantizar los beneficios comprometidos a las corporaciones lleva a que los gobiernos profundicen la represión, intimidación y criminalización de quienes resisten las violaciones de derechos en que incurren las empresas.
La acuacultura industrial de camarón y la pesca industrial en el marco de los Tratados de Libre Comercio son un ejemplo de la profundización de la explotación y la expansión de este modelo de exportación que en lugar de mejorar la vida de las poblaciones de zonas marino costera al contrario ocupan y contaminan el 80% de los estuarios del manglar además de acaparar y contaminar el agua que es indispensable para las comunidades. Así lo explica Marianeli Torres, de la Red de Comunidades y Organizaciones Defensoras del Ecosistema Manglar (C-Condem) quien manifiesta que la Flota Pesquera Industrial está pescando indiscriminadamente millones de toneladas de peces de alto valor alimentario y fuente de sustento e ingresos económicos para las poblaciones. Estas flotas llevan los peces y demás especies marinas incluso en extinción para hacerlas harinas, harinas que luego regresan al Ecuador para que los mismos monopolios la vendan a empresas acuicultoras y otras. Para legalizar e impulsar esta forma extractivista de pesca en abril del 2020 aprobó la nueva ley de Pesca que permite realizar crianza de camarones incluso en zonas protegidas y permite la pesca intensiva mientras impone a los pequeños pescadores cuotas y vedas lo cual les lleva a la quiebra, destruye el patrimonio que tanto han luchado por conservar y niega los derechos que sustentan la vida.
Jorge Acosta coordinador del sindicato bananero ASTAC, aclaró que cuando se habla de acuerdos comerciales se dice que benefician al sector bananero, pero el sector bananero no son solamente las grandes empresas exportadoras y/o exportadoras, el sector bananero son los más de 200 mil trabajadores y los cerca de 5000 pequeños y medianos productores.
Desde que entró en vigor el primer acuerdo comercial del Ecuador, el acuerdo con la UE, la situación de trabajadores cada año son peores, los obreros laboran entre 12 y 14 horas, 5 o 6 días a la semana sin horas extras ni horas suplementarias. La defensoría del pueblo, luego de 2 años de este acuerdo comercial informó la vulneración de derechos humanos de los trabajadores del banano, y esto llevó a que como sindicato presenten una queja internacional por incumplimiento del acuerdo. Los pequeños y medianos productores desde hace 25 semanas o más no reciben el precio de sustentación de la caja de banano lo cual aumenta el estado de miseria de productores, trabajadores y sus familias. Las empresas bananeras dicen que en los mercados -incluso los europeos- se incumplen los contratos, pero ¿cómo es posible que se incumplan contratos cuando hay un acuerdo comercial? y que incluso si el capítulo 9 de desarrollo sostenible obliga a respetar los derechos laborales y ambientales y no reducir los niveles de protección, Esto no sirve y se debe renegociar el acuerdo para que sea realmente beneficioso y que sea útil no solo en volumen de cifras de exportación sino en la mejora de la vida de campesinos productores y trabajadores.
La investigadora de ciencias económicas Tania Chicaiza mostró cómo las normas fitosanitarias y de importación de suero de leche y leche en polvo ya perjudica gravemente a miles de familias campesinas que no pueden vender la leche entera, debido a que los precios de producción local no puede ser igual al precio de toneladas de suero de leche de la UE o de Estados Unidos donde el Estado paga a sus campesinos por producir en criaderos de miles de vacas que además cuentan con alta tecnología y acceso a apoyos financieros y capacitaciones. Estas asimetrías hacen que quienes producen en Ecuador no sean beneficiados con el acuerdo sino que solo reciban los perjuicios, incluso les afecta el contrabando de Colombia y Perú quienes al no poder competir con UE y Estados Unidos, ya que tienen más tiempo los Tratados de Libre Comercio los envían sus excedentes al Ecuador. En Ecuador 56,6% son muy pequeños productores en Ecuador, máximo tienen 14 vacas, no utilizan tecnología ni alimentación especial, cada vaca da un promedio de 9 litros al día, no hay subsidios ni ninguna ayuda para la producción. En cambio la Unión Europea, que es el principal exportador de leche, tiene 67% medianos productores cada vaca con un promedio de 27 litros al día. Esas relaciones asimétricas se repiten en todos los sectores de producción agrícola para consumo local.
Sara Morocho de la Unión de Comunidades y Organizaciones de San Lucas de Saraguro, organización de base de la ECUARUNARI en Loja, dio el testimonio de cómo esto ha afectado a familias que elaboran queso y yogures; además que por las prohibiciones fitosanitarias y de patentes de apelaciones y semillas están en la quiebra también quienes producen quesillos, carne de chancho y vegetales de consumo local en Ecuador. Además destacó que en esto que sucede en su comunidad pasa en otras comunidades indígenas y campesinas, y afecta a mujeres, especialmente mujeres cabeza de hogar, pero que van a seguir protegiendo las semillas y los cultivos tradicionales sin agroquímicos, la crianza de animales de forma no intensiva. El Estado ha violado la norma constitucional de consulta a los pueblos y ciudadanos afectados en su soberanía alimentaria.
Los TLC buscan proteger las inversiones de las empresas e incluso las ganancias que esperan obtener, por esto pueden demandar al Estado en tribunales internacionales de arbitraje. En estos tribunales privados que están sobre las leyes nacionales los Estados siempre pierden y son sentenciados a pagos multimillonarios, que se solventan a cambio de endeudamiento o de reducir los presupuestos públicos. Por eso, los gobiernos reprimen la protesta social y flexibilizan los controles ambientales y laborales para evitar ser demandados.
Un engaño desde el inicio son los Tratados de Libre Comercio, dijo en su intervención Xavier Guachamin, de la Comisión de Vivencia Fe y Política (COVIFET), para el activista no existen beneficios reales para el país, esta pandemia ha demostrado que el debilitamiento de nuestro sistema de salud es la mejor muestra de las afectaciones de un Tratado de Libre Comercio. El dirigente además hizo un llamado a los sectores sociales a estar alertas a estas políticas de subordinación comercial y monopolización. Hoy es más urgente resistir debido a la crisis que atraviesa la economía mundial por la pandemia de la Covid-19, manifestó.
Por su parte Blanca Chancosa dirigente indígena y expresidenta de la ECUARUNARI alertó sobre la pérdida de biodiversidad que provocan los Tratados de Libre Comercio, puesto que motivan al monocultivo de exportación, al uso de agroquímicos, el uso de transgénicos en los cultivos y el extractivismo. Incluso se permite en estos acuerdos el ingreso de desechos tóxicos, se cambian normativas para dar paso a los Tratados de Libre Comercio y el extractivismo. Se deben negociar de otra forma los acuerdos de relaciones de país a país pero que sean equitativos, entre iguales y anteponiendo los derechos humanos, la cooperación y organización de los pueblos desde los conocimientos ancestrales, las capacidades y la soberanía alimentaria. Los efectos de la pandemia se ha hecho frente desde las organizaciones y los saberes locales y no desde los intereses del gobierno que continúa con políticas que solo afectan al país en beneficio de pocos.
José Macías, de la UOCE desde Esmeraldas mencionó que es importante organizarse para impedir que avancen los TLC, porque atentan contra los derechos laborales, ambientales, y de productores del Ecuador. Esta problemática afecta a todas las personas de campo y ciudad por eso hay que informarse y organizarse. Se pierden saberes ancestrales, diversidad de las semillas. El dinero de la venta de los monopolios internacionales y sus subsidiarias en Ecuador sacan el dinero de las ganancias al exterior, además acaparan la tierra y el agua privatizando territorios e incluso empresas de servicios públicos como el agua potable. El gobierno favorece a las élites y grandes empresas.
Representante y dirigentes seguirán alertando los avances de estos tratados y no descartaron futuras movilizaciones en defensa de sus territorios, la salud y contra las privatizaciones.