La Asociación Ayun Mapu se ha destacado por encabezar en Gulumapu la oposición que cerca de 500 familias mapuches mantienen contra el emplazamiento del nuevo Aeropuerto Internacional de La Araucanía, proyecto estrella de la administración de Michelle Bachelet de cara al Bicentenario del Estado el próximo 2010. Hoy denuncian ser víctimas de la acción de […]
La Asociación Ayun Mapu se ha destacado por encabezar en Gulumapu la oposición que cerca de 500 familias mapuches mantienen contra el emplazamiento del nuevo Aeropuerto Internacional de La Araucanía, proyecto estrella de la administración de Michelle Bachelet de cara al Bicentenario del Estado el próximo 2010. Hoy denuncian ser víctimas de la acción de agentes de inteligencia policial.
La Asociación Indígena Ayun Mapu, principal opositor a la construcción del nuevo «Aeropuerto Internacional de La Araucanía» en la comuna de Freire, estaría siendo fuertemente vigilada por efectivos civiles y uniformados del Servicio de Investigaciones Policiales (SIP) de Padre Las Casas, denunciaron sus dirigentes a través de un comunicado público. «Se ha tomado conocimiento por vías bien informadas que agentes de inteligencia del estado han realizado un estudio acabado de las actividades y antecedentes de todos nuestros dirigentes», precisaron ayer domingo.
Dicha acción policial -en marcha desde hace un par de semanas- involucraría seguimientos, monitoreo e inclusive interrogatorios extrajudiciales a miembros de la organización mapuche, todo ello sin existir orden judicial que lo autorice. «Los efectivos policiales han actuado de manera prepotente y sin la debida orden judicial, han concurrido hasta las viviendas de algunos dirigentes y han realizado interrogatorios sin la presencia de un fiscal o algún abogado defensor, vulnerando con ello lo establecido en nuestra normativa nacional, específicamente lo preceptuado en el Código Procesal Penal», subrayaron.
Para los miembros de Ayün Mapu -que para hoy lunes tienen contemplada la realización de una multitudinaria marcha de protesta contra el megaproyecto en el sector de Quepe- la intervención de agentes de inteligencia policial solo obedecería al interés del Ministro del Interior, Belisario Velasco, de criminalizar su legítima oposición a una iniciativa gubernamental planificada sin consulta ni participación de las comunidades, «desatendiendo el principal problema y preocupación que han manifestado los propios afectados, en el sentido que al actual Anteproyecto le faltan numerosos estudios técnicos y que por lo mismo resulta inviable», indicaron.
«La Asociación Indígena Ayun Mapu ha demostrado desde su constitución que en todo momento se ha ajustado a toda la normativa legal vigente y que sus demandas o pretensiones han sido en el marco del respeto y con la debida argumentación técnica, cultural y política y, que no se muestra contraria al desarrollo del país ni de las comunidades, sino que muy por el contrario, a través de la presentación de diversas acciones legales», destacaron. «Al parecer -agregaron- el gobierno pretende realizar una campaña mediática enlodando nuestra trayectoria y haciéndola aparecer como una organización con fines delictuales».
A juicio de la organización, que representa a una decena de comunidades, por el actuar de las autoridades «es posible concluir que no existe ningún animo de abordar la problemática socio ambiental de las comunidades y que muy por el contrario existe un animo de criminalizar la legitima demanda social, tal como ha quedado demostrado en las últimas semanas con un aumento sustantivo de la presencia policial en comunidades». «El Ministerio del Interior está reviviendo sus antiguas prácticas de seguridad, militarización y utilización de legislaciones de excepción», advirtieron los dirigentes.
Proyecto Bicentenario
La Asociación Ayun Mapu se ha destacado por encabezar en el sur de Chile la oposición que cerca de 500 familias mapuches mantienen contra el emplazamiento del nuevo Aeropuerto Internacional de La Araucanía, proyecto estrella de la administración de Michelle Bachelet de cara a las celebraciones del Bicentenario del estado, el próximo 2010. Con un costo superior a los 50 millones de dólares, el gobierno pretende dotar a la región de un terminal aéreo de categoría internacional, el cual estaría emplazado en una superficie de 495 hectáreas en el sector Los Pelales de la comuna de Freire, a unos 14 kilómetros al sur de Temuko. Este año se realizaría su licitación internacional, proyectando el inicio de obras para el 2008.
Con fecha 15 de noviembre de 2006, la gubernamental Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de la IX Región aprobó por 12 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del polémico megaproyecto, resolución que desde entonces ha sido apelada y resistida por los miembros de la Asociación Ayun Mapu. Para las autoridades chilenas hablar del aeropuerto -que reemplazará al actual Aeródromo Maquewe-, es hablar de progreso, nuevas oportunidades de negocios y «mayor conectividad» de la región con los mercados nacionales y extranjeros. Las comunidades no desconocen la necesidad de contar con un nuevo terminal aéreo, pero rechazan que sea a costa de sus territorios, calidad de vida y sin consulta previa, según denuncian.
Pero Chile no ha ratificado -a la fecha- ningún convenio internacional que garantice el derecho a consulta de las comunidades a la hora de planificar megaproyectos. Esto es recordado por Ayun Mapu en su última declaración, al denunciar que «el gobierno ha hecho caso omiso de las recomendaciones del Relator Especial de la ONU, del informe de la CIDH, Human Rights Watch y últimamente de lo que señala el propio Comité de Derechos Humanos, en su documento de marzo del año 2007, en el cual se establece que Chile ha incumplido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que por lo mismo debe en el plazo de un año adecuar su legislación a estándares respetables».
«Esta inactividad del gobierno y su falta de voluntad en materia indígena -agregan- se evidencia en la agenda legislativa del presente año 2007 en la cual no se consideran en modo alguno las pretensiones ni demandas de los pueblos originarios. El gobierno tampoco ha dado respuesta a las diversas propuestas que han hecho llegar las organizaciones mapuches y en definitiva existe una constante vulneración del único instrumento jurídico que poseen los indígenas, cual es la ley 19.253 y en el caso en cuestión, el no respeto del artículo 34 de la ley antes citada referido a la participación ciudadana».
Las comunidades coordinadas por Ayun Mapu sostienen que el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la COREMA no incluyó todos los estudios necesarios para evaluar los reales impactos económicos, sociales y culturales del megaproyecto. Y si bien los terrenos donde se emplazaría el nuevo terminal aéreo pertenecen a propietarios no mapuches, las comunidades se niegan de manera rotunda a sufrir los efectos de la contaminación acústica, el daño medioambiental, los efectos hidrogeológicos y absorber los gases emitidos por el alto flujo proyectado de aviones, que -argumentan- de manera irremediable afectará también a los criadores de vacunos y productores lecheros de la zona, dejando sin trabajo a un centenar de familias chilenas.