El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, envió a la Corte Constitucional un cuestionario conformado por 11 preguntas para que el tribunal las avale o no, de cara a la consulta popular que prometió para sus primeros 100 días de Gobierno, que incluyen la militarización del país y la ampliación de las facultades de las Fuerzas Armadas, endurecer las políticas migratorias para favorecer la expulsión ‘exprés’ de extranjeros.
La Corte tendrá 20 días para emitir un pronunciamiento. Las preguntas no solo plantean la ampliación de las facultades a las Fuerzas Armadas, sino que proponen que éstas se unan a las labores de control de armas y municiones en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social. La cuestión clave es que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en seguridad interna.
La consulta tiene que ver con la incorporación plena de las Fuerzas Armadas en el combate a las bandas criminales y la posibilidad de permitir el funcionamiento de “casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar”.
En Ecuador están prohibidos este tipo de negocios desde hace más de una década,tras consulta popular, que se realizó en mayo de 2011 durante la administración de Correa: 52 % de los votantes optaron por el “sí” en la pregunta para que en el país se prohibieran los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juego.
Noboa, joven y multimillonario empresario que asumió su cargo en diciembre pasado, ya adelantó el mes pasado que posiblemente efectúe una consulta popular en marzo de este año, siguendo la tradición de sus predecesores: desde 1979, con el retorno a la democracia, siete mandatarios han convocado consultas populares: Leónn Febres Cordero, Fabián Alarcón, Alfredo Palacio, Sixto Durán Ballén, Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso.
En febrero del año pasado, los ecuatorianos fueron a una consulta popular convocada por el entonces presidente Guillermo Lasso y el No ganó en las ocho preguntas planteadas por el gobierno, que referían a temas de seguridad, democracia y protección del medioambiente.
El resultado marcó la profundización de la caída del apoyo a Lasso y pocos meses después el Congreso avanzó en un proceso de juicio político en su contra, que finalmente derivó en la llamada “muerte cruzada”, con el cierre de la Asamblea Nacional (AN) y el llamado a elecciones. Noboa completa por eso el mandato de Lasso, hasta mayo del año próximo.
Otras dos consultas tuvieron lugar el 15 de octubre pasado, en simultáneo a las elecciones: se decidió entonces terminar con la explotación petrolera en el bloque 43 de la Amazonía denominado Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT) en el Parque Yasuní, y suspender la extracción de recursos de la reserva del Chocó Andino, en la provincia de Pichincha.
Ahora Noboa pone sobre la mesa más beneficios a los miembros de la fuerza pública, al plantear la posibilidad de que “no sean privados de su libertad” o se beneficien del arresto domiciliario, en caso de ser procesados penalmente por sus actos, lo que implicaría una reforma al Código Orgánico Integral Penal.
El entramado de preguntas también vislumbra el endurecimiento de penas para delitos como terrorismo, narcotráfico, homicidio, sicariato, secuestro y minería ilegal, así como la eliminación de cualquier beneficio procesal para los privados de libertad declarados culpables de esos mismos crímenes.
Entre otros asuntos, el mandatario conservador propone que las armas y municiones incautadas al crimen organizado puedan ser usadas por la fuerza pública, al tiempo que prevé tipificar como delito la tenencia o el porte de armas que son de uso exclusivo de la Policía o las FFAA.
Las preguntas también contemplan la evaluación a los servidores públicos y la auditoría a sus declaraciones patrimoniales, una medida que parece apuntar a la política de Noboa de achicar el tamaño del Estado. El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, adelantó que este año se realizarán recortes de personal en el Ejecutivo para “ajustarse el cinturón” en el sector público.
Torres descartó que el plan de austeridad en el sector público sea similar y tan drástico al implementado en Argentina, pero adelantó que la disposición presidencial es no renovar los contratos ocasionales entregados en la administración de Guillermo Lasso.
“Ajustarse los cinturones no es para los grupos económicos, porque la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, les perdonó los intereses, multas y recargos a las empresas que le deben al SRI, lo cual suma 2 700 millones de dólares, les facilitan la creación de las zonas francas, las alianzas público-privadas para beneficiarse de las exoneraciones tributarias, las concesiones y privatizaciones de las empresas del Estado, con la Ley Orgánica de Competitividad Energética les facilita la privatización del sector eléctrico”, señala Stalin Vargas, presidente de la UNE.
No contentos con despedir trabajadores del sector público y avanzar en las privatizaciones, el ministro de Economía, anunció que se evalúa la eliminación de los subsidios a los combustibles, como parte de las acciones para «ajustar el cinturón» del Estado: si sube el precio de la gasolina sube todo, con lo cual se disparará aún más el costo de la vida y el ajuste será para los trabajadores, la juventud y los pueblos.
En concreto, el gobierno de Noboa cumple al pie de la letra, los compromisos que a su tiempo lo hicieron Lenin Moreno y Guillermo Lasso con el Fondo Monetario Internacional: reducir el tamaño del Estado, no renovar los contratos ocasionales de los trabajadores del sector público, privatizar las empresas del Estado, garantizar la inversión privada exonerando el pago de impuestos, eliminar los subsidios de los combustibles. Todo ésto para avanzar en un nuevo acuerdo con el FMI para conseguir recursos y pagar los intereses de la deuda externa, añade Vargas.
Las facilidades de extinción de dominio para que el Estado sea el propietario de bienes ilícitos incautados, también forma parte de las propuestas de Noboa, a lo que se suma la consulta a los ecuatorianos si están de acuerdo con que se reformen los procedimientos de “inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros”; “para controlar la migración y fortalecer la seguridad del Estado”.
El sociólogo Fernando Carrión cuestionó que 10 de las preguntras sean sobre seguridad y una más sobre juegos de azar, pero se dejan de lado otros temas prioritarios para el país. “La economía no existe, el trabajo no existe” en la consulta, manifestó.
Tampoco se incluye nada sobre el tema judicial, especialmente cuando en Ecuador ha estallado el denominado caso Metástasis, considerado por la Fiscalía como el operativo “más grande en la historia” del país que se ha realizado contra las redes de corrupción y narcotráfico, que han permeado las instituciones del Estado.
*Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)