En el Centro de Rehabilitación Social Bellavista, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, se dio una nueva masacre la tarde del 18 de julio de 2022. Hasta el momento, en la cárcel de Santo Domingo se registran 13 personas privadas de libertad asesinadas, según información oficial.
El 18 de julio de cada año se conmemora el Día internacional de las personas privadas de libertad, en honor al ex presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela. El líder sudafricano pasó 27 años privado de libertad por defender los derechos humanos, la igualdad para todos y todas y promover una cultura de paz en su país. En honor del mandatario, la oficina de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, denominó como Reglas Mandela o Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, a los estándares internacionales para el tratamiento de las personas privadas de la libertad y los centros de reclusión.
La fecha promueve el encarcelamiento digno y busca sensibilizar acerca del hecho de que las personas privadas de libertad son parte integrante de la sociedad.
En Ecuador, en conmemoración a ese día, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, a través de su cuenta en twitter dijo “hoy, 18 de julio conmemoramos el Día Internacional de los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, con el propósito de sensibilizar y generar conciencia sobre las condiciones de vida de las PPL en un contexto intramuros”.
A esto agregó, “las personas privadas de libertad deben ser tratadas con el respeto que merece la dignidad propia de todo ser humano”.
A las 3 de la tarde de ese día, la misma institución informó que en el Centro de Privación de Libertad Bellavista de la provincia de Santo Domingo, “se registró una riña al interior del centro. Al conocer de este hecho se ha solicitado de inmediato el apoyo de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio de Salud Pública”.
Dos horas más tarde, en su cuenta de twitter, el SNAI reportó que hasta ese momento se registraban 13 personas privadas de libertad asesinadas y 2 personas heridas. Aseguraba además, que “con el apoyo de la la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se retomó el control” del centro de privación.
Al día siguiente, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, a través de twitter dijo que, equipos de inspección ocular técnica “levantaron 45 piezas humanas en el Centro de Privación de Libertad de Santo Domingo, serían 12 cadáveres y no 13 (apreciación inicial)”. A esto agregó que, al centro de detención se desplazaron antropólogos forenses y médicos legistas para realizar las autopsias de los cuerpos desmembrados y que el proceso llevará días.
Asimismo, el ministro en una rueda de prensa dijo que, a partir de la información que se les fue entregada se comprende que una “fracción de los denominados R7 fueron alertados sobre la creación de otra organización de delincuencia organizada, liderada por alias Goyo, uno de los que perdió la vida en el amotinamiento”. Según Carrillo los hechos se dieron en un pabellón de mínima seguridad.
También acotó que el Estado ha provisto de recursos al sistema penitenciario y de una política penitenciaria que permita el tratamiento médico y psicológico de los privados de libertad, con el fin de generar un cambio. “No es una tarea sencilla, sin embargo ya se inició el trabajo de formación de 1400 agentes penitenciarios entre ellos se encuentran seleccionados personas con algunas capacidades”, agregó.
Desde la alcaldía de Santo Domingo, el 19 de julio de 2022, se creó una mesa técnica de seguridad, desde el puesto de mando unificado ECU 911, donde participan el Gobernador de la Provincia Tsáchila, Orlando Castillo; la ministra de Derechos Humanos, Paola Flores y otros actores encargados de la seguridad de la provincia.
En la mesa técnica de seguridad, se analizó la situación en el Centro de privación de libertad Bellavista y se coordinaron acciones interinstitucionales para restaurar el orden y la seguridad en la ciudad. Asimismo, a través del Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal se dispuso el uso de camionetas para la seguridad y apoyo logístico a la Policía Nacional.
Una fuente, quien pidió reserva, confirmó a Wambra, que hasta el momento la fuerza pública no tiene el control del Centro de privación de libertad de Santo Domingo “no pueden ingresar a los pabellones”. Las autoridades tampoco sabrían con exactitud y no tendrían estadísticas de cuánta población carcelaria hay en el Centro de Santo Domingo y por ende, tampoco se pueden contabilizar los PPL fugados, que se estima son alrededor de 7. La población que vive aledaña a la cárcel habría alertado de posibles fugas, “y dicen que temen por sus vidas”.
Según la información brindada, al generarse el conflicto, la policía llegó 5 horas después, “lo cual es super grave, porque parece que quieran dejar que se maten”. Al momento, las autoridades de Santo Domingo hablan de 13 personas asesinadas “porque se encontraron 13 cabezas”, sin embargo, “no se sabe si habrá más muertos”.
Información extraoficial
La fuente consultada le dijo a Wambra que el conflicto empezó a las 11 de la mañana del 18 de julio. En este transcurso, el director del centro de privación de libertad, Kleber Carrión, intentó negociar con los PPL para evitar un conflicto entre grupos y quienes lideran la cárcel.
Según la fuente consultada, aunque la información oficial intenta decir que la masacre inició por una riña entre bandas; una de ellas, aparentemente creada por un grupo de ciudadanos venezolanos, lo cierto es que para la constitución de una banda hay que tener una fuerza muy grande a nivel nacional y la población extranjera que está en los centros penitenciarios del país es del 5 al 7 %, “tomando en cuenta, otras nacionalidades”. Eso significa que “hay una mínima población venezolana”, incapaz de constituirse como banda.
Hasta el momento se conoce que entre los privados de libertad asesinados, está un ciudadano de nacionalidad venezolana. Las autoridades ya hicieron contacto con sus familiares en Ecuador. Nuestra fuente también dijo que, para tomar el control del centro solo intervinieron 45 policías “un valor mínimo frente a una masacre. No quieren entrar a tomar el control de la cárcel”.
Según la información que nos brindaron, se quiere tipificar lo sucedido como muertes violentas, cuando desde el enfoque de derechos humanos, se debe tipificar como una ejecución extrajudicial por omisión, porque las autoridades ya habrían tenido conocimiento previo de la masacre ocurrida en Santo Domingo. “Si estás bajo el cuidado de una institución estatal, el Estado tiene la obligación de garantizar, respetar y tutelar los derechos de las personas privadas de libertad, especialmente la vida”.
“La ejecución extrajudicial es una violación que puede consumarse, en el ejercicio del poder del cargo del agente estatal, de manera aislada, con o sin motivación política, o más grave aún, como una acción derivada de un patrón de índole institucional. Usualmente se entiende que la ejecución se deriva de una acción intencional para privar arbitrariamente de la vida de una o más personas, de parte de los agentes del Estado o bien de particulares bajo su orden”, así lo establece el informe: La ejecución extrajudicial o el homicidio en las legislaciones de América Latina.
¿Cuál es el rol de la Defensoría del Pueblo?
Gabriela Hidalgo, Directora Nacional de mecanismos de prevención de la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes de la Defensoría del Pueblo, dijo que este organismo tiene un rol preventivo y tutelar en relación a los derechos de las personas privadas de libertad.
En el ámbito preventivo, la Defensoría del Pueblo cuenta con un mecanismo, realiza visitas a los centros de privación de libertad, analiza las condiciones, emite informes y recomendaciones en relación a atender problemáticas que se identifican en los centros para que las autoridades puedan tomar correctivos.
En la actual masacre en Santo Domingo, la Defensoría del Pueblo debe coordinar con la Defensoría Pública para la entrega de los cuerpos de los PPL, a sus familiares. Sin embargo, según la información oficial, la identificación de los cadáveres tardaría días.
Organizaciones de derechos humanos se pronuncian
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos lamentó los hechos ocurridos en el centro de privación de libertad de Santo Domingo y responsabilizó al Estado por las víctimas de muerte y las personas heridas, producto de los hechos de violencia. Además agregaron que “el Estado debe asegurar la integridad física y vida de las personas en prisión y sus familiares”.
“Denunciamos la inefectiva actuación del personal administrativo del centro penitenciario en identificar posibles escenarios de violencia. Así como a las autoridades responsables de ejecutar la política pública penitenciaria en no evaluar acciones de contención integrales en estos casos”, señaló la Alianza.
Asimismo, el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles, exigió la inmediata contención a la violencia dentro del centro de privación y recalcó que las familias tienen el derecho a recibir información oportuna y real sobre la situación de sus familiares.