Lenín Moreno pidió a la Asamblea que apruebe el proyecto de reforma a la Ley de Movilidad Humana que entregó en 2019 para poder “expulsar y deportar” a los migrantes que cometan delitos. Pero, vista con calma, parece que, más que preocupado por la seguridad ciudadana, el Presidente quiere desviar la atención de otros problemas.
A semana seguida, Lenín Moreno vio un problema e intentó resolverlo con su retórica de enredos. Después de decir que las mujeres denuncian por acoso cuando el agresor es feo, habló sobre la migración. Tras el asesinato a una mujer en Quito a manos de un extranjero, le pidió a la Asamblea que apruebe una reforma que “permitirá expulsar y deportar a aquellos extranjeros que vienen al país a delinquir o que son encontrados cometiendo delitos”. Superándose a sí mismo, el Presidente del Ecuador logró meter en un solo comentario dos males contemporáneos: la xenofobia —rechazo al migrante— y la aporofobia —rechazo a los migrantes pobres.
La muerte violenta a una persona, cualquiera que sea, siempre genera indignación. Pero las reacciones se magnifican cuando las perpetran los extranjeros, y ahora, en especial, los venezolanos, a pesar de que a inicios de 2019, la propia Ministra de Gobierno María Paula Romo desmintió que su participación en la delincuencia sea mayoritaria, y aportaba una cifra: el 92% de la población carcelaria era ecuatoriana. Dijo, también, que en 2018, de los novecientos asesinatos reportados, apenas quince detenidos eran de esa nacionalidad.
En 2019, tres personas murieron a diario por homicidios (lo que muestra un preocupante incremento de más del 18% en relación al año anterior). El comandante general de la Policía Patricio Carrillo dijo en una entrevista a diario El Comercio que ese año subió la participación de extranjeros en homicidios, tanto víctimas como victimarios: pasó de un promedio de entre 2 y 3 por ciento a un 6%. El 2% eran venezolanos. Pero el mismo Carrillo dice en la entrevista que “hay que decir que es la condición de vulnerabilidad en la que llegan al Ecuador, no es la nacionalidad misma”, y dice que debe haber un trabajo en “temas fundamentales como trabajo y bienestar para la población migrante”. Es, sin duda, un problema complejo, que tiene ramificaciones y aristas que deben abordarse con cuidado y rigor técnico.
Pero Moreno, una vez más, llevó todo al simplismo de relacionar la inseguridad y los delitos con los migrantes, algo que termina amplificado en las redes sociales y en los medios de comunicación. “Eso es xenofobia pura” dice la politóloga Milagros Egas. “Antes eran señalados como delincuentes los colombianos o los cubanos, ahora los venezolanos”, dice.
Otros problemas, mucho más graves, como la violencia de género —que produjo la muerte de una mujer cada 71 horas en 2019— no genera pomposas declaraciones del Presidente (de hecho, las banaliza con comentarios como el de la denuncia de acoso “por feo”). Tampoco se lo ve urgiendo a la Asamblea a abordar el problema de la salud mental, cuya falta de atención provocó en 2018 tres suicidios cada día, según el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC). Para el 2020, el presupuesto para salud mental está en cero y el destinado para la prevención de la violencia de género se redujo. Lo mismo pasó con el de la prevención y control del VIH, el Sida e infecciones de transmisión sexual (ITS). De acuerdo a datos del INEC en el 2018, por la falta de tratamiento de VIH se produjeron en Ecuador dos muertes cada día. Pero el Presidente de eso no habla: es como si para esos temas no tuviera texto.
Ni hablar del decrecimiento del PIB del país (el nivel más bajo desde 2016 cuando se desplomó el precio internacional del petróleo y el Ecuador sufrió un terremoto). Tampoco del creciente desempleo. O de la incapacidad de la reforma tributaria aprobada en diciembre de 2019 para recaudar los 650 millones de dólares que dizque logrará (los expertos dicen que no pasará de 250 millones en el mejor de los casos)
La xenofobia no es nueva herramienta en la caja de excusas presidenciales. En enero de 2019 en Ibarra, un grupo de personas enfurecidas destruyó las casas de migrantes venezolanos, después que un hombre mató en la calle a su pareja. Ahí Moreno dijo que conformarían brigadas para revisar la situación de los migrantes, aunque su propia Ministra de Gobierno dijo entonces que se trataba de “violencia machista”. Egas cree que el gobierno puede estar usando este tema para tapar la corrupción o la crisis económica que todavía se está viviendo en el país (después del paro nacional). “Está saltando un montón de gente con un discurso en contra de los venezolanos, y el gobierno simplemente para demostrar apoyo a este grupo de gente, está replicando el discurso”, dijo Egas.
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El ofrecimiento demagógico, cargado de prejuicios y estereotipos del Presidente causa alarma y siembra el miedo. Frente a más de 50 alcaldes del país y acompañado de la Ministra de Gobierno y defensora de derechos humanos, María Paula Romo, y de Patricio Carrillo, General de la Policía Nacional, Moreno dijo “Aquellos que vienen a dañar nuestra sociedad, a asesinar, a delinquir, a hacer crimen organizado, no. Ellos no son bienvenidos”.
Lo que el Presidente no entiende —como tantos otros políticos que son fuente de validación y amplificación— es que cuando él dice cosas como las que dice, los ciudadanos de a pie toman como ciertas sus palabras y pueden llevarlas a extremos peligrosos. En Quito ya se convocó a una marcha en contra de los migrantes venezolanos.
Lo que pasó en Ibarra es un ejemplo. Pero también es un ejemplo lo que sucede en las ciudades fronterizas del Ecuador, por donde entran los migrantes. Algunos medios de comunicación locales muestran al migrante venezolano como delincuente o causante de inseguridad. Es una bola de nieve en la que las palabras terminan hasta por legitimar piezas de desinformación que circulan en redes.
Sobre todo, distorsionan el enfoque de derechos humanos con el que la ola migratoria venezolana debe ser abordada a través de soluciones técnicas. Según María Cecilia Herrera, abogada experta en derechos de refugio, plantear la deportación, está en completa contraposición con el derecho internacional. Así lo resolvió la sentencia Pacheco Tineo vs Bolivia, el primer fallo en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió el caso de una persona refugiada, y que también se aplica a personas migrantes. Herrera dice que deben existir garantías mínimas en todos los procesos que terminen en la expulsión de una persona. El “proceso debe ser individual, todas las personas tienen derecho a contar con una entrevista para que se evalúe su situación, no puede existir discriminación en razón a la nacionalidad”, dice Herrera.
El gobierno anunció que comenzará los controles migratorios desde el 10 de febrero de 2020, pero en realidad se hacen desde algunos días. En Tulcán, capital de la provincia fronteriza de Carchi, se hacen cuatro diarios, desde el 5 de febrero de 2020 . Un día después, cuatrocientos policías hicieron requisas en el centro histórico de Quito por los controles migratorios. En una nota de Diario El Universo, la ministra Romo dice que a los migrantes que no tienen una situación regular en el país se les cobrará una multa de 400 dólares y se les notificará que deben salir voluntariamente, porque la ley de Movilidad Humana prohíbe la deportación.
Mientras tanto, la olla de presión contra los migrantes en el Ecuador sigue calentándose. A un año de los terribles hechos de Ibarra —a los que el presidente Moreno echó gasolina con su retórica— no parecemos lejos de las mismas actitudes hacia los migrantes, convertidos en chivos expiatorios y desvío de atención para un gobierno con pésimos índices en seguridad ciudadana, empleo y desempleo, crecimiento, lucha contra la violencia de género y aceptación en general.