Un millonario fraude, de dimensiones hasta ahora no registradas en los anales de Carabineros de Chile, la institución policial más grande del país con más de 60 mil efectivos, se hizo público en los primeros días de marzo luego de conocerse los primeros resultados de una investigación interna ordenada por el mando de la institución. […]
Un millonario fraude, de dimensiones hasta ahora no registradas en los anales de Carabineros de Chile, la institución policial más grande del país con más de 60 mil efectivos, se hizo público en los primeros días de marzo luego de conocerse los primeros resultados de una investigación interna ordenada por el mando de la institución. Lo más relevante del hecho es que la estafa fue efectuada por oficiales, algunos de alto rango, pertenecientes a la fuerza de Intendencia, encargada de las labores administrativas de la entidad. La otra fuerza, la llamada de Orden y Seguridad, es la responsable del trabajo preventivo e investigativo en el territorio nacional y, hasta ahora, no tiene involucrados a sus miembros.
Fuentes de la propia policía uniformada señalaron que grandes montos de dinero habrían sido gastados en vehículos, propiedades inmobiliarias y artículos suntuarios adquiridos por los involucrados, cuyo número exacto hasta ahora se desconoce. Diecisiete oficiales fueron detenidos por sus propios compañeros y puestos a disposición de la justicia. En tanto, prosiguen las investigaciones para identificar y capturar a los restantes. Se presume que también podrían estar comprometidos oficiales en retiro y algunos civiles.
La trama delictiva se habría iniciado en 2009 y extendido hasta fines de 2015, cuando Carabineros de Chile estuvo bajo el mando del general director Eduardo Gordon Valcarce, primero, y luego del general Gustavo González Jure, hoy en retiro. El comandante en jefe, general Bruno Villalobos, dio cuenta personalmente al país de lo ocurrido y enfrentó al Ejecutivo, a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y a la prensa, entregando pormenores de lo acontecido. «El monto exacto no lo podría calcular, pero lo que sí puedo decir es que se trata de un monto importante, hay una pérdida de patrimonio importante», afirmó el jefe policial.
La primera hebra de la trama delictiva se conoció por el reporte de una sucursal del BancoEstado que informó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), dependiente del Ministerio de Hacienda, sobre una transacción de dinero sospechosa en Punta Arenas. La UAF, que opera bajo las nuevas leyes sobre lavado de activos y conforme a tratados internacionales, alertó al OS-7, la brigada antidrogas de Carabineros, la cual al iniciar las indagaciones comprobó que una suma cercana a los 300 millones de pesos había sido depositada en la cuenta corriente de un teniente de la institución, el que entregó detalles de la operación fraudulenta e involucró a varios oficiales de mayor rango en Santiago, todos vinculados a la compleja estructura de finanzas y administración de la policía. Se iniciaron así dos investigaciones paralelas: una que reservadamente lleva la Fiscalía Regional de Magallanes, en Punta Arenas, y otra administrativa, puesta en marcha por Carabineros, que empezó a generar la inmediata salida de varios oficiales de la institución, entre ellos un general, un coronel, a lo menos cinco tenientes coroneles y un número imprecisado de capitanes.
En la madrugada del lunes 13, luego de doce horas de audiencia, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó ilegal, por errores en el procedimiento de detención, el arresto de los 17 oficiales aprehendidos por sus compañeros. El fiscal de Magallanes, Eugenio Campos, les imputó cargos por lavado de dinero, fraude al Fisco y asociación ilícita. Los detenidos -identificados como Jaime Paz Menéndez, Pedro Valenzuela San Martín, Mauricio Saldaña Vial, Ramiro Martínez Chaing, Sergio Collao Cáceres, Felipe Avila Pérez, Carlos Rojas Muñoz, Francisco Estrada Castro, Víctor Escobar Rodríguez, Juan Moraga Gallegos, Claudio Venegas Godoy, Patricio Morales Díaz, César Fernández Poblete, Héctor Nail Bravo, Robinson Carvajal Neira, Nelson Valenzuela Aravena y Juan Pablo Muñoz Navarro- quedaron en libertad a la espera de nuevas diligencias.
«PISTOLAS DE PALO»
De las siete direcciones nacionales que tiene Carabineros, oficiales de cuatro de ellas estarían envueltos en el fraude: Personal, Logística, Planificación y Desarrollo y Finanzas. A los funcionarios que trabajan en ellas la gente de Orden y Seguridad y de Inteligencia -las direcciones más numerosas de la policía- los denominan «pistolas de palo». Es en esos ámbitos donde se enquistaron los autores y cómplices de la defraudación. Hasta ahora, las miradas se han concentrado en el Departamento de Remuneraciones, pero también están bajo sospecha otras instancias, tales como Abastecimiento e Infraestructura, Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Adquisiciones y, especialmente, Contabilidad y Finanzas.
Entre los oficiales dados de baja figura el teniente coronel Pedro Valenzuela San Martín, uno de los encargados de Adquisiciones. En marzo de 2016, Carabineros inició un sumario administrativo de carácter reservado porque al comandante Valenzuela San Martín le robaron en Viña del Mar un computador notebook que contenía sensible información sobre ciertas indagaciones que estaba realizando en la zona. Valenzuela ya pertenecía a la dotación de la plana mayor de la Dirección de Finanzas, y se encontraba en la ciudad jardín en comisión de servicio, investigando irregularidades financieras.
Otro de los desvinculados, por responsabilidad de mando, fue el general Flavio Echeverría Cortez, jefe de la Unidad de Intendencia, magíster en gestión empresarial de la Universidad Técnica Federico Santa María y miembro del Programa de Cooperación Internacional del Gobierno de Chile para las Policías Uniformadas Extranjeras. También era director-tesorero de la Fundación Paz y Familia y director de la Corporación Cultural de Carabineros. Entre sus labores estaba la supervisión de las compras institucionales y en 2013 acompañó al director de Compras Públicas, general Jorge Vidal Varas, en un viaje a China para conocer «nuevos procesos de administración logística».
TREINTA Y NUEVE AUDITORIAS
La Contraloría General de la República instruyó una auditoría especial para establecer las irregularidades cometidas y los montos involucrados en Carabineros, además de otras similares a las jefaturas de las áreas de finanzas, remuneraciones y compras de todas las entidades públicas con alto flujo financiero. El órgano contralor añadió que en los últimos cinco años ha realizado 39 auditorías a Carabineros en distintas áreas. En tales fiscalizaciones detectó irregularidades en materia de remuneraciones, pagos al personal, adquisiciones de carros policiales, mantención y repuestos de vehículos, reposición de retenes o cuarteles, compras de equipos computacionales, pago de remuneraciones a profesores en academias policiales y préstamos habitacionales. A lo anterior se agregaron irregularidades en aspectos contables, mantención de aeronaves policiales y proceso de compra de insumos, entre otros, las que han derivado en sumarios administrativos, denuncias penales y correcciones de procedimientos.
A varios de los involucrados se les encontraron registros de millonarios depósitos en sus cuentas corrientes bancarias, pero aún no se logra precisar el sistema para reclutar a los partícipes en la malversación ni el modo de repartir los dineros sustraídos. Sí se sabe que algunos oficiales fueron contactados desde Santiago para que facilitasen sus cuentas corrientes donde depositaban fuertes cantidades de dinero, el cual era retirado más tarde en efectivo y entregado personalmente a miembros de la «mafia de Finanzas», como ya se le conocía en la institución. Varios de los oficiales contactados habían sido beneficiados con favores y prebendas provenientes de las oficinas de la Dirección de Finanzas, ubicadas en el décimo piso de la Dirección de Carabineros, situada en el edificio frente al palacio de La Moneda.
El general Bruno Villalobos explicó que la Dirección de Finanzas efectúa unos 720 mil traspasos de dinero anuales desde cuentas fiscales a cuentas particulares y que en el periodo investigado sumaron cerca de tres millones de traspasos, lo cual habría dificultado la detección del fraude.
SOCIEDADES EN LA MIRA
A lo menos dos de los oficiales removidos -los tenientes coroneles Héctor Nail Bravo y Pedro Valenzuela San Martín- integraban una sociedad inmobiliaria, el primero, y una empresa proveedora de guardias de seguridad, el segundo. Nail posee, además, cinco vehículos: un automóvil Ford, una moto Suzuki, un jeep Daihatsu, una moto Vespa y un automóvil Volkswagen; dos sitios en el balneario de Villarrica, otro en Colina, un campo en San Javier y departamentos en Santiago. Se investigan las posibles conexiones en sociedades y empresas de los otros partícipes del fraude.
Este escándalo se suma a otros registrados en el último tiempo en las filas policiales, los cuales consiguieron ser morigerados por el eficiente aparato de relaciones públicas que mantiene Carabineros. A mediados de marzo del año pasado, la Contraloría detectó un desfalco por 365 millones de pesos al interior del Departamento de Cuarteles de la institución. El principal responsable resultó el general Félix Flores Santis, director de la Zona de Carabineros de Maule y ex jefe de la guardia personal de la presidenta Michelle Bachelet. Flores pagó a la empresa Constructora CGM más de 350 millones de pesos por la construcción de varios cuarteles policiales en la Región de Aysén que nunca fueron terminados .
Ese mismo mes de marzo de 2016, una fiscalización realizada por la Contraloría, en el marco de otra investigación por fraude en el ejército, detectó que Carabineros, entre 2010 y 2015, pagó más de 3.200 millones a siete empresas proveedoras de repuestos y otros servicios. Entre ellas, había tres firmas investigadas por facilitar presuntas facturas falsas para la reparación de vehículos militares. El caso comenzó en abril de 2014, cuando se detectó y denunció el millonario fraude en la unidad Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF) del ejército. Actualmente, según la investigación que instruye el ministro en visita Omar Astudillo, el ilícito superaría los cinco mil millones de pesos. Los servicios inexistentes se cancelaban mediante la Tesorería de la rama castrense, con cargo a los fondos de la Ley Reservada del Cobre.
Y SIGUE
A comienzos de marzo, el juez Omar Astudillo procesó al coronel Sergio Vásquez Undurraga, quien a fines de 2015 se desempeñaba como jefe del Departamento de Finanzas de la Comandancia en Jefe del ejército, por el presunto delito de «incremento patrimonial relevante e injustificado». El coronel Vásquez ocupó la jefatura en enero de 2014, cuando el comandante en jefe del ejército era Juan Miguel Fuente-Alba, quien pasó a retiro en marzo de ese año y a quien también se le está cuestionando por enriquecimiento ilícito. En la investigación judicial se pudo precisar que el coronel Vásquez pudo saldar una deuda hipotecaria que mantenía, pagando cerca de 31 millones de pesos en efectivo. Además, se detectó la aparente compra de un inmueble en Villarrica, por 66 millones, de los cuales 30 millones fueron pagados al contado. También se detectó la compra de un departamento en Viña del Mar, registrado a nombre de su cónyuge y avaluado en 80 millones. Los vehículos del coronel también llamaron la atención del ministro, pues posee cuatro móviles: un Hyundai, un Honda, un Mitsubishi y un Skoda, adquiridos con dineros que ingresaron a su cuenta corriente mediante depósitos en efectivo.
A todo esto se suman otros millonarios fraudes en las cuatro ramas de las fuerzas armadas que se prolongan desde hace más de cuatro décadas, desde los tiempos de la dictadura militar, cuando Pinochet y su familia se enriquecieron ilegalmente y depositaron los dineros robados en bancos del exterior. Al retornar la democracia, en 1990, el gobierno de Patricio Aylwin negoció con los militares para que estos mantuvieran la autonomía en el manejo de los fondos que le entrega anualmente el Estado. Ello, a cambio de permanecer tranquilos en los cuarteles.
Así, todas las normas, reglamentos y controles sobre las fuerzas armadas y las instituciones policiales -Carabineros e Investigaciones- son las mismas que fueron elaboradas en la dictadura militar, entre 1973 y 1989, o en los primeros años de los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia. Lo mismo sucede con la formación de los oficiales y de las tropas en las escuelas matrices y en las academias militares y policiales.
Pareciera que ha llegado la hora de cambiarlas.
Publicado en «Punto Final», edición Nº 871, 17 de marzo 2017.