Las «advertencias» al gobierno chileno que formuló el embajador norteamericano Michael Hammer en una reunión de empresarios, constituyen, sin ninguna duda, una intromisión en la política interna de nuestro país y un agravio a la soberanía nacional. Fueron hechas, además, en un momento particularmente inoportuno, lo que les da carácter de verdadera provocación. Refiriéndose a […]
Las «advertencias» al gobierno chileno que formuló el embajador norteamericano Michael Hammer en una reunión de empresarios, constituyen, sin ninguna duda, una intromisión en la política interna de nuestro país y un agravio a la soberanía nacional. Fueron hechas, además, en un momento particularmente inoportuno, lo que les da carácter de verdadera provocación. Refiriéndose a las reformas que impulsa el gobierno de Chile, Hammer sostuvo que las empresas avecindadas en nuestro país necesitan «estabilidad política y económica y reglas claras». Recalcó que cuando hay cambios hay que consultar a todas las partes interesadas y tomar decisiones «en un tiempo razonable» para las empresas. Como todo eso se ha hecho, insistir en ello constituye una impertinencia que oculta otros fines.
Las declaraciones fueron hechas casi en coincidencia con un artículo en el Wall Street Journal sosteniendo que la reforma tributaria en Chile afectará a un modelo económico que ha sido particularmente exitoso y que ha hecho «prosperar» al país. Lo paradojal es que hace referencias erróneas, como que la reforma tributaria afectaría al modelo neoliberal, lo que, desgraciadamente, no es así. No toca ni con el pétalo de una rosa los intereses de las compañías extranjeras que están despojando a Chile de sus riquezas naturales, y rebaja el impuesto a la renta de los ricachones. La reforma es solo la modernización de un modelo que requiere cambios para funcionar mejor y cuya implementación ha sido aconsejada por la OCDE. Otra coincidencia llamó la atención. Hammer hizo recomendaciones virtualmente en el mismo lenguaje de la derecha, que ha desencadenado una campaña para amedrentar a la clase media con la reforma tributaria. Hammer no podría, en todo caso, justificarse alegando inexperiencia. Ha servido en la diplomacia norteamericana desde hace tiempo en Noruega, Dinamarca, Islandia y Bolivia. Incluso trabajó en la Casa Blanca como asesor especial del presidente Obama, fue director de Prensa y Comunicaciones y portavoz del Consejo de Seguridad Nacional. Descartada la inexperiencia, la conclusión es obvia. Sus declaraciones se encuadran en la política de su gobierno que protege a escala mundial los intereses del neoliberalismo, especialmente en América Latina. Hay que lamentar la débil reacción del gobierno y de la Nueva Mayoría. El canciller Heraldo Muñoz habría representado su «sorpresa» mediante un llamado de teléfono. Indirectamente, la presidenta Bachelet hizo alusión al hecho en un acto público sin nombrar al entrometido embajador. La derecha por supuesto no abrió la boca. Solo el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, protestó por las declaraciones que calificó de peligro para nuestra soberanía y alertó que Estados Unidos parece volver a las andadas previas al golpe de Estado de 1973. Estados Unidos sigue considerando a América Latina su patio trasero. Y actúa en consecuencia. Su motivo para intervenir en un debate entre chilenos proviene de esa visión imperial. Además viene presionando a Chile para que participe activamente en la Alianza del Pacífico, integrada por México, Colombia, Perú y Chile, todos los cuales tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos. El objetivo es debilitar al Mercosur y a Unasur para reconstruir el esquema geopolítico que existía hasta que irrumpió la revolución bolivariana en Venezuela y puso en marcha con fuerza la integración latinoamericana. EE.UU. pretende avanzar de la Alianza del Pacífico al TPP (sigla en inglés del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica), que es una reedición del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), derrotada en la Conferencia de Mar del Plata de 2005, y de esa forma reinventar e imponer la economía de mercado a todo el continente.
El carácter imperialista de la política de Estados Unidos hacia América Latina se mantiene tanto en los gobiernos demócratas como republicanos. El gobierno de Obama ha endurecido el bloqueo a Cuba, todavía mantiene en prisión a tres cubanos que lograron infiltrar las estructuras del terrorismo en Miami, y retiene la base naval de Guantánamo, convertida en prisión y centro de torturas para supuestos terroristas. Estados Unidos mete las manos en procesos de desestabilización en Bolivia, Ecuador, Paraguay, Honduras y ahora en Venezuela, a la que amenaza con sanciones para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Gobiernos, políticos y empresarios latinoamericanos están sometidos a sofisticados sistemas de espionaje norteamericano. Esto ha provocado un enérgico rechazo del gobierno de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.
Como ha señalado el cientista político Immanuel Waller-stein: «Este sistema no puede durar. El mundo se encuentra en una era de transición. No es solo una crisis de las políticas imperiales y de las estrategias de apropiación neoliberal. Es una crisis estructural que ha envuelto a la economía mundial a inicios del siglo XXI. Las relaciones norte-sur dominadas por el poder militar de Estados Unidos y quienes profitan de la economía mundial, se han desequilibrado y amenazan con sumirse en el caos. La ideología liberal y los proyectos de prosperidad del centro pierden su credibilidad. Los radicalismos y fundamentalismos ganan terreno en el norte, en el sur, en el centro y en la periferia».
Chile también ha estado sometido a una permanente vigilancia de Estados Unidos, lo que ha derivado en intervenciones abiertas, como la de 1973. La ayuda norteamericana fue determinante para la elección, en 1964, del presidente demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva y su «revolución en libertad». Entretanto, los militares chilenos comenzaron a instruirse en la Escuela de las Américas y el Pentágono acentuó su control de las FF.AA. al amparo del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. La intromisión del embajador Hammer no puede ser tolerada. Es un atropello a la soberanía nacional y merecía una respuesta altiva y digna de nuestro gobierno. Hammer debió ser declarado persona no grata. Si el gobierno no lo hizo y, por el contrario, junto con hacer vista gorda por el agravio anunció que la presidenta Bachelet viajará a Washington a fines de junio, deberían ser las organizaciones populares las que manifiesten su repudio al intruso. En otros tiempos, cuando la conciencia antiimperialista del pueblo chileno no había sido erosionada por la «cultura neoliberal», las manifestaciones contra la intromisión yanqui ya se habrían hecho sentir en la calle.
«Punto Final», edición Nº 804, 16 de mayo, 2014 [email protected] www.puntofinal.cl