Las políticas migratorias de los centros imperialistas se han adaptado al proceso de globalización capitalista. El capitalismo globalizado centrado en el plusvalor de la sobreexplotación funciona, de hecho, sobre la base de cadenas de valor mundiales. Un mismo producto final puede ser el resultado del ensamblaje de elementos procedentes de varios sitios geográficos repartidos en varios continentes. Lo que distingue a las producciones de la periferia dominada y del centro imperialista no es una diferencia de productividad, sino una diferencia salarial. Con una productividad que tiende a ser equivalente, la misma fuerza de trabajo se pagará de manera diferente dependiendo de si se emplea en el centro o en la periferia. “Las tesis que explican las diferencias salariales como resultado del diferencial de productividad son simplemente eurocéntricas u occidental-céntricas”, es decir, ocultan la dimensión mundial de las cadenas de valor de las principales industrias o hacen desaparecer lo que esencialmente caracteriza al capitalismo globalizado: “El motor fundamental que delimita los contornos de la mundialización de la producción [es] el arbitraje mundial del trabajo” (Davis, 2007: 264), por retomar la formulación del economista John Smith.
A este nivel entra la cuestión de las fronteras y la política de fronteras. En efecto, existen dos vectores para acceder a esta mano de obra infrapagada: hacer migrar la producción a la periferia dominada o hacer migrar a la mano de obra hacia los países del centro. “Las economías avanzadas pueden acceder a la reserva mundial de mano de obra a través de las importaciones y la inmigración”, resume el FMI (2007: 180). Antes de la famosa globalización, la inmigración era el vector principal y la externalización el vector secundario. Desde entonces es al revés. Es teniendo en cuenta esta inversión como podemos captar la lógica de las nuevas políticas migratorias. Se pueden formalizar tres dimensiones claves de estas políticas migratorias de la era de la mundialización: 1) la fortaleza, con su función de fijar la mano de obra en la periferia para las necesidades de las deslocalizaciones; 2) la inmigración seleccionada (selectiva) y su función de captación de mano de obra altamente cualificada; 3) las y los indocumentados y su función de mano de obra sobreexplotada para los sectores económicos no deslocalizables.
La función sistémica de la lógica de la fortaleza
Las barreras a la inmigración son de un rigor sin precedentes en la historia del capitalismo. Lejos de ser el resultado de una llegada masiva e incontrolada de candidatos a la migración, la construcción de estas barreras va de la mano del despliegue de la Unión Europea, a su vez acelerado por la exacerbación de la competencia entre las multinacionales de las grandes potencias económicas debido al proceso de globalización. Lo demuestra el ritmo del establecimiento de estas barreras. Estas se encuentran más ligadas a la construcción europea que a un cambio sustancial en los flujos de entrada de trabajadores emigrados. Así, en un mismo período se construyó la fortaleza y se desarrolló el establecimiento del espacio Schengen (1985), la creación de la Unión Europea por el Tratado de Maastricht (1992), el establecimiento del euro como moneda (1999) y la ampliación gradual de la Unión Europea, en particular al Este (de 1995 a 2013).
Lejos de ser el reflejo de valores europeos o de una cultura europea o la traducción de la voluntad de establecer la paz en Europa, o la respuesta a una aspiración popular a la desaparición de las fronteras europeas, la construcción de la Unión Europea es ante todo y sobre todo el acompañamiento político e institucional a las multinacionales europeas en el proceso de competencia salvaje que inaugura la nueva fase de la mundialización capitalista. La Europa fortaleza constituye el componente migratorio de este acompañamiento político al surgimiento de una nueva superpotencia económica. Como señalan muchos trabajos, el establecimiento del espacio Schengen puede considerarse el punto de activación de la lógica de la fortaleza.
Los acuerdos de Schengen firmados por ocho países de la CEE (Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal) constituyen la base jurídico-policial de la construcción del muro de la fortaleza: visados, sanciones para los transportistas que no controlan suficientemente la regularidad de los documentos de los pasajeros, lista común de indeseables, intercambio de información, constitución de una herramienta de cooperación policial: Europol.
Por añadidura –resumía el historiador Bernard Ravenel–, las y los inmigrantes ilegales y los falsos refugiados pronto se presentan como el gran peligro para el futuro de la CEE. Algunos discursos oficiales a veces no dudan en amalgamarlos con narcotraficantes, terroristas y otros peligros públicos… Para defender la fortaleza del asalto de estos ejércitos, los Doce reclaman el derecho a recurrir a todos los medios que resulten necesarios… Las y los inmigrantes y refugiados son considerados –y tratados– como enemigos. Este lenguaje y los instrumentos de la guerra son de alguna manera naturales: guerra contra la droga, guerra contra el terrorismo, guerra contra la inmigración (clandestina), se convierten en las cruzadas modernas de la Europa fortaleza (Ravenel, 1997: 110).
Los episodios posteriores de la lógica de la fortaleza iniciada con Schengen son solo consecuencias predecibles de esta decisión inicial. Para implementar esta opción, es necesario restringir los desplazamientos legales (política de visados), militarizar las fronteras exteriores (creación de la agencia Frontex), bloquear físicamente a las personas a través del llamado enfoque de hotspots [centros de registro] y externalizar la contención de los candidatos a la migración y de las personas refugiadas. Cada crisis coyuntural, que provoca una afluencia igualmente coyuntural de refugiados, es instrumentalizada de forma meticulosa para justificar nuevas medidas represivas sobre la base de campañas políticas y mediáticas que difunden el miedo a un maremoto humano procedente de los países del sur. Este fue el caso en 1991 con la llegada de las y los albaneses que se utilizó para legitimar la creación de la agencia Frontex. Casi tres décadas después, fue la crisis siria la que se instrumentalizó para legitimar el establecimiento de hotspots, un eufemismo para designar los campos de internamiento contemporáneos. El guion en dos etapas ya está bien definido: un discurso político y mediático invasivo sobre la existencia de una supuesta crisis migratoria como herramienta para fabricar el consentimiento a las nuevas medidas represivas.
La política de visados es la primera componente de la fortaleza. Históricamente respaldada por la competencia estatal en la seguridad nacional, la política de visados está ahora relacionada con la contención del riesgo migratorio. Lo demuestran los cambios en la información solicitada para obtener un visado y los motivos de rechazo más recurrentes:
El visado, contrariamente a lo que podría haber sido el caso en el pasado, está menos dirigido a garantizar la seguridad de los Estados afectados que a bloquear la inmigración ilegal. (…) La lectura del reglamento comunitario sobre visados, que establece las normas comunes para el examen de las solicitudes de visado por parte de los servicios consulares, muestra que la inmigración irregular es la principal preocupación, resume la jurista Danièle Lochak (2019: 9).
El documento del consulado alemán de Abiyán titulado “Explicaciones a la decisión de rechazo”, que “identifica las razones más comunes de una denegación de visado”, incluye, por ejemplo: “el propósito de su estancia según los documentos no era obvio” o “no se pudo establecer su voluntad de abandonar el territorio antes de la expiración del visado”[01]. Por supuesto, este cambio en la naturaleza de la política europea de visados ha intentado camuflarse detrás del riesgo de seguridad, pero, como subraya Danièle Lochak (2019: 9): “Esta es una coartada, porque la mayoría de los terroristas tienen papeles en regla, cuando no son simplemente ciudadanos de los Estados miembros”.
Esta política de visados europea refuerza la escandalosa desigualdad mundial del derecho a la movilidad según la nacionalidad. “Si eres europeo tienes la posibilidad de circular libremente durante tres meses por 173 países, si eres ruso en 91 países, si eres chino en 44 y al final de la fila están todas las personas de las que hablamos: afganas, sudanesas, eritreas”, recuerda la politóloga Catherine Wihtol de Wenden (2019: 23). La web Passport Index, que enumera los países accesibles por país emisor del pasaporte, establece una clasificación cada año. No es de extrañar que “los países de África continental sean los que se encuentren en peor situación” y “los últimos lugares en el ranking están ocupados por los países con el PIB más bajo, todos en Asia o África, y es Afganistán el que lo cierra con solo 30 países accesibles” (Breteau, 2018). La doble jerarquización, de riqueza y color, caracteriza innegablemente nuestro mundo contemporáneo en términos de derecho a la movilidad.
La política europea de visados no olvida a los solicitantes de asilo con la misma obsesión por la contención. La obligación de poseer un visado de tránsito, llamado “visado de tránsito aeroportuario” (VTA), se convirtió en comunitaria en 2009 para los países del espacio Schengen. Se refiere a las y los nacionales de una lista de países elaborada arbitrariamente por la Unión Europea. Aunque se presenta como una forma de luchar contra la inmigración irregular, en realidad, esta obligación se dirige directamente a las y los solicitantes de asilo. Basta con leer el contenido de esta lista, que cada país puede completar como desee, para convencerse de ello. De hecho, están en ella países como Afganistán o Siria. “El VTA (…) tiene sobre todo la consecuencia de impedir que los pasajeros en tránsito en un Estado miembro soliciten asilo en él” (Bisiaux y Doisy, 2017: 2), resume la Asociación Nacional de Asistencia Fronteriza para Extranjeros (ANAFE). Para garantizar la eficacia de la medida, las aerolíneas tienen la obligación, bajo pena de sanciones financieras de hasta 500.000 euros, de asegurarse de que los pasajeros dispongan de un VTA. Los Estados europeos ya ni siquiera tienen que rechazar el asilo, pues la solicitud de protección en sí se ha hecho imposible.
La agencia Frontex es la segunda faceta de la Europa fortaleza. Creada en 2004 como Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea, tiene como objetivo asistir a los Estados miembros del espacio Schengen con fronteras exteriores con terceros países en el control de las mismas. Convertida en Frontex en 2006, esta agencia tenía en 2018 un presupuesto de 320 millones de euros y una plantilla que debía alcanzar las 10.000 personas en 2021. Este verdadero ejército, que se supone que lucha contra la “inmigración irregular”, en la práctica es una simple herramienta de represión militarizada de las personas solicitantes de asilo. Al igual que con el visado aeroportuario, se trata de evitar la posibilidad misma de la solicitud de asilo o de residencia rechazando a quienes lo soliciten a pesar de las estipulaciones de la Convención de Ginebra, el derecho internacional e incluso los propios textos de la Unión Europea. El geógrafo Olivier Clochard y la responsable de solidaridad internacional en la Cimade, Eva Ottavy, resumen así las violaciones permanentes de los derechos por parte de la agencia Frontex en las fronteras griegas:
Al devolver manu militari las embarcaciones que navegan en sus aguas nacionales, Grecia viola la prohibición de expulsión colectiva a la que está obligada por los textos europeos. Estos últimos prohíben la expulsión de grupos de personas si su situación individual no ha sido examinada de manera razonable y objetiva. Así, Grecia, al no permitir que las personas que buscan protección internacional puedan acceder a un procedimiento justo, viola el derecho de asilo consagrado en la Convención de Ginebra relativo al Estatuto de los Refugiados y el Derecho Europeo. Finalmente, Grecia también transgrede el principio de no devolución previsto también en varias legislaciones que prohíben devolver a una persona a su país de origen u otro país donde su vida o libertad estén amenazadas. Estas devoluciones se desarrollan a escondidas. Sin embargo, decenas de testimonios recopilados por Pro-Asyl (2013) y Amnistía Internacional (2013) señalan que estas devoluciones se han convertido en una rutina del control fronterizo (Ottavy y Clochard, 2014: 150).
La creación de hotspots es la tercera faceta de la Europa fortaleza. Estas “plataformas regionales de desembarco”, como las llama eufemísticamente la Unión Europea, tienen como objetivo “hacer la selección” entre “refugiados reales” y “falsos refugiados”. Para quienes son clasificados en la segunda categoría, es decir, para la gran mayoría, los hotspots prevén “centros de retención antes del alejamiento”. Concretamente, los hotspots son centros cerrados en los que quedan alojadas las personas exiliadas a la espera de que se estudie su solicitud. Para decirlo con más claridad, estamos en presencia de cárceles al aire libre. Adoptado en 2015 por la Comisión Europea, dicho enfoque se presenta como una respuesta a la crisis de los refugiados ligada a la guerra en Siria. Una vez más, se instrumentaliza una crisis coyuntural para establecer un modo estructural y duradero de gestión de las fronteras. Así se abrieron nueve hotspots, cinco en Grecia y cuatro en Italia, además de “hotspots móviles”.
Haciendo el balance de dos años de funcionamiento de los centros griegos, la jurista Claire Rodier hace la siguiente observación:
Problemas de promiscuidad, convivencia de menores aislados con adultos, alimentación insuficiente, condiciones de higiene degradadas debido a la saturación de los equipos sanitarios, etc. (…) En enero de 2017, Amnistía Internacional señalaba una tasa de ocupación del 148% en Lesbos, del 215% en Samos y del 163% en Kos. Durante el invierno de 2016/2017, particularmente riguroso en la región, algunas personas se vieron obligadas a dormir al aire libre, envueltas en simples mantas que la nieve cubría durante la noche (Rodier, 2018: 5).
Los títulos de los informes de las ONG internacionales de solidaridad con las y los refugiados son suficientes para medir el escándalo: “Grecia. Refugiados detenidos en condiciones deplorables”, en abril de 2016 según Amnistía Internacional; “Grecia. Inseguridad e insalubridad en los hotspots para refugiados”, en mayo de 2016 según Human Rights Watch; “Acuerdo UE-Turquía, el gran engaño. Informe de misión en los hotspots griegos de Chios y Lesbos”, en julio de 2016 según el GISTI, etc. El balance de los hotspots italianos está en la misma línea, subraya Claire Rodier basándose en los informes de misión de Amnistía Internacional:
Tras cuatro misiones realizadas en Italia durante el año 2016, Amnistía Internacional identificó estas prácticas, entre las que identificó en particular casos de detención por períodos superiores a lo permitido por la ley italiana, de uso de coacción, violencia e incluso tortura para obligar a las y los recalcitrantes a someterse a la lectura de huellas dactilares, procedimientos de evaluación de situaciones individuales llevados a cabo de forma expeditiva, con el único objetivo de clasificar a la persona interesada en la categoría de migrante irregular más que en la de susceptible de protección, etc. (Rodier, 2018: 8-9).
La llamada política de externalización del control es la última gran faceta de la Europa fortaleza. “Tiene como objetivos tanto trasladar los controles lo más lejos posible de las fronteras de la Unión y, por lo tanto, alejar al máximo el cordón sanitario que debe proteger a Europa, como delegar la responsabilidad de esta política en terceros Estados”, resume Danièle Lochak (2019:14). La externalización del control ha seguido dos vías esenciales. La primera es la de los “acuerdos de readmisión” que comprometen a los países firmantes, principalmente africanos, a reacoger no solo a sus nacionales, sino también a las personas que han transitado por su territorio. Mediante compensaciones financieras, estos Estados se convierten así en subcontratistas de la policía europea. La consecuencia lógica ha sido el desarrollo de políticas de represión muy duras en los países del norte de África, creando las bases de un aumento preocupante de la negrofobia mediante la designación de los subsaharianos como problema, como peligro y como amenaza.
El segundo camino tomado por la externalización es el llamado “proceso de Jartum”, también llamado “iniciativa sobre la ruta migratoria UE-Cuerno de África”. Asociando a una docena de países africanos, como su nombre indica, este proceso tiene como objetivo intentar hacer que esta ruta sea impracticable. Por lo tanto, mediante financiación, se incita a cada país africano a bloquear, rechazar y, por lo tanto, reprimir a las y los exiliados provenientes de otros países africanos. Estos países se comprometen no solo a volver a acoger a las personas que han transitado por su territorio, sino también a patrullar para detener las salidas hacia Europa. Países como Sudán o Libia se han convertido en socios de las políticas migratorias europeas. El caso libio por sí solo permite comprender las consecuencias del proceso de Jartum:
La Unión Europea y los Estados miembros proporcionan una ayuda sustancial a Libia a la que se le asigna explícitamente la tarea de interceptar a los migrantes que intentan llegar a Europa por mar, incluso cuando están reconocidos y documentandos los crímenes contra la humanidad cometidos en ese país contra los migrantes en Libia, imputables tanto a agentes del Estado como a miembros de milicias o mafias: asesinatos, esclavitud, tortura, violaciones, esclavitud sexual, desapariciones forzosas (Lochak, 13).
Para ser completo, habría que añadir la construcción de un muro de 12,5 kilómetros de largo y 3 metros de alto en Grecia, el uso de tecnologías punta para detectar a las y los exiliados y el restablecimiento, aunque momentáneo pero periódico, de los controles en las fronteras internas de la Unión Europea. Habría que recordar, aunque sea rápidamente, todos estos medios desplegados que, sin duda, atestiguan la construcción de una Europa fortaleza. Las consecuencias eran y son en gran medida predecibles: la utilización de rutas cada vez más peligrosas se traduce en un aumento sin precedentes de las muertes durante las travesías del Mediterráneo. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que en 2016 se convirtió en una agencia de Naciones Unidas, estima que el número de muertes ha sido de casi 20.000 (incluidos 1.600 niños) desde 2014. El Mediterráneo se ha convertido así en la ruta más mortífera del mundo. No es de extrañar que las muertes registradas en toda África ocupen el segundo lugar, con más de 6.000 muertes en el mismo período (Laczko, Blaack y Singleton, 2919: VIII). La construcción de la Europa fortaleza aparece entonces como un asesinato institucional masivo.
La misma lógica funciona en la frontera mexicana con las mismas consecuencias dramáticas. Por supuesto, no se trata de una voluntad macabra que de repente se habría apoderado del gobierno estadounidense y de la Unión Europea, que preferirían prescindir de tal situación. Sin embargo, las principales decisiones económicas adoptadas en las últimas décadas no podrían tener otras consecuencias. Por tanto, la función sistémica de esta nueva política fronteriza es evidente: desalentar al máximo la decisión de la salida para fijar el máximo de mano de obra en los países de origen para ocupar los puestos de trabajo de la deslocalización masiva.
La función sistémica de la inmigración selectiva
La Europa fortaleza no implica el cierre completo de las fronteras. El discurso sobre la inmigración selectiva (que en consecuencia se opone a la inmigración sufrida) lo demuestra. Hizo su aparición en junio de 2005 en un discurso de Nicolas Sarkozy que proponía esta noción como eje central de la política migratoria. Desde entonces ha sido retomado por todos los presidentes de la República francesa. Así, el primer ministro Édouard Philippe declaraba el 6 de noviembre de 2019, durante la presentación del plan de inmigración, querer “recuperar el control de nuestra política migratoria” estableciendo “cuotas u objetivos cuantitativos exclusivamente” en función de la rama de actividad. Precisando su punto de vista, explicó: “Iremos lejos en la apertura donde creamos que es bueno para Francia y lejos también en el control donde los abusos no son tolerables” (Albertini y Hullot-Guiot, 2019). Este enfoque de la inmigración rompía con más de un cuarto de siglo de discursos sobre la inmigración cero:
Por primera vez desde la suspensión de la inmigración laboral en 1974, el discurso público en materia de inmigración ya no se basa en la idea de cesar los flujos de inmigración económica y canalizar otros flujos (inmigración familiar, movilidad estudiantil, asilo), sino en la sustitución de una inmigración llamada sufrida, es decir, basada en el ejercicio de un derecho fundamental (derecho a llevar una vida familiar, derecho de asilo, etc.) por una inmigración selectiva estrictamente económica y dirigida hacia los sectores deficitarios de mano de obra. Esta dialéctica de la inmigración selectiva versus inmigración sufrida parece constituir un punto de inflexión de las políticas francesas en materia de inmigración como lo fue la suspensión provisional de julio de 1974 (Viprey, 2010: 150).
Este enfoque dicotómico de la inmigración no es el primero en la historia de las políticas migratorias francesas. Si el criterio de clasificación cambia, la división de la inmigración en dos entidades, una deseable y a fomentar, y la otra indeseable y a combatir, es antigua. Estableciendo una cronología de los criterios de indeseable aplicados a los inmigrantes para el período 1880-1939, el historiador Élie-Benjamin Loyer identifica las siguientes secuencias: criterio político dominante hasta 1880, es decir, “compromiso político y revolucionario”; criterio social dominante de 1880 a 1914 con la figura del “mal pobre, indeseable pues no tiene ningún tipo de arraigo”; criterio colonial y racial dominante en la post Primera Guerra Mundial con las figuras de los “coloniales venidos a Francia para trabajar durante la guerra”, de una parte, y “alemanes de las provincias recuperadas”, de otra; criterio de “preferencia nacional” con las repatriaciones colectivas de trabajadores polacos durante el decenio de 1930 (Loyer, 2019).
El período posterior a la Segunda Guerra Mundial se caracteriza por el retorno explícito del criterio racial. En el contexto de las pérdidas humanas relacionadas con la guerra, las preocupaciones demográficas relacionan la cuestión de la inmigración y la de la naturalización. El 12 de junio de 1945, el general De Gaulle escribió las siguientes directivas a su ministro de Justicia:
En particular, [las naturalizaciones] ya no debería depender del estudio de casos individuales, sino que la elección de los individuos debe estar subordinada a los intereses nacionales en el ámbito étnico, demográfico, profesional y geográfico. A nivel étnico, es necesario limitar la afluencia de mediterráneos y orientales. (…) Es deseable que se dé prioridad a las naturalizaciones nórdicas[02].
Finalmente, la necesidad masiva de mano de obra para la reconstrucción y luego para los llamados Treinta Gloriosos orientará pragmáticamente la política migratoria francesa en otra dirección. Las preocupaciones económicas inmediatas primaron sobre el deseo de la clasificación étnica. Pero los debates de este período también se hacen eco del tema de la inmigración selectiva sobre otra cuestión: la de las personas refugiadas. En la posguerra se estableció un Alto Comité asesor para la Población y Familia, con el demógrafo Georges Mauco como secretario general. Este fue autor, en 1932, de una tesis titulada Les étrangers en France: leur rôle dans l’activité économique (Los extranjeros en Francia: su papel en la actividad económica), en la que clasifica a los extranjeros según su capacidad de asimilación. En una conferencia para la Sociedad de Naciones, en abril de 1937, resumía su pensamiento de la siguiente manera: “Entre la diversidad de razas extranjeras en Francia, hay elementos para los que la asimilación es imposible porque pertenecen a razas demasiado diferentes: asiáticos, africanos, incluso levantinos, cuya asimilación es imposible y, además, muy a menudo física y moralmente indeseable”[03].
La carrera de Georges Mauco no hacía sino comenzar y le encontramos sin interrupción en puestos de responsabilidad desde 1938 a 1970: en 1938 en el gabinete del ministro Michel Serre como subsecretario de Estado encargado de los servicios de inmigración y extranjeros; de 1939 a 1940 en el Alto Comité de Población del gobierno de Vichy, donde ocupó la función de experto; de 1945 a 1970 en el Alto Comité asesor para la Población y la Familia. Su adhesión al Partido Popular Francés (PPF) del fascista Jacques Doriot durante la ocupación no rompe esta longevidad y continuidad.
Mauco es el autor de la clasificación de la inmigración en dos categorías: “inmigración impuesta” e “inmigración voluntaria”. La primera agrupa a las personas refugiadas, consideradas indeseables, mientras que la segunda categoría está formada por las y los trabajadores, defendidos como deseables:
Durante el período [de entre las dos guerras] la inmigración impuesta de refugiados de todos los orígenes trajo rusos, armenios, asirios, israelitas, cuya adaptación y asimilación fueron particularmente difíciles. La inmigración impuesta de los refugiados, muy diferente de la inmigración voluntaria de los trabajadores, aporta a menudo elementos disminuidos psíquicamente y a veces físicamente por la angustia o las persecuciones. Por otro lado, la mayoría de los refugiados no son aptos para el trabajo directamente productor. Se agrupan casi exclusivamente en ciudades superpobladas y profesiones urbanas donde plantean el problema de la competencia y la influencia extranjera en los centros neurálgicos del país (Mauco, 1942: 6-15).
Por lo tanto, la clasificación de la inmigración como deseable/no deseable no es nada nueva, incluso si el contenido de las categorías varía. Por su parte, la jerarquía fluctúa en función de las necesidades ideológicas y del contexto económico. Así, en el corte binario refugiados políticos/inmigrantes económicos, esta jerarquía estaba a favor de los segundos hasta 1975, se invirtió entre 1975 y 2005, cuando se detuvo la inmigración, y retomó su forma anterior después de 2005 y el regreso de la lógica de la inmigración selectiva. Si ahora está políticamente de moda declararse defensor del derecho de asilo, siempre es agregando la determinación de luchar contra los falsos solicitantes de asilo.
Sin embargo, no estamos en presencia de una simple repetición del pasado. Cuando Nicolas Sarkozy relanzó el debate sobre la inmigración selectiva en 2005, ya habíamos entrado en la nueva fase de la globalización capitalista. Los planes de ajuste estructural del FMI y del Banco Mundial ya habían destruido la mayor parte de los servicios públicos de la mayoría de los países de la periferia. Incluso podemos considerar aquellos planes como el inicio de esta nueva fase. La idea de imponer ajustes estructurales mediante el chantaje de la no renovación de los préstamos internacionales nace en el G7. Fue así como en 1979 el G7 invitó al Banco Mundial y al FMI a implementar planes de ajuste estructural (PAE) “teniendo por contenido el retorno a los grandes equilibrios macroeconómicos: mediante la austeridad y la devaluación” (Domergue, 2003: 73).
Una de las condicionalidades impuestas por los PAE fue la privatización de los servicios públicos, que eran desde la independencia el principal empleador de la mano de obra cualificada. Los investigadores, profesores, técnicos, médicos, etc., de los países periféricos fueron lanzados rápidamente a la precariedad. Muchos tomaron el camino de la emigración que hasta entonces había afectado principalmente a la mano de obra poco cualificada. Las cifras son esclarecedoras, como lo demuestra un estudio de 2013 sobre la fuga de médicos africanos hacia EE UU: “La huida de médicos del África subsahariana a Estados Unidos comenzó en serio a mediados de la década de 1980 y se aceleró en la década de 1990 durante los años de aplicación de los programas de ajuste estructural impuestos por (…) el FMI y el Banco Mundial” (Benjamin, Ozden y Vermund, 2013). Los médicos argelinos o de Oriente Medio en los hospitales franceses dan testimonio del mismo proceso en Europa.
El discurso sobre la inmigración selectiva no es más que la decisión cínica de vaciar a los países periféricos de su mano de obra cualificada sin tener que asumir los costos de formación de esta compleja mano de obra. El argumento de la tesis de la inmigración selectiva ni siquiera lo oculta. Nicolas Sarkozy explicó su nueva política migratoria en el periódico Le Monde de la siguiente manera: “Para atraer a trabajadores cualificados, investigadores, profesores universitarios o creadores de empresas a Francia es necesario crear un sistema de puntos a la canadiense”[04].
Quince años después, el primer ministro Édouard Philippe repetía lo mismo: “En cuanto a la inmigración profesional, [debemos] tener un enfoque pragmático en relación con nuestras necesidades de mano de obra (…) en función de las necesidades no cubiertas, fijaremos las necesidades por profesión y por territorio”[05]. Por tanto, se trata de atraer a esta fuerza de trabajo cualificada en un contexto de competencia entre los países del centro:
En el mercado de cerebros provenientes de los países del sur, los países del norte están compitiendo ferozmente. Cuanto más ricos sean, más probable es que atraigan a las élites de los países pobres, que se empobrecen aún más debido al éxodo de sus élites. El fenómeno no parece que vaya a detenerse pronto, ya que, en el campo de la salud, por ejemplo, todos los países occidentales limitan la formación de profesionales con numerus clausus u otros sistemas, organizando la escasez de médicos durante los próximos diez o quince años y contando cínicamente con la llegada de médicos de los países del sur para compensar esta falta. En todas las profesiones se observa que, durante la década de 1990, el número de migrantes cualificados a los países de la OCDE aumentó dos veces y media más rápido que el de los migrantes no calificados, y todo sugiere que la brecha ha seguido aumentando desde entonces (Carrère, 2007: 23).
La introducción en 2007 de un nuevo permiso de residencia en base a “competencias y talentos” ilustra maravillosamente esta competencia. De hecho, se presenta como un medio para atraer a las fuerzas de trabajo cualificadas cuyo “talento constituye un activo para el desarrollo y la influencia de Francia”. La Ley 2016/274, de 7 de marzo de 2016, relativa al derecho de los extranjeros en Francia es aún más explícita. Su circular de aplicación precisa:
La creación del título plurianual particular, el pasaporte de talentos, constituye una herramienta importante de atracción, esperada por los actores económicos, académicos, científicos, culturales o deportivos. (…) En un mundo competitivo, esta herramienta debe permitirnos atraer talentos internacionales a Francia[06].
La propia circular prevé “la flexibilización de las posibilidades que se ofrecen a los estudiantes extranjeros que llegan a un alto nivel de estudios para prolongar su estancia con el fin de buscar u ocupar un empleo” y especifica el campo de los talentos en cuestión: “Asalariados de alto nivel, investigadores, creadores de empresas, de starts-up, inversores, artistas con fama internacional”[07].
La inmigración selectiva lleva al extremo la lógica utilitarista que siempre ha sido dominante en materia de inmigración, ya sea en los debates sobre –y la orientación– sobre la inmigración como en la política migratoria que determina sus condiciones legales. Los enfoques contables de la inmigración (y las múltiples polémicas sobre los costos y ventajas de la misma), que abordamos en el capítulo anterior, lo demuestran. Por eso tales enfoques siempre son problemáticos, incluso cuando se utilizan para legitimar los derechos de las y los trabajadores inmigrantes. En efecto, no es de extrañar que la mayoría de los estudios serios de este tipo concluye con una ganancia neta para la sociedad francesa siempre que, por supuesto, se tengan en cuenta todas las ventajas, por un lado, y, por otro, la contribución de las y los inmigrantes a los costos que se les imputan. Al legitimar un vínculo entre el derecho a la residencia y la rentabilidad, la lógica utilitarista permite instrumentalizaciones fraudulentas (por ocultación de ciertas ventajas y maximización injustificada de los costes), lo que lleva a la idea de una inmigración que se ha convertido en una carga económicamente insoportable que regularmente vuelve al centro de la atención mediática.
La dicotomía deseable/indeseable, independientemente del contenido de estas categorías, tiene como objetivo justificar la caza de indeseables y su precarización jurídica. Por eso, la expresión inmigración desechable es pertinente para designar el verdadero significado de la llamada política de inmigración selectiva. El cierre de las fronteras de la Europa fortaleza sabe así flexibilizarse, cínicamente, para la mano de obra cualificada.
La función sistémica de la precarización de la residencia
La inmigración selectiva no se limita a los talentos. La lógica utilitarista extiende sus efectos a otras necesidades de mano de obra sectoriales y/o temporales, y ha llevado al legislador a multiplicar y jerarquizar los permisos de residencia, organizando así una precariedad generalizada. Sin ser exhaustivos, citemos tres ejemplos [de Francia].
La ley relativa a la “inmigración e integración” de 24 de julio de 2006 establece un nuevo permiso de residencia llamado “trabajador temporal”. Este título legaliza la práctica anterior de los “permisos provisionales de trabajo”. Tiene una duración inferior a un año y se basa en el principio implícito de una duración del permiso correspondiente a la del contrato de trabajo. La ley no prevé, por supuesto, ninguna renovación de pleno derecho de este permiso como es el caso, por ejemplo, de la tarjeta de residencia de “asalariado” por un año. Si el empleador rompe el contrato de trabajo antes de los últimos tres meses de su vencimiento, se puede retirar el permiso de residencia. Además, en este caso, el empleado no tiene derecho al seguro de desempleo. Por último, estos trabajadores no gozan del derecho al reagrupamiento familiar cuyo acceso está subordinado a un título de validez mínimo de un año. El empleado se convierte en cautivo de facto de su empleador, dotado de derechos sociales mínimos y excluido del derecho a vivir en familia.
El segundo ejemplo es el del permiso de residencia llamado de “trabajador estacional”. La noción de “trabajo estacional” viene definida así por el Tribunal de Casación: “Tareas normalmente llamadas a repetirse cada año en fechas aproximadamente fijas en función de los ritmos de las estaciones o de los estilos de vida colectivos”[08]. Con una duración de tres años renovables, este título permite a su titular regresar a Francia tan pronto como pueda justificar la firma de un nuevo contrato. Solo otorga el derecho a permanecer en Francia por un máximo de seis meses al año. Por tanto, tiene la obligación de mantener su residencia habitual en su país de origen con la consiguiente exclusión del derecho a las prestaciones por desempleo que está subordinado precisamente a una residencia habitual en Francia. Por supuesto, no tiene acceso al reagrupamiento familiar.
El tercer ejemplo es el de la tarjeta de residencia llamada de “empleado en misión”. Se refiere a las y los empleados desplazados por un período determinado a Francia por empresas instaladas fuera de Francia para [trabajar en] empresas de Francia. Con una validez de tres años, autoriza a su titular a ejercer “misiones” en Francia. Da acceso al titular del derecho a traer a su familia, que luego obtiene un título de “vida privada y familiar” con la condición de que resida en Francia de forma ininterrumpida durante un período mínimo de seis meses.
La lógica de la inmigración selectiva se traduce en los hechos en una diferenciación y gradación de los derechos que el jurista Zouhair Aboudahab (2006) resume de la siguiente manera:
La diferenciación y la gradación de los derechos caracterizan así los diversos estatutos de los trabajadores migrantes llamados a satisfacer las necesidades estimadas del mercado laboral en Francia; dotados mayoritariamente de estatutos temporales y precarios, sus derechos sociales y familiares no parecen constituir la principal preocupación de la ley.
La inmigración selectiva es de hecho el establecimiento de una precarización sufrida. La precariedad de la estancia no se limita a estos tres ejemplos. Se extiende a las condiciones de renovación de los permisos de residencia y a la obtención de la llamada tarjeta de “residente” de diez años renovable de pleno derecho, establecida en 1984 tras décadas de lucha por el derecho a la estabilidad jurídica. La acumulación de las disposiciones restrictivas de las distintas leyes de las últimas tres décadas ha llevado a un cambio estructural en lo que respecta a la precariedad de la estancia. Produce un corte entre los antiguos inmigrantes y los nuevos, dificultando cada vez más el acceso a la tarjeta de residencia:
La superposición de leyes que muestran el objetivo de control de los flujos migratorios también ha tenido el efecto de hacer más precaria la estancia de los extranjeros socavando gradualmente el edificio adoptado en 1984. Este proceso de desestabilización (…) no afecta a los extranjeros que ya tienen la tarjeta de diez años. (…) Las restricciones afectan a los extranjeros que han llegado más recientemente. (…) Después de los cambios legislativos de la década de 2000, la filosofía que prevalecía en la ley de julio de 1984 se aniquila ahora: la tarjeta de residente ya no es la primera etapa de un proceso de integración, sino que se convierte en la recompensa definitiva de una carrera de obstáculos. Las cifras están ahí para dar testimonio de ello: desde 1994, la proporción de emisión de tarjetas de residente a los recién llegados se ha dividido casi por cinco, pasando del 42% al 9%. El colapso sería sin duda más vertiginoso si las cifras permitieran remontarse antes de la segunda ley Pasqua de 1993, que ya era muy restrictiva en comparación con el período anterior (Math y Spire, 2014).
Más allá de las diferentes leyes sobre la residencia, se revela una lógica estructural: la organización piramidal de la inmigración según el criterio de estabilidad legal. En la base de la pirámide se encuentran los indocumentados cuya función hemos destacado para algunos sectores económicos no deslocalizables. La imagen de las personas sin-papeles como una carga para la economía francesa no resiste los datos cuantitativos y su análisis. Como señala el investigador François Brun, retomando el concepto de “deslocalización in situ” propuesto por el antropólogo Emmanuel Terray que presentamos anteriormente, las personas “sin-papeles” no son “sin empleo”:
Se puede estimar que alrededor del 85% de ellas trabajan: han venido a eso y no tienen acceso a ningún subsidio. Además, no tienen problemas para encontrar trabajo ya que son trabajadoras y trabajadores fácilmente explotables (Brun, 2004).
Los sectores no deslocalizables de la economía se han adaptado rápidamente a la existencia de mano de obra sin derechos, sin estatus jurídico y, en consecuencia, sobreexplotable. La adaptación ha sido aún más rápida porque se ha desarrollado en una secuencia histórica dominada por la ideología neoliberal que acompaña a dicha globalización. Hoy en día, lo que corresponde, para el conjunto de las empresas, es la externalización de los servicios, que consiste en confiar a un subcontratista la totalidad o parte de una actividad que hasta ahora estaba asegurada directamente por las y los empleados de la empresa (limpieza, custodia, restauración, confección, etc.). La presión para aumentar la jornada laboral y la intensificación de la productividad, es decir, aumentar el plusvalor absoluto y relativo, se realiza ahora a través de subcontratistas: “Los clientes lo saben de sobra. Cuando en la industria de la confección se encargan determinadas piezas a determinados precios, sabemos que se hará en trabajo nocturno y con un salario por debajo del SMI” (Brun, 2007). Una práctica que afecta tanto a los servicios públicos como al sector privado, al Estado como a las empresas privadas e incluso a las colectividades territoriales. No es necesario recurrir a la idea de un plan secreto estatal o una conspiración para entender la evolución de este segmento específico del mercado laboral en las últimas décadas. Ha bastado con que los actores económicos se adaptaran a este maná de mano de obra particular suscitado por la nueva política migratoria:
Lejos de estar ausentes del contexto económico y social, las y los sin-papeles están, por el contrario, en el corazón del sistema. Sin asegurar que la presencia masiva de extranjeros en situación irregular esté fríamente programada, hay que reconocer que está tanto más cínicamente gestionada cuanto que el lugar que se les asigna en la economía no tiene nada de aleatorio. La condición de las personas sin-papeles no es una aberración económica, sino un experimento para excluirlas del derecho laboral, la creación de un infraderecho. Desde esta experimentación a su aplicación a gran escala, el paso a dar es fácil (Brun, 2004).
Es la precariedad misma de la economía a través de la lógica neoliberal la que conduce, por tanto, a este uso masivo de la subcontratación, suscitando así la necesidad de un componente de mano de obra sobreexplotable: “Obligados por las condiciones que se les imponen de mantener los precios, los subcontratistas recurren naturalmente a esta fracción de la fuerza obrera más debilitada en el mercado laboral” (Morice, 1996: 44), explica el antropólogo Alain Morice citando ejemplos de grandes trabajos públicos que han recurrido a sin-papeles: TAV-Atlántico, Albertville, túnel bajo el canal de La Mancha, Gran-Arco, Biblioteca de Francia, etc.
Por supuesto, las y los sin-papeles existían antes del punto de inflexión liberal de la década de 1980 y antes del cese de la inmigración legal en 1974. Lo demuestran los movimientos de lucha por la regularización tras las circulares Marcellin-Fontanet de principios de la década de 1970. Con todo, el punto de inflexión liberal y la nueva lógica migratoria que le acompaña en el contexto de la desregulación de todo el mercado laboral masifican esta realidad que existía previamente, pero que hasta entonces era marginal. Esta masificación se desarrolla de dos formas. La primera, mediante el endurecimiento de las condiciones para la concesión de los permisos que conduce a una prolongación de la duración durante la cual la nueva persona inmigrante está asignada a este estatus sin derechos, es decir, a la ausencia de estatus legal. “No permanecíamos mucho tiempo en situación irregular. (…) La irregularidad era, por tanto, una etapa más que un estatus duradero (…), mientras que hoy en día no es raro ver a las personas indocumentadas trabajar de esta forma durante diez o quince años” (Barron et al., 2014), resume un colectivo de investigadores. La segunda, a través de la precarización de los regulares, es decir, la precariedad de la residencia. “El endurecimiento de las políticas migratorias no solo afecta a las y los sin-papeles. Limita la obtención o renovación de permisos de residencia para todas las personas extranjeras, de modo que las que se encuentran en situación regular (re)caen más fácilmente en la irregularidad y quienes ya están en ella tienen menos posibilidades de salir de ella”, completa el mismo colectivo.
Por estos dos medios se crea una bolsa permanente de sin-papeles que por naturaleza no se puede cuantificar con precisión, pero que sí puede evaluarse y valorarse:
Las estimaciones altas y bajas, realizadas por el Ministerio de Asuntos Sociales, permiten enmarcar el orden de las magnitudes basándose en las prestaciones de la ayuda médica estatal reservada a las y los migrantes en situación irregular. Es verosímil una estimación de alrededor de 400.000, dado que la frontera entre migrantes legales y migrantes ilegales no es estanca, explica el sociólogo y demógrafo François Héran (2017: 165).
Es a partir de esta cifra como se puede entender el verdadero objetivo de los discursos sobre la “lucha contra la inmigración irregular” mantenidos de forma recurrente por todos los gobiernos durante más de cuatro décadas. No se trata, de ninguna forma, de la expulsión masiva de las y los sin-papeles, que es imposible y costosa. Imposible, porque supondría prácticas policiales inéditas (en forma de redadas permanentes, vuelos regulares, cacerías triviales de las personas, registros sistemáticos, internamientos masivos antes de la expulsión, etc.) y difícilmente soportables por la opinión pública, al menos por el momento. Las prácticas policiales actuales hacia las y los sin-papeles ya son humanamente escandalosas, pero son incomparables a las que requeriría tal objetivo. Tal expulsión masiva también sería costosa y contradictoria con la regla liberal de reducción del gasto público, como señala un informe parlamentario de 2019 que indica que “el costo promedio de un alejamiento forzado se estima en alrededor de 14.000 euros (13.794)”[09]. A pesar de que cada nuevo gobierno apuesta por aumentar el número de personas a deportar, este solo ha experimentado una progresión modesta en la última década: pasó de 13.908 en 2009 a 15.677 en 2018 para la Francia metropolitana. En total, el coste de las expulsiones se estima en 468 millones de euros, incluyendo las expulsiones de los DOM-TOM (Departamentos y Territorios de Ultramar), mucho más baratas. La conclusión es obvia: hoy en día no es posible ninguna expulsión masiva. Por tanto, debemos buscar en otra parte los fundamentos de la política sobre la inmigración irregular:
Puesto que la disminución del número de sin-papeles es dudosa, esto nos lleva a reevaluar la naturaleza de las políticas públicas: lo que se presenta como una caza contra polizones con presencia temporal sería más bien la represión de una categoría de la población, cuyo efecto no es principalmente la expulsión. Poco importa aquí si esto es lo que se quiere o no. Pero, sobre todo, se localizan, nombran, identifican, registran y confinan más sin-papeles. (…) La expulsión no es más que una posibilidad de las y los sin-papeles; y dado que solo es un riesgo y no una certeza (riesgo que se recuerda periódicamente por el contacto con una institución represiva), resulta ser un poderoso factor disciplinario (Barron et al., 2014).
El objetivo que se revela es la instauración de una presión permanente sobre las y los sin-papeles para que acepten su asignación a la sobreexplotación. Las políticas represivas buscan más desalentar las tendencias reivindicativas que luchar, como proclaman, contra dicha inmigración irregular. Estamos en presencia de una gestión de las y los supervivientes al cierre de fronteras en beneficio de los sectores económicos que no pueden ser deslocalizados o externalizados, mediante la producción de personas sin-papeles obligadas a vender su fuerza de trabajo por debajo de su valor. La puesta en escena de una voluntad política de expulsar a las y los sin-papeles oculta esta función económica.
* Este artículo es un extracto del libro de Saïd Bouamama, Des classes dangereuses à l’ennemi intérieur. Capitalisme, immigrations, racisme. Paris, Syllepse, 2021
Referencias
Aboudahab, Zouhair (2006) “La nouvelle loi ‘Sarkozy’ relative au statut des étrangers”, Écart d’identité, 109.
Akhenaten Benjamin; Caglar Ozden, Sten Vermund (2013) “Physician emigration from Sub-Saharan Africa to the United States”, disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3775724/
Albertini, Dominique y Hullot-Guiot, Kim (2019) “Loin dans l’ouverture, loin dans le contrôle: le gouvernement fixe ses frontières migratoires”, Libération, 6/11.
Barron, Pierre et al. (2014) “Derrière le sans-papiers, le travailleur ? Genèse et usage de la catégorie ‘travailleurs sans-papiers’ en France”, Genèses, 94.
Bisiaux, Sophie-Anne y Doisy, Marine (2017) “Les visas de transit aéroportuaire imposés par la France: état des lieux et enjeux”. Paris: ANAFE.
Breteau, Pierre (2018) “Pourquoi tous les passeports ne se valent pas”, Le Monde, 23/09.
Brun, François (2004) “Sans-papiers mais pas sans-emploi”, Plein Droit, 61.
(2007) “Les sans-papiers, rouage de l’économie”, 20 minutes, 6/6.
Carrère, Violaine (2007) “Du pillage des cerveaux”, Plein droit, 73.
Davis, Mike (2007) Le pire des mondes possibles: de l’explosion urbaine au bidonville global. Paris: La Découverte.
Domergue, Manuel (2003) “Les politiques d’ajustement structurel sont la clé de la croissance et de la prospérité pour les pays en voie de développement”, en VV AA, Les éconoclastes: petit bréviaire des idées reçues en économie, Paris: La Découverte.
FMI (2007) Perspectives de l’économie mondiale. Washington.
Héran, François (2017) Avec l’immigration : mesurer, débattre, agir. Paris: La Découverte.
Laczko, Frank; Black, Julia; Singleton, Ann (2019) “Missing Migrant Children”, OIM.
Lochak, Danièle (2019) “Europe et immigration : quelles réponses ?”, Les Débats, 10-11.
Loyer, Élie-Benjamin (2019) “Expulser les indésirables: un aspect de la gestion des populations immigrées sous la 3e République (1880-1939)”, Diasporas, 33.
Math, Antoine y Spire, Alexis (2014) “Précarisation : la preuve par les chiffres”, Plein Droit, 102.
(2007) “Les sans-papiers, rouage de l’économie”, 20 minutes, 6/06.
Mauco, Georges (1942) “L’émigration étrangère en France et le problème des réfugiés”, L’Ethnie française.
Morice, Alain (1996) “Précarisation de l’économie et clandestinité : une politique délibérée”, Plein Droit, 31.
Ottavy, Eva y Clochard, Olivier (2014) “Franchir les dispositifs établis par Frontex. Coopérations policières transfrontalières et refoulements en mer Égée”, Revue européenne des migrations internationales, 2.
Ravenel, Bernard (1993) “L’insoutenable ‘Forteresse Europe’”, Confluences Méditerranée, 5.
Rodier, Claire (2018) “Le faux-semblant des hotspots”, La revue des droits de l’homme, 13.
Viprey, Mouna (2010) “Immigration choisie, immigration subie: du discours à la réalité”, La Revue de l’IRES, 64.
Wihtol de Wenden, Catherine (2019) “Europe et immigration : quelles réponses ?”, Les Débats, 10-11.
Notas :
(1) “Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Abidjan”, accesible en abidjan.diplo.de
(2) Carta de Charles de Gaulle al Ministerio de Justicia, 12/06/1945, reproducida en Alain Drouard, “La création de l’INED”, Population, 47-6, 1992, pp. 1458-1459.
(3) Relaciones internacionales, texto de la delegación francesa, París, Sociedad de Naciones, abril 1937.
(4) Nicolas Sarkozy, “Lettre sur la politique d’immigration”, Le Monde, 13/07/2005. (Se puntúa a las personas aspirantes a entrar en el país según criterios personales, familiares, educativos, etc. Ver https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/entree-express/admissibilite/criteres-systeme-classement-global/grille.html en francés, pero fácilmente traducible con el traductor del navegador –ndt–).
(5) Guillaume Poingt, “Tout comprendre aux quotas d’immigration”, Le Figaro, 8/10/ 20109.
(6) “Circulaire d’application de la loi relative au droit des étrangers en France –dispositions applicables à compter des 1er novembre 2016 et 1er janvier 2017”, Bernard Cazeneuve, 1/11/2016, p. 4.
(7) Ibidem.
(8) Resolución del Tribunal de Casación, cámara de lo penal, 17/09/2008, n.º 07-42463, “Mxc/ société de Transport Qincé relatif au CDD d’usage et au CDD saisonnier”.
(9) Joël Giraud, “Rapport fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2018”, n.º 1990, Assemblée nationale, 5 juin 2019, p. 9.
Texto original en Francés: https://www.contretemps.eu/mondialisation-capital-politiques-migratoires-immigrations-racisme/ Traducción: Faustino Eguberri para viento sur
Saïd Bouamama es sociólogo y activista político y social, de nacionalidad argelina y residente en Francia. Su último libro publicado en castellano es Manual de militancia dentro y fuera de la cárcel. Georges Ibrahim Abdallah, Boltxe Liburuak, 2022; traducido del francés por Beatriz Morales Bastos, 6 euros.
Fuente: https://vientosur.info/mundializacion-del-capital-y-politicas-migratorias/