Un año en la cárcel por vender copias piratas de CD en la calle sobre una manta. Es lo que ha cumplido A.D., de 26 años, que a mediados de enero salía de la prisión. Su caso es similar al de numerosos sin papeles que subsisten con esta venta.
El 14 de enero A.D. salía de la prisión Madrid VI de Aranjuez. «Nadie en la cárcel, ni sus compañeros, ni los policías, ni los propios funcionarios se creen que ha estado preso un año por vender en la manta», afirma Marisa Pérez, abogada de la red de apoyo a migrantes Ferrocarril Clandestino, «nadie se lo cree porque, ¡qué hipocresía!, todos somos consumidores de estas copias piratas».
A este inmigrante sin papeles procedente de Gambia, le tomó cuatro días llegar a Canarias en cayuco en septiembre de 2006. «Vine España, desde África, porque es el país mejor visto para emigrar, el menos represivo». Desde Canarias fue trasladado por las autoridades la península. «He estado también en Castilla y León y algunos otros sitios, pero la mayor parte del tiempo en Madrid», dice. Según explica, no consiguió los papeles y por eso tampoco encontró trabajo. Finalmente optó por el ‘top manta’, para poder mantener a su familia. «Nosotros tenemos familias, y nuestras familias dependen de nosotros. Con lo que ganamos aquí tenemos que ayudarlas. Y yo, que soy el mayor de siete hermanos, durante el año que he estado en la cárcel no he podido enviar ni un duro para ayudar a mis padres, a mi familia… Aquí la gente está ahora llorando por la crisis, pero en África, desde nuestro nacimiento estamos en crisis».
Según su relato, trabajaba unas horas al día vendiendo en la calle. «Da para pagar el piso y poco más». Le detuvieron vendiendo, estuvo en comisaría dos días, y tras ser sometido a un juicio rápido con un abogado de oficio que no se preocupó demasiado por su caso, fue condenado a seis meses de prisión y a 3.600 euros de multa.
Un año en la cárcel
Luego fue trasladado directamente a la cárcel donde ha permanecido un año. Como explica Marisa Pérez, la pena que establece el Código Penal para este delito contra la propiedad intelectual es de seis meses a dos años de prisión y una multa de seis a 12 meses. «Automáticamente a ellos se les aplica esos seis meses, que para cualquier persona autóctona no supondría, si no tiene antecedentes penales, entrar en la cárcel.
Normalmente los jueces, a todos los extranjeros sin papeles, les sustituyen directamente esta pena por la expulsión del territorio nacional, con prohibición de entrada de entre seis y diez años. Como comentan los abogados que trabajan en temas de extranjería, esto se hace porque son órdenes de arriba». Pero, prosigue esta abogada, «después para llevar a cabo la expulsión, al condenado, o bien lo llevan a un centro de internamiento para inmigrantes (CIE), que sería lo legal, o bien entra en prisión, que es lo que le ha pasado a A.D. En teoría, la prisión es una medida cautelar para asegurarse de que el condenado no se escapa y lo puedan expulsar. Si estás en el CIE, se supone que, si en 40 días no te han expulsado, te tienen que dejar en libertad. Pero, al estar en prisión, y no haber llevado a cabo la expulsión, A.D. se ha chupado los seis meses de condena más los seis meses de la multa que no ha podido pagar y que le han sustituido por cárcel. Eso suma un año entero, cuando se supone que él sólo estaba en la cárcel como medida cautelar». En la prisión, A.D. conoció a otros inmigrantes en situaciones similares «Hay mucha gente -chinos, bangladesíes… – por la venta, porque no tenemos otra cosa que hacer. Para trabajar tienes que tener papeles, si no tienes papeles no puedes trabajar». ¿Y ahora? «Voy a buscar algún trabajo, si no lo encuentro no sé qué voy a hacer». Según Marisa, «ahora le es muy difícil tener un proyecto de futuro porque no puede regularizar su situación porque tiene antecedentes penales».
A iniciativa de redes sociales madrileñas, se ha abierto en Madrid el Punto Mantero, un espacio para la información y la autoorganización de los sin papeles. Según explica Marisa, «la gente que pasa por la asesoría lleva viviendo una media de tres años en el Estado. Eso supone unas cuatro causas penales por persona. Pero esto es una media, algunos llegan a acumular hasta diez. Estas causas no son por no tener papeles -eso es una falta administrativa -, sino por la venta. Queremos resaltar que los derechos de propiedad intelectual no pueden vulnerar otros derechos. Además la pena es completamente desproporcionada». Para romper este círculo vicioso, diferentes redes sociales del Estado español han iniciado una campaña de recogida de firmas para lograr la despenalización del ‘top manta’ y el indulto para los manteros ya condenados (transfronterizo.net). Sostienen, como A.D., que «nadie debería estar en la cárcel por vender CD. Pasar por la cárcel es muy duro»