no se conoce en Ecuador de ninguna medida estatal de carácter extratributario o fiscal a fin de asumir los costos sociales y públicos del coronavirus. Mientras los centros de salud pública se ven desbordados, la economía corporativa tras la pandemia aumenta su renta
En pocos meses se cumplirán dos años de la pandemia que continúa reescribiendo la historia contemporánea del planeta. Con ella, la constelación de una serie de situaciones que dependen y se profundizan con el encierro y la muerte. Y es que “nadie supo que un virus de tal magnitud nos golpearía tanto”, comenta más de un ciudadano. En efecto, el coronavirus está produciendo un macrodolor que se describe de muchas formas y maneras. Desde el desempleo y la depresión hasta un proceso de duelo interminable. Porque a diferencia de una pieza musical u obra de teatro, la pandemia es el relato de una catástrofe que aún no termina de contarse.
Detrás de esta primera imagen –concebida por lo general en términos epidemiológicos– subsiste también una gigantesca economía que, semejante al número de víctimas, ha ido in crescendo de forma geométrica y no precisamente matemática. Se trata de la emergente renta que poderosas corporaciones están percibiendo en relación directa con la pandemia. Aunque no pueda imputárseles de un conocimiento pre-existente ni doloso que haga presumir el acceso a información privilegiada, las ganancias de estos sectores superan los cálculos que sobrevienen de cualquier hecho económico normal. Es la renta que no imaginaron percibir (cui bono) las corporaciones proveedoras de bienes y servicios.
En cualquier fuente de información o revista especializada de economía se desprende que Amazon cerró el 2020 con 21 mil 331 millones de dólares de ganancias (casi el doble en relación al 2019) y que los ingresos de Zoom superaron el 326% únicamente dentro del último trimestre del año pasado (882.5 millones de dólares). Por ello, si alguien todavía tiene dudas de su existencia, ahora puede sentir en carne propia –aunque de forma virtual también– que ha ingresado como usuario o consumidor a la era de la digitalización o, mejor dicho, del capitalismo digital. ¡Bienvenidos!
Sin citar como “ejemplo” a otras firmas internacionales ni destacar los plausibles y “oportunos” deseos del G20 para regular tamañas ganancias, ¿puede ocurrir lo mismo dentro de países como el nuestro, es decir, a través de grupos económicos locales? Para un primer ejercicio hay que simplemente dibujar una línea en cuanto a la relación de proximidad y distancia con el hecho más irreparable de la pandemia: la muerte. Se trata sin duda de las economías que en primer lugar giran en torno a la provisión de servicios alrededor de la salud y muerte de las personas (1). En seguida, aparecen también las economías que de “forma colateral” reciben cierta hegemonía con el encierro y los toques de queda, una especie de monopolio higienista con el fin de abastecer de insumos básicos tras el cierre sanitario de espacios y lugares de aglomeración común como ferias libres o mercados populares (2). Y así hasta llegar al exigente sector turístico representado por poderosas cadenas hoteleras en las que no se ve reflejada la economía doméstica del icónico vendedor de agua de coco de la playa. De ahí que, en estas dos últimas formas de economía, se resalta además el carácter per se del consumo en medio de la pandemia. La ganancia tiene lugar con hechos de consumo masivo, es decir, con la multitud concentrada en sucursales y cadenas de negocios.
La respuesta a este dilema no se reduce a medir el tamaño de la renta, lo cual se colige conociendo el ejercicio fiscal o tributario de ciertas corporaciones; en consecuencia, no es una cuestión únicamente de cantidades o del cuánto. Se trata en lo fundamental del modo en que se ve incrementada la renta a causa de la emergencia del coronavirus; por ende, al cómo terminan siendo beneficiarios los grupos económicos cuyas variables dependientes de ganancia tienen lugar con la pandemia. En otras palabras, sin la pandemia no habrían sido más ricos.
Si preguntamos sobre las ganancias de un común vendedor de prendas de vestir en un concurrido y popular sector comercial de nuestras ciudades, posiblemente encontremos realidades desgarradoras. La población no acude a sus negocios ni desea comprar ropa, pues además del encierro, usar nueva “cachina” no impide ni previene el coronavirus. Sin embargo, el cuánto de la renta sí está vinculado al cómo de empresas que ven todavía aumentar sus ganancias alrededor del código vida/muerte. Basta con imaginarse en Ecuador los costos de las pruebas PCR que resultan por encima de los cien dólares americanos. El incremento de la renta de laboratorios particulares va de la mano con las oligopólicas cadenas de farmacias, clínicas que ofrecen servicios de cuidados intensivos para “tratar el coronavirus”, e incluso de dispensadoras de oxígeno y alcohol para “tener en casa”. Además de esta economía de consumidores cautivos se suma la gran empresa funeraria, así como de aquellas terratenientes corporaciones de privatización de la muerte (cementerios privados). Simplemente, la pandemia ha significado el aumento exponencial de una clientela avocada a sus negocios, aunque en algunos casos sea por medios propios y en otros a través del pago de los sobrevivientes.
A la ingente riqueza de estas empresas se suman las cadenas de supermercados. Curiosamente, tras el cierre de espacios públicos –donde no faltó la oportuna idea de algún burgomaestre que aprovechó para demoler el mercado central de una importante ciudad costera del Ecuador– millones de ciudadanos abarrotaron las sedes de renombradas corporaciones de supermercados que, sin duda, esperan con los brazos abiertos a los nerviosos consumidores apurados por el toque de queda. Cualquier estado de excepción en el marco de la pandemia produce una especie de monopolio compulsivo donde se concentra la compra y venta de alimentos, aunque en algunos esto también sea coadyuvado por inercia municipal propia.
Ambos sectores de la economía coexisten con las pulsiones de las cámaras que en nombre del turismo exigen la llegada de clientes para sus negocios. Por supuesto, un cálculo de ganancias que no se realiza cualitativamente, sino con la promoción de feriados y puentes vacacionales para acudir a sus cadenas de hoteles. Paradójicamente, a pesar que cualquier fórmula de distancia social sea imposible de manejar, los efectos de las multitudinarias vacaciones se reflejan en los reportes de prensa que subrayan, cual escarnio público, la ausencia de camas y respiradores de hospitales estatales.
Más allá de discutir sobre la legitimidad o ilegitimidad de este abrupto incremento de la plusvalía de sectores privados de la economía alrededor de la pandemia, lo cierto es que no se conoce en Ecuador de ninguna medida estatal de carácter extratributario o fiscal a fin de asumir los costos sociales y públicos del coronavirus. Mientras los centros de salud pública se ven desbordados, la economía corporativa tras la pandemia aumenta su renta en una extraña relación público-privada que se reduce a la siguiente fórmula: las ganancias extraordinarias se quedan en las empresas, mientras que las pérdidas humanas y económicas se comparten entre el Estado y la sociedad.
Un Estado de Derecho pondría límites a las ganancias extra-normales. Asumiría los “inesperados excedentes” para distribuirlos en emergentes servicios públicos y sociales, principalmente en materia de salud. Que nadie tenga que sufragar más gastos –en medio además de una palpable crisis económica– por practicarse pruebas y exámenes de laboratorios asociados a la pandemia; que nadie sea desprovisto de la atención y servicios de un hospital público ni mucho menos de medicinas; que nadie sea relegado en la vacunación frente a privilegiados y castas que nada tienen que ver con los profesionales de primera línea y subsiguientes; que los insumos de primera necesidad sean proveídos con criterios de economía popular y solidaria y no bajo la concentración de un mercado en pocas manos; que los subsidios y medidas sanitarias sean prioridad frente a las demandas corporativas de reapertura con aglomeración clientelar; que nadie tenga que pagar por enterrar a sus familiares, pues ninguna expropiación en el marco de esta pandemia debe verse como arbitraria. Nada de esto es descabellado en una sociedad y Estado que entiende que el límite del mercado es no generar más subdesarrollo a costa de unos cuantos extra-ricos.
Sin embargo, al no existir gravámenes ni medidas estatales emergentes sobre el notorio excedente de la plusvalía de aquellos sectores cuya ganancia guarda relación con la pandemia, el coronavirus puede significar la oportunidad histórica para hacerse más millonarios. Del mismo modo de quien se beneficia de la guerra vendiendo armas o del que espera de sus bajas para negociar sus ataúdes, la falta de regulación sobre este tipo de renta –que concentra clientela alrededor de la catástrofe del coronavirus– podría confirmar la pérdida de la ética sobre cualquier política económica de Estado. Ahí donde precisamente el libre mercado triunfa con su plusvalía sobre la sustancia y dignidad humana.
Jorge Vicente Paladines: Profesor de la Universidad Central del Ecuador @jorgepaladines