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¿Neoliberalismo en la Conceptualización?

Fuentes: Progreso Semanal

Si lo aprobado en la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista debe tomarse con cautela por contener los gérmenes amenazantes de un destino neoliberal que casi nadie desea, no queda otra que rendirse o, mejor, alzarse en su defensa.

Avizorar los peligros que acarrea cada una de las necesarias transformaciones a implementar es actuar con juicio comprometido. Pero, sugerir que la institucionalización del pequeño sector privado cubano —entre otros pendientes— pueda asociarse con el fundamentalismo de mercado canonizado por John Williamson resulta, como mínimo, una alerta desatinada.

La austeridad y disciplina como objetivo principal de la política fiscal; la liberalización de las tasas de interés y los tipos de cambio; la desregulación arancelaria; la apertura extrema a la inversión extranjera; la liberalización de los flujos de capital financiero; la privatización masiva de empresas estratégicas; el traspaso a manos privadas de los servicios públicos; y la mercantilización de cada aspecto de la reproducción social, obviamente no figuran entre las políticas aprobadas por las autoridades cubanas y tampoco anidan en las tesis de la mayoría de los académicos en liza.

Es cierto que, a pesar de bregar varios años entre especialistas y funcionarios, y de haberse aprobado por un Congreso del PCC y sus estructuras a todos los niveles, el documento de marras resultó menos minucioso en algunas importantes piezas del rompecabezas proyectado. Pero, en la definición del sistema de formas de propiedad que hoy apremia deja muy poco margen a las interpretaciones. Implica una ruptura, eso sí, con la estricta creencia sobre la que se ha modelado históricamente la transición socialista en Cuba, que aún padece una crónica estrechez en su concepción de la heterogeneidad.

El sistema de formas de propiedad en la Conceptualización

La primera novedad que uno percibe al examinar este documento es que las diferentes formas de propiedad son concebidas como un sistema, sobre el cual, consciente de riesgos y contradicciones potenciales, actuaría el Estado en pos del desarrollo de las fuerzas productivas.

Entre las formas de propiedad reconocidas hay tres que resaltan por su trascendencia. A la propiedad socialista de todo el pueblo se le considera “columna vertebral del sistema de relaciones de propiedad”, basado en su predominio sobre los “medios de producción fundamentales”, los que quedaron enunciados en un listado primario de referencia. Se concibe una propiedad cooperativa “sustentada en el trabajo colectivo de sus socios” con la idea de convertirla en “objeto de atención especial entre las formas no estatales”.  Y se incorpora la propiedad privada con la encomienda explícita de “aportar a la identificación y aprovechamiento de potencialidades productivas y al bienestar, para el desarrollo socioeconómico del país”. Como parte de esta última categoría se especifica que las personas naturales cubanas, además de actividades por cuenta propia, podrían constituir “empresas privadas de mediana, pequeña y micro escalas (…), que son reconocidas como personas jurídicas”.

El reconocimiento de estas formas fue presentado por el Partido como una respuesta necesaria “al insuficiente desarrollo de las fuerzas productivas” en el país y “al nivel de socialización alcanzado por la propiedad social”. En tanto confía que esta diversificación aporte “a los objetivos de la construcción del socialismo al contribuir a movilizar recursos humanos, materiales y financieros nacionales y extranjeros”. Entre sus atributos destacan “posibilitar que el Estado y el Gobierno se concentren en las complejas tareas que le son propias, tributar a la eficiencia integral de la economía, generar empleos productivos, desplegar iniciativas, impulsar las fuerzas productivas, incrementar los ingresos al Presupuesto del Estado y contribuir al bienestar en función de los objetivos del desarrollo socialista”. Así se aprobó en julio de 2017.

La amenaza de fondo

No obstante, el reconocimiento y fomento de pequeñas y medianas empresas en Cuba está muy lejos de tener capacidad resolutiva para todos los males de la economía. Es una necesidad. Aportará dinámicas de innovación incremental, generará empleos, abrirá espacios de realización profesional, cubrirá importantes segmentos de oferta, asumirá pequeñas tareas en producciones estratégicas, ayudará a socavar el bloqueo de Estados Unidos. Pero no es la medida principal.

Sin embargo, ha sido el punto de fractura del consenso sobre la reforma, o tal vez la cortina de humo que ha propiciado su inmovilización. La transformación fundamental, que permanece atascada ante una incomprensible resistencia, es la que debe acometerse en esas “alturas dominantes” que describía Oscar Lange el siglo pasado. El sector estatal es el centro del problema.

Desafíos más despiadados gravitan sobre el modelo de gestión de la propiedad estatal sin activar las alarmas veladoras.

  1. El control por una sola empresa de un mercado cuya naturaleza económica, implicaciones políticas o efectos sociales no justifican en lo absoluto una estructura monopólica, genera las más perversas distorsiones para el bienestar de la sociedad. Donde quiera que esto ocurra, el monopolio debe ser disuelto para permitir concurrencia de otras empresas estatales, y —dependiendo de la actividad— también de actores privados.
  2. La inverosímil —y no tan conocida— discrecionalidad en la aplicación de un marco regulatorio que permite a algunos conglomerados empresariales facilidades para una gestión cuasi independiente de los mecanismos centrales del plan, debe ser corregida. Si las bondades de este modelo han demostrado efectividad en las corporaciones a las que se aplica, no es comprensible que se mantengan regulaciones mucho más restrictivas en las restantes. Las reglas que enfrente el universo de empresas deben ser homogéneas y no selectivas.
    Según propone el citado documento “todas las entidades de carácter empresarial interactúan en beneficio del desarrollo económico y social, funcionan bajo similares condiciones en los mercados y están sujetas al cumplimiento del marco regulatorio y de control definido por la ley”. La ley de empresas que debió salir en 2017; no puede esperar al 2022, y no solamente debido a las PYMES.
  3. Más allá de la consabida necesidad de autonomía para las empresas, la ausencia total de protagonismo obrero —aunque huelguen campañas para argumentar lo contrario— perpetúa las vulnerabilidades de un socialismo desde arriba inhabilitado por naturaleza para hacer avanzar la realización de la propiedad social.
    El llamado a “la aplicación de métodos participativos de dirección y control despojados de formalismos, que involucran a los trabajadores en función de incentivar el interés colectivo e individual (…), así como los valores compartidos por la organización y la sociedad” podría tomarse como punto de partida.
  4. El poderío inconmensurable que han venido adquiriendo algunas empresas, grupos y supra grupos, desplegado en las más disímiles actividades, requiere ser dispuesto con urgencia al más profundo escrutinio público. En este punto radica una de las más importantes pólizas para garantizar un desarrollo saludable del proceso de reformas: implementar fórmulas que transparenten la gestión estatal y permitan un control social efectivo.
    La Resolución del MEP (Ministerio de Economía y Planificación) número 570 de 2012, por ilustrar con un ejemplo, resolvió el requisito de licitación pública para la concesión en arrendamiento de locales estatales a cooperativas no agropecuarias. Este articulista no ha encontrado referencias, al menos en medios provinciales o nacionales, a las convocatorias a procesos de licitación y sus resultados para ninguno de los espacios ya concedidos, todos ellos propiedad socialista de todo el pueblo. Como consecuencia, el público desconoce a quiénes fueron arrendados esos locales, cómo tuvo lugar el proceso, y a qué compromisos se deben las partes.
    La Conceptualización explicita su posición sobre este tema cuando sostiene que “la información veraz y oportuna constituyen derechos ciudadanos y bienes públicos” y deben estar “principalmente al servicio de la participación, (para) propiciar el debate ciudadano en torno a los asuntos públicos”.

La apuesta por una mayor presencia del sector privado buscando dinamizar a corto plazo el desempeño económico, con certeza tendrá implicaciones en las relaciones sociales. Sin embargo, persistir en un modelo basado en un estatismo hiperbolizado, inhabilitado para solventar varias de las necesidades objetivas de la reproducción, convaleciente de monopolios y discrecionalidad forzados, y urgido de una revolución en la participación ciudadana, entraña un riesgo de reversión sistémica superior, más peligroso, que debería gobernar el debate actual.

El socialismo en la URSS no parece haber sido destruido por el sector privado autónomo que emergió de los primeros cambios de la perestroika. No fueron aquellos cuentapropistas los que devinieron millonarios, ni sus pequeñas empresas las que secuestraron el ámbito político. El gobierno de Estados Unidos, a través de sus programas de financiación de la oposición construida o auténtica, ha demostrado una escasa capacidad de socavar las bases del poder político en Cuba y poner en peligro su continuidad. Libérese la posibilidad a las personas de desplegar toda iniciativa que no sea socialmente lesiva y centremos esfuerzos en censurar aquellos feroces peligros que nos habitan en las sombras.

Fuente: https://progresosemanal.us/20200514/neoliberalismo-en-la-conceptualizacion/

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